TA SAN - Sentencia 68001-33-33-013-2019-00129-01 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, septiembre dieciocho (18) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Expediente No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: VÍCTOR ALFONSO AMADO RODRÍGUEZ

lherova@hotmail.com victora65@hotmail.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

notificaciones@bucaramanga.gov.co silviavalero.07@gmail.com

MINISTERIO PUBLICO: JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

TEMA: CONTRATO REALIDAD

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga, el día 30 de junio de 2022 , que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, previo los siguientes antecedentes.

De la Demanda

Pretensiones:

“PRIMERO.- Declarar la Nulidad del Acto Administrativo OFICIO VUR 20193018596 de fecha 08 de Marzo de 2019 y notificado el día 16 de Marzo de 2019, mediante la cual la Entidad demandada se pronunció de fondo negando la existencia de una relación laboral y sin solución de continuidad y se niega el pago de los derechos

de fecha 08 de Marzo de 2019 y notificado el día 16 de Marzo de 2019, mediante la cual la Entidad demandada se pronunció de fondo negando la existencia de una relación laboral y sin solución de continuidad y se niega el pago de los derechos salariales y prestacionales en igualdad de condicione a los demás del mismo cargo durante todo el tiempo en que duró dicha relación laboral con el Sr. VICTOR

ALFONSO AMADO.

SEGUNDO: Que atendiendo al Principio Constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral y dando aplicación al principio de Igualdad se declare la existencia de una relación laboral de hecho entre mi mandante y el demandado desde el momento de su vinculaciónSentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

2 y sin solución de continuidad durante el tiempo que duro dicha relación o sea desde Enero 18 del 2007 al 09 de julio del 2016.

TERCERO: Que se ordene el Reintegro de la (sic) Sr. VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ, en las mismas condiciones de empleo y en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 22 el cual desempeñaba en la Alcaldía de Bucaramanga, esto es desde 09 de julio del 201 6 fecha en el que finalizó el último contrato sucesivo de prestación de servicios que en realidad se trataba de una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido, reintegro que deberá producirse sin solución de continuidad y con e l pago de todos los salarios y prestaciones sociales y convencionales dejados de percibir hasta la fecha

una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido, reintegro que deberá producirse sin solución de continuidad y con e l pago de todos los salarios y prestaciones sociales y convencionales dejados de percibir hasta la fecha en que efectivamente se produzca el reintegro incluidas las cesantías, los intereses sobre las cesantías, el auxilio de transporte, la prima legal de navidad, la prima lega de servicios, las vacaciones, las primas de vacaciones, las dotaciones, el auxilio de transporte, el auxilio de alimentación, los aportes al sistema de seguridad social, integral y todos los demás beneficios convencionales; sumas que deberán ser debidamente indexadas desde la fecha de su causación hasta que sean efectivamente canceladas.

CUARTO: Que se cancelen los salarios y prestaciones sociales a las cuales tiene derecho el Sr. VICTOR ALFONSO AMADO en el cargo desempeñado inicialmente como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, y como PROFESIONAL desde el 18 de Enero del 2007 y sin solución de continuidad en la ALCALDIA DE BUCARAMANGA.

QUINTO: En consecuencia, de lo anterior solicito se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a pagar a favor de mi mandante las diferencias que resulte entre lo cancelado y lo establecido legalmente por los siguiente CONCEPTO:

a) Salarios desde el 18 de Enero de 2007. b) Cesantías definitivas. c) Primas de Servicios. d) Vacaciones e) Intereses sobre las cesantías. f) Subsidio de transporte. g) Dotación de calzado, vestido de labor. h) Bonificaciones. i) Horas extras y dominicales j) Sanción por en no depósito de las cesantías a un fondo

f) Subsidio de transporte. g) Dotación de calzado, vestido de labor. h) Bonificaciones. i) Horas extras y dominicales j) Sanción por en no depósito de las cesantías a un fondo k) Sanción por la no afiliación a salud y pensionesSentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

3 l) Indemnización moratoria por el no pago oportuno de todas sus acreencias laborales dentro de los términos señalados por la Ley.

SEXTA: Se solicita se condene a la Entidad demandada a cancelar a mi mandante los dineros correspondientes a las retenciones en la fuente efectuadas de parte de la Entidad por concepto de honorarios, al igual que lo cancelado por concepto de

Estampillas.

SÉPTIMO: Se condene a la Entidad Demandada a afiliar a mi mandante al fondo de Pensiones y cancelar a este lo correspondiente a la reserva pensional durante el tiempo de duración de la relación laboral, o en su defecto se obligue al demandado a asumir el pag o de las cuotas partes pensiónales y/o calculo salarial correspondientes al tiempo laborado por mi mandante.

OCTAVO: A cumplir la sentencia en los términos previstos en el Artículo 192 de la Ley 437 del 2011.

NOVENO.- Se condene en costas y agencias en derecho.”

Hechos.

• El demandante trabajó en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Desarrollo Social desde el 18 de enero de 2007 hasta el 9 de julio de 2016. • Las actividades incluyeron apoyo en procesos contables, financieros,

• El demandante trabajó en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Desarrollo Social desde el 18 de enero de 2007 hasta el 9 de julio de 2016. • Las actividades incluyeron apoyo en procesos contables, financieros, elaboración de estados financieros, conciliaciones, informes a entes de control, manejo de información de Juntas de Acción Comunal, cronogramas para Centros Día del Adulto Mayor, entre otras. • Se celebraron múltiples contratos de prestación de servicios durante casi 10 años consecutivos, regulados por la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. • En esos contratos, según el actor, se configuraron los elementos del contrato laboral: actividad personal, subordinación y remuneración. • El demandante afirma que desempeñó funciones propias de empleados de planta, bajo órdenes de superiores, con horarios equivalentes y dependencia de los recursos e instalaciones de la administración. • Señala que la vinculación contractual fue continua, sin interrupciones relevantes, lo que refleja la necesidad permanente de la entidad. • Hubo lapsos en los que laboró sin contrato escrito (ej. entre febrero y marzo de 2012; enero de 2013; diciembre de 2014; enero de 2015), realizando las mismas funciones habituales.Sentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

4 • Participó en capacitaciones dirigidas al personal de planta, cumplía jornadas de más de ocho horas diarias, incluyendo fines de semana y festivos. • Durante la relación contractual, no recibió primas, vacaciones, cesantías ni otros beneficios laborales.

4 • Participó en capacitaciones dirigidas al personal de planta, cumplía jornadas de más de ocho horas diarias, incluyendo fines de semana y festivos. • Durante la relación contractual, no recibió primas, vacaciones, cesantías ni otros beneficios laborales. • Debía pagar su propia seguridad social (EPS, pensión, ARL), además de asumir retenciones y estampillas. • El 7 de marzo de 2019 presentó petición formal para que se reconociera la existencia de la relación laboral y se efectuara su incorporación en nómina. • El municipio de Bucaramanga negó la solicitud mediante Oficio VUR 20193018596 del 8 de marzo de 2019, notificado el 16 de marzo de 2019, argumentando inexistencia de relación laboral.

Normas violadas y concepto de la violación:

1. Constitución Política o Artículo 6: Responsabilidad de particulares y servidores públicos por infracción, omisión o extralimitación. o Artículo 13: Igualdad de todas las personas ante la ley, protección especial a personas en situación de debilidad manifiesta. o Artículo 25: Derecho fundamental al trabajo y protección en todas sus modalidades. o Artículo 53: Principios mínimos del estatuto del trabajo, incluyendo primacía de la realidad sobre las formalidades. o Artículo 209: Principios de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

2. Código Sustantivo del Trabajo o Artículos 22 y 23: Definición y elementos del contrato de trabajo

(actividad personal, subordinación y remuneración).

3. Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Estatal)

2. Código Sustantivo del Trabajo o Artículos 22 y 23: Definición y elementos del contrato de trabajo

(actividad personal, subordinación y remuneración).

3. Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Estatal) o Artículo 32 (inciso 3): Define los contratos de prestación de servicios, precisando que no generan relación laboral ni prestaciones sociales y que deben ser temporales y excepcionales.

Concepto de Violación

1. Desconocimiento del principio de primacía de la realidad (art. 53 C.P.) o El demandante afirma que, aunque se usaron contratos de prestación de servicios, en los hechos se configuró una relación laboral real, con subordinación, cumplimiento de horarios y remuneración.Sentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

5 o La administración ocultó una relación laboral bajo la apariencia de contratos civiles, vulnerando los derechos mínimos del trabajador.

2. Violación al derecho a la igualdad (art. 13 C.P.) o Sostiene que ejercía funciones idénticas a las de empleados de planta, pero sin recibir iguales beneficios salariales ni prestacionales.

3. Desconocimiento del derecho fundamental al trabajo (art. 25 C.P.) o El municipio negó las garantías propias de un trabajador, desconociendo que el trabajo goza de especial protección en todas sus modalidades.

4. Violación de la función administrativa (art. 209 C.P.) o La práctica de vincularlo mediante contratos de prestación de servicios por casi 10 años continuos desconoció principios de eficacia, economía, moralidad y legalidad.

sus modalidades.

4. Violación de la función administrativa (art. 209 C.P.) o La práctica de vincularlo mediante contratos de prestación de servicios por casi 10 años continuos desconoció principios de eficacia, economía, moralidad y legalidad.

5. Violación del régimen de contratación estatal (Ley 80/1993, art. 32) o Se usó el contrato de prestación de servicios para cubrir funciones permanentes y misionales, lo cual está prohibido, pues dichos contratos son excepcionales y no deben encubrir relaciones laborales.

6. Desviación y falsa motivación del acto administrativo demandado o El oficio que negó la relación laboral está viciado, pues desconoce los hechos reales de subordinación y continuidad, configurando falsa motivación y expedición irregular del acto.

Contestación a la Demanda

El Municipio de Bucaramanga, al dar respuesta a la demanda, negó la existencia de una relación laboral entre el actor y la entidad. Señaló que los vínculos se dieron únicamente a través de contratos de prestación de servicios, regulados por la Ley 80 de 19 93, en los cuales no se configuraron los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Indicó que el demandante actuaba con autonomía técnica y sin estar sometido a reglamentos internos de trabajo, razón por la cual no puede hablarse de subordinación ni de continuidad laboral.

Frente a las pretensiones, la administración manifestó que no es procedente ordenar el reintegro del demandante, dado que este nunca tuvo la calidad de empleado público de planta ni accedió al cargo mediante concurso de méritos o nombramiento legal. En con secuencia, tampoco existe derecho al pago de

ordenar el reintegro del demandante, dado que este nunca tuvo la calidad de empleado público de planta ni accedió al cargo mediante concurso de méritos o nombramiento legal. En con secuencia, tampoco existe derecho al pago de prestaciones sociales, pues los honorarios recibidos corresponden a la modalidad contractual válida y distinta de la relación laboral. Agregó que acceder a lo solicitado implicaría desconocer el régimen de emple o público y el sistema de contratación estatal.Sentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

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En cuanto al acto administrativo demandado, el Municipio defendió la legalidad del Oficio VUR 20193018596, sosteniendo que fue expedido conforme a derecho y con motivación suficiente. Explicó que la entidad no podía reconocer prestaciones sociales por cuanto jurídicamente nunca existió relación laboral, sino contratos de prestación de servicios temporales, celebrados dentro de los parámetros legales.

Finalmente, en el escrito de contestación se formularon excepciones de mérito. En primer lugar, la inexistencia de la relación laboral, bajo el argumento de que no se reunieron los requisitos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo (actividad personal, subordinación y remuneración bajo dependencia). En segundo lugar, la legalidad del acto administrativo demandado, que se presume válido y ajustado al ordenamiento jurídico. Y en tercer lugar, la imposibilidad de reintegro, pues el actor nunca fue em pleado público y, en consecuencia, no es viable ordenar su reincorporación al cargo.

Sentencia de Primera Instancia

La sentencia de primera instancia proferida el 30 de junio de 2022 por el Juzgado

nunca fue em pleado público y, en consecuencia, no es viable ordenar su reincorporación al cargo.

Sentencia de Primera Instancia

La sentencia de primera instancia proferida el 30 de junio de 2022 por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga resolvió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Víctor Alfonso Amado Rodríguez contra el Municipio de Bucaramanga, accediendo parcialmente a las pretensiones en los siguientes términos:

“PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del Oficio No. 371 del 12 de febrero de 2019 notificado el 16 de marzo de ese mismo año, expedido por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por el que se negó al señor VÍCTOR ALFONSO AMADO RODRÍGUEZ el reconocimiento y pago de las acreencias la borales por él solicitadas. TERCERO. Como consecuencia inmediata de la anterior declaración, y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENA al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a reconocer y pagar a favor del señor VÍCTOR ALFONSO AMADO RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 91.5 41.038, las prestaciones sociales a que tiene derecho por los servicios efectivamente prestados durante el período comprendido entre el 4 de octubre de 2006 al 9 de julio de 2016, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.Sentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.Sentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

7 CUARTO. CONDENAR a la entidad demandada a pagar, cotizando al respectivo fondo de pensiones, los aportes que legalmente correspondan por el período laborado, sin perjuicio de lo que haya sido cancelado. QUINTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEXTO. CONDENAR en costas al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a favor de la parte demandante. La fijación de las agencias se realizará en un auto separado, una vez la presente sentencia se encuentre en firme. La liquidación de las costas se llevará a cabo de acuerdo con lo prescrito por los artículos 365 y 366 del C.G.P.”

El Juzgado planteó como problema jurídico determinar si los servicios prestados por el demandante bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios entre 2006 y 2016 configuraban una verdadera relación laboral. Tras el análisis de las pruebas, concluyó afirm ativamente, al establecerse los tres elementos esenciales del contrato de trabajo consagrados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo: (i) prestación personal del servicio, (ii) subordinación y dependencia, y (iii) remuneración.

El Juzgado de primera instancia señaló que, pese a la denominación contractual, en la práctica el demandante ejecutó funciones propias y permanentes de la administración municipal, en condiciones similares a las de los empleados de planta, bajo directrices de superiores y sin autonomía real. Con base en el principio

en la práctica el demandante ejecutó funciones propias y permanentes de la administración municipal, en condiciones similares a las de los empleados de planta, bajo directrices de superiores y sin autonomía real. Con base en el principio constitucional de primacía de la realidad (art. 53 C.P.), determinó que los contratos de prestación de servicios encubrieron un vínculo laboral, por lo cual el acto administrativo que negó tal reconocimiento debía ser anulado. El A-quo dio especial relevancia a: • Prueba documental: los sucesivos contratos de prestación de servicios celebrados durante casi diez años, que evidenciaron continuidad en la relación y asignación de labores misionales. • Prueba testimonial: las declaraciones de testigos que confirmaron la permanencia del demandante, el cumplimiento de horarios, la ejecución de órdenes de superiores y la realización de actividades semejantes a las de funcionarios de planta. • Otros documentos administrativos: registros internos que reflejaban la participación del actor en capacitaciones propias de personal de planta y el cumplimiento de jornadas laborales regulares, lo que reforzaba la subordinación.

En suma, el Juzgado de primera instancia concluyó que entre Víctor Alfonso Amado Rodríguez y el Municipio de Bucaramanga existió una relación laboral de hecho,Sentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

8 encubierta mediante contratos de prestación de servicios, y declaró la nulidad del acto administrativo que negó tal reconocimiento, ordenando el restablecimiento de los derechos laborales correspondientes

Recurso de Apelación

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Municipio de

acto administrativo que negó tal reconocimiento, ordenando el restablecimiento de los derechos laborales correspondientes

Recurso de Apelación

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Municipio de Bucaramanga frente a la sentencia de primera instancia del Juzgado Trece Administrativo Oral se fundamenta en varios reparos centrales.

La apelante señala que la sentencia declaró la existencia de relación laboral sin contar con pruebas suficientes que acreditaran el elemento de subordinación. Afirma que los testimonios valorados solo aportan indicios y no certezas, y que el juez presumió subordinación donde solo había coordinación propia de un contrato de prestación de servicios.

Se reprocha que no se diferenció entre los contratos de apoyo a la gestión (2006 – 2013) y los de servicios profesionales (2014 –2016). Según la apelante, cada contrato respondía a necesidades específicas de distintas dependencias (Desarrollo Social y Hacienda), lo cual fue omitido por el A quo, que basó sus conclusiones en testimonios y no en los estudios previos que justificaron la contratación.

El recurso sostiene que no se probó subordinación por hechos como solicitar certificados de disponibilidad presupuestal o contar con claves de acceso a sistemas, pues se trataba de procedimientos administrativos normales, no de manifestaciones de dependencia laboral.

Se alega que el juez dio valor probatorio a testimonios carentes de soporte documental sobre cumplimiento de horarios, permisos o imposición de órdenes. El Municipio insiste en que no se demostró entrega de materiales, llamados de atención, memorandos ni r egistro de entradas y salidas que permitieran inferir subordinación.

Municipio insiste en que no se demostró entrega de materiales, llamados de atención, memorandos ni r egistro de entradas y salidas que permitieran inferir subordinación.

Con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado, la apelante sostiene que el actor no demostró los elementos esenciales de la relación laboral, en especial subordinación y permanencia. Considera que lo que existió fue una coordinación normal entre contratista y supervisores, pero no dependencia.Sentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

9 En subsidio, solicita que se declare la prescripción de los derechos anteriores al 8 de marzo de 2016, al haber existido interrupciones contractuales y considerando que la reclamación se presentó el 8 de marzo de 2019.

Solicita al Tribunal Administrativo de Santander revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, al no acreditarse los requisitos de un contrato laboral.

Trámite de Segunda Instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso su admisión. La parte demandante interviene en esta etapa para manifestar que la sentencia de primera instancia del Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga realizó un análisis claro, integral y ajustado a derecho de todas las pruebas aportadas al proceso. El apoderado subraya que el material probatorio demuestra de manera contundente la existencia de una relación laboral, al estar acreditados los tres elementos esenciales i) Prestación personal del servicio , cumplida directamente por el demandante; ii) Subordinación, evidenciada en la

demuestra de manera contundente la existencia de una relación laboral, al estar acreditados los tres elementos esenciales i) Prestación personal del servicio , cumplida directamente por el demandante; ii) Subordinación, evidenciada en la sujeción a directrices de sus super iores, cumplimiento de horarios y ausencia de independencia; iii) Remuneración, reflejada en los pagos recibidos bajo los contratos de prestación de servicios.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en curso de esta etapa.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto.

Problemas Jurídicos:

i.) ¿Los medios de prueba obrantes en el proceso —documentales, contractuales y testimoniales— son suficientes, claros y concluyentes para acreditar que, pese a haberse suscrito contratos de prestación de servicios entre el señor Víctor Alfonso Amado Rodríguez y el Municipio de Bucaramanga durante los años 2006 a 2016, en realidad existió una relación laboral, o por el contrario, tales pruebas resultan insuficientes y solo permiten demostrar una relación de coordinación propia de laSentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

10 contratación administrativa, sin que se configure el elemento de subordinación requerido para declarar la existencia de un contrato realidad?

Tesis de la Sala. Si se demuestran los elementos propios de la relación laboral.

ii). ¿Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, cabe declarar la

requerido para declarar la existencia de un contrato realidad?

Tesis de la Sala. Si se demuestran los elementos propios de la relación laboral.

ii). ¿Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, cabe declarar la prescripción extintiva frente a alguno o todos los periodos de vinculación del demandante con el municipio de Bucaramanga?

Tesis de la Sala: No hay lugar a declarar la prescripción.

Desarrollo del problema jurídico:

Del contrato de prestación de servicios vs el contrato realidad:

Respecto a la contratación a través de la modalidad de prestación de servicios, la Ley de contratación estatal o Ley 80 de 1993, autoriza su celebración para aquellos eventos en que la función de la entidad contratante no puede cumplirse con personal vinculado a su planta de personal -porque el número de empleos con dichas funciones no es suficiente o porque esa actividad no está asignada a empleo algunoo cuando se requiere de conocimientos especializados para desarrollarla.

En todo caso, estos contratos están caracterizados, entre otros aspectos, porque su vigencia es temporal, es decir, su duración debe ser por un tiempo limitado. Según el numeral 3º del artículo 32 de la precitada Ley 80 de 1993, en ningún caso estos contra tos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se insiste, deberán celebrarse por el término estrictamente indispensable.

Así mismo, la normatividad que regula la Función Pública, ordena que el desarrollo de la función administrativa del Estado en forma permanente, ha de hacerse sólo a través del ejercicio de funciones adscritas al respectivo empleo al que, por mandato Constitucional, de manera general se accede mediante concurso y con el

de la función administrativa del Estado en forma permanente, ha de hacerse sólo a través del ejercicio de funciones adscritas al respectivo empleo al que, por mandato Constitucional, de manera general se accede mediante concurso y con el cumplimiento de los requisitos de nombramiento y posesión, con sujeción a un régimen legal y reglamentario.

El desempeño de un “empleo”, con el lleno de los requisitos para ello, genera una relación laboral entre quien lo desempeña y la entidad a cuya planta está asignado y deberá ser, en todo caso, realizado en forma personal, bajo una continua subordinación y con una contraprestación económica previamente presupuestada. Dicho lo anterior, si logran desvirtuarse tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un contrato de prestaciónSentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

11 de servicios, y probarse los elementos de la relación laboral -la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración, la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad -, necesariamente deberá declararse que se utilizó equí vocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, configurándose así, el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 y 53 de la Carta Política.

De la misma forma, en armonía con el Art. 53 superior que consagra la primacía de la realidad sobre la forma, la Corte Constitucional 1 ha sido enfática en afirmar que de configurarse los elementos propios de una relación laboral entre el Estado y el particular, entre ellos el de subordinación (diferente al de coordinación), pese

la realidad sobre la forma, la Corte Constitucional 1 ha sido enfática en afirmar que de configurarse los elementos propios de una relación laboral entre el Estado y el particular, entre ellos el de subordinación (diferente al de coordinación), pese a la suscripción de un contrato de prestación de servicios, primará la realidad sobre la forma, procediendo a declararse la existencia de esta relación con todos los efectos que ello implica, es decir, el reconocimiento de las prestaciones sociales que fueron desconocidas por el empleador y que por decisión judicial le serán pagaderas al servidor a t ítulo de indemnización, teniendo como base para liquidar la indemnización el respectivo contrato de prestación de servicios.

Sumado a lo anterior, la jurisprudencia ha establecido que para que pueda accederse al pago de prestaciones sociales en los contratos de prestación de servicios debe darse la acreditación de los tres elementos de la relación laboral, a saber, i) la prestac ión de servicio es personal; ii) subordinada de manera continuada; y iii) remunerada, con especial atención en la subordinación o dependencia, a la vez que se señaló, que en situaciones específicas de mera coordinación no se configura subordinación, evento en el cual no se encubriría una relación laboral 2. Ciertamente, ha señalado la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo que dentro de las características principales del contrato de prestación de servicios esta la prohibición del elemento de subordinación continuada del contratista, en tanto q ue quien se vincula bajo esta calidad – contratistadebe tener la autonomía para actuar con independencia atado solo a los términos del contrato y de la ley contractual3, “los cuales no pueden versar sobre el ejercicio de funciones permanentes” 4, entendiéndose que corresponde a una

contratistadebe tener la autonomía para actuar con independencia atado solo a los términos del contrato y de la ley contractual3, “los cuales no pueden versar sobre el ejercicio de funciones permanentes” 4, entendiéndose que corresponde a una vinculación de carácter excepcional, lo que de suyo implica que no puede ser utilizada para el desempeño funciones públicas de carácter permanente o de aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público.

1 Sentencia C-154 de 2007, entre otras. 2 Consultar entre otras, la sentencia de fecha 26 de julio de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A”, con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, Exp. 4534-14. 3 Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 25 de agosto de 2016. Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001233300020130026001(0088 -15) CESUJ2-005-16. Lucinda María Cordero Causil contra el Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) 4 Ver sentencia C-614 de 2009.Sentencia de segunda instancia Exp.No. 68001-33-33-013-2019-00129-01

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Bajo estos parámetros, la jurisprudencia sostiene que la figura del contrato realidad “se aplica cuando se constata la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la enti