TA SAN - Sentencia 680013333001-2023-00113-01 (28-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: DR. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

DEMANDANTE LUIS EMILIO COBO MANTILLA

luisecobosm@yahoo.com.co

DEMANDADO

MUNICIPIO DE LOS SANTOS

alcaldia@lossantos-santander.gov.co contactenos@lossantos-santander.gov.co

VINCULADO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –

C.A.S. secretariageneral@cas.gov.co direccion@cas.gov.co contactenos@cas.gov.co higuerabogados@gmail.com beatrizbuenoasociados@hotmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680013333001-2023-00113-01

TEMA MORALIDAD ADMINISTRATIVA / DEFENSA DEL PATRIMONIO

PUBLICO / ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS

Procede la Sala a decidir el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la apoderada de la Corporación Autónoma Regional De Santander – CAS, contra la sentencia de Primera Instancia proferida el 28 de junio de 2024 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

Primera Instancia proferida el 28 de junio de 2024 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos 1

El accionante expone que el Municipio De Los Santos adquirió el predio rural El Toronjo, identificado con matrícula inmobiliaria No. 314-2382, mediante compraventa protocolizada en la escritura pública No. 3524 del 31 de diciembre de 2022, con el fin de conservar los recursos hídricos que abastecen el acueducto de Las Gachas.

Sin embargo, afirma que el predio El Toronjo, ubicado en la parte baja de la quebrada Las Gachas, no cumple con los requisitos exigidos de la ley para tal efecto, porque además de estar localizado al final de la quebrada, no tiene corrientes hídricas, ni manantiales, ni afloramientos, ni humedales que viertan agua a la quebrada de Las Gachas, siendo un predio totalmente carente de agua y la mayoría del compuesto por terrenos llenos de piedra.

1 SAMAI Índice 002 Archivo 002 DemandaAcción Popular Expediente No. 680013333001-2023-00113-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander El accionante sostiene que la compra de l predio no se ajusta a los criterios legales, dado que el acueducto de Las Gachas no está en funcionamiento, por lo que no abastece a ninguna población ni influye en la calidad del agua, incumpliendo así los

El accionante sostiene que la compra de l predio no se ajusta a los criterios legales, dado que el acueducto de Las Gachas no está en funcionamiento, por lo que no abastece a ninguna población ni influye en la calidad del agua, incumpliendo así los requisitos del Decreto 953 de 2013.

Además, asevera que el precio pagado por el Municipio de Los Santos supera en más de un 200% el valor comercial del predio, a pesar de existir un avalúo de una entidad privada competente.

Finalmente, considera que el concepto de la autoridad ambiental, en el que se basó el Municipio De Los Santos para la compra del predio, es erróneo y falso, alegando que la acción contractual del Alcalde Municipal de Los Santos, objeto de la demanda, constituye presuntos delitos como concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado y falsedad documental, y que afecta gravemente los intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos.

1.2. Pretensiones:

El accionante considera vulnerados los derechos colectivos referentes al goce de los derechos e intereses colectivos de todas las personas que residen y visitan al Municipio de los Santos, los cuales están siento afectados por la compra por parte del municipio del predio denominado El Toronjo, identificado con la M. I. No. 314-2382 de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Piedecuesta, derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 4 numerales A, B, E y J de la LEY 472 de 1.998, y:

la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Piedecuesta, derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 4 numerales A, B, E y J de la LEY 472 de 1.998, y:

SEGUNDO: que como consecuencia de la declaración anterior se ordene al ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER, realizar todos los trámites administrativos o judiciales a que haya lugar con el objeto de que se paguen o devuelvan las sumas de dinero que se pagaron por la compra del predio denominado EL TORONJO, identificado con la matricula inmobiliaria No. 314 -2382 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Piedecuesta y se paguen además los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio público del MUNICIPIO DE LOS SANTOS.

TERCERO: Ordenar el cumplimiento inmedi ato de las acciones que se consideren necesarias para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivo aquí violados, otorgando un término perentorio para tal caso

CUARTO: Que se condene en costas a la parte demandada.

1.3. Contestación de la demanda.

• Municipio de los Santos 2

La apoderada del Municipio de Los Santos se opuso a las pretensiones presentadas, argumentando que la entidad territorial no ha vulnerado los derechos colectivos

2 SAMAI Índice 008 ContestacionMunicipioAcción Popular Expediente No. 680013333001-2023-00113-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander invocados. Además, señaló que la acción popular no es el mecanismo adecuado para

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander invocados. Además, señaló que la acción popular no es el mecanismo adecuado para anular actos administrativos o contratos, de acuerdo con el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.).

Sostuvo que la administración municipal, a través de sus funcionarios, actúan dentro de los parámetros constitucionales y legales en defensa de los derechos de los habitantes del municipio. Por lo tanto, considera que no existe prueba que demuestre una actuación omisiva o activa del Municipio de Los Santos en contravía de la ley.

• Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS 3

La apoderada sostuvo que el actor popular no realizó una descripción detallada de los hechos que configuran a vulneración de derechos colectivos. Por lo tanto, considera que no se han afectado los derechos e intereses colectivos de los habitantes y visitantes del Municipio de Los Santos por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander (C.A.S.). En consec uencia, solicita que las pretensiones formuladas sean desestimadas.

Asimismo, señalo que l a C .A.S. actuó conforme a las facultades y obligaciones establecidas por la ley, llevando a cabo la inspección del área y emitiendo el concepto técnico correspondiente, en respuesta a una solicitud expresa del ente territorial, con el objetivo de conservar las áreas estratégicas.

Por lo anterior, solicita que no se imponga ningún tipo de sanción o condena a la corporación dentro de la presente acción constitucional.

II. LA SENTENCIA APELADA 4

el objetivo de conservar las áreas estratégicas.

Por lo anterior, solicita que no se imponga ningún tipo de sanción o condena a la corporación dentro de la presente acción constitucional.

II. LA SENTENCIA APELADA 4

Mediante providencia del 28 de junio de 2024, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia , en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones denominadas INEXISTENCIA DE DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS POR EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS y NO SATISFACCIÓN DE LA CARGA DE PRUE BA POR EL ACTOR POPULAR, propuestos por el MUNICIPIO DE LOS SANTOS y, las tituladas

INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN A DERECHOS COLECTIVOS, AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE LOS SANTOS vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa, de conf ormidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

3 SAMAI Índice 009 ContestacionCAS 4 SAMAI Índice 051 SentenciaPrimeraInstanciaAcción Popular Expediente No. 680013333001-2023-00113-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Expediente No. 680013333001-2023-00113-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander TERCERO: COMPULSAR COPIAS a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACÓN y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para que adelanten las investigaciones del caso y se determine la posible comisión de alguna conducta penal, disciplinaria y/o fiscal en la ce lebración indebida de contratos por parte de los funcionarios del MUNICIPIO DE LOS SANTOS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, respecto a la celebración del contrato de compraventa protocolizado mediante la escritura pública No. 3524 del 31 de diciembre de 2022 y la realización del concepto técnico SPL No. 0060-2021.

Como fundamento de su decisión, el a quo expuso:

Según el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, establece que las áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos que abastecen los acueductos municipales, distritales y regionales deben ser declaradas de interés público. Para cumplir con esto, las entidades territoriales deben destinar al menos el 7% de sus ingresos corrientes de libre destinación a la adquisición o mantenimiento de dichas áreas.

La norma también establece que las autoridades ambientales competentes deben proporcionar el apoyo técnico necesario a la entidad territorial para cumplir con esta disposición. Además, las inversiones en el mantenimiento de estas áreas estratégicas deben realizarse en los predios adquiridos por las

La norma también establece que las autoridades ambientales competentes deben proporcionar el apoyo técnico necesario a la entidad territorial para cumplir con esta disposición. Además, las inversiones en el mantenimiento de estas áreas estratégicas deben realizarse en los predios adquiridos por las entidades territoriales para el mantenimiento de las cuencas que abastecen los acueductos municipales, distritales y regionales.

Por lo tanto, aclara que la responsabilidad de conservar los recursos hídricos que abastecen los acueductos municipales de su jurisdicción recae en el Municipio de los Santos, de acuerdo con la normativa vigente. Y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONA L DE SANTANDER - CAS, como autoridad ambiental competente, tiene la responsabilidad de brindar el apoyo técnico requerido por el municipio para cumplir con la Ley 99 de 1993 y el Decreto 953 de 2013.

Por lo tanto, el Municipio de los Santos vulneró el der echo colectivo a la moralidad administrativa, debido a inconsistencias acreditadas. El contrato se basó en conceptos de la autoridad ambiental que carecen de registros del Concepto Técnico SPL No. 0060-2021 y de los acueductos relacionados con la quebrada “Las Gachas” o el predio "El Toronjo". Estas discrepancias contradicen el proceso contractual y la versión del secretario de Planeación Municipal, infringiendo los principios de la función administrativa y la contratación estatal.

No obstante, en virtud d el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, y dado que la vulneración de los derechos colectivos deriva de una actividad contractual, no es posible declarar la nulidad del contrato ni ordenar su resarcimiento. En

No obstante, en virtud d el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, y dado que la vulneración de los derechos colectivos deriva de una actividad contractual, no es posible declarar la nulidad del contrato ni ordenar su resarcimiento. En cambio, se ordena la remisión de copias a la FI SCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para que investiguen posibles delitos penales, disciplinarios y/o fiscales en la celebración indebida del contrato deAcción Popular Expediente No. 680013333001-2023-00113-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander compraventa (escritura pública No. 3524 del 31 de diciembre de 2022) y la elaboración del concepto técnico SPL No. 0060-2021 por parte de funcionarios

del MUNICIPIO DE LOS SANTOS y/o la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE SANTANDER – CAS.

III. LA APELACIÓN 5

Inconforme con la decisión de primera instancia, la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS a través de apoderada interpuso recurso de apelación contra la sentencia, argumentando su inconformidad con el numeral tercero en relación con la orden de compulsa de copias. Sostiene que, el actor popular busca atribuir responsabilidad al Municipio de Los Santos y a la Corporación Autónoma Regional de Santander por la adquisición del predio rural El Toronjo , inscrito bajo la matrícula

orden de compulsa de copias. Sostiene que, el actor popular busca atribuir responsabilidad al Municipio de Los Santos y a la Corporación Autónoma Regional de Santander por la adquisición del predio rural El Toronjo , inscrito bajo la matrícula inmobiliaria No. 314 -2382 en la Oficina de Instrumentos Públicos de Piedecuesta , compra que tenía como objetivo la conservación de los recursos hídricos del municipio; sin embargo, argumenta que no se han cumplido los criterios establecidos por la ley.

Enfatiza que el contrato de compraventa No. 150-2022, fue suscrito el 15 de diciembre de 2022 entre el alcalde de Los Santos y la señora Gloria Jaimes Gómez, y no contó con la participación de la autoridad ambiental en calidad de parte del negocio jurídico. No obstante, el 03 de agosto de 2021, el Secretario de Planeación del municipio solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Santander (C.A.S.) una inspección ocular y certificación de áreas estratégicas. En esta solicitud, se incluyó el predio El Toronjo, situado en la vereda La Mesa, con el fin de proteger la corriente hídrica denominada Quebrada Las Gachas.

En consecuencia, indica que el Juez de Primera Instancia no cuenta con elementos suficientes para ordenar la compulsa de copias a la entidad ambiental, dado que la conducta penal mencionada en la sentencia apelada —relativa a la celebración indebida de contratos— no es atribuible a los funcionarios de la C.A.S, fundamentando que la autoridad ambiental no intervino como parte en el contrato de compraventa No. 150-2022, y su concepto técnico fue emitido en ejercicio de sus facultades legales, con rigor y apego a la normativa.

que la autoridad ambiental no intervino como parte en el contrato de compraventa No. 150-2022, y su concepto técnico fue emitido en ejercicio de sus facultades legales, con rigor y apego a la normativa.

Finalmente, solicita modificar el numeral tercero de la sentencia de primera instancia del 28 de junio de 2024, eliminando la disposición de compulsa de copias a la C.A.S.

IV. DEL TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 18 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada y se ordenó correr traslado al Ministerio Público para rendir concepto de fondo ; notificándose a los correos electrónicos respectivos el día 19 de septiembre de 2024.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

5 SAMAI Índice 053 ApelacionAcción Popular Expediente No. 680013333001-2023-00113-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Tanto las partes como el Ministerio Publico no se pronunciaron en esta oportunidad.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema Jurídico

Teniendo en cuenta los argumentos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar:

¿Es procedente modificar el numeral tercero de la sentencia de primera instancia y revocar la orden de compulsa de copias a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE SANTANDER (C.A.S.)?

2. Marco normativo y jurisprudencial.

¿Es procedente modificar el numeral tercero de la sentencia de primera instancia y revocar la orden de compulsa de copias a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE SANTANDER (C.A.S.)?

2. Marco normativo y jurisprudencial.

De Las Acciones Populares.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en relación a la naturaleza de las acciones populares, establece que es un mecanismo instituido para la protección y amparo de los derechos e intereses colectivos, siend o procedente contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, teniendo como fin hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado que las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas.

Se identifican por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la protección de los referidos derechos cuya amenaza, vulneración, existencia del peligro, agravio o daño contingente, deberá probarse necesariamente para la procedencia del amparo. Se tienen entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada, ii) un daño

o daño contingente, deberá probarse necesariamente para la procedencia del amparo. Se tienen entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada, ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la q ue proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, y iii) la relación de causalidad que debe existir entre la acción u omisión y la señalada afectación de los derechos e intereses colectivos.

Ahora bien, para su trámite, el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que:

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o int erés colectivo amenazado o violado . Si la autoridad no atiende dichaAcción Popular Expediente No. 680013333001-2023-00113-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez.

Se recoge de la norma citada, que existe un requi sito previo a satisfacer por el demandante para dar procedencia a la reclamación ante el órgano contencioso administrativo.

El carácter programático de los derechos colectivos.

Se recoge de la norma citada, que existe un requi sito previo a satisfacer por el demandante para dar procedencia a la reclamación ante el órgano contencioso administrativo.

El carácter programático de los derechos colectivos.

Los derechos colectivos constituyen mandatos de optimización cuyo cumplimiento puede alcanzarse en distintos niveles, dependiendo de las limitaciones fácticas y jurídicas existentes. Estos derechos están vinculados con objetivos sociales y funciones esenciales del Estado, cuya materialización no siempre es absoluta, dado que su plena realización puede verse restringida por la realidad social y la coexistencia de otros principios constitucionales que limitan su alcance. Así, su satisfacción no es un proceso uniforme, sino que puede lograrse a través de diversas estrategias o decisiones, las cuales, en algunos casos, pueden generar tensiones con otros derechos constitucionales o incluso con otros derechos colectivos, evidenciando la autonomía de cada uno de ellos.

La determinación de los mecanismos adecuados para garantiza r la protección de los derechos colectivos implica un alto grado de discrecionalidad, requiriendo un análisis riguroso de factores como capacidad, necesidad, oportunidad y conveniencia. Esta evaluación recae en organismos con legitimidad democrática, quien es, con base en dicho análisis, establecen las medidas concretas para asegurar el cumplimiento de los mandatos derivados de estos derechos, procurando un equilibrio entre las distintas exigencias del orden jurídico y social.

Así, los derechos colectivos s e caracterizan por ser derechos de solidaridad, participativos y no excluyentes, de alto espectro en cuanto no constituyen un sistema cerrado a la evolución social y política, que pertenecen a todos y cada uno de los

Así, los derechos colectivos s e caracterizan por ser derechos de solidaridad, participativos y no excluyentes, de alto espectro en cuanto no constituyen un sistema cerrado a la evolución social y política, que pertenecen a todos y cada uno de los individuos y que, como tales, exigen un a labor anticipada de protección y una acción pronta de la justicia, inicialmente dirigida a impedir su afectación y, en su defecto a lograr su inmediato restablecimiento.

De este modo, los jueces están excluidos en la planeación de las políticas o decisiones encaminadas para la satisfacción de los derechos colectivos y sólo, de manera excepcional, pueden intervenir cuando; i) se adopten medios inidóneos para su cumplimiento, o iii) se desborden límites jurídicos en este propósito. Esta participación cuando se le exige al juez popular resulta procedente no sólo si se demuestra que la administración pública ilegalmente, se insiste, sino además cuando ello entraña una violación al contenido normativo de los derechos colectivos. Así, en los que no se demuestra que al menos un derecho colectivo ha sido transgredido, la sentencia popular debe ser desestimatoria de las pretensiones.

VII. CASO CONCRETO A través del presente medio de control, el actor popular pretende la protección de los derechos colectivos que considera vulnerados por el Municipio de Los Santos, debido a la adquisición del predio rural El Toronjo, identificado con matrícula inmobiliaria No.Acción Popular

Expediente No. 680013333001-2023-00113-01 Sentencia de Segunda Instancia

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Expediente No. 680013333001-2023-00113-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 314-2382 y protocolizado mediante la escritura pública No. 3524 del 31 de diciembre de 2022. Según el accionante, esta compra, realizada con el propósito de conservar los recursos hídricos que abastecen el acueducto de Las Gachas, no cumple con los requisitos legales. El actor popular cuestiona la validez del concepto de la autoridad ambiental que sustentó la compra, afirmando que la acción contractual del alcalde Municipal podría estar incursa en presuntos delitos como concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado y falsedad documental. Alega que estos hechos afectan los intereses colectivos, incluyendo el derecho a un ambiente sano, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso oportuno a los servic ios públicos. El a quo, al considerar las pruebas allegadas al trámite, evidenció que mediante visita técnica realizada al predio El Toronjo efectuada el 31 de agosto de 2021 con el objetivo de evaluar su pertinencia para la protección ambiental en el Municipio de Los Santos, estableció que el predio El Toronjo puede ser catalogado como Área de Importancia Estratégica para la conservación del Recurso Hídrico que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales , y para el efecto las entidades territoriales destinarán un porcentaje no inferior al 7% de sus ingresos corrientes de

Estratégica para la conservación del Recurso Hídrico que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales , y para el efecto las entidades territoriales destinarán un porcentaje no inferior al 7% de sus ingresos corrientes de libre destinación para la adquisición o el mantenimiento de dichas áreas. Mediante sentencia de primera instancia del 28 de junio de 2024, se declaró que el Municipio de Los Santos vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa, desestimando las excepciones propuestas por la entidad territorial y por la Corporación Autónoma Regional de Santander (C.A.S.) relacionadas con la inexistencia de afectación a derechos colectivos y la improcedencia de la acción. Asimismo, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que se adelanten las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar la posible comisión de conductas penales, disciplinarias y/o fiscales derivadas de la celebración indebida del contrato de compraventa protocolizado mediante la escritura pública No. 3524 del 31 de diciembre de 2022 y la emisión del concepto técnico SPL No. 00602021 por parte de funcionarios del Municipio de Los Santos y la C.A.S. Inconforme con la decisión adoptada por el Juez de Primera Instancia, la Corporación Autónoma Regional de Santander (C.A.S.) interpuso recurso de apelación contra la sentencia alegando su inconformidad con lo dispuesto en el numeral tercero respecto a la orden de compulsa de copias, argumentando que el actor popular pretende atribuir responsabilidad al Municipio de Los Santos y a la Corporación Autónoma Regional de

sentencia alegando su inconformidad con lo dispuesto en el numeral tercero respecto a la orden de compulsa de copias, argumentando que el actor popular pretende atribuir responsabilidad al Municipio de Los Santos y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (C.A.S.) por la adquisición del predio rural El Toronjo, identificado con matrícula inmobiliaria No. 314 -2382 en la Oficina de Instrumentos Púb licos de Piedecuesta. Conforme a lo expuesto, resulta pertinente destacar que la presente instancia se limita al análisis de los aspectos sometidos a su competencia, por lo cual se concluye que la decisión de compulsa de copias adoptada por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga no puede catalogarse como arbitraria o carente de fundamento legal, en virtud de que los funcionarios judiciales seAcción Popular Expediente No. 680013333001-2023-00113-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander encuentran debidamente facultados para proceder en tal sentido cuando adviertan la posible configuración de una conducta punible. En ese orden de ideas, se precisa que dicha determinación no es susceptible de ser cuestionada a través de este mecanismo excepcional, dado que será en el marco de los procesos que se adelanten con ocasión de la compulsa referida, donde se efectuará un análisis exhaustivo de los elementos de juicio y se determinará lo que en derecho corresponda. Adicionalmente, es menester aclarar que la presente instancia tiene como propósito principal el examen de fondo de las pretensiones orientadas a la protección de un

efectuará un análisis exhaustivo de los elementos de juicio y se determinará lo que en derecho corresponda. Adicionalmente, es menester aclarar que la presente instancia tiene como propósito principal el examen de fondo de las pretensiones orientadas a la protección de un derecho colectivo, sin que ello implique revisar decisiones de carácter incidental adoptadas dentro del trámite contencioso correspondiente. En consecuencia, se confirmará la sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

VIII. COSTAS

En atención a la Sentencia de Unificación del 6 de agosto de 2019, por medio de la cual unificó la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar el alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de costas, procederá la Sala a condenar a la parte accionada en costas en segunda instancia por despacharse desfavorable el recurso de apelación por ella interpuesto.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISRATIVO ORAL DE SANTANDER administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIM