TA SAN - Sentencia 680013333001-2023-00119-01 (03-07-2025)

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SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONROL REPETICIÓN

DEMANDANTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y

LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGAINDERBUjefe_juridica@inderbu.gov.co fabian_diah@gmail.com

DEMANDADO MARIA PIEDAD ECHEVERRIA RODIRGUEZ

mariaecheverria381@gmail.com apar.abogada@gmail.com

OSCAR MAURICIO CORREA ANGARITA

korre81@gmail.com jorgemariogamboaolaya90@gmail.com

ELIZABETH PICO DIAZ

lizpicodiaz@hotmail.com

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE 680013333001-2023-00119-01

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARIA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

ASUNTO CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS / PRUEBA DEL DOLO Y LA CULPA

EN CASOS DE MANDATO PARA DEFENSA

JUDICIAL.

Se decide el recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 21 de enero de 2025 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga.

I. LA DEMANDA

1. PRETENSIONES

La parte demandante solicita:

la sentencia de fecha 21 de enero de 2025 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga.

I. LA DEMANDA

1. PRETENSIONES

La parte demandante solicita:

I. Que se declare solidariamente responsable a MARIA PIEDAD ECHEVERRIA RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 63.507.992, en su calidad de JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA — INDERBU, para Ia época de los hechos; en segundo lugar a ELIZABETH PICO DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 63.306.481, en su calidad de SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA — INDERBU, para Ia época de los hechos, y a OSCAR MAURICIO CORREA ANGARITA, en calidad de particular que ejercía funciones públicas de acuerda al contrato de prestación de servicios profesiones N° 006 de 2017, y eI N° 116 de 2017, celebrado con el INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU; siendo estos administrativamente responsable de las perjuicios materiales causados al INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU, en cuantía de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($176.977.220) con ocasión del

• INDERBU, en cuantía de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($176.977.220) con ocasión del pago de Ia sentencia proferida el 27 de Septiembre de 2017, par el Juzgada Trece Administrativa Oral de Bucaramanga en Primera Instancia, dentro del proceso de REPARACION DIRECTA radicada 2014 -00375, al ser declarado administrativamente, patrimonialmente, y solidariamente responsable con EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, par el Dana Antijuridica causada a los señores SANTIAGOMedio de Control: Repetición

Expediente No. 680013333001-2023-00119-01 Sentencia de segunda instancia.

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander RODRIGUEZ RUEDA Y YOLANDA PINZON CASTILLO, en representación del menor

JEYSON ANDRES RODRIGUEZ PINZON.

I.I. Que se declare solidariamente responsable a MARIA PIEDAD ECHEVERRIA RODRIGUEZ, identificada can cédula de ciudadanía N° 63.507.992, en su calidad de JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA — INDERBU, para Ia época de los hechos; en segundo Iugar a ELIZABETH PICO DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 63.306.481, en su calidad de SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL

segundo Iugar a ELIZABETH PICO DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 63.306.481, en su calidad de SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA — INDERBU, para a época de los hechas, y a OSCAR MAURICIO CORREA ANGARITA, en calidad de particular que ejercida funciones públicas de acuerda al contrata de prestación de servicios profesiones N° 016 Y N° 116 de 2017, celebrada con el INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU; siendo estas administrativamente responsable de as perjuicios materiales causados al INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU, en cuantía de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($1 .769.772), por el pago realizada par concepto al equivalente del 1% del valor cancelado coma condena al INDERBU, par concepto de castas procesales, a favor de SILVIA CONSTANZA VILLALOBOS ESTEVEZ, apoderada de Ia parte demandante, en el proceso de reparación Directa; en ocasión de Ia sentencia proferida el 27 de Septiembre de 2017, p or el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga en Primera Instancia, dentro del proceso de REPARACION DIRECTA radicada 2014-00375, al ser declarada administrativamente, patrimonialmente, y solidariamente responsable con

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF.

Primera Instancia, dentro del proceso de REPARACION DIRECTA radicada 2014-00375, al ser declarada administrativamente, patrimonialmente, y solidariamente responsable con

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF.

II. Como consecuencia de Ia anterior declaración, se condene a MARIA PIEDAD ECHEVERRIARODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 63.507.992, en segundo lugar, a ELIZABETH PICO DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 63.306.481, y a OSCAR MAURICIO CORREA ANGARITA, a pagar al INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA — INDERBU, las

sumas de:

II.I CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($176.977.220), suma que deberá ser actualizada conforme al PC y que corresponde a Ia pagada con ocasión de Ia sentencia proferida el 27 de Septiembre de 2017, p or el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga en Primera Instancia, dentro del proceso de REPARACION DIRECTA radicada 2014-00375, al ser declarado administrativamente, patrimonialmente, y solidariamente responsable con EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, p or el Da ño Antijuridico causado a las señores SANTIAGO RODRIGUEZ RUEDA Y YOLANDA PINZON CASTILLO, en representación del menar JEYSON ANDRES RODRIGUEZ PINZON.

causado a las señores SANTIAGO RODRIGUEZ RUEDA Y YOLANDA PINZON CASTILLO, en representación del menar JEYSON ANDRES RODRIGUEZ PINZON.

II.II UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($1.769.772), por concepto al equivalente del 1% del valor cancelada coma condena al INDERBU, par concepto de castas procesales, a favor de SILVIA CONSTANZA VILLALOBOS ESTEVEZ ,apoderada de Ia parte demandante, en el procesa de reparación Directa; en ocasión de Ia sentencia preferida el 27 de Septiembre de 2017, p or el Juzgada Trece Administrativa Oral de Bucaramanga en Primera Instancia, dentro del proceso de REPARACION DIRECTA radicado 2014 -00375, al ser declarado administrativamente, patrimonialmente, y solidariamente responsable can EL INSTITUTO COLOMBIANO DE

BIENESTAR FAMILIAR ICBF.

III. La condena respectiva será actualizada aplicando en Ia liquidación Ia variación promedia mensual del IPC, desde Ia fecha de paga de Ia condena hasta Ia ejecutaría del correspondiente falla definitivo.

IV. Las personas demandadas darán cumplimiento a Ia sentencia, en l os términos de los artículos 189, 192 y 195 del CPACA.

V. Condenar en costas a a parte demandada.

2. HECHOS

Los señores Santiago Rodríguez y Yolanda Pinzón, en representación del menor Yeison Andrés Rodríguez, instauraron demanda de reparación directa contra elMedio de Control: Repetición Expediente No. 680013333001-2023-00119-01

Los señores Santiago Rodríguez y Yolanda Pinzón, en representación del menor Yeison Andrés Rodríguez, instauraron demanda de reparación directa contra elMedio de Control: Repetición Expediente No. 680013333001-2023-00119-01 Sentencia de segunda instancia.

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander INDERBU y el ICBF por los daños derivados de lesiones sufridas el 18 de noviembre de 2012 en la cancha La Bombonera ubicada en el barrio La Juventud de la ciudad de Bucaramanga.

El Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga condenó a las referidas entidades al pago de las sumas reclamadas, mediante sentencia de primera instancia dictada el 27 de septiembre de 2014.

En ese entonces, el Dr. Oscar Mauricio Correa Angarita actuaba como apoderado del INDERBU, mientras que la Dra. María Piedad Echavarría Rodríguez y la Dra. Elizabeth Pico Díaz ejercían funciones como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Subdirectora Administrativa y Financiera, respectivamente.

Tras la notificación de la sentencia, ni el apoderado ni la oficina jurídica del INDERBU presentaron recurso de apelación, el cual sí fue interpuesto por el ICBF y el municipio de Bucaramanga; recurso resuelto favorablemente por el Tribunal Administrativo de Santander el 21 de julio de 2020.

Mediante Resolución No. 100 de 2021, el INDERBU autorizó el pago inicial a favor

y el municipio de Bucaramanga; recurso resuelto favorablemente por el Tribunal Administrativo de Santander el 21 de julio de 2020.

Mediante Resolución No. 100 de 2021, el INDERBU autorizó el pago inicial a favor del ICBF por $155.000.000, equivalente al 50% de la deuda, dado que el ICBF había cubierto la totalidad del monto condenado e inició proceso ejecutivo contra el

INDERBU.

Los pagos posteriores se efectuaron el 25 de agosto de 2021 por $21.977.220 y otro por $1.769.772 en concepto de costas procesales, todos debidamente acreditados mediante comprobantes de egreso No. CE-21-00768.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La señora María Piedad Echeverría Rodríguez se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que la conducta atribuida no es dolosa ni culposa, ni generó la erogación presupuestal atribuida al INDERBU.

Sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la acción de repetición debe dirigirse directamente contra el servidor que actuó con dolo o culpa grave, lo cual no se configura en su caso, ya que solo se le vincula por su cargo de Jefe de l a Oficina Asesora Jurídica, sin que se haya acreditado responsabilidad subjetiva.

Asimismo, precisó que para actuar en representación judicial es indispensable el otorgamiento de poder conforme al artículo 160 del C.P.A.C.A., requisito que no cumplía al momento de la sentencia de primera instancia, por lo que no puede responsabilizarse por la omisión de apelación ni por decisiones que no le fueron notificadas oportunamente. Por tanto, solicitó que se nieguen las pretensiones en

cumplía al momento de la sentencia de primera instancia, por lo que no puede responsabilizarse por la omisión de apelación ni por decisiones que no le fueron notificadas oportunamente. Por tanto, solicitó que se nieguen las pretensiones en su contra.

El señor Oscar Mauricio Correa Angarita se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que las mismas no se encuentran ajustadas a derecho ni a las disposiciones que regulan la acción de repetición. Sostuvo que no ejerció funciones públicas en virtud de los contratos de prestación de serv icios suscritos con el INDERBU, y mucho menos en calidad de agente estatal cuya acción u omisión pudiera haber causado el daño que originó la condena contra dicha entidad.

Argumentó que, en su calidad de abogado contratado como particular, ejerció exclusivamente su profesión, regulada por la Ley 1123 de 2007, sin que dichaMedio de Control: Repetición Expediente No. 680013333001-2023-00119-01 Sentencia de segunda instancia.

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander actividad equivalga al ejercicio de función pública.

Además, señaló que la función pública atribuible a un particular debe encontrarse expresamente conferida y regulada en términos estrictos conforme a los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998, los cuales establecen requisitos formales y procedimentales que no se cumplen en la modalidad de contratación directa mediante contrato de prestación de servicios. Por tanto, concluye que el demandado no ejerció función pública conferida por el INDERBU.

procedimentales que no se cumplen en la modalidad de contratación directa mediante contrato de prestación de servicios. Por tanto, concluye que el demandado no ejerció función pública conferida por el INDERBU.

La señora Yolanda Pinzón Castillo, no hizo uso del derecho de defensa.

III. LA SENTENCIA APELADA

En sentencia del 21 de enero de 2025 el A quo decidió:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de REPETICION, presentó el INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA — INDERBU, en contra de las señoras MARIA PIEDAD ECHEVERRIA RODRIGUEZ, ELIZABETH PICO DIAZ y el señor OSCAR MAURICIO CORREA ANGARITA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

Como fundamento de su decisión expuso lo siguiente:

1. Los contratistas por prestación de servicios regulan su vínculo con la entidad mediante contrato que establece las condiciones de ejecución, incluyendo objeto, plazo, valor y forma de pago. En consecuencia, el contratista debe cumplir las obligaciones conforme a lo pactado en el contrato. De la revisión de las cláusulas contractuales suscritas con la entidad demandante, no se advierte que al señor Oscar Mauricio Correa Angarita se le haya delegado la ejecución o el desempeño de funciones públicas. Por ta nto, cualquier incumplimiento contractual no genera responsabilidad equiparable a la de un particular encargado de ejercer función pública. Por lo anterior señalo que respecto de él no se cumple con el segundo

de funciones públicas. Por ta nto, cualquier incumplimiento contractual no genera responsabilidad equiparable a la de un particular encargado de ejercer función pública. Por lo anterior señalo que respecto de él no se cumple con el segundo requisito para la prosperidad del medio de control.

1. Agregó que respecto de María Piedad Echeverria Rodríguez y Elizabeth Pico Diaz, no existe duda de la calidad de agentes estatales que ostentaban, quienes laboraron en la entidad demandante para la época referida en los hechos de la demanda, desempeñado los cargos de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Subdirectora Administrativa y Financiera del INDERBU, respectivamente.

Por último , respecto al señor Oscar Mauricio Correa Angarita, se le haya encomendado la ejecución o desarrollo de funciones públicas, por lo tanto, el posible incumplimiento del contrato no le acarrea responsabilidad como si se tratara de un particular encargado de ejercer función pública.

Finalmente resolvió «En suma, respecto de las demandadas María Piedad Echeverri Rodríguez y Elizabeth Pico Ortiz como ex servidoras públicas del INDERBU, no es posible calificar su conducta como dolosa o gravemente culposa, pues la única prueba con la cual se pretendió dicha declaratoria fueron las sentencias proferidas en el proceso de reparación directa, en las cuales resultó condenado solidariamente el INDERBU y el ICBF, más no se demostró el grado de intencionalidad o negligencia con las que presuntamente actuaron las entonces servidoras públicas, no yendo má s allá de hacer aseveraciones acerca del cumplimiento de las funciones respecto de cada una de ellas.»Medio de Control: Repetición Expediente No. 680013333001-2023-00119-01

servidoras públicas, no yendo má s allá de hacer aseveraciones acerca del cumplimiento de las funciones respecto de cada una de ellas.»Medio de Control: Repetición Expediente No. 680013333001-2023-00119-01 Sentencia de segunda instancia.

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

VI. LA APELACIÓN

El Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de Bucaramanga -INDERBUsolicita que se revoque la decisión apelada, para lo cual expone los siguientes argumentos:

1. No se pondero en debida forma la situación subjetiva del comportamiento de los exfuncionarios quienes efectivamente tenían a su cargo demostrar que la entidad a la cual representaban no era patrimonialmente responsable.

1. Se aportó manual de funciones relacionado en la demanda como prueba documental número 11, Decreto 01 de 2015 Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para los empleos de planta de personal del INDERBU , contrario a lo expresado por el A quo.

1. Imprecisión en cuanto a la calidad de determinar como los exfuncionarios ostentaban la condición de agentes del estado, pues señala que los demandados son particulares que ejercían funciones públicas incluyendo al abogado de la defensa judicial Oscar Mauricio Correa Angarita.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 24 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia de primera instancia y se corrió traslado a las

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 24 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia de primera instancia y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y emitir co ncepto de fondo respectivamente.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Parte demandante y demandada. Reiteran los argumentos de primera instancia.

Ministerio Público. Presenta concepto solicitando se confirme la sentencia apelada.

VII. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURIDICO. Corresponde a la Sala establecer s i hay lugar a declarar patrimonialmente responsable a María Piedad Echeverría Rodríguez, Oscar Mauricio Correa Angarita y Yolanda Pinzón Castillo, por los perjuicios ocasionados al Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga -INDERBUcon motivo del pago de la condena impuesta por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga en sentencia de fecha el 27 de septiembre de 2014 , en solidaridad con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, por el da ño antijurídico causado a los se ñores Santiago Rodríguez Rueda y Yolanda Pinzón Castillo, en representación del menor Jeyson Andrés Rodríguez Pinzón.

Para ello se debe determinar i) si los demandados actuaron con dolo o culpa, en los hechos que generaron la condena; ii) si hay lugar a condenarlo a reintegrar a la entidad demandante la suma cancelada.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

los hechos que generaron la condena; ii) si hay lugar a condenarlo a reintegrar a la entidad demandante la suma cancelada.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política el Estado debe repetir contra los servidores públicos que con su conducta dolosa o gravemente culposa le ocasionen daños patrimoniales que le sean imputables, yMedio de Control: Repetición Expediente No. 680013333001-2023-00119-01 Sentencia de segunda instancia.

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander esta obligación fue desarrollada por la Ley 678 de 2001 que define en su artículo 2 la acción de repetición como de carácter patrimonial dirigida contra el servidor o ex servidor público, que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado al Estado el pago de un reconocimiento indemnizatorio como consecuencia de una condena, una conciliación y otra forma de terminación de un conflicto judicial.

El artículo 5 de la norma, señala que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, y se presume el solo por las siguientes causas.

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación

inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

En relación con la culpa grave el artículo 6 de la norma señala que, la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

El artículo es claro en indicar que se presuma que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

En sentencia SU 354 de 2020 la Honorable Corte Constitucional precisó que para decidir las demandas de repetición y para determinar la responsabilidad del demandado, está excluida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre

En sentencia SU 354 de 2020 la Honorable Corte Constitucional precisó que para decidir las demandas de repetición y para determinar la responsabilidad del demandado, está excluida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre responsabilidad que se hayan efectuado en el fallo condenatorio, y en este orden, le correspon de al Juez examinar todos los elementos de juicio allegados al expediente a efectos de realizar un análisis totalmente independiente en el cual el demandado tenga la oportunidad de ejercer una defensa acorde.

Explicó también la providencia que para determinar el origen del daño y también si la conducta fue dolosa o gravemente culposa, le corresponde al Juez valorar losMedio de Control: Repetición Expediente No. 680013333001-2023-00119-01 Sentencia de segunda instancia.

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander aspectos propios de la función pública como i) las funciones del agente y; ii) el grado de diligencia que le sea exigible en función de los requisitos para acceder al cargo, así como la jerarquía del mismo.

Ahora, en cuanto la conducta del agente y el deber de la administración de probar que la misma sea dolosa o gravemente culposa, en sentencia del 1 de octubre de 20181 la Sección Tercera Subsección B del Honorable Consejo de Estado indicó:

Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, deben aplicarse las presunciones legales previstas en los artículos 5° y 6° de la citada ley, que califican la conducta del agente de dolosa o gravemente

Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, deben aplicarse las presunciones legales previstas en los artículos 5° y 6° de la citada ley, que califican la conducta del agente de dolosa o gravemente culposa. Estas “presunciones” inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía a la entidad demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado.

Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 se invirtió la carga de la prueba, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que presumen el dolo o la culpa grave, el servidor demandado tiene el deber de aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la presunción. De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si no obstante configurarse alguna de las “presunciones”, el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. Del mismo modo, el juez eval uará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de “presunciones” previstos por el legislador.

Régimen jurídico aplicable al caso

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la CN señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta d olosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”.

Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta d olosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”.

Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, «por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición». Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 67 8 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso2.

oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso2.

1 Radicación número: 41001-23-31-000-2011-00445-01(59434) 2 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23 de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otrasMedio de Control: Repetición Expediente No. 680013333001-2023-00119-01 Sentencia de segunda instancia.

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra de la Nación – Rama Judicial ocurrieron en el año 2002, esto es, cuando se expidieron las Resoluciones No. 011 y 012 de 2002, el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en l a Ley 678 de 2001, sin que para los efectos pueda tenerse en cuenta la modificación introducida por la Ley 2195 de 20223, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos.

IX. CASO CONCRETO

1. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

1.1 Hoja de vida de las señoras María Piedad Echeverria Rodríguez y Elizabeth

1. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

1.1 Hoja de vida de las señoras María Piedad Echeverria Rodríguez y Elizabeth Pico Diaz las cuales dan cuenta que ocupaban los cargos de jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de subdirectora Administrativa y Financiera del INDERBU, es decir, fungen como agentes del estado en el momento de los hechos , no obstante, no ejercían control directo de las actuaciones judiciales en el expediente de reparación directa.

1.2 Certificación de funciones de «Jefe de Ia Oficina Asesora Jurídica» del INDERBU y Ia fecha en que desempeñó el cargo.

1.3 Certificación de funciones deI «Subdirector Administrativo y Financiero del INDERBU y fecha en que desempeñó el cargo.

1.4 Hoja de vida del señor Oscar Mauricio Correa Angarita la cual da cuenta que en el momento de los hechos fungía como abogado contratista y su mandato para la representación judicial no contenía de manera expresa la obligación de interponer el recurso de apelación en contra una sentencia desfavorable, de tal manera que permita afirmar que su omisión es un incumplimiento generador de perjuicios, por tanto, no se puede indicar que tenga la calidad de «particular en ejercicio de función pública».

1.5 Contrato del Dr. Oscar Mauricio Correa Angarita, en calidad de particular que ejercía funciones públicas, baja las obligaciones señ