TA SAN - Sentencia 680813333001-2021-00197-02 (27-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: DR. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

DEMANDANTE LUIS EMILIO COBOS MANTILLA

luisecobosm@yahoo.com.co

DEMANDADO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS

sescretariageneral@cas.gov.co carlosjhr75@gmail.com

MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES

alcaldia@puertowilches-santander.gov.co

VINCULADO AGUAS DE PUERTO WILCHES SAS ESP

aguasdepuertowilchessasesp@yahoo.es

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680813333001-2021-00197-02

TEMA Vulneración de los derechos e intereses colectivos del goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; la seguridad y salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna , por la falta de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Procede la Sala a decidir el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte

acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna , por la falta de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Procede la Sala a decidir el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte accionante, contra la sentencia de Primera Instancia proferida el 27 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Administrativo Oral d el Circuito Judicial de Barrancabermeja.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos.1

El actor popular manifiesta que el municipio de Puerto Wilches, Santander, no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), lo que impide el manejo adecuado de sus aguas servidas y genera una grave afectación al medio ambiente.

Indica que la falta de tratamiento de las aguas residuales ha provocado una disminución en los niveles de oxígeno en las fuentes hídricas, alterando el equilibrio natural de los ecosistemas y afectando las poblaciones de seres vivos. Además, señala que en algunos casos, debido al alto nivel de degradación del agua, se han registrado olores a azufre, evidenciando un avanzado estado de contaminación.

1 Expediente digital SAMAI. Índice 037. OneDrive, documento 001 DEMANDAAcción Popular Expediente No. 680813333001-2021-00197-02 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Igualmente, sostiene que la omisión de los alcaldes del municipio en la construcción de una PTAR, conforme a los est ándares técnicos y profesionales, vulnera derechos

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Igualmente, sostiene que la omisión de los alcaldes del municipio en la construcción de una PTAR, conforme a los est ándares técnicos y profesionales, vulnera derechos colectivos fundamentales. Entre ellos, destaca el derecho al goce de un ambiente sano, la preservación del equilibrio ecológico, la seguridad y salubridad pública, así como el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos. Estos derechos están contemplados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, lo que refuerza la obligación de las autoridades locales de tomar medidas para garantizar su protección.

1.2. Pretensiones:

El accionante considera vulnerados los derechos colectivos referentes al goce de un ambiente sano, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, y, en consecuencia:

PRIMERO: Que se ordene al ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO WILCHESSANTANDER, garantizar los derechos e intereses colectivos del goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución; la seguridad y salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, contenidos en los numerales A.

C. G. y J. del ARTICULO 4 DE LA LEY 472 DE 1.998.

SEGUNDO: que como consecuencia de la declaración anterior y mediante sentencia

públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, contenidos en los numerales A.

C. G. y J. del ARTICULO 4 DE LA LEY 472 DE 1.998.

SEGUNDO: que como consecuencia de la declaración anterior y mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se le ordene al ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO WILCHES -SANTANDER, construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, con todos los requisitos profesionales y técnicos para evitar que las aguas negras y sucias que producen los habitantes del municipio no afecten los derechos e interés colectivos aquí demandados.

TERCERO: Ordenar e l cumplimiento inmediato de las acciones que se consideren necesarias para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivo aquí violados, otorgando un término perentorio para tal caso.

CUARTO: Que se condene en costas a la parte demandada.

1.3. Contestación de la demanda.

1.3.1. Municipio de Puerto Wilches.2

El apoderado judicial de la entidad demandada argumentó que el municipio de Puerto Wilches había adelantado gestiones técnicas y presupuestales para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pero debido a la alta inversión requerida y a la clasificación del municipio como de sexta categoría, no había sido posible su ejecución. No obstante, enfatizó que la administración municipal se encontraba comprometida con la protección de los derechos colectivos y que, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, estaba prevista la construcción de dos plantas de tratamiento antes de finalizar el año 2023.

encontraba comprometida con la protección de los derechos colectivos y que, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, estaba prevista la construcción de dos plantas de tratamiento antes de finalizar el año 2023.

2 Expediente digital SAMAI. Índice 037. OneDrive, documento 008 CONTESTACIÓN MUNICIPIOAcción Popular Expediente No. 680813333001-2021-00197-02 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Asimismo, sostuvo que los señalamientos de la parte demandante respecto a la afectación del medio ambiente y los ecosistemas carecían de soporte técnico o científico. Afirmó que la demanda no incluía estudios que demostraran de manera objetiva la relación entre la falta de la PTAR y la presunta contaminación ambiental.

Finalmente, planteó excepciones de mérito, solicitando la negación de la acción popular por c umplimiento de las obligaciones legales por parte del municipio. Argumentó que, conforme al Plan de Desarrollo Municipal, se había asignado el 100% de los recursos del subsidio otorgado al servicio de alcantarillado para la construcción de las plantas de t ratamiento. Asimismo, solicitó declarar probadas las excepciones planteadas, dar por terminado el proceso y condenar en costas judiciales a la parte demandante.

1.3.2. Corporación Autónoma Regional Santander.3

Mediante apoderado judicial sostuvo que el municipio de Puerto Wilches contaba con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), aunque esta no operaba de

demandante.

1.3.2. Corporación Autónoma Regional Santander.3

Mediante apoderado judicial sostuvo que el municipio de Puerto Wilches contaba con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), aunque esta no operaba de manera eficiente. Argumentó que la existencia de la PTAR estaba documentada en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio, el cual había sido formulado y aprobado conforme a la normativ a ambiental vigente , a demás, explicó que dicho plan contemplaba programas a corto, mediano y largo plazo para la optimización de la infraestructura de saneamiento, lo que demostraba que el municipio había tomado medidas para mejorar la gestión de aguas residuales.

Asimismo, manifestó que la falta de una PTAR en pleno funcionamiento no podía atribuirse a su representada, ya que la competencia para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado correspondía exclusivamente al municipio y a las empresas prestadoras del servicio.

Por otro lado, alegó la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, señalando que el demandante no acreditó haber solicitad o previamente a la administración municipal la adopción de medidas correctivas antes de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Argumentó que la Ley 1437 de 2011 exige que antes de presentar una acción de protección de derechos colectivos, el actor debe requerir formalmente a la autoridad competente y esperar una respuesta dentro del término legal.

Finalmente, solicitó la vinculación de la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, Aguas de Puerto Wilches ESP, al proceso. Sostuvo que esta empresa

formalmente a la autoridad competente y esperar una respuesta dentro del término legal.

Finalmente, solicitó la vinculación de la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, Aguas de Puerto Wilches ESP, al proceso. Sostuvo que esta empresa era la responsable directa del tratamiento de aguas residuales en el municipio, por lo que su participación era indispensable para determinar cualquier presunta omisión en la prestación del servicio , y finalmente pidió que se negar an las pretensiones del demandante y que su representada fuera desvinculada del proceso, al no tener competencia sobre las acciones reclamadas.

1.3.3. Aguas de Puerto Wilches S.A.S. E.S.P.4

3 Expediente digital SAMAI. Índice 037. OneDrive, documento 011 CONTESTACIÓN CAS 4 Expediente digital SAMAI. Índice 051. Documento CONTESTACIÓN APWAcción Popular Expediente No. 680813333001-2021-00197-02 Sentencia de Segunda Instancia

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En su escrito argumentó que la Empresa Aguas de Puerto Wilches S.A.S. E.S.P. siempre había garantizado la protección de los derechos colectivos relacionados con el acceso a un ambiente sano. Explicó que, si bien el municipio de Puerto Wilches no contaba aún con una Pla nta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la administración municipal y la empresa de servicios públicos habían realizado múltiples gestiones técnicas y financieras para la consecución de los recursos necesarios.

Asimismo, sostuvo que la empresa de servicios públicos enfrentaba dificultades

administración municipal y la empresa de servicios públicos habían realizado múltiples gestiones técnicas y financieras para la consecución de los recursos necesarios.

Asimismo, sostuvo que la empresa de servicios públicos enfrentaba dificultades financieras, lo que impedía que asumiera por sí sola la construcción de la PTAR. Explicó que, al tratarse de una empresa 100% pública, cuyo 99.92% de acciones pertenecían al municipio, su operatividad dependía en gran medida del apoyo financiero de la administración municipal y de los recursos gestionados ante el departamento y la nación. En este sentido, argumentó que la falta de ejecución de la obra no podía considerarse una omisión de la empresa, pues su función principal era la administración de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y no la construcción de infraestructuras, salvo en el marco de convenios interadministrativos específicos.

Finalmente, presentó excepciones de mérito, solicita ndo la negación de la acción popular al considerar que la empresa de servicios públicos había cumplido con sus obligaciones legales. Argumentó que su labor consistía en la prestación eficiente de los servicios de saneamiento básico y que había trabajado en conjunto con la administración municipal para gestionar las inversiones necesarias.

II. SENTENCIA APELADA5

Mediante providencia del veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja profirió sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:

PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los

profirió sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:

PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución; la seguridad y salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, de los habitantes del Municipio de Puerto Wilches, de conformidad a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ORDENAR al MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, para que teniendo en cuenta sus facultades legales, proceda a gestionar y financiar la construcción en el término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR que preste sus servicios en el municipio de Puerto Wilches. Dentro de dicho periodo, las entidades referidas deberán adelantar los trámites administrativos, presupuestales y contractuales pertinentes para el cumplimiento cabal de la orden antes impartida.

TERCERO. ORDENAR al MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES qu e, en ejercicio de sus competencias, ejecute las acciones pertinentes para obtener el apoyo,

5 Expediente digital SAMAI. Índice 058. Documento SENTENCIA 1Acción Popular Expediente No. 680813333001-2021-00197-02 Sentencia de Segunda Instancia

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Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander coordinación técnica, logística y administrativa de parte de la EMPRESA AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A. E.S.P., para la formulación y ejecución de lo aquí dispuesto.

Como fundamento de su decisión, el a quo expuso:

En resumen, el a quo determinó que el municipio de Puerto Wilches carece de un sistema adecuado para el manejo técnico de las aguas residuales, lo que ha generado un impacto ambiental negativo en la ciénaga Yarirí.

Evidenció que la calidad del agua en el punto de vertimiento es propi a de aguas residuales sin tratamiento, presentando un color oscuro y un olor desagradable, lo que confirma la existencia de materia orgánica contaminante. En virtud de lo anterior, el a quo concluye que la omisión de las entidades demandadas en la implemen tación de soluciones para el tratamiento de aguas residuales constituye una vulneración a los derechos colectivos al ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública y al acceso a los servicios públicos.

III. LA APELACIÓN

3.1. Corporación Autónoma Regional Santander.6

En su escrito sostiene que, la sentencia de primera instancia debía ser revocada, toda vez que la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) no tiene la obligación de construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el municipio de Puerto Wilches, ya que su función se limita a la vigilancia y supervisión del cumplimiento de las obras que impactan el medio ambiente.

de construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el municipio de Puerto Wilches, ya que su función se limita a la vigilancia y supervisión del cumplimiento de las obras que impactan el medio ambiente.

Asimismo, argumenta que la responsabilidad de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos de saneamiento recae sobre el municipio y las empresas prestadoras del servicio, conforme a lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la Ley 715 de 2001.

Señala que ya existen actuaciones administrativas previas y vigentes de una construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR), conforme al cronograma establecido en el plan actualizado. Este cronograma prevé que entre los años 2023 y 2025 s e gestionarán recursos para estudios y diseños, seguidos por la obtención de licencias y ejecución de obras entre 2026 y 2029, para finalmente poner en funcionamiento la planta en el año 2030, de acuerdo con lo anterior, la entidad alega que el juzgado ha desestimado indebidamente la existencia de dichas obligaciones y ha impuesto la ejecución de una obra a una entidad carente tanto de competencia legal como de responsabilidad directa sobre la misma.

Finalmente, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia o, en su defecto, se delimiten las obligaciones de la CAS exclusivamente a la verificación del cumplimiento de las obras a cargo del municipio. Argumenta que la corporación solo puede destinar recursos para apoyar proyectos de saneamiento cua ndo estos han sido formulados y estructurados por las entidades territoriales competentes.

6 Expediente digital SAMAI. Índice 061. Documento APELACIÓN CARAcción Popular Expediente No. 680813333001-2021-00197-02

sido formulados y estructurados por las entidades territoriales competentes.

6 Expediente digital SAMAI. Índice 061. Documento APELACIÓN CARAcción Popular Expediente No. 680813333001-2021-00197-02 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 18 de febrero de 202 5 se admitió el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada y se ordenó correr traslado al Ministerio Público para rendir concepto de fondo ; notificándose a los correos electrónicos respectivos el día 19 de febrero de 2025.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Tanto las partes como el Ministerio Público no se pronunciaron en esta oportunidad.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Problema Jurídico.

Teniendo en cuenta los argumentos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar:

¿El MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES y la CORPORACIÓN AUTÓNOA REGIONAL DE SANTANDER son responsables por la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda, dadas las condiciones del colector de alcantarillado?

6.2. Marco normativo y jurisprudencial.

6.2.1. De Las Acciones Populares.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en relación a la naturaleza de las acciones populares, establece que es un

6.2.1. De Las Acciones Populares.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en relación a la naturaleza de las acciones populares, establece que es un mecanismo instituido para la protección y amparo de los derechos e intereses colectivos, siendo procedente contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, teniendo como fin hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado que las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas.

Se identifican por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la protección de los referidos derechos cuya amenaza, vulneración, existencia del peligro, agravio o daño contingente, deberá probarse necesariamente para la procedencia del amparo. Se tienen entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada, ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la q ue proviene de todoAcción Popular Expediente No. 680813333001-2021-00197-02 Sentencia de Segunda Instancia

colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la q ue proviene de todoAcción Popular Expediente No. 680813333001-2021-00197-02 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander riesgo normal de la actividad humana, y iii) la relación de causalidad que debe existir entre la acción u omisión y la señalada afectación de los derechos e intereses colectivos.

Ahora bien, para su trámite, el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que:

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez.

Se recoge de la norma citada, que existe un requisito previo a satisfacer por el demandante para dar procedencia a la reclamación ante el órgano contencioso administrativo.

6.2.2. Sobre las funciones asignadas a los municipios y a las Corporaciones Autónomas Regionales en materia ambiental.

Mediante la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 7 se definieron roles concretos para las entidades territoriales en temas ambientales. En el artículo 65 de dicha norma se detallan las funciones que deben asumir los municipios, entre ellas se incluyen las siguientes:

las entidades territoriales en temas ambientales. En el artículo 65 de dicha norma se detallan las funciones que deben asumir los municipios, entre ellas se incluyen las siguientes:

5. Colaborar con las Corporaciones Au tónomas Regionales, en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

6. Ejercer, a través del alcalde como primera autori dad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.

...

9. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.

A su vez, el artículo 31 de la mencionada ley establece, entre otras, las siguientes funciones que deben ser asumidas por las Corporaciones Autónomas Regionales:

ARTÍCULO 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

7 Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.”Acción Popular

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.”Acción Popular Expediente No. 680813333001-2021-00197-02 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander ...

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovabl es, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en p eligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

...

18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

...

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio amb iente y los recursos naturales renovables; …

territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio amb iente y los recursos naturales renovables; …

En la misma línea, la Ley 715 de 2001, en su artículo 44, establece las competencias de las entidades territoriales para llevar a cabo acciones orientadas a prevenir y atender factores que puedan representar r iesgos ambientales, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 44. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS. Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual c umplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones: … 44.3.3.3. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con las autoridades competentes las acciones de control a que haya lugar …

En este contexto, las Corporaciones Autónomas Regionales, conforme a lo establecido por la ley, disponen de amplias facultades para invertir en proyectos de infraestructura, como las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, orientados a la descontaminación y recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Sobre este punto, el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 19 de julio de 20188, concluyó que, para garantizar la protección y recuperación del medio

la descontaminación y recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Sobre este punto, el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 19 de julio de 20188, concluyó que, para garantizar la protección y recuperación del medio ambiente, es indispensable que las entidade s territoriales y las Corporaciones Autónomas Regionales actúen de forma coordinada y colaborativa, conforme a las competencias que les han sido asignadas.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, sentencia proferida el 19 de julio de 2018, radicado: 680012331000201100882-01(AP)Acción Popular Expediente No. 680813333001-2021-00197-02 Sentencia de Segunda Instancia

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Conforme con lo expuesto, se advierte que si bien la competencia señalada en el numeral 20 del artí culo 31 de la Ley 99, incluye obras de saneamiento básico, entre ellas, las de acueducto y alcantarillado, en concurrencia con la competencia de los municipios de adelantar obras necesarias para el progreso municipal y la solución de saneamiento ambiental y garantía de prestación de servicios públicos, esta se encuentra limitada por la legislación especial de servicios públicos, lo que significa que la intervención de las corporaciones autónomas regionales se justifica en tanto sea para la defensa y protecc ión o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables9.

6.2.3. Competencias asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales en

para la defensa y protecc ión o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables9.

6.2.3. Competencias asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales en materia de Plan de Saneamiento Manejo de Vertimientos.

En cuanto al PSMV, este fue definido en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 200410, emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuyo artículo 1° establece lo siguiente:

ARTÍCULO 1. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PSMV. Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales