TA VAL - Sentencia 76001-33-33-003-2016-00160-02 (14-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No. 013

Radicación: 76001333300320160016002

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho laboral

Demandante: Alba Patricia Álvarez Leiva

Apoderado: Julio César Sánchez Lozano

demandas@sanchezabogados.com.co;

Demandado: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses

Apoderada: Nazly Ibatá Quintero

notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co

Ministerio Público: Procuradora 136 Judicial II para Asuntos

Administrativos de Bogotá ochaves@procuraduria.gov.co; Asunto: Bonificación judicial – Decreto 382 de 2013 / INMLCF

MAGISTRADO PONENTE: GONZALO PERDOMO CABRERA

1. OBJETO

Decide la Sala Transitoria el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 122 de 10 de agosto de 2018, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cali -Conjuez-, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

2. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la señora Alba Patricia Álvarez Leiva , interpuso demanda, con el fin de que se

Por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la señora Alba Patricia Álvarez Leiva , interpuso demanda, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

2.1.1.- Previa a la inaplicación del artículo 1 del Decreto 0382 de 2013, declárese la nulidad del acto administrativo oficio No. 20166000005381 del 12 de enero de 2016, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

2.1.2.- Previa a la inaplicación del artículo 1 del Decreto 0382 de 2013, declárese la nulidad del acto administrativo oficio No. 0099-2016-DG del 18 de marzo de 2016, expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

2.1.3.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se impartan las siguientes condenas: se ordene (i) al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reconocer, la bonificación judicial en los mismos términos que ocurre con los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, y ordenar que esta sea factor salarial de liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a futuro , (ii) pagar los dineros correspondientes al retroactivo de esta prestación y el excedente producto de la liquidación de las demás prestaciones debidamente indexadas desde la fecha en que fue reconocida legalmente a sus pares, hasta que se haga efectivo el pago , (iii) al pago de costas y agencias en2

prestación y el excedente producto de la liquidación de las demás prestaciones debidamente indexadas desde la fecha en que fue reconocida legalmente a sus pares, hasta que se haga efectivo el pago , (iii) al pago de costas y agencias en2

derecho que resultares del proceso.

2.2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes hechos, en síntesis:

2.2.1. La demandante sostuvo una relación legal y reglamentaria con el Instituto Nacional de Medicina Legal, desde el 29 de agosto de 1990 hasta el 06 de enero de 2014 ejerciendo el cargo de Profesional Especializado Forense Grado 19 en la Dirección Regional Suroccidente con sede en Cali Valle del Cauca.

2.2.2. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pertenece a la Rama Judicial y está adscrito a la Fiscalía General de la Nación como establecimiento público del orden Nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía admin istrativa de conformidad con el artículo 33 de la Ley 938 de 2004 y el artículo 1 del Decreto Ley 016 de 2014.

2.2.3. El parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, ordenó al Gobierno Nacional hacer la nivelación salarial a los funcionarios y empleado s de la Rama Judicial, atendiendo los criterios de equidad.

2.2.4. Mediante acta de acuerdo del 6 de noviembre de 2012, suscrita por el Gobierno Nacional y los representantes de los empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, se reconoció el derecho a tener una nivelación en la remuneración

Gobierno Nacional y los representantes de los empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, se reconoció el derecho a tener una nivelación en la remuneración

2.2.5. En cumplimiento al acuerdo de noviembre 6 de 2012, el Gobierno expidió los Decretos 382, 383 y 384 de 2013, creando una bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, dichos Decretos no incluyen a los empleados del Instituto Nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses como entidad beneficiaria de la bonificación.

2.2.6. Mediante oficio No. 20166000005381 del 12 de enero de 2016 , el Departamento Administrativo de la Función Pública niega la anterior solicitud y no otorga la posibilidad de presentar recursos contra la decisión.

2.2.7. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con oficio No. 0099-2016-DG del 18 de marzo de 2016 , negó las solicitudes presentadas y no otorga la posibilidad de presentar recursos contra la decisión.

2.3. Contestación de la demanda

La parte demandada Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense 1 contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, asegurando que en razón a que la Ley 938 de 2004, especificó las funciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como las del Director General, sin que se le otorgaran competencias para fijar los salarios de los servidores públicos de la Institución, no es posible entrar a resolver asuntos relacionados con el reconocimiento de bonificaciones de orden salarial, máxime que el Acuerdo 06 de

otorgaran competencias para fijar los salarios de los servidores públicos de la Institución, no es posible entrar a resolver asuntos relacionados con el reconocimiento de bonificaciones de orden salarial, máxime que el Acuerdo 06 de noviembre de 2012, que derivó los decretos expedidos para el citado fin, no contempló la extensión de tal beneficio para los servidores públicos del Instituto.

Indica que ante la clara diferencia, entre las funciones de la Fiscalía General de la nación y las encomendadas al Instituto, éste tiene establecido sus propios procedimientos y en virtud a ello está dotado de auto nomía administrativa y financiera, con planta de personal y patrimonio propio, lo cual implica que actúa de manera autónoma e independiente de cualquier otra entidad, atemperándose a los protocolos implementados por la misma institución, a partir de la nor matividad aplicable a sus actuaciones, características que lo hacen independientes de la Fiscalía General de la Nación.

1 Mediante Auto Interlocutorio NO. 635 de 10 de julio de 2017, se admitió la demanda únicamente contra esta Entidad3

Así las cosas, frente a las funciones disimiles es viable un régimen salarial y prestacional diferente, sin que exista vulneración al derecho a la igualdad.

Propuso como excepción de caducidad2 y la falta de legitimación en la causa.

3. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cali -Conjuezen la sentencia No. 122 de 10 de agosto de 2018, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación y pertenece a la Rama

sentencia No. 122 de 10 de agosto de 2018, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación y pertenece a la Rama Judicial, cuenta con normatividad propia para establecer sus salarios, caso que no cobija a la demandante como beneficiaria del Decreto 0382 de 2013, que solo le es aplicable a los empleados de la Fiscalía General de la Nación . Como fundamento de la decisión expuso el a-quo lo siguiente:

“Como se puede observar, de la norma antes descrita, cabe hacer las siguientes conclusiones:

El régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es diferente. Las funciones, de los servidores de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no son iguales (igual trabajo, igual salario), esta salvedad se hace para determinar el principio de la Supremacía de la realidad, principio constitucional del artículo 53.

El debate jurídico de la demandante, en el fondo tiene cabida, en razón que si se observa una diferenciación por la cual para este operador si le valida tomar una decisión de fondo, ya que el solo hecho de mencionar un artículo de la Constitución Nacional, obliga a salvaguardar los principios del acceso a la justicia de conformidad con el artículo 29 y 228.

La norma es clara cuando establece los destinarios que tendrá derecho a percibir la Bonificación Judicial, apartes en los que no se hace mención a los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el presente caso a la demandante ALBA PATRICIA ALVAREZ LEIVA.

la Bonificación Judicial, apartes en los que no se hace mención a los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el presente caso a la demandante ALBA PATRICIA ALVAREZ LEIVA.

Para ser acreedor al derecho de percibir la Bonificación de que trata el Decreto 0382 de 2013, el funcionario debe permanecer en el servicio, observándose en el presente caso que la demandante no está vinculada al servicio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como consta en el folio 199 del expediente, a través de la Resolución No. 003145 del 26 de diciembre de 2013, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, acepto renuncia presentada el 19 de diciembre de 2013 por la señora Alba Patricia Álvarez Leiva, renuncia que se tiene a partir del 7 de enero de 2014 como consta en el resuelve de dicha resolución.

Los debates jurídicos existente y jurisprudencias del Honorable Consejo de Estado, Sala de Conjueces, parten de otras proposiciones jurídicas, para la cual se ha definido una línea jurisprudencial que no se enmarca en el presente debate jurídico.”

Finalmente, la primera instancia resolvió no condenar en costas.

4. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia la parte demanda nte 3 interpuso recurso de apelación, solicitando su revocatoria y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda al considerar que el Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 suscrito entre diversas organizaciones sindicales de la Rama Judicial y de la FGN y el Gobierno Nacional, que da lugar a la expedición de los decretos 382, 383

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pretensiones de la demanda al considerar que el Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 suscrito entre diversas organizaciones sindicales de la Rama Judicial y de la FGN y el Gobierno Nacional, que da lugar a la expedición de los decretos 382, 383

2 Excepción resuelta en la audiencia inicial llevada a cabo el 20 de abril de 2018 3 Apoderado Julio César Sánchez4

y 384 de 2013, buscan hacer efectivo el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, exponiendo entre otros los argumentos que se sintetizan a continuación:

Señala que, si la intención del Gobierno Nacional era excluir al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el derecho a la nivelación en la remuneración, debió haberlo estipulado como un “desacuerdo” tal como lo establece el artículo 7, numeral 5 del Decreto 1092 de 2012 , el cual, dispone: “Cierre de la negociación. Una vez concluida la etapa de negociación, las partes levantarán un acta final en la cual se señalarán los acuerdos y desacuerdos …”

El hecho que no figure el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Acuerdo de 6 de noviembre de 2012, no lo excluye de este, pues dicho beneficio se extiende a todas las entidades que pertenecieran a la Rama Judicial, indistintamente si sus laborales eran administrativas, operativas, jurisdiccionales, etc. Si ello fuera así, no se hubiera reconocido la bonificación judicial a los empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ni a los miembros de la Justicia Penal Militar, como tampoco a los Procuradores Judiciales.

etc. Si ello fuera así, no se hubiera reconocido la bonificación judicial a los empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ni a los miembros de la Justicia Penal Militar, como tampoco a los Procuradores Judiciales.

Asegurando que no es válido concluir que la demandante no sea beneficiaria del derecho a la nivelación salarial ordenada en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, toda vez que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación por virtud del artículo 2° numeral 5.1 del Decreto Ley No. 898 del 29 de mayo de 2017, el cual fue refrendado con la ley 938 de 2004, cuando determina allí que el INMLCF pertenece a la Rama Judicial. (También lo hicieron las leyes 270 de 19964 y 938 de 20045, los Decretos 2699 de 1991, Decreto 261 de 2000; las leyes 270 de 1996, y el Decreto Ley 016 de 2014, lo anterior validado por la sentencia C1505 de 2000 de la Corte Constitucional.

Afirma que la nivelación salarial que surge del acuerdo de 6 de noviembre de 2012 debe ser interpretar conforme los principios de los derechos adquiridos, progresividad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales implícitos en el artículo 53 constitucional, in dubio pro operario , favorabilidad, entre otros de rango constitucional. Por lo que no es justificable que un derecho adquirido, protegido por el artículo 58 ibidem, se desconozca y niegue bajo el argumento que el decreto 0382 de 2013 no iba dirigido específicamente a

un derecho adquirido, protegido por el artículo 58 ibidem, se desconozca y niegue bajo el argumento que el decreto 0382 de 2013 no iba dirigido específicamente a los servidores del INMLCF, pues como ya se advirtió, en este tampoco se incluyó a los empleados y funcionarios de la justicia penal militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Procuradores Judiciales I, sin embargo, resultaron beneficiarios del mismo reconocimiento de dicho pago.

5. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA

5.1. Del trámite del recurso de apelación

A través de auto de interlocutorio No. 882 de 20 de septiembre de 2018, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali -Conjuezconcedió el recurso de apelación propuesto por la demandada contra la sentencia de 10 de agosto de 2018. Medio de impugnación admitido con auto de 29 de noviembre de 20184 y dispuso presentar los alegatos de conclusión por escrito.

5.2. Intervención de las partes

5.2.1. Parte demandante

Dentro de la oportunidad debida la defensa de la parte demandante intervino asegurando que la demandante es beneficiaria de la bonificación judicial, toda vez que el I.N.M.L.C.F., pertenece a la Rama Judicial por mandato del artículo 33 de la Ley 938 de 2004, por lo que no existe excusa constitucional o legal que autorice un régimen salarial distinto al de los funcionarios de la Fiscalía, Rama Judicial,

4 Inicialmente repartido al Magistrado Oscar Silvio Narváez Daza5

Procuraduría y Justicia Penal Militar, precisando que no es la diferencia de

régimen salarial distinto al de los funcionarios de la Fiscalía, Rama Judicial,

4 Inicialmente repartido al Magistrado Oscar Silvio Narváez Daza5

Procuraduría y Justicia Penal Militar, precisando que no es la diferencia de regímenes salariales lo que di o lugar al Acuerdo del 6 de agosto de 2012 sino la obligación del Gobierno de nivelar los salarios como lo exige la Ley 4 de 1992.

5.2.2. Entidad demandada

La defensa del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su escrito conclusivo señal a que, debe confirmarse el fallo apelado, toda vez que no es el Ente competente para crear emolumentos salariales a favor de ningún empleado público y mucho menos para definir sus reajustes.

5.2.3. Ministerio Público

El Procurador 18 Judicial II para la Conciliación Administrativa emitió concepto solicitando confirmar la decisión de primera instancia, para lo cual expuso la siguiente tesis:

“… se advierte que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0382 de marzo 6 de 2013 donde se determina con precisió n crear la bonificación judicial para los empleados de la Fiscalía General de la Nación, sin que expresamente se haga referencia para con los empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal, que se dicho de paso se constituye en una entidad pública con autonomía administrativa y presupuestal, que sin bien puede estar adscrita funcionalmente a la Fiscalía General, ello no implica necesariamente que se le debe aplicar el mismo régimen laboral para los servidores públicos.

Adicionalmente, tal y como lo hubiere detallado el Operador Judicial de Primera Instancia, entre los antecedentes administrativos y de negociación que precedieron la expedición del

debe aplicar el mismo régimen laboral para los servidores públicos.

Adicionalmente, tal y como lo hubiere detallado el Operador Judicial de Primera Instancia, entre los antecedentes administrativos y de negociación que precedieron la expedición del Decreto 0382 de 2013 en momento alguno se evidencia que la filosofía del em olumento prestacional estuviere encaminado a ser reconocido a los empleados del Instituto de medicina Legal, como si lo fue para con la Fiscalía General de la nación.”

5.3. Remisión de la Actuación a la Sala Transitoria

En cumplimiento al artículo del Acuerdo PCSJA22-12026 de 2022, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el Despacho 009 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dispuso la remisión de la actuación al Despacho 015 de la misma Corporación, dependencia que atendiendo la directri z establecida en el Acuerdo PCSJA24-12140 de 30 de enero de 2024, ordenó la remisión a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5.

6. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia y marco de análisis en segunda instancia

En los términos del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 y el Acuerdo PCSJA2512255 del 24 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3286 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en los recursos de apelación. Ello sin perjuicio de la facultad oficiosa

5 Auto de 21 de marzo de 2024

el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en los recursos de apelación. Ello sin perjuicio de la facultad oficiosa

5 Auto de 21 de marzo de 2024 6 Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover inci dentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.6

consagrada en el artículo 187 7 de la Ley 1437 de 2011 8 para resolver sobre cualquiera excepción que el fallador encuentre probada, inclusive, si no hubiese sido propuesta por el impugnante, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. Además, en el evento en que ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el Tribunal se encuentra facultado para resolver sin limitaciones.

6.2. Problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe determinar si el vínculo de adscripción existente

se hubiere adherido al recurso, el Tribunal se encuentra facultado para resolver sin limitaciones.

6.2. Problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe determinar si el vínculo de adscripción existente entre la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace procedente el reconocimiento y pago de la Bonificación Judicial establecida en el Decreto 382 de 2012, con incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales a favor de la demandante como funcionaria del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Dirección Regional Suroccidente.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se abordará el estudio de los siguientes puntos: 6.3.- El control de constitucionalidad por vía de excepción; 6.4.- Estructura y finalidades de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 6.5.- Régimen salarial y prestaciones de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 6.6.- Pruebas relevantes; 6.7.- Análisis del caso concreto; 6.8.- Condena en costas.

6.3. El control de constitucionalidad por vía de excepción

En los términos del artículo 4 de la Constitución Política, el modelo de control de constitucionalidad colombiano es de carácter mixto, por cuanto armoniza dos tipos de control: concentrado y difuso o por vía de excepción.

El precepto citado dispone: “… La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”.

El precepto citado dispone: “… La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”.

El control de constitucionalidad concentrado le compete a la Corte Constitucional, y en forma residual al Consejo de Estado. Esta Corporación debe asumir el conocimiento de las demandas formuladas en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, respecto de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no le corresponda a la Corte Constitucional, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política.

El control por vía de excepción recae en cabeza de cualquier autoridad ya sea judicial o administrativa, incluso sobre particulares que deban aplicar una norma en un caso concreto.

La jurisprudencia constitucional ha definido que dicha herramienta jurídica comprende una facult ad – deber para los autoridades y particulares, en el primer caso “…en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales…”9.

El control mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad le permite a la autoridad o al particular inaplicar aquella norma o ley que se oponga de manera palmaria a una norma constitucional, de oficio o a petición de parte, para salvaguardar la supremacía de la Constitución. Los efectos que produce esta determinación son inter partes, respecto del caso concreto, mas no anulan o le

palmaria a una norma constitucional, de oficio o a petición de parte, para salvaguardar la supremacía de la Constitución. Los efectos que produce esta determinación son inter partes, respecto del caso concreto, mas no anulan o le

7 Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. (…)”. 8 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 9 Sentencia SU-132 de 2013.7

restan valor jerárquico y validez de manera definitiva a la norma exceptuada por el hecho de ser contraría a la Constitución.

La Corte Constitucional mediante Sentencia T – 681 de 2016, precisó que la facultad enunciada puede ser ejercida cuando concurra cualquiera de los siguientes presupuestos:

“…(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad (…);

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibili dad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento

inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

Dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control por vía de excepción está consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011. En virtud de este mecanismo, el juez goza de la prerrogativa discrecional para inaplicar actos administrativos que vulneren la Constitución Política o la ley. El funcionario judicial o las partes se encuentran legitimados para formular este medio exceptivo.

La doctrina enseña que, en la praxis, la excepción de ilegalidad o inconstitucionalidad tiene aplicación cuando la parte demandante interpone una demanda en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, y pretende la declaración de nulidad de un acto administrativo particular expedido con fundamento en un acto administrativo general que contraviene la ley o la Carta Política y por ende resulta necesario inaplicarlo.

Así mismo, la doctrina precisa que al juez administrativo le corresponde pronunciarse en la sentencia sobre la excepción formulada, la cual también puede declarar de oficio si lo estima indispensable. En este caso, el estudio debe estar enfocado en constatar si se presenta una contradicción entre una norma superior e inferior sin que se requiera que se advierta en forma flagrante o evidente10.

declarar de oficio si lo estima indispensable. En este caso, el estudio debe estar enfocado en constatar si se presenta una contradicción entre una norma superior e inferior sin que se requiera que se advierta en forma flagrante o evidente10.

6.4. Estructura y finalidades de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

La Fiscalía General de la Nación , fue creada por la Constitución Política artículo 249, contando con un Estatuto Orgánico de la entidad a través del Decreto 2699 de 1991, establec iendo el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Entidad en su oportunidad, derogado por la Ley 938 de 2004 la cual a su vez fue derogada por el Decreto 16 de 201411.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue elevado a la categoría constitucional a través del inciso 6, del artículo 27 transitorio de la Constitución Política de 1991, el cual dispuso que la entonces Dirección Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, hoy Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, «con sus dependencias seccionales, se integrará a la Fiscalía General como establecimiento público adscrito a esta. La disposición constitucional f ue desarrollada por el artículo 31 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, que concibió al INMLCF como una entidad de derecho público organizada con el carácter de establecimiento público de orden nacional, dotada de personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonial, adscrita a la FGN.

10 ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de

público de orden nacional, dotada de personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonial, adscrita a la FGN.

10 ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Editorial Legis. Segunda edición. Bogotá: 2012. 11 Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación.8

En concordancia con lo anterior, los artículos 33 al 35 de la Ley 938 de 2004 “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación” reiteraron la anterior disposición; particularmente, el artículo 33 ejusdem señaló que “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativ