TA VAL - Sentencia 76147-3333-001-2019-00120-01 (07-03-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Omar Edgar Borja Soto

Sentencia de segunda instancia No. 041.

Santiago de Cali, siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de Control Nulidad y restablecimiento del derecho Ref. Proceso 76147-3333-001-2019-00120-01 Demandante Gloria Amparo Benitez Castellanos (notificacionescartago@lopezquinteroabogados.com; laurapulido@lopezquinteroabogados.com) Demandado

NACIÓN – MINEDUCACIÓNFOMAG

(t_eorduz@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co; auxiliar.cali@litigando.com; procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co) Asunto Sanción moratoria por no pago oportuno de cesantías parciales – Ley 1071 de 2006 Decisión Revoca ordinales 3º, 5º y 6º de la sentencia apelada, confirma el resto

I. OBJETO.

Decide el Tribunal, a través de la Sala de Decisión conformada por los magistrados DUSSAN, EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS y OMAR EDGAR BORJA SOTO, éste último como ponente, sobre el recurso de apelación en el referenciado medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (laboral), interpuesto por la parte demandada en contra de la Sentencia No. 210 del 7 de octubre de 2024, dictada por el Juzgado Primero (01) Administrativo de Cartago – Valle del Cauca.

II. ANTECEDENTES

la parte demandada en contra de la Sentencia No. 210 del 7 de octubre de 2024, dictada por el Juzgado Primero (01) Administrativo de Cartago – Valle del Cauca.

II. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA1.

1.1 PRETENSIONES.

1 Ver Índice 00003 de expediente digital de primera instancia en SAMAI, archivo “01Expedientepdf (.pdf)”Acción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

Demandante: Gloria Amparo Benitez Castellanos Demandado: Mineducación - FOMAG Radicado: 76147 3333 001 2019 00120 01

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“1. Declarar la nulidad del acto ficto configurado el día 03 de diciembre de 2018, frente a la petición presentada el día 03 de septiembre de 2018 en cuanto negó el derecho a pagar la SANCIÓ POR MORA a mi mandante establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

2. Declarar que mi representado tiene derecho a que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- , le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de

1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se realicen las siguientes:

CONDENAS:

1. Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -, a que se le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006 a mi mandante, equivalente a un (1) día de s u salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

2. Que se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOdar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y 195 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso …

3. Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOal reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que se haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCIÓN MORATORIA referida en el numeral anterior, tomando como base la variación del índice de

de valor a que se haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCIÓN MORATORIA referida en el numeral anterior, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso.

4. Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de la SANCIÓN MORATORIA reconocida en esta sentencia.

5. Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-…”

1.2 HECHOS2.

2 Ver Índice 00003 de expediente digital de primera instancia en SAMAI, archivo “01Expedientepdf (.pdf)”Acción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

Demandante: Gloria Amparo Benitez Castellanos Demandado: Mineducación - FOMAG Radicado: 76147 3333 001 2019 00120 01

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Sustentó como hechos relevantes los siguientes:

“PRIMERO: El artículo 3 de la ley 91 de 1989, creó el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica.

SOCIALES DEL MAGISTERIO, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica.

SEGUNDO: De conformidad con el parágrafo 2º del artículo 15 de la ley 1991 de 1989, le asignó como competencia al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO el pago de las CESANTIAS de los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

TERCERO: Teniendo de presente estas circunstancias, mi representado, por laborar como docente en los servicios educativos estatales el solicitó a la la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-, el día 27 DE JUNIO DE 2016, el reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho.

CUARTO: Por medio de la Resolución 02470 DEL 10 DE AGOSTO DE 2016, le fue reconocida la cesantía solicitada.

QUINTO: Esta cesantía fue cancelada el día 12 DE DICIEMBRE DE 2016, por medio de entidad bancaria.” (…) OCTAVO: Al observarse con detenimiento, mi representado solicitó la cesantía el día 27 DE JUNIO DE 2016, siendo el plazo para cancelarlas el día 06 DE OCTUBRE DE 2016, pero se realizó el día 12 DE DICIEMBRE DE 2016, por lo que transcurrieron 67 días de mora contados a partir de los 65 días hábiles que tenía la entidad para cancelar la cesantía hasta el momento en que se efectuó el pago.

NOVENO: Con fecha 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, se solicitó el reconocimiento y pago de la

a partir de los 65 días hábiles que tenía la entidad para cancelar la cesantía hasta el momento en que se efectuó el pago.

NOVENO: Con fecha 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en el pago de la cesantía a la entidad convocada y esta resolvió negativamente en forma ficta las pretensiones invocadas…”

1.1. NORMAS VIOLADAS. El actor estima que con la expedición del acto administrativo cuestionado se infringe n de la Ley 91 de 1989 los artículos 5 y 15, de la Ley 244 de 1995 los artículos 1 y 2 y de la Ley 1071 de 2006 los artículos 4º y 5º.

2. CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA FOMAG3.

Se mantuvo silente

3 Ver Índice 00003 de expediente digital de primera instancia en SAMAI, archivo “01Expedientepdf (.pdf)”, folio 51, constancia secretarialAcción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

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3. SENTENCIA IMPUGNADA4.

El Juzgado Primero (01) Administrativo del Circuito de Cartago, mediante Sentencia No. 210 del 7 de octubre de 2024, consideró: “(…) Siguiendo lo expuesto, se acredita en el sub examine que la parte actora radicó la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas el día 27 de junio de 2016

No. 210 del 7 de octubre de 2024, consideró: “(…) Siguiendo lo expuesto, se acredita en el sub examine que la parte actora radicó la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas el día 27 de junio de 2016 (en vigencia de la Ley 1437 de 201137), la cual se resolvió mediante la Resolución N° 2470 de 10 de agosto de 2016 , según lo referido en el escrito de la demanda y en prueba documental sujeta en el expediente digital de SAMAI, si n que tales probanzas hubieran sido objeto de desconocimiento o tachadas de falsas por la entidad demandada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Resolución N° 2470 fue expedida el 10 de agosto de 2016, es decir, por fuera de los 15 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de cesantías del 27 de junio de 2016, ya que el plazo para su realización feneció el 19 de julio de 2016.

En consecuencia, la regla aplicable para establecer el tiempo máximo con el que contaba la entidad demandada para realizar el pago de las cesantías, de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Estado en sentencia de Unificación CE -SUJ-SII012-2018 del 18 de julio de 2018, corresponde a la de los 70 días posteriores a la presentación de la petición, toda vez que, el m ismo, se expidió de manera extemporánea y en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) donde el acto administrativo cobra ejecutoria al cabo de los diez (10) días, a lo cual se adiciona los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la firmeza del acto administrativo que establece la Ley 1071 de 2006 para realizar el pago: (…)

(10) días, a lo cual se adiciona los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la firmeza del acto administrativo que establece la Ley 1071 de 2006 para realizar el pago: (…)

Por lo tanto, dicho término inició su conteo a partir del día hábil siguiente a la fecha en la que se solicitó el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, esto es, el 27 de junio de 2016, finalizando el día 06 de octubre de 2016.

Pese a lo anterior, el pago ordenado mediante la Resolución N° 2470 de 10 de agosto de 2016, fue cancelado el día 23 de noviembre de 2016 a la señora Gloria Amparo Benítez Castellanos, de acuerdo al certificado aportado por la parte demandante, sin que la parte demandada lo tachara de falso o de desconocimiento en las contestaciones a la demanda.

En ese orden de ideas, a partir del 07 de octubre de 2016 (día siguiente a la fecha en que se debió efectuar el pago de las cesantías) y hasta el 22 de noviembre de 2016 (día anterior en que se puso a disposición el dinero en la entidad bancaria), se causó la sanción por mora de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, para un total de 47 días calendario, y en tanto la reclamación administrativa de reconocimiento y pago de la sanción por mora se realizó el día 03 de septiembre de 2018, no operó la prescripción…

4 Ver Índice 00014 de expediente digital de primera instancia en SAMAI, archivo “21SENTENCIApdf”Acción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

Demandante: Gloria Amparo Benitez Castellanos

Demandado: Mineducación - FOMAG

4 Ver Índice 00014 de expediente digital de primera instancia en SAMAI, archivo “21SENTENCIApdf”Acción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

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4. CONCLUSIÓN Como corolario de las consideraciones precedentes, se declarará la nulidad del acto ficto administrativo demandado y habrá lugar a impartir condena a título de restablecimiento del derecho en contra de la entidad demandada Nación (Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), ordenando si a ello hubiere lugar que deberán compensarse los valores que ya hubieren sido pagados por concepto de sanción por mora, con anterioridad a la ejecutoria de la presente sentencia, y en tal evento la indexación será hasta la fecha de pago, de lo contrario y si no se hubiere pagado suma alguna, la indexación se realizará hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.”

Y por ello resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto de carácter negativ o configurado el 03 de diciembr e de 2018 en frente de la falta de respuesta a la reclamación administrativa realizada por la señora Gloria Amparo Benítez Castellanos, el día 03 de septiembre de 2018, en cuanto negó de manera ficta el reconocimiento y pago de la sanción por mora de que trata la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 en la cancelación de las cesantías definitiva reconocidas mediante Resolución N° 2470 de 10 de agosto de 2016.

pago de la sanción por mora de que trata la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 en la cancelación de las cesantías definitiva reconocidas mediante Resolución N° 2470 de 10 de agosto de 2016.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación

(Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) a reconocer y pagar la suma de Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Veintiséis Pesos con Cuatro Centavos (M/Cte.) ($4.888.526,4 M/Cte.) a la parte demandante, la señora Gloria Amparo Benítez Castellanos identificado con la C.C. 29.771.614 de Roldanillo (V), la sanción por mora de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo entre el 07 de octubre de 2016 y hasta el 22 de noviembre de 2016 para un total de 47 días calendario liquidables con la asignación básica diaria percibida por la docente al momento en que se produjo su retiro definitivo del servicio, de conformidad a las consideraciones expuestas.

En el evento de que ya se hubieren realizado pagos por este concepto, se ORDENA realizar las respectivas compensaciones de los valores que ya se hubieren pagado con anterioridad a la ejecutoria de la presente sentencia y en tal evento la indexación será hasta la fecha de pago, de lo contrario y si no se hubiere pagado suma alguna, la indexación se realizará hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

TERCERO: INDEXAR el valor de la condena (…)

hasta la fecha de pago, de lo contrario y si no se hubiere pagado suma alguna, la indexación se realizará hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

TERCERO: INDEXAR el valor de la condena (…)

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones por lo establecido en la parte motiva del presente proveído….”Acción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

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4. APELACIÓN.

4.1. APELACIÓN DEMANDADA – FOMAG5.

Indicó que “En el caso en concreto se precisó indicar que mediante acto administrativo de reconocimiento y pago No. 02470 del 10 de agosto de 2016 expedida por la Secretaria de Educación del Valle del Cauca frente a la solicitud de las cesantías realizada el 27 de junio de 2016, se evidencia que el ente Territorial profirió la resolución de reconocimiento de la cesantía de forma extemporáneo y el pago de cesantías por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se ejecutó de la misma manera a causa de la tardanza en los tramites internos del ente territorial para el pago, teniendo en cuenta que las cesantías se cancelaron el 23 de noviembre de 2016 y la fecha límite de pago fue el 6 de octubre de 2016 tal y como se evidencia en el material probatorio allegado al proceso…

Como se puede evidenciar se configuraron 47 días de mora, los cuales co mo consta en los registros internos del Fomag, fueron pagados por vía

de 2016 tal y como se evidencia en el material probatorio allegado al proceso…

Como se puede evidenciar se configuraron 47 días de mora, los cuales co mo consta en los registros internos del Fomag, fueron pagados por vía administrativa el 10 de agosto de 2021 por parte de mi representada, en cumplimiento del deber legal que le otorgó la norma.

De acuerdo a lo anterior, solicito su señoría se revoque la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta que se condena a un pago que ya se realizó en debida forma y que de cancelarse nuevamente correspondería a un detrimento patrimonial para mi representada, quien finalmente administra recursos de la nación respecto a las prestaciones de los docentes y que en el presente caso obró de buena fe cumpliendo con la obligación fijada.”

5 Ver Índice 000 16 de expediente digital de Primera instancia en SAMAI, archivo “ 22_MemorialWeb_RecursoRecApeGloria1(.pdf)”Acción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

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5. TRÁMITE SEGUNDA INSTANCIA.

5.1 Con auto No. 064 del 12 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación y se informó a las partes que podrían pronunciarse sobre el recurso de apelación6.

5.2. Ni las partes ni el Ministerio Público se pronunciaron sobre el recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES.

1. COMPETENCIA.

5.2. Ni las partes ni el Ministerio Público se pronunciaron sobre el recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES.

1. COMPETENCIA.

El Tribunal es competente para proferir el presente fallo de conformidad con lo establecido en el art. 243 de la ley 1437, en concordancia con lo establecido en el art. 153.

Se precisa, que el análisis se circunscribirá a resolver el objeto de la impugnación por los precisos cargos establecidos en el recurso, como lo establece el artículo 320 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 306 del C.P.A.C.A.

2. PROBLEMA JURÍDICO.

Establecer si la parte demandante en su calidad de docente oficial regido por la Ley 91 de 1989 1, tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, por el pago inoportuno del auxilio de cesantías.

3. TESIS SALA DECISIÓN.

La Sala de Decisión revocará los ordinales 3º, 5º y 6º de la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por encontrarse demostrad o el pago de la sanción, intereses y costas a que tenía derecho la parte actora, por mora en la expedición d el acto administrativo que reconoció las cesantías en cuestión.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

4.1 Marco normativo y jurisprudencial de la sanción moratoria causada por el

reconoció las cesantías en cuestión.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

4.1 Marco normativo y jurisprudencial de la sanción moratoria causada por el

6 Ver índice 00006 del expediente de segunda instancia en SAMAIAcción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

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retardo en el pago de las cesantías definitivas y parciales.

La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones” señaló el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías de todos los servidores públicos, así:

“Artículo 1°. [Subrogado por el artículo 4°. de la Ley 1071 de 2006]. Términos: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticio narios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.”

Por su parte, el artículo 2 ibidem reguló el término máximo que tiene la entidad para el reconocimiento de las cesantías, y en el parágrafo consagró la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo, en los siguientes términos:

“Artículo 2°. (Subrogado por el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006). Mora en el pago: La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra e l funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.

para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra e l funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.

Dicha normatividad fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, indicando que su objeto era “reglamentar el reconocimiento de cesantíasAcción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

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definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación”7 y reguló la sanción por el no cumplimiento de los términos perentorios allí establecidos a favor de los trabajadores públicos, tal y como lo señala el artículo 2 de la Ley 1071 de 2006:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza públ ica, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.”

Por su parte, el artículo 4 ibidem, estipuló el término para la expedición de la resolución por medio de la cual se reconocen las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, a saber:

Por su parte, el artículo 4 ibidem, estipuló el término para la expedición de la resolución por medio de la cual se reconocen las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, a saber:

“Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin pe rjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el

7 Artículo 1ºAcción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

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funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”.

4.2. Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la sanción moratoria de la Ley 1071 de 2006.

La Corte Constitucional a través de la sentencia SU-336 de 2017 8, concluyó que, debido a la naturaleza de la labor desempeñada por los docentes, éstos deben ser tratados como empleados públicos beneficiarios de la Ley 1071 de 2006, teniendo en cuenta que cobija a todos los funcionarios públicos y servidores de las ramas del poder público. En este sentido, expuso que los docentes tienen derecho al pago de la referida sanción moratoria, por las siguientes razones:

“(i) El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la finalidad constitucional por la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio de integralidad. De igual

“(i) El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la finalidad constitucional por la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio de integralidad. De igual forma, se acompasa con lo establecido en los diferentes tratados internacionales sobre la materia ratificados por Colombia.

(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006 se señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales de las tres ramas de l poder, así como a las entidades que prestan servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del Estado no solo a nivel nacional sino territorial. (iii) Al igual que los demás servidores públicos, los docentes oficiales en calida d de trabajadores tienen derecho a que se les reconozcan pronta y oportunamente sus prestaciones sociales, por lo que proceder en contrario significaría desconocer injustificadamente el derecho a la igualdad, respecto de quienes sí les fue reconocida la sanción por la mora en el pago de las cesantías.

(iii) Existen importantes semejanzas entre las características usualmente atribuidas a la figura de los empleados públicos y las que son propias del trabajo de los docentes oficiales, a saber: pertenecen a la rama ejecutiva, cumplen dentro de ella una tarea típicamente misional respecto de la función que compete a las secretarías de educación de las entidades territoriales y, en su momento, al Ministerio de Educación Nacional, se encuentran sujetos a un régi men de carrera y su vinculación se produce por efecto de un nombramiento.

(iv) En tanto los docentes oficiales no han sido ni podrían ser ubicados como parte de

encuentran sujetos a un régi men de carrera y su vinculación se produce por efecto de un nombramiento.

(iv) En tanto los docentes oficiales no han sido ni podrían ser ubicados como parte de

8 M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.Acción de nulidad y restablecimiento del derecho L.

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ninguna de las otras especies de servidores públicos, han de ser considerados como empleados públicos.

(v) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

A su turno, el Consejo de Estado en fallo CE -SUJ-SII-012-20189, sostuvo que «los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales 10, lo cierto es que en ellos concurren todos lo s requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la im plementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley», y unificó su jurisprudencia, así:

“PRIMERO: UNIF