TA VAL - Sentencia 76147-33-40-002-2016-00209-01 (06-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE ORALIDAD

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA DEL PILAR FEUILLET PALOMARES

RADICADO: 76147-33-40-002-2016-00209-01

MEDIO DE

CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: JULIETH ANDREA GONZÁLEZ ARCE Y OTROS

grupojuridicosat@hotmail.com adsecar@gmail.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE CARTAGO

notificacionesjudiciales@cartago.gov.co demasore1@hotmail.com

MINISTERIO PÚBLICO:

PROCURADURÍA 19 JUDICIAL PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

procjudadm19@procuraduria.gov.co

ASUNTO: ACCIDENTE DE TRÁNSITO . SENTENCIA QUE

MODIFICA LA QUE ACCEDIÓ

Santiago de Cali, seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

1. La Sala decidirá la apelación presentada por el municipio de Cartago y las Empresas Municipales de Cartago , contra la sentencia 92 del 3 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, que resolvió:

PRIMERO: NEGAR las excepciones formuladas por el Municipio de Cartago, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que el Municipio de Cartago es administrativa y patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de las lesiones físicas sufridas por la señora Julieth Andrea González Arce

SEGUNDO: DECLARAR que el Municipio de Cartago es administrativa y patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de las lesiones físicas sufridas por la señora Julieth Andrea González Arce en el accidente de tránsito que tuvo lugar el día 14 de febrero de 2014.

TERCERO: CONDENAR al Municipio de Cartago a pagar por concepto d e perjuicios morales en favor de las demandantes las siguientes sumas:

Nombre Calidad Monto Julieth Andrea González Arce víctima 60 SMMLVProceso: 76147-33-40-002-2016-00209-01

Medio de Control: Reparación Directa Demandantes: Julieth Andrea González Arce y otros Demandados: municipio de Cartago Sentencia de segunda instancia

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CUARTO: CONDENAR al Municipio de Cartago a pagar por concepto de daño a la salud a favor de la demandante Julieth Andrea González Arce, la suma de 60 SMLMV.

QUINTO: CONDENAR al Municipio de Cartago a pagar por concepto de lucro cesante a favor de la señora Julieth Andrea González Arce la suma de $127.619.101

SEXTO: La entidad condenada dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y deberá reconocer intereses moratorios sobre los valores debidos, desde su ejecutoria en los términos y oportunidades descritos en el artículo 195 núm. 4 del CPACA.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas al Municipio de Cartago en favor de los demandantes. Liquídense por Secretaría. Se fija el valor de las agencias en derecho a ser

195 núm. 4 del CPACA.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas al Municipio de Cartago en favor de los demandantes. Liquídense por Secretaría. Se fija el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación, en la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, según lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

(…)

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

2. Por conducto de apoderado judicial , Julieth Andrea González Arce, Liliana Arce Zuluaga, Wilson de Jesús González Arce y William González Zuluaga presentaron demanda de Reparación Directa contra el municipio de Cartago con las siguientes

pretensiones:

• Que al municipio de Cartago se le declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales causados a l os demandantes por el accidente de tránsito que sufrió Julieth Andrea González Arce, el 14 de febrero de 2014 en el municipio de Cartago, quien , mientras conducía una

motocicleta en la calle 4 entre carreras 8 y 10, cayó en un hueco que no estaba señalizado.

• Que, por lo anterior, se condene al municipio de Cartago a pagar a favor de cada demandante el reconocimiento y pago de los perjuicios morales por 50

SMLMV (para la víctima directa) y 25 SMLMV (para los otros demandantes).

• Así mismo, se condene a las entidades demandadas , por daño a la salud, a pagar Julieth Andrea González Arce la suma de 50 SMLMV.

• Por último, que se condene al pago de perjuicios materiales (lucro cesante

• Así mismo, se condene a las entidades demandadas , por daño a la salud, a pagar Julieth Andrea González Arce la suma de 50 SMLMV.

• Por último, que se condene al pago de perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro) en favor de Julieth Andrea González Arce, la suma de

$46.301.779.

Liliana Arce Zuluaga madre 60 SMMLV Wilson de Jesús González Arce hermano 30 SMMLV William González Zuluaga hermano 30 SMMLVProceso: 76147-33-40-002-2016-00209-01

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2. Hechos

3. El 14 de febrero de 2014, aproximadamente a las 20:40 horas , Julieth Andrea González Arce sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba en su

motocicleta por la calle 4 entre carreras 8 y 10 de Cartago (Valle del Cauca). Según la demanda, el accidente se produjo porque tropezó con un hundimiento que le causó múltiples lesiones.

4. Personas que se encontraban en el lugar la auxiliaron y la trasladaron a la Clínica Comfandi de Cartago. Según la demanda, se cuenta con fotografías que evidencian el deterioro de la vía y la falta de señalización.

3. Contestación de la demanda

3.1. El municipio de Cartago1

5. El apoderado del municipio de Cartago manifestó que el suceso en el que resultó

el deterioro de la vía y la falta de señalización.

3. Contestación de la demanda

3.1. El municipio de Cartago1

5. El apoderado del municipio de Cartago manifestó que el suceso en el que resultó lesionada Julieth Andrea González Arce no p odía ser atribuido al municipio de Cartago. Dijo que en el expediente no reposa el informe de accidente de tránsito que acredite las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro. A su juicio, el accidente se causó por la falta de pericia de la señora González Arce en el manejo de la motocicleta.

6. Señaló que la calle 4 entre carreras 8 y 10 de Cartago se encontraba en buen estado, de allí la importancia de que la parte actora aportara el croquis. Además, la dirección

informada en la historia clínica (carrera 4, al frente del Sena, carrera 9 con 12 —141) no coincide con la expuesta en la demanda (calle 4 entre carreras 8 y 10).

7. Sostuvo que en este caso el hecho se debió a culpa exclusiva de la víctima, lo que rompe el nexo causal. Y que se debe se exim ir a la demandada de cualquier responsabilidad y de la obligación de pagar la indemnización.

8. Afirmó que las pruebas aportadas al plenario no permiten el esclarecimiento de los hechos, sobre todo las fotografías, que no determinan las condiciones de tiempo, modo y lugar, pues se tomaron «20 meses después».

9. Propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva» , «culpa exclusiva de la víctima», «no existe certeza del lugar donde ocurrieron los hechos », «ante la

modo y lugar, pues se tomaron «20 meses después».

9. Propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva» , «culpa exclusiva de la víctima», «no existe certeza del lugar donde ocurrieron los hechos », «ante la falta de croquis, se desconoce las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos », «no existe prueba plena para imputarle responsabilidad al municipio de Cartago», e «inexistencia de responsabilidad extrapatrimonial».

1 Índice 11, archivo «6ED_20160020901DEMANDACO(.pdf) NroActua 11», folios 84—153 (expediente de segunda instancia digitalizado en Samai).Proceso: 76147-33-40-002-2016-00209-01

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4. Sentencia de primera instancia2

10. Mediante s entencia 92 del 3 de noviembre de 2021 , el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, como se transcribió en el párrafo 1 de esta sentencia.

11. La primera instancia, en aplicación del régimen subjetivo de responsabilidad de falla del servicio, sostuvo que se demostró que Julieth Andrea González Arce sufrió un accidente de tránsito el 14 de febrero de 2014, en el que resultó lesionada al caer en un hueco en la vía pública del municipio de Cartago. Manifestó que el accidente le ocasionó varias lesiones, dejando como secuela una invalidez del 31.25% y

en un hueco en la vía pública del municipio de Cartago. Manifestó que el accidente le ocasionó varias lesiones, dejando como secuela una invalidez del 31.25% y afectaciones físicas permanentes.

12. Argumentó que el accidente que sufrió Julieth Andrea González Arce se causó por una omisión en el mantenimiento de la vía pública y su falta de señalización .

Según la sentencia, aun que no se contó con un informe de tránsito, las pruebas documentales, testimoniales y fotográficas fueron suficientes para establecer las circunstancias del accidente y demostrar que el hueco, además de que sí estaba en la vía, no estaba señalizado, y que la vía estaba oscura, situaciones por las que la actora no pudo evitar el accidente.

13. Descartó la culpa exclusiva de la víctima , pues no se encontró evidencia de que Julieth Andrea González Arce hubiese contribuido a su accidente por imprudencia, el exceso de velocidad o incumplimiento de las normas de tránsito.

14. Adicionalmente, ordenó los perjuicios solicitados en la demanda. Reconoció que las lesiones sufridas por Julieth Andrea González Arce (una fractura que resultó en una incapacidad laboral del 31.25%) causaron dolor, angustia y sufrimiento tanto a la víctima como a sus familiares cercanos. Esto lo tuvo por probado con los testimonios, el dictamen médico, y la historia clínica.

15. También concluyó que las secuelas de la fractura sufrida por la actora impactaron significativamente su calidad de vida y su capacidad para realizar actividades rutinarias. Estableció que la víctima sufrió una alteración funcional significativa, por

15. También concluyó que las secuelas de la fractura sufrida por la actora impactaron significativamente su calidad de vida y su capacidad para realizar actividades rutinarias. Estableció que la víctima sufrió una alteración funcional significativa, por lo que era viable condenar al municipio de Cartago por el daño a la salud de la demandante.

16. Por último, verificó que Julieth Andrea González Arce tenía un trabajo remunerado al momento del accidente y que, debido a su incapacidad y pérdida de capacidad laboral, se generó un perjuicio económico derivado de la imposibilidad de trabajar en condiciones normales. En ese orden, calculó el lucro cesante consolidado y el lucro cesante futuro por un valor total de $127.619.101.

2 Índice 11, archivo «21ED_2016002091603112021S(.pdf) NroActua 11» (expediente de segunda instancia digitalizado en Samai).Proceso: 76147-33-40-002-2016-00209-01

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5. Recurso de apelación

5.1. Municipio de Cartago3

17. El municipio de Cartago apeló la sentencia de primera instancia. Argumentó que la primera instancia no estudió la tacha propuesta contra el testigo Jorge Luis Castro Giraldo, técnico en criminalística, pues carecía de imparcialidad y credibilidad.

18. Alegó que Jorge Luis Castro Giraldo tenía vínculos laborales y de parentesco con la firma de abogados apoderada de la parte demandante, lo que comprometía su

Giraldo, técnico en criminalística, pues carecía de imparcialidad y credibilidad.

18. Alegó que Jorge Luis Castro Giraldo tenía vínculos laborales y de parentesco con la firma de abogados apoderada de la parte demandante, lo que comprometía su neutralidad. Agregó que, en todo caso, e l registro fotográfico presentado por el mencionado técnico no se tomó el día del accidente (14 de febrero de 2014), sino 20 meses después (19 de octubre de 2015), lo que cuestiona la inmediatez y veracidad de las pruebas.

19. Por otro lado, argumentó que los testimonios son incongruentes en sus declaraciones. Dijo que l as declaraciones de l as testigos Ana María Mosquera Ruiz y Luisa Fernanda Bermúdez fueron incoherentes en cuanto a la descripción del accidente, los hechos y la participación de organismos de socorro. Añadió que Ana María Mosquera Ruiz afirmó tener un negocio cerca del lugar de los hechos, pero según pruebas aportadas por el municipio de Cartago , el negocio se registró años después de la fecha del accidente , circunstancia que no se estudió por la primera instancia.

20. Aseguró que, por parte del municipio de Cartago, también se aportaron pruebas documentales y testimonios de funcionarios del municipio, como el del ingeniero Adolfo León Lasprilla Barón y la ar quitecta Marta Cecilia Orozco Toncel , quienes afirmaron que la vía estaba en buen estado y que no requería intervención en la época del accidente.

21. Insistió en que no se realizó un croquis oficial del accidente ni se contó con la participación de las a utoridades de tránsito para determinar las circunstancias

época del accidente.

21. Insistió en que no se realizó un croquis oficial del accidente ni se contó con la participación de las a utoridades de tránsito para determinar las circunstancias exactas del hecho, como el estado de la vía, el estado de la motocicleta, o la responsabilidad de la demandante. Argumentó que conducir una motocicleta es una actividad intrínsecamente peligrosa y que la responsabilidad del accidente no puede atribuirse únicamente al estado de la vía.

22. Indicó que la primera instancia no analizó el asunto bajo los principios de la sana crítica y la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que señalan que el mal estado de una vía no es suficiente, por sí solo, para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado.

23. En consecuencia, solicitó que el fallo sea revocado en su integridad, porque las pruebas presentadas eran insuficientes, contradictorias y carecían de objetividad, y que la sentencia no valoró adecuadamente los elementos probatorios favorables al

3 Índice 11, archivo «23ED_2016002091811112021R(.pdf) NroActua 11» (expediente de segunda instancia digitalizado en Samai).Proceso: 76147-33-40-002-2016-00209-01

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municipio. Además, resaltó la ausencia de un nexo causal claro entre el accidente y una supuesta falla en el mantenimiento de la vía.

6. Tramite de segunda instancia

Sentencia de segunda instancia

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municipio. Además, resaltó la ausencia de un nexo causal claro entre el accidente y una supuesta falla en el mantenimiento de la vía.

6. Tramite de segunda instancia

24. El Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, mediante auto del 11 de enero de 20224, concedió el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas contra la sentencia 92 del 3 de noviembre de 2021.

25. El proceso, en segunda instancia, se admitió el 12 de mayo de 20225, oportunidad en la que se informó a las partes que podrían pronunciarse sobre el recurso hasta la ejecutoria del auto que lo admitió. También señaló que el Ministerio Público podría emitir concepto, desde que se admitió el recurso, hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia5.

26. Las partes del proceso no se pronunciaron6.

27. El Ministerio Público no emitió concepto7.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

28. Según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago.

2. Problema jurídico

29. De acuerdo con los hechos de la demanda y los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si el accidente de tránsito del 14 de febrero de 2014 donde resultó lesionada la señora Alexandra Bolañ os Díaz es imputable al municipio de Cartago, por la omisión en el mantenimiento y

recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si el accidente de tránsito del 14 de febrero de 2014 donde resultó lesionada la señora Alexandra Bolañ os Díaz es imputable al municipio de Cartago, por la omisión en el mantenimiento y señalización de la vía, o si el fallo se debe revocar, ya que las pruebas documentales y testimoniales son contradictorias e insuficientes para acceder a las pretensiones de la demanda.

3. Solución del caso

30. Para solucionar el caso se analizará : i) la responsabilidad extracontractual del Estado, ii) La responsabilidad por los daños generados en accidente de tránsito con ocasión de la ausencia de mantenimiento vial y señalización y iii) el caso concreto.

4 Índice 11, archivo «26ED_20160020921CONCEDERE(.pdf) NroActua 11» (expediente de segunda instancia digitalizado en Samai). 5 Índice 6 (expediente de segunda instancia digitalizado en Samai). 6 Según constancia secretarial del 11 de julio de 2022 (Índice 10 expediente de segunda instancia digitalizado en Samai). 7 Según constancia secretarial del 11 de julio de 2022 (Índice 10 expediente de segunda instancia digitalizado en Samai).Proceso: 76147-33-40-002-2016-00209-01

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3.1. Responsabilidad extracontractual del Estado

31. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, para que el Estado

Demandados: municipio de Cartago Sentencia de segunda instancia

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3.1. Responsabilidad extracontractual del Estado

31. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, para que el Estado sea responsable extracontractualmente se debe demostrar: i) un daño antijurídico y ii) la imputación de ese daño al Estado.

32. El daño antijurídico es «la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho, en otros términos, aquel que se produce a pesar de que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación »8. Ese daño debe ser personal, cierto —actual o futuro, no eventual ni hipotético— y determinado.

33. Por su parte, la imputación denota la atribución del daño antijurídico al Estado.

Según la Sección Tercera del Consejo de Estado, el juicio de imputación comprende el análisis de la imputación fáctica y de la imputación jurídica.

34. En la imputación fáctica, la atribución del daño se estudia, en un primer momento, a partir de una relación de causalidad. El término de causalidad implica la relación entre dos eventos, que se hallan inmersos en vínculo de causa y efecto, es decir, determinados eventos se presentan como consecuencia de otros o, ilustrando lo anterior, si ocurre A se producirá B. Como se sabe, para establecer la existencia o inexistencia de ese nexo causal, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo

decir, determinados eventos se presentan como consecuencia de otros o, ilustrando lo anterior, si ocurre A se producirá B. Como se sabe, para establecer la existencia o inexistencia de ese nexo causal, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado acude a la teoría de la causalidad adecuada9.

35. Sin embargo, la imputación fáctica no se agota con el análisis de la causalidad, toda vez que, en este escenario, y de manera residual, debe aplicarse la teoría de la imputación objetiva.

36. La teoría de la imputación objetiva surgió por las falencias que generaba, en materia de responsabilidad del Estado, la teoría de la causalidad, que, como teoría de las ciencias naturales, dejaba dudas sobre la efectividad en las ciencias sociales

(derecho). En ese senti do, la Sección Tercera del Consejo de Estado estimó que no eran del todo correctas las conclusiones obtenidas con la aplicación de las teorías de causalidad, por lo que ha venido complementándola —no abandonándola —, a partir de contenidos normativos, que p ermitan atribuir materialmente daños al Estado.

37. Sobre el particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado (2017) 10 ha

explicado:

8 Sentencia del 28 de enero de 2015, expediente 05 001 23 31 000 2002 03487 01 (32912), Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 9 La teoría de la causalidad adecuada admite la afluencia de condiciones necesarias para la producción de un resultado, sin embargo, no atribuye a todas las condiciones un mismo valor causal, únicamente tendrán el

Tercera del Consejo de Estado. 9 La teoría de la causalidad adecuada admite la afluencia de condiciones necesarias para la producción de un resultado, sin embargo, no atribuye a todas las condiciones un mismo valor causal, únicamente tendrán el carácter de causas aquellas condiciones que, a partir de su realización pueda ser previsible el resultado, entendiéndose por previsible: lo que se espera que suceda según el curso normal de los acontecimientos. 10 Sentencia del 23 de marzo de 2017, expediente 760012331000200800918-01 (44.173).Proceso: 76147-33-40-002-2016-00209-01

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Por consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado.

38. En lo atinente a la imputación jurídica ( imputatio iuris), la Sección Tercera del Consejo de Estado (2014)11 ha dicho que «supone el establecer el fundamento o razón de

38. En lo atinente a la imputación jurídica ( imputatio iuris), la Sección Tercera del Consejo de Estado (2014)11 ha dicho que «supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de resp onsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”. En este escenario se toma la imputación fáctica y se le dota del fundamento del deber de reparar, es decir, se analiza la atribución materi al del resultado a la luz de los títulos de imputación (falla del servicio, daño especial y riesgo excepcional), con el ánimo de encuadrar ese resultado en alguno de ellos».

39. Téngase en cuenta que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado (2012)12 ha precisado que «en lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por el lo, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda

como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación».

40. La Sala destaca que la responsabilidad patrimonial del Estado no solo sirve para reparar perjuicios a los administrados, sino que tiene, a su vez, un efecto preventivo, pues procura la mejora continua de la actividad estatal.

3.2. La responsabilidad por los daños generados en accidente de tránsito con ocasión de la ausencia de mantenimiento vial y señalización

41. Sobre la responsabilidad del Estado en eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización o mantenimiento en la vía, el Consejo de Estado (2020)13 ha dicho que el Estado está obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el

11 Sentencia del 20 de octubre de 2014, expediente 25000-23-26-000-1998-01906-01(27136). 12 Sentencia del 19 de abril de 2012, expediente 19001-23-31-000-1999-00815-01 (21515). 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicación número: 17001 -23-31-000-2008-00013-01(45546). consejera ponente: M aría Adriana Marín , c riterio

tenido en cuenta por el Consejo de Estado en Sentencia de 21 de septiembre de 2016, expediente No. 42492.Proceso: 76147-33-40-002-2016-00209-01

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sostenimiento de la red vial, de manera que deberá responder si, al conocer las condiciones naturales del terreno que podrían provocar desprendimientos en carreteras, no toma medidas preventivas para evitar tragedias o accidentes. Además, incurre en responsabilidad si omite sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario de la infraestructura vial, especialmente si los daños u obstáculos persisten en las vías durante un tiempo razonable sin que se tomen acciones de limpieza, remoción, reparación o señalización. La evaluación de su responsabilidad será más rigurosa si se demuestra que fue notificada del problema y no actuó, aunque la falta de aviso no la exime de responsabilidad.

42. Además, la Alta Corporación (2017)14 agregó que la demostración del mal estado de la vía no es suficiente para declarar, por sí sola, la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño, pues debe acreditarse el nexo causal entre este y la acción u omisión de la administración.

3.3. El caso concreto

3.3.1. Hechos probados

43. Según el historial clínico emitido por la Clínica Comfandi de Cartago15, el 14 de febrero de 2014, la señora Julieth Andrea González Arce ingresó al servicio de urgencias. En esa atención inicial se anotó: «Paciente que consulta por presentar

febrero de 2014, la señora Julieth Andrea González Arce ingresó al servicio de urgencias. En esa atención inicial se anotó: «Paciente que consulta por presentar accidente de tránsito el cual ocurrió en la Carrera Cuarta, el frente del Sena, la paciente refiere que cae a un hueco. Ingresa con mucho dolor en el brazo izquierdo». Ante el cuadro clínico, el 15 de febrero de 2014 se le practicó la cirugía de «reducción abierta de fractura en segmento proximal de cubito o de olecranon ». Y el 17 de febrero de 2014, la actora salió del ente hospitalario con el diagn óstico de «fractura de la epífisis superior del cubito y contusión del codo».

44. El 20 de febrero de 2014 16, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Unidad Básica de Cartago) efectuó el primer reconocimiento médico legal a Julieth Andrea González Arce . Se le otorgó una incapacidad médico legal de 75 días, pero se postergó (en 4 meses) la determinación de sus secuelas medicolegales.

45. El 2 de julio de 2014 17 se le practicó a Julieth Andrea González Arce el segundo reconocimiento médico legal . En la diligencia se determinaron las secuelas medicolegales como «deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional de miembro superior izquierdo de carácter permanente y perturbación funcional de órgano de la prensión de carácter permanente». En el dictamen se sugirió que a la a ctora se le practique la calificación de invalidez, dado que las secuelas de la paciente «limitan su capacidad laboral».

funcional de órgano de la prensión de carácter permanente». En el dictamen se sugirió que a la a ctora se le practique la calificación de invalidez, dado que las secuelas de la paciente «limitan su capacidad laboral».

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 08 de febrero de 2017, radicación número: 08001-23-31-000-1998-00663-01(38432). 15 Índice 11, archivo «6ED_20160020901DEMANDACO(.pdf) NroActua 11», folios 36—38 (expediente de segunda instancia digitalizado en Samai). 16 Índice 11, archivo «6ED_20160020901DEMANDACO(.pdf) NroActua 11», folios 59—60 (expediente de segunda instancia digitalizado en Samai). 17 Índice 11, archivo «6ED_20160020901DEMANDACO(.pdf) NroActua 11», folios 61—63 (expediente de segunda instancia digitalizado en Samai).Proceso: 76147-33-40-002-2016-00209-01

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46. Se allegó dictamen de «calificación de invalidez» del 17 de junio de 2014 18 que se elaboró por el médico laboral Juan Manuel Hincapié. En ese documento se determinó que Julieth Andrea González Arce perdió el 31.5% de su capacidad laboral por «secuela de FX de codo izquierdo en accidente de tránsito y demás documentos que