TA VAL - Sentencia 76001-33-33-016-2021-00148-01 (14-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Santiago de Cali, 14 de febrero de 2025

Sentencia de segunda instancia No.019.

Magistrado Ponente: OMAR EDGAR BORJA SOTO Medio de Control nulidad y restablecimiento del derecho

Ref. Proceso 76001-33-33-016-2021-00148-01 Demandante Jonatan Gallego Villanueva gustavosardi13@gmail.com jonatangallego02@hotmail.com Demandado Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co alegal02dsajvac@cendoj.ramajudicial.gov.co Asunto: Asignación salarial abogado asesor grado 23, hoy profesional especializado grado 23 Decisión Confirma sentencia que accede a pretensiones

I. OBJETO

Decide el Tribunal, a través de la Sala de Decisión conformada por los magistrados JUAN PABLO DOSSMAN CORTEZ, EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS y OMAR EDGAR BORJA SOTO , éste último como ponente, sobre el recurso de apelación interpuesto en el proceso de la referencia.

II. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA. 1.1 PRETENSIONES. Al tenor literal: “PRIMERO: Inaplicar por inconstitucional e ilegal en el caso concreto el aparte

“Grado 23” contenido en:

a) El numeral 3 del artículo 86 del ACUERDO No. PSAA.15-10402 (octubre 29 de 2015),

“Grado 23” contenido en:

a) El numeral 3 del artículo 86 del ACUERDO No. PSAA.15-10402 (octubre 29 de 2015), donde la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, creó para el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dos (2) despachos de magistrado, cada uno conformado por un Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1, un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23 y un (1) cargo de Profesional Universitario grado 16.

b) Numeral 1 y 2 del artículo 87 del ACUERDO No. PSAA15-10402 (octubre 29 de 2015) "Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional'' donde se estableció la adopción de la planta para el modelo de gestión de los tribunales administrativos del país donde se encuentra el empleo Abogado Asesor Grado 23.2

c) Numeral 1 del artículo 88 del ACUERDO No. PSAA15-10402 (octubre 29 de 2015) "Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional", donde se crea el cargo de Abogado Asesor Grado 23 en cada uno de los despachos de m agistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca entre otros;

SEGUNDO: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) RESOLUCION No. DESAJCLR19-6475 del 10 de julio de 2019 “Por medio de la cual se Resuelve un Derecho de Petición”.

SEGUNDO: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) RESOLUCION No. DESAJCLR19-6475 del 10 de julio de 2019 “Por medio de la cual se Resuelve un Derecho de Petición”. b) RESOLUCION No. DESAJCLR19 -6784 del 12 de agosto de 2019 “Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reposición y se concede un Recurso de Apelación” c) Acto ficto presunto negativo surgido de la ausencia de respuesta al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución DESAJCLR19-6475 del 10 de julio de 2019 d) SUBSIDIARIAMENTE solicito la nulidad del oficio: DESAJCLO19 -9569 del 16 de diciembre de 2019 y/o del acto ficto presunto negativo surgido con ocasión a la ausencia de respuesta de fondo a la petición formulada el 26 de noviembre de 2019 donde se solicita la inaplicación por inconstitucional e ilegal del aparte grado 23 contenido en el numeral 3 del artículo 86, numeral 1 y 2 del artículo 87 y numeral 1 del artículo 88 del Acuerdo No. PSAA15 - 10402 del 29 de octubre de 2015 aplicable a los abogados asesores del Tribunal Administrativo.

Valga resaltar en este punto, que el mencionado oficio en principio no sería demandable por cuanto no resuelve de fondo la petición; sin embargo, lo cierto es que esta remite a las respuestas de fondo anteriormente emitidas, a pesar de ser peticiones que e n sus fundamentos normativos son diferentes, tal como lo señalé en el hecho sexto de la demanda.

TERCERO: Se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a mi poderdante

fundamentos normativos son diferentes, tal como lo señalé en el hecho sexto de la demanda.

TERCERO: Se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a mi poderdante el salario conforme a la asignación salarial establecida en el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 de 2014 modificado por el Decreto 1257 de 2015, Decreto 245 de 2016, Decreto 1013 de 9 de junio de 2017, Decreto 337 de 2018, Decreto 997 de 2019 y 301 de 2020 expedidos por el Gobierno Nacional y los demás que se profieran.

CUARTO: Se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a mi mandante los valores dejados de percibir por concepto de la diferencia existente entre el salario que ha venido devengando desde el año 2015 hasta el tiempo que perdure en el cargo de abogado asesor; prestación que debe ajustarse a los parámetros del numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 del 7 de febrero de 2014 modificado por el Decreto 1257 de 2015, Decreto 245 de 2016, Decreto 1013 de 9 de junio de 2017, Decreto 337 de 2018, Decreto 997 de 2019 y 301 de 2020 expedidos por el Gobierno Nacional y los demás que se profieran. En consecuencia, se deberá pagar las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogado Asesor de Tribunal Judicial y el Grado 23, ello conforme a la asignación salarial prevista en los mencionados decretos.

QUINTO: Se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados desde el año 2015

decretos.

QUINTO: Se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados desde el año 2015 hasta la fecha y en adelante , con base en la asignación salarial establecida para los Abogado Asesor de Tribunal Judicial citada en el numeral 2 del artículo 4 Decreto 194 del 7 de febrero de 2014 modificado por el Decreto 1257 de 2015 y por el Decreto 245 de 2016, así corno por el Decreto 1013 de junio de 2017, Decreto 337 de 2018, Decreto 997 de 2019 y 301 de 2020 expedidos por el Gobierno Nacional y los demás que se profieran.

SEXTO: CONDENAR a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a favor del demandante, por el tiempo en que haya desempeñado, el cargo, las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Aboga da Asesor “grado 23”, que se le venía cancelando, y el cargo de

“Abogado Asesor de Tribunal Judicial”.3

SÉPTIMO: CONDENAR a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que en lo sucesivo reconozca y pague la asignación mensual y prestacional del demandante acorde con lo definido por el Gobierno Nacional en los decretos que se llegaren a expedir relativos a la fijación de salario para el cargo de Abogado Asesor de Tribunal para cada año fiscal.

OCTAVO: Ordenar el reconocimiento y pago del ajuste e indexación del valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo del salario y demás emolumentos, según lo dispuesto en el artículo 187 y 192 del Código de Procedimiento

OCTAVO: Ordenar el reconocimiento y pago del ajuste e indexación del valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo del salario y demás emolumentos, según lo dispuesto en el artículo 187 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE mes ames.

NOVENO: La condena devengará intereses en los términos del inciso 3º del artículo 192 en concordancia con el numeral 4º del artículo 195 del CPACA, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

NOVENO (sic): CONDENAR en costas a la entidad demandada.”

1.2 HECHOS. En detalle:

“1. El señor JONATAN GALLEGO VILLANUEVA, se desempeña como servidor de la Rama Judicial desde el once (11) de agosto de 2011 hasta la actualidad y en el cargo de abogado asesor “grado 23” en el Tribunal Administrativo desde el 04 de diciembre de 2015 hasta la actualidad.

2. El 05 de junio de 2019, el demandante le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, la inaplicación por inconstitucional e ilegal del numeral 2 del artículo 13, numeral 1 del artículo 16 y Literal a del artículo 17 cont enido en el Acuerdo PSAA15 -10402 de octubre 29 de 2015; y el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el salario que devengó desde su vinculación hasta la fecha en que subsistan las condiciones o su retiro del cargo si es

Acuerdo PSAA15 -10402 de octubre 29 de 2015; y el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el salario que devengó desde su vinculación hasta la fecha en que subsistan las condiciones o su retiro del cargo si es del caso, frente al salario establecido para los abogados asesores según el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 del 7 de febrero de 2014, modificado por los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, Decreto 337 de 2018, Decreto 997 de 2019 y 301 de 2020 expedidos por el Gobierno Nacional y los demás que se profieran.

3. Mediante Resolución No. DESAJCLR19 -6475 10 de julio de 2019, la entidad demandada contestó la petición de manera negativa.

4. El 18 de julio de 2019 el demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el acto anterior.

5. Mediante Resolución No. DESAJCLR19 -6784 12 de agosto de 2019 se resolvió el recurso de reposición – confirmando la decisión - y se concedió el recurso de apelación, sin que hasta la fecha se hubiese obtenido ninguna respuesta, configurándose el acto ficto presunto.

6. El 26 de noviembre de 2019 el demandante reitera nuevamente la petición de reajuste salarial, solicitando la inaplicación por inconstitucional e ilegal del aparte grado 23 contenido en el numeral 3 del artículo 86, numeral 1 y 2 del artículo 87 y numeral 1 del artículo 88 del Acuerdo No. PSAA15 - 10402 del 29 de octubre de 2015 aplicable a los

contenido en el numeral 3 del artículo 86, numeral 1 y 2 del artículo 87 y numeral 1 del artículo 88 del Acuerdo No. PSAA15 - 10402 del 29 de octubre de 2015 aplicable a los abogados asesores del Tribunal Administrativo, atendiendo que en la solicitud del 05 de junio de 2019 se solicitó por error la inaplicación por inconstitucional del numeral 2 del artículo 13, numeral 1 del artículo 16 y Literal a del artículo 17 aplicable para los abogados asesores de la Sala Penal del Tribunal Superior y no para el demandante al ser, se reitera, abogado asesor de Tribunal Administrativo.

No obstante a lo anterior, ambas peticiones giraban en esencia a lo mismo, a reajustar el salario establecido para los abogados asesores según el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 del 7 de febrero de 2014, modificado por los Decretos 1257 de 2015, 2 45 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018 y los demás que se profieran.4

7. Mediante oficio DESAJCLO19 -9569 del 16 de diciembre de 2019 la entidad demandada indica que al ser una “petición reiterativa”, se remite a la respuesta dada mediante i) Resolución Nro. DESAJCLR196475 del 10 de julio del 2019 y ii) Resolución No. DESAJCLR19-6784 12 de agosto de 2019, muy a pesar que en las peticiones se hacía referencia a la inaplicación por inconstitucional de diferentes normas.

Así mismo, señaló que se remitió por competencia a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá D.C., (Nivel Central), a fin de que se resuelve el

Así mismo, señaló que se remitió por competencia a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá D.C., (Nivel Central), a fin de que se resuelve el recurso de apelación contra el mencionado acto, estando pendiente a la fecha la decisión definitiva sobre el particular.

8. Se agotó en debida forma el requisito previo de conciliación prejudicial ante la

Procuraduría General de la Nación.”

1.3 NORMAS TRASGREDIDAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Expuso:

“Artículos 13 y 53 de la Constitución Política; artículo primero literal b) de la Ley 4 de 1992; numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 de 2014; artículo 1º del Decreto 1257 de 2015, Decretos 245 de 2016 y 1013 de 2017. Los actos impugnados que denegaron la reclamación se encuentra falsamente motivados al sustentarse en los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura que desconocieron la existencia del cargo abogado asesor y su remuneración en los decretos de salarios expedidos por el Gobierno Nacional (numeral 2 del artículo 4 del decreto 194 de 2014, Decreto 1257 de 2015, Decreto 245 de 2016 Decreto 1013 de 9 de junio de 2017, Decreto 337 de 2018, Decreto 997 de 2019 y 301 de 2020, además de la Constitución Política, y la Ley 4 de 1992). El Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo PSAA15 - 10402 del 29 de octubre de 2015, y dentro de la estructura de los mismos creó el cargo de Abogado

de la Constitución Política, y la Ley 4 de 1992). El Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo PSAA15 - 10402 del 29 de octubre de 2015, y dentro de la estructura de los mismos creó el cargo de Abogado Asesor grado 23, graduación que implica una fijación salarial que solo le compete al Gobierno Nacional. (…) Partiendo de esta claridad, la indicación del grado 23 para el cargo de Abogado Asesor, contenida en el PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, mediante el cual fue creado el cargo de Abogado Asesor ejercido por el demandante, entraña el ejercicio de la atribución de fijación de escala salarial que le compete al Gobierno Nacional. (…) En conclusión, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no tiene competencia alguna para modificar o disminuir el salario de los abogados asesores de los Tribunales Judiciales, estableciéndoles la clasificación Grado 23, por cuanto el Gobierno Nacional entidad competente para fijar el régimen salarial, ya había fijado la remuneración para dicho empleo, configurando con ello una diferencia salarial que persiste con la expedición de los Decretos 1257 de 2015; Decreto 245 de 2016 Decreto 1013 de 9 de junio de 2017, Decreto 337 de 2018, Decreto 997 de 2019 y 301 de 2020 y sucesivos, en los que se reajustaron anualmente las escalas salariales que regulan la remuneración y asignaciones básicas mensuales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, entre otros, en la medida en que el monto establecido con el Decreto 194 del 2014 es la base para realizar el incremento.

remuneración y asignaciones básicas mensuales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, entre otros, en la medida en que el monto establecido con el Decreto 194 del 2014 es la base para realizar el incremento. El señalamiento de “grado 23” contenido en acuerdo PSAA15 -10402 del 29 de octubre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, referente al cargo creado de “Abogado Asesor” en Despacho de Magistrado de Tribunal, sí entraña una disposición sobre la remuneración, en cuanto permite inferir que el cargo creado en el Acuerdo con la denominación “Abogado Asesor Grado 23” no estaría enmarcado en el cargo de “Abogado Asesor” de “Tribunales Judiciales”, entre ellos el Tribunal Administrativo que prevé el Decreto 194 de 2014 expedido por el Gobierno Nacional y, precisamente, con base en esa situación es que la entidad accionada acudió a la remuneración de $4.299.956, pese a que la misma fue contemplada sólo en forma residual o supletoria en los artículos 6 del mentado decreto, para los cargos no señalados en la escala de remuneración. (…)5

Lo anterior, no deja duda en que al crearse el cargo de abogado asesor, asignándosele el grado 23, para el Tribunal Administrativo, efectivamente demuestra la extralimitación de las funciones del empleador, pues conforme a las facultades entregadas al Cons ejo Superior de la Judicatura, no existe dentro de estas la de poder asignar asignaciones diferentes a las contempladas por el Gobierno Nacional.”

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA : NACIÓN – RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. En detalle:

diferentes a las contempladas por el Gobierno Nacional.”

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA : NACIÓN – RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. En detalle:

“…la facultad para fijar las remuneraciones para los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste el que, basado en criterios propios, determina dichas remuneraciones.

El Gobierno Nacional en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4° de Mayo 18 de 1992, expidió el Decreto 194 de 2014 "Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones", el cual ha sido modificado tácitamente por el Decreto 1257 de 2015, el Decreto 245 de 2016 y el Decreto 1013 de 2017, al reajustar las remuneraciones establecidas con los aumentos salariales.

Si bien es cierto, el Decreto 194 de 2014, estableció de manera específica la remuneración salarial para el ABOGADO ASESOR, en el valor de $5.746.978, también es cierto que el artículo 6 señala que "La remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores, se regirá por la siguiente escala”:

De lo anteriormente señalado, se extracta lo siguiente: 1. Que el Consejo Superior de la Judicatura, adopto y creo para los Tribunales el cargo de ABOGADO ASESOR GRADO

De lo anteriormente señalado, se extracta lo siguiente: 1. Que el Consejo Superior de la Judicatura, adopto y creo para los Tribunales el cargo de ABOGADO ASESOR GRADO 23 y no ABOGADO ASESOR. 2. Que el Decreto 194 de 2014, estableció la escala remuneración salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial, señalando para el cargo de ABOGADO ASESOR el salario correspondiente a $5.746.978. 3. Que acorde con artículo 6 del Decreto 194 de 2014, la remuneración del ABOGADO ASESOR GRADO 23, es la de $4,299.956, para el 2014. 4. Que el cargo de ABOGADO ASESOR, existe únicamente en el Nivel Central, esto es en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con sede en la Ciudad de Bogotá D.C., NO en las Seccionales de Administración Judicial, mientras que l os cargos de ABOGADO ASESOR GRADO 23 fueron creados para las Seccionales.

Visto lo anterior, no hay lugar a confusiones en la creación de los cargos, ni en la determinación de las remuneraciones fijadas, ya que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, son claros en su identificación, por ello, de conformidad con las previsiones del Código Civil, "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu" razón por la que no hay lugar a traer más interpretaciones de las que gramaticalmente trae el Decreto 194 de 2014. De conformidad con el Artículo 103 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración

más interpretaciones de las que gramaticalmente trae el Decreto 194 de 2014. De conformidad con el Artículo 103 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial, ejercer6

en el ámbito de su jurisdicción, actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan. (…)

En tal sentido, la Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial, incluye y cancela la nómina de los servidores judiciales adscritos a la Seccional Cali - Valle del Cauca, para lo cual se atempera y acata el régimen salarial fijado por el Gobierno Naci onal, con los aumentos salariales que anualmente fija y de conformidad con la pluricitada Ley 4 de 1992.”

3. PROVIDENCIA IMPUGNADA.

El Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Cali mediante Sentencia 289 del 30 de agosto de 2024 consideró:

“En el presente caso, se encuentra acreditado que la parte demandante elevó reclamación ante la Administración, el 05 de junio de 2019, esto es, cuando ya habían transcurrido más de tres años desde el primer nombramiento, motivo por el cual, se encuentran prescritos los emolumentos causados con anterioridad al 05 de junio de 2016.

(…) trayendo a colación lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023, la pauta de unificación vertida en dicha providencia, consiste en que la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales

unificación SUJ-033-CE-S2-2023, la pauta de unificación vertida en dicha providencia, consiste en que la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993. Por lo que se concluye que, en el caso del demandante se advierte que el salario que se le canceló como “Abogado Asesor Grado 23” fue inferior al establecido anualmente por el Presidente de la República para el cargo de “abogado asesor” de Tribunal Judicial, situación que impone acceder a las pretensiones de la demanda, ordenando a la entidad pagarle las diferencias de sueldo que corresponden a “abogado asesor de Tribunal

Finalmente, continuando con el derrotero jurisprudencial y teniendo en cuenta que el demandante, según lo acreditado, para el 01 de julio de 2022, continuaba vinculado a la Rama Judicial, ejerciendo el cargo de abogado asesor, resulta forzoso para el Despacho concluir que su remuneración debía ser como abogado asesor nominado de Tribunal de acuerdo con los decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las

Rama Judicial, ejerciendo el cargo de abogado asesor, resulta forzoso para el Despacho concluir que su remuneración debía ser como abogado asesor nominado de Tribunal de acuerdo con los decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, es decir, atendiendo al artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y siguientes que expida el Gobierno Nacional. Para ello, debe inaplicarse por inconstitucional el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022.

Por tanto falló:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión “Grado 23” contenida en el numeral 3 del artículo 86, en los numerales 1 y 2 del artículo 87 y en el numeral 1 del artículo 88 del Acuerdo PSAA15 -10402 del 29 de octubre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado 23”, por la de “profesional especializado grado 23”. En su lugar, se dispone aplicar al sub lite el artículo 53 de la Constitución Política y el principio constitucional de equidad, conforme quedó explicado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de “Prescripción extintiva de derechos”, propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto y en los términos de la parte motiva de esta sentencia.7

TERCERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. DESAJCLR19-6475 del 10

de derechos”, propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto y en los términos de la parte motiva de esta sentencia.7

TERCERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. DESAJCLR19-6475 del 10 de julio de 2019; DESAJCLR19 -6784 del 12 de agosto de 2019 y RH -4099 del 09 de mayo de 2022, esta última únicamente en lo relacionado con el señor JONATAN

GALLEGO VILLANUEVA, identificado con CC No. 1.107.052.790, las cuales negaron el reconocimiento y pago de la diferencia entre el cargo abogado asesor grado 23 y el cargo abogado asesor.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DESAJ CALI a reconocer y pagar al señor JONATAN GALLEGO

VILLANUEVA, identificado con CC No. 1.107.052.790, los valores que éste dejó de percibir por concepto de las diferencias salariales que existieron entre lo recibido como Abogado Asesor Grado 23 conforme el Acuerdo PSAA15 -10402 del 29 de octubre de 2015 y el artículo 4 del Decreto 194 del 2014, y lo que realmente debió recibir como Abogado Asesor en los términos del numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 de 2014 y los decretos que lo modifiquen, respecto de los periodos estrictamente laborados.

QUINTO: CONDENAR a la RAMA JUDICIAL – DESAJ CALI al pago, a favor del actor, de los montos surgidos de la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos que se causen, por los mismos periodos, derivados de la diferencia salarial reconocida en el numeral anterior.

de los montos surgidos de la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos que se causen, por los mismos periodos, derivados de la diferencia salarial reconocida en el numeral anterior.

SEXTO: DECLARAR la prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad al 05 de junio de 2016, conforme se expuso en las consideraciones de esta providencia.

SÉPTIMO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el efecto la siguiente formula: (…) OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: NEGAR la condena en costas conforme lo expuesto en la presente providencia. (…)”

4. IMPUGNACIÓN. Al tenor literal:

4.1 PARTE ACTORA. En detalle:

“En la parte motiva se indicó que no procedía la condena en costas por no haberse “comprobado temeridad o mala fe de la demandada” y ii) porque “no se probaron los supuestos que exige el artículo 365 -8 del Código General del proceso, por lo que, en esta instancia no se condenará en costas a la parte vencida” (…)

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a señalar de forma concreta las razones por las cuales la contestación de la demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal, por lo siguiente: 1. El Consejo de Estado profirió sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 el dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), donde resolvió el caso concreto y además advirtió que lo resuelto era vinculante “para

unificación SUJ-033-CE-S2-2023 el dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), donde resolvió el caso concreto y además advirtió que lo resuelto era vinculante “para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos”

2. Mediante providencia Auto interlocutorio No. 1194 del siete (07) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) se admitió el presente medio de control, esto es con posterioridad a la sentencia de unificación –índice 30 SAMAI

3. El 15 de diciembre de 2023 se le notificó a la entidad demandad – índice 34 SAMAIesto es con posterioridad a la sentencia de unificación. 4. El 16 de febrero de 2024 -esto es con posterioridad a la sentencia de unificación – la entidad demandada contestó la demanda en la que señaló lo siguiente - índice 35 SAMAI.

5. En la contestación de la demanda no se señaló o por lo menos se cuestionó los argumentos jurídicos expuestos por la sentencia de unificación SUJ -033-CES2-2023, por lo que desconoció abiertamente el precedente judicial.8

6. Al respecto, está más que acreditado que la contestación de la demanda y si se quiere el recurso de apelación, es una manifiesta afrenta a lo considerado y resuelto por el Consejo de Estado en su sentencia de unificación, lo que para efectos prácticos se traduce en una actuación con temeridad o mala fe en los términos del artículo 79 del CGP, esto por cuanto es manifiesta la carencia de fundamento legal de la contestación

Consejo de Estado en su sentencia de unificación, lo que para efectos prácticos se traduce en una actuación con temeridad o mala fe en los términos del artículo 79 del CGP, esto por cuanto es manifiesta la carencia de fundamento legal de la contestación de la demanda, del recurso, se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas. (…)

1.3. COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA.

Solicito por los mismos argumentos, que se proceda a CONDENAR EN COSTAS en primera y segunda instancia, pues resulta inaudito e inadmisible que después de existir una sentencia de unificación, la entidad demandada presente de manera formateada a través de un “copy paste" una contestación y un recurso de apelación de forma idéntica, sin cambiar una palabra, un argumento y con el ánimo de dilatar los derechos de mi prohijado.”

4.2 NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. En detalle:

“El Consejo Superior de la Judicatura, es autónomo para tomar decisiones encaminadas al mejoramiento del funcionamiento de la administración de Justicia como: la creación, modificación o supresión de cargos, previo seguimiento de las necesidades de la administración de justicia, en atención a que tiene la potestad reglamentaria en determinadas y precisas materias, con efectos ad intra y ad extra, en tanto constitucional y legalmente puede expedir reglamentos tanto organizativos como generales de tipo ejecutivo, independiente y normativo. (…)

determinadas y precisas materias, con efectos ad intra y ad extra, en tanto constitucional y legalmente puede expedir reglamentos tanto organizativos como generales de tipo ej