TA VAL - Sentencia 76147-33-33-003-2023-00154-01 (17-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: KATIA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ GARCÉS

RADICACIÓN: 76147-33-33-003-2023-00154-01

DEMANDANTE:

José Germán Delgado Delgado notificacionescartago@lopezquinteroabogados.co m

DEMANDADO:

Nación – Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co procesosjudicialefomag@fiduprevisora.com.co notjudicial@fiduprevisora.com.co MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho-Laboral TEMA: Pensión de jubilación docente computo de tiempo para efectos pensionales por vinculación , a través de prestación de servicios y acreditación de cotizaciones durante la ejecución de dichos contratos

Sentencia No.65.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala res uelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2024, por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cartago, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1. La demanda

1.1. Las pretensiones

por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cartago, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1. La demanda

1.1. Las pretensiones

Mediante escrito radicado el 7 de noviembre de 2023 el accionante1 formuló demanda por conducto de apoderada judicial en la que solicitó:

• Se declare la nulidad de la Resolución 1.210-5400858 del 22 de marzo de 2023 a través de la cual el departamento del Valle del Cauca en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación al señor José Germán Delgado Delgado.

-A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la demandada a reconocer y pagar la pensión de jubilación con el 75% del salario promedio recibido antes de la fecha de cumplimiento del estatus de pensionado, es decir, desde el 11 de septiembre de 2022.

• Así mismo pide que se ordene a la demandada i) el pago de manera retroactiva las mesadas pensionales respectivas, ii) que se ejecute el pago de manera indexada, con los ajustes de valor y los intereses moratorios conforme los artículos 192 y numeral 4 del artículo 195 de la Ley 1437 de 201 1 y iii) s e condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.2. Los hechos

En síntesis, son los siguientes:

• Sostiene que el señor José German Delgado Delgado tiene más 55 años de edad, por haber nacido el 11 de septiembre de 1967 , ha trabajado como docente oficial por más de veinte años, afiliado al Fondo Nacional de

• Sostiene que el señor José German Delgado Delgado tiene más 55 años de edad, por haber nacido el 11 de septiembre de 1967 , ha trabajado como docente oficial por más de veinte años, afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , su vinculación se produjo antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1 José Germán Delgado Delgado.- Refiere que el demandante prestó sus labores d e docente, a través de contratos de prestación de servicios, por lo cual pide que se reconozcan estos tiempos como válidos para el cálculo de su pensión, incluyendo los siguientes períodos:

Del 7 de marzo de 1998 al 29 de ma yo de 1998 en reemplazo por licencia de maternidad en el Colegio Argemiro Escobar del municipio de Zarzal.

Del 1 de septiembre de 1999 al 17 de diciembre de 1999 mediante orden de servicio 152 en la Institución Educativa Carlos Holguín Sardi, corregimiento El Balsal, municipio de Versalles.

Del 17 de enero de 2000 al 30 de junio de 2000 a través de OPS continú a vinculado en la misma institución.

Del 1 de septiembre de 2000 al 15 de diciembre de 2000 se renovó el contrato en la misma institución.

Del 15 de enero de 2001 al 30 de junio de 2001 se vinculó a través de la orden de servicio 890 en la misma institución.

Del 1 de octubre de 2001 al 15 de diciembre de 2001 continúa la vinculación mediante prestación de servicios en la misma institución.

de servicio 890 en la misma institución.

Del 1 de octubre de 2001 al 15 de diciembre de 2001 continúa la vinculación mediante prestación de servicios en la misma institución.

Del 8 de enero de 2002 al 30 de junio de 2002 se renovó el contrato en la misma institución.

Del 26 de agosto de 2002 al 22 de noviembre de 2002 se vinculó en la misma institución.

Del 7 de enero de 2003 al 4 de abril de 2003 fue vinculado mediante orden de servicio 890 en la misma institución.Del 7 de abril de 2003 al 4 de julio de 2003 continúa vinculado en la misma institución.

Del 25 de agosto de 2003 al 30 de octubre de 2003 tiene como ultima vinculación bajo esta modalidad de prestación de servicios.

• Posteriormente relata que el actor fue nombrado en provisionalidad desde el 10 de diciembre de 2003 hasta el «24 de enero de 2011», y en propiedad desde el 31 de enero de 2011 hasta la actualidad, razón por la cual el demandante solicitó que se reconocieran estos tiempos para el cálculo de su pensión de jubilación.

• El 11 de octubre de 2022 el demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, la entidad demandada dio respuesta negativa a la solicitud mediante el acto administrativo acusado, en el cual, consideró que el régimen pensional aplicable para el demandante es el contenido en la Ley 100 de 1993, según lo dispuesto por la Ley 812 de 2003, por haberse vinculado a la docencia en vigencia de la mentada ley.

régimen pensional aplicable para el demandante es el contenido en la Ley 100 de 1993, según lo dispuesto por la Ley 812 de 2003, por haberse vinculado a la docencia en vigencia de la mentada ley.

1.3. Fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de la violación

La parte actora invocó como normas violadas el artículo 1 de la Ley 33 de 1985; artículo 15 de la Ley 91 de 1989; artículo 6 de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993 ; artículo 81 de la Ley 812 de 2003; artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

De manera concreta la apoderada de la parte demandante sustentó sus argumentos en los siguientes términos:

Sostiene que el régimen prestacional del señor José German Delgado Delgado debe ser el contenido en la Ley 91 de 1989, con remisión a la Ley 33 de 1985, al cumplir con los requisitos de 20 años de prestación del servicio en la educación oficial y haber ingresado antes del 27 de junio de 2003.Argumenta la parte atora que está cobijad o por el régimen exceptuado consagrado en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, debido a su vinculación anterior a la fecha mencionada, conforme al artículo 81 de la Ley 812 d e 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005. Considera que en la Resolución 1.210-5400858 del 22 de marzo de 2023 la entidad demandada negó el reconocimiento de la pensión, bajo el argumento errado de que la vinculación del demandante al servicio fue en vigencia de la

Considera que en la Resolución 1.210-5400858 del 22 de marzo de 2023 la entidad demandada negó el reconocimiento de la pensión, bajo el argumento errado de que la vinculación del demandante al servicio fue en vigencia de la Ley 812 de 2003 y aplicó la Ley 100 de 1993 en lugar de la Ley 91 de 1989. Afirma que la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, establece que el régimen pensional aplicable es el vigente al momento de la vinculación del trabajador, no al momento de la jubilación. Concluyó que el señor José Germán Delgado Delgado ha laborado más de 20 años como docente y tiene más de 55 años de edad, por lo que cumplió con los requisitos para obtener la pensión según la Ley 91 de 1989 , y la Ley 33 de 1985.

2. La contestación de la demanda

Nación – Ministerio de Educación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contestó la demanda , y se opuso a las pretensiones puesto que el demandante no cumple con los requisitos establecidos por la ley para acceder a la pensión solicitada, en relación con el cumplimiento del régimen pensional aplicable. Afirma que el régimen pensional aplicable a docentes como el demandante, vinculado después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es el de prima media con prestación definida según las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Por lo tanto, las pretensiones fundadas en normativas anteriores como la Ley 33 e 1985 y la Ley 91 de 1989 no son aplicables a su caso. Finaliza con las excepciones denominadas « legalidad de los actos

Por lo tanto, las pretensiones fundadas en normativas anteriores como la Ley 33 e 1985 y la Ley 91 de 1989 no son aplicables a su caso. Finaliza con las excepciones denominadas « legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad; ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico; cobro de lo no debido y prescripción de las mesadas».El 21 de agosto de 20232, el juzgado de origen profirió auto en el que hizo uso de la sentencia anticipada, resolvió las excepciones previas, fijó el litigio, se incorporaron las pruebas aportadas por la parte demandante, y se corrió traslado común de 10 días a los sujetos procesales para alegar de conclusión.

3. Los alegatos de primera instancia

La parte actora presentó escrito de alegatos de conclusión y reiteró lo expuesto en otras etapas procesales.

La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Ministerio Público, guardaron silencio.

4. La sentencia recurrida

El J uzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cartago negó las pretensiones de la demanda, porque el demandante se vinculó como docente oficial después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, específicamente el 10 de diciembre de 2003. Por lo tanto, su situación pensional se rige por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Manifestó que, aunque el demandante dijo haber laborado bajo órdenes de prestación de servicios en varios periodos, no presentó pruebas de haber realizado los aportes correspondientes a la seguridad social durante esos

Manifestó que, aunque el demandante dijo haber laborado bajo órdenes de prestación de servicios en varios periodos, no presentó pruebas de haber realizado los aportes correspondientes a la seguridad social durante esos periodos. Esto era esencial para determinar la posibilidad de incluir esos tiempos en el cálculo de su pensión. En el fallo de primera instancia se determinó que el régimen pensional aplicable al demandante debía regirse por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, las cuales no permiten la inclusión de periodos laborados bajo contratos de prestación de servicios si no se ha cumplido con los aportes pensionales. Sostuvo que, el demandante no logró demostrar que realizó los aportes parafiscales a pensión durante los periodos laborados bajo contratos de prestación de servicios, por lo que la f alta de estas cotizaciones impide que dichos tiempos sean tenidos en cuenta para efectos pensionales.

2 Archivo 17 del expediente de primera instancia.El Juzgado destacó que la legislación impone la obligatoriedad de realizar aportes parafiscales para garantizar la sostenibil idad financiera del sistema de pensiones, y que la carga de la prueba recae en quien alega un derecho, en este caso, el demandante. El cual al no haber probado la existencia del derecho que reclamaba, sus pretensiones no podían prosperar.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión la apoderada de la parte demandante presentó recurso de apelación a través del cual solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos:

Consideró que la sentencia desconoció el tiempo que laboró bajo la

presentó recurso de apelación a través del cual solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos:

Consideró que la sentencia desconoció el tiempo que laboró bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios (OPS), tiempo que, según la jurisprudencia, debe contabilizarse para efectos pensionales.

Expuso que el tiempo laborado bajo órdenes de prestación de servicios debe ser reconocido como tiempo válido para la pensión, dado que su vinculación con el sector educativo oficial data del 7 de marzo de 1998, con lo cual cumple los requisitos de la Ley 33 de 1985 y la Ley 91 de 1989. Aseveró que el demandante no debió ser excluido del régimen especial del magisterio, ya que su relación con la Secretaría de Educación del Valle del Cauca inició mucho antes de junio de 2003, fecha límite establecida por la Ley 812 de 2003 para acogerse al régimen anterior. Alega que la sentencia no valoró correctamente las pruebas presentadas, las cuales demuestran que el demandante trabajó de manera continua como docente desde el año 1998, y desempeñó funciones idénticas a las de los docentes en propiedad, lo que configuraría un contrato realidad. En este sentido, solicita que se tenga en cuenta el tiempo laborado en todas sus modalidades, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.Por todo lo an terior solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se reconozca el derecho a la pensión de jubilación que le asiste al señor José Germán Delgado Delgado bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, al haber cumplido los requisitos de tiempo de servicio y edad.

reconozca el derecho a la pensión de jubilación que le asiste al señor José Germán Delgado Delgado bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, al haber cumplido los requisitos de tiempo de servicio y edad.

6. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 26 de septiembre de 2024 , se concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación incoado por la apoderada de la parte demandante.

El mencionado recurso fue admitido el 8 de noviembre de 2024 , en el que además se informó a las partes que podían pronunciarse en relación con el recurso hasta la ejecutoria de dicho proveído, mientras que el Ministerio Público podía hacerlo desde la admisión del recurso hasta antes de ingresar el proceso a despacho para fallo; términos en los que las partes no presentaron escrito de alegatos de conclusión y el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, esta Corporación tiene competencia para conocer en segunda instancia el proceso. Conforme el artículo 320 del Código General del Proceso, el análisis se limitará a las razones de inconformidad pre sentadas por el distrito especial de Santiago de Cali contra la decisión de primera instancia.

2. Validez de la prueba recaudada

El material probatorio presentado con la demanda y el auto de pruebas fue sometido a contradicción entre las partes y será valorado bajo el principio de comunidad de la prueba, las reglas de sana crítica, lógica y experiencia. Estose alinea con la providencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2013 3,

sometido a contradicción entre las partes y será valorado bajo el principio de comunidad de la prueba, las reglas de sana crítica, lógica y experiencia. Estose alinea con la providencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2013 3, que otorga valor a las pruebas documentales no cuestionadas en su veracidad tras el proceso de contradicción, respetando la buena fe y la lealtad procesal.

3. Problema jurídico

Consiste en establecer i) si el señor José Germán Delgado Delgado tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación conforme lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y 33 de 1985, con la inclusión del tiempo de servicios prestado como docente , a través de contratos de prestación de servicios, de ser negativa dicha respuesta, determinar: ii) si el señor José Germán Delgado Delgado tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación conforme lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003 , en atención a que se vinculó como docente en vigencia de la Ley 812 de 2003.

4. Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, pero por los motivos expuestos en esta sentencia, ya que el demandante no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 91 de 1989 y la Ley 33 de 1985, como se explica en este fallo, pues no acreditó haber prestado servicios durante 20 años para ser beneficiario del régimen especial, ni haber realizado cotizaciones a pensión durante los contratos de prestación de servicios. Por lo tanto, los tiempos laborados bajo esa modalidad no pueden contarse para efectos pensionales.

Además, la demandante tampoco acreditó las 1.300 semanas de cotización

durante los contratos de prestación de servicios. Por lo tanto, los tiempos laborados bajo esa modalidad no pueden contarse para efectos pensionales.

Además, la demandante tampoco acreditó las 1.300 semanas de cotización exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

5. Marco normativo y jurisprudencial

Para soportar la decisión se abordarán las siguientes temáticas: i) Normatividad aplicable al caso en estudio y ii) el caso concreto.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente: 0500123-31-000-1996-00659-01 (25.022), C.P.: Enrique Gil Botero.5.1. Normatividad aplicable al caso en estudio

1. Régimen pensional de los docentes oficiales

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se unificó el sistema general de pensiones para los servidores públicos, con garantía de los derechos adquiridos de quienes ya cumplían con los requisitos para una pensión al momento de su implementación. Sin embargo, el artículo 279 de esta ley excluyó de su aplicación a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989. La Ley 91 de 1989, en su artículo 15 dispone: ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre

nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

2. Pensiones: Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de

Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigent e para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.Por su parte el Consejo de Estado respecto al régimen pensional de los docentes oficiales, en sentencia de unificación de 25 de abril de 20194, fijó los parámetros que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, establecida en la Ley 91 de 1989, así: […]

El literal B del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no fijó condiciones ni requisitos especiales para el goce de la pensión de jubilación docente. La misma norma dispuso que los docentes tienen derecho a una pensión de jubilación, cuando cumplan los requisitos de ley, equivalente al 75% sobre el salario mensua l promedio del último año de servicio docente. Los requisitos de ley en cuanto a edad y tiempo de servicios son los señalados en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Las pensiones de los docentes se liquidan de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

El artículo 1º de la Ley 62 de 1985, establece: i) la obligación de pagar los aportes;

el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

El artículo 1º de la Ley 62 de 1985, establece: i) la obligación de pagar los aportes; ii) los factores que conforman la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado del orden nacional que son : asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suple mentario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio y; iii) la base de liquidación de la pensión, que en todo caso corresponderá a “los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

En criterio de la Sala, lo s factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensio nal y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotiz aciones o

bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotiz aciones o aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los nu merales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.

[…]

4 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del ser vicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

de jubilación de los docentes del ser vicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculado s antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían t odos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación

factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores. Lo que quiere decir que el per iodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985.

Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General de Pensiones , por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con ba se en la variación del Índice de Precios al consumidor según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada pensional.

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a

para la liquidación de la mesada pensional.

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, d e acuerdo con las Leyes de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas: Edad: 55 años  Tiempo de servicios: 20 años  Tasa de remplazo: 75%  Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

Ahora bien, respecto de los docentes vinculados en vigencia de la Ley 812 de 2003, en pronunciamiento más reciente del Consejo de Estado del 17 de junio de 2022 en el que se cita la jurisprudencia de unificación del 25 de abril de 2019, se establece5:

1. A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, aplica el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha reglamentación, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para este personal, el ingreso

régimen pensional de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha reglamentación, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Sobre este grupo de docentes la sentencia de unificación fijó la siguiente regla:

«[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con l