TA VAL - Sentencia 76147-33-33-001-2019-00426-01 (27-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE ORALIDAD

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA DEL PILAR FEUILLET PALOMARES

RADICADO: 76147-33-33-001-2019-00426-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES:

GINA ESCOBAR LÓPEZ Y OTROS

(fabiolaalzate2008@hotmail.com)

DEMANDADOS: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

(dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co)

(NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

(notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co)

MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS DE CALI

(procjudadm19@procuraduria.gov.co)

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD .

AUSENCIA PROBATORIA PARA ACREDITAR

ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO . CONFIRMA

DECISIÓN DE NEGAR PRETENSIONES.

Santiago de Cali, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia 004 del 20 de enero de 20 25, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartago, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de reparación directa, Gina Escobar López,

Administrativo de Cartago, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de reparación directa, Gina Escobar López,

Roberto Gómez Ocampo, Carlos Arturo Carvajal Escobar, Clara Cristina Granados Escobar, Arpidio Escobar López, Doris Escobar López, Myriam Escobar López, Carmen Emilia Escobar López, Arpidio Andrés Escobar Raigoza, Laura Georgina Escobar Raigoza, David Alejandro Escobar Cardona, Nicolás Alcides Escobar Raigoza, Rigoberto Parra Escobar, Fabio Andrés Parra Escobar, Luis Felipe Ossa Escobar, Nicolás Enrique Ossa Escobar, Carlos Hernán Cardona Escobar, CarmenRadicado: 76147-33-33-001-2019-00426-01

Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Gina Escobar López y otros Demandados: Nación – Rama Judicial y otro Sentencia de segunda instancia

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Fanny Raigoza Londoño , Rigoberto Parra Vanegas y Luis Enrique Ossa Soto demandaron a la Nación – Rama Judicial y a la Nación – Fiscalía General de la Nación, para que se declarara la responsabilidad administrativa de esa s autoridades por la privación de la libertad a la que se vio sometida Gina Escobar López.

3. Como consecuencia de esa declaración, pidieron que se condenara a las entidades

demandadas a pagar:

• Por concepto de perjuicios morales: i) a favor de Gina Escobar López, como perjudicada directa, el valor equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv); ii) a favor de Roberto Gómez Ocampo, como

• Por concepto de perjuicios morales: i) a favor de Gina Escobar López, como perjudicada directa, el valor equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv); ii) a favor de Roberto Gómez Ocampo, como compañero permanente de la perjudicada directa, el valor equivalente a 100 smmlv; iii) a favor de Carlos Arturo Carvajal Escobar y Clara Cristina Granados, como hijos de la perjudicada directa , el valor equivalente a 100 smmlv para cada uno; iv) a favor de Arpidio Escobar López, Doris Escobar López, Myriam Escobar López y Carmen Emilia Escobar López, como hermanos de la perjudicada di recta, el valor equivalente a 50 smmlv para cada uno; v) a favor de Arpidio Andrés Escobar Raigoza, Laura Georgina

Escobar Raigoza, David Alejandro Escobar Cardona, Nicolás Alcides Escobar Raigoza, Rigoberto Parra Escobar, Fabio Andrés Parra Escobar, Luis Felipe Ossa Escobar, Nicolás Enrique Ossa Escobar y Carlos Hernán Cardona Escobar , como sobrinos de la perjudicada directa, el valor equivalente a 35 smmlv para cada uno, y vi) a favor de Carmen Fanny Raigoza Londoño, Rigoberto Parra Vanegas y Luis Enrique Ossa Soto, como cuñados de la perjudicada directa, el valor equivalente a 25 smmlv para cada uno.

• Por concepto daño a la vida de relación: el valor equivalente a 100 smmlv a

favor de Gina Escobar López.

• Por concepto de perjuicios materiales1: i) en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 59’665.796 , correspondiente a los salarios y prestaciones que

favor de Gina Escobar López.

• Por concepto de perjuicios materiales1: i) en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 59’665.796 , correspondiente a los salarios y prestaciones que dejó de devengar la señora Gina Escobar López entre el momento de la privación de la libertad y la terminación de su periodo constitucional como alcaldesa del municipio de Alcalá, y ii) en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 34’500.000, que corresponde a los gastos de defensa técnica del proceso penal ($ 31’ 600.000) y del tratamiento psicológico que recibió la señora Gina Escobar López, sus hijos y su compañero permanente ($

2’800.000).

2. Hechos

1 Según subsanación de demanda: folio 25 del archivo denominado «09ExpedienteElectronicoNo.9.pdf», contenido en la carpeta descrita como «1_PROCESOABONADO_CARPETAONEDRIVEJUZ(.zip) NroActua 3», visible en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147 333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago).Radicado: 76147-33-33-001-2019-00426-01

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4. Gina Escobar López se desempeñó como alcaldesa de Alcalá, periodo constitucional que comprendía del 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007.

Sentencia de segunda instancia

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4. Gina Escobar López se desempeñó como alcaldesa de Alcalá, periodo constitucional que comprendía del 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007.

El 22 de enero de 2006 asesinaron a William de Jesús Grajales Rojas, quien era opositor político de la señora Escobar López y se perfilaba como candidato a la alcaldía del municipio de Alcalá para el periodo 2008-2011. Luego de la respectiva investigación (que incluía seguimientos , interceptaciones telefónicas y declaraciones de un desmovilizado), la Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías de Cartago emitiera 10 órdenes de captura, una de ellas contra Gina Escobar López , por financiar un grupo d elincuencial dedicado, entre otras cosas, a mantener el control político en el municipio2.

5. La señora Escobar López fue capturada el 3 de octubre de 20083, fecha en la que también se hizo un allanamiento a su casa y donde se encontró una escopeta y 141 cartuchos (sin el respectivo permiso) . El 4 de octubre de 2008 4, se adelantaron audiencias preliminares, en las que el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cartago con Función de Control de Garantías: i) legalizó la captura de Gina Escobar López; ii) legalizó la formulación de imputación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, e iii) impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

1. legalizó la formulación de imputación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, e iii) impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

6. Mediante sentencia de primera instancia del 2 de junio de 2009 5, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga condenó, entre otros, a la señora Escobar López como partícipe-determinadora del delito de homicidio agravado

(por la muerte de William de Jesús Grajales Rojas) y como coautora del delito de concierto para delinquir.

7. Mediante providencia de segunda instancia del 28 de julio de 20116, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga declaró la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de acusación y ordenó la libertad de varios imputados, entre ellos la señora Escobar López.

8. El trámite del proceso penal se rehízo, pero, en audiencia de juicio oral del 23 de julio de 2018, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la actuación, porque estimó que ya había operado la prescripción de la acción penal. Esa petición de preclusión fue aceptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado

2 Folios 94 -96 del documento descrito como « 7_PROCESOABONADO_04EXPEDIENTEELECTRON(.pdf) NroActua 3», visible en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago).

NroActua 3», visible en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago). 3 Folio 5 del documento asociado al índice 53 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago). 4 Folios 4 -8 del documento asociado al índice 53 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago). 5 Folio 152 del documento descrito como «5_PROCESOABONADO_02EXPEDIENTEELECTRON(.pdf) NroActua 3», visible en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago). 6 Folio 142 del documento descrito como «5_PROCESOABONADO_02EXPEDIENTEELECTRON(.pdf) NroActua 3» a folio 69 del documento descrito como « 6_PROCESOABONADO_03EXPEDIENTEELECTRON(.pdf) NroActua 3», visibles en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago).Radicado: 76147-33-33-001-2019-00426-01

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de Buga7.

3. Fundamentos de las pretensiones

Demandante: Gina Escobar López y otros Demandados: Nación – Rama Judicial y otro Sentencia de segunda instancia

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de Buga7.

3. Fundamentos de las pretensiones

9. La parte actora invocó jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para ilustrar que Gina Escobar López no estaba en la obligación de soportar la privación de la libertad, porque el proceso penal en su contra finalizó por preclusión. Agregó que la Fiscalía General de la Nación incurrió en falla del servicio al endilgar responsabilidad penal, sin contar con pruebas su ficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Explicó que esa privación de la libertad produjo perjuicios materiales e inmateriales que debían ser resarcidos.

4. Contestaciones de la demanda

4.1. Rama Judicial8

10. Por conducto de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos.

11. Explicó que la jurisprudencia vigente dispone que la privación de la libertad es injusta cuando la medida de aseguramiento resulta arbitraria, irraz onable y/o desproporcionada.

12. Destacó que, a la luz de la Ley 906 de 2004, el rol del juez de control de garantías, al momento de imponer medida de aseguramiento, se limita a constatar que la solicitud de la Fiscalía General de la Nación cumpla unos requisitos y que, en todo caso, ese examen no supone un juicio de responsabilidad sobre el imputado

(reservado a la etapa de conocimiento), de ahí que la imposición de una medida de

solicitud de la Fiscalía General de la Nación cumpla unos requisitos y que, en todo caso, ese examen no supone un juicio de responsabilidad sobre el imputado (reservado a la etapa de conocimiento), de ahí que la imposición de una medida de aseguramiento no implica desconocer el principio de presunción de inocencia y , además, la juridicidad de esa restricción de la libertad no depende de la forma en la que termine el proceso penal (condena, absolución o preclusión).

13. Hizo referencia a la necesidad y carga de la prueba y advirtió que no estaba acreditado que Roberto Gómez Ocampo fuera el compañer o permanente de Gina

Escobar López.

14. Propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la Fiscalía General de la Nación habría sido la única causante del daño antijurídico, en caso de que este existiera; ii) el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, toda vez que fue la versión de un desmovilizado lo que conllevó a que se pidiera la medida de aseguramiento contra Gina Escobar López, y iii) la inexistencia de nexo de causalidad, pues el juez de control de

7 Folios 182 -185 del documento descrito como « 11_PROCESOABONADO_08EXPEDIENTEELECTRON(.pdf) NroActua 3», visible en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (C onsultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago). 8 Documento descrito como «17_PROCESOABONADO_14CONTESTACDESAJG(.pdf) NroActua 3», visible en el

76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago). 8 Documento descrito como «17_PROCESOABONADO_14CONTESTACDESAJG(.pdf) NroActua 3», visible en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago).Radicado: 76147-33-33-001-2019-00426-01

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garantías se limitó a verificar la concurrencia de los requisitos para imponer la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación y no realizó un juicio de responsabilidad penal respecto de la señora López Escobar.

4.2. Fiscalía General de la Nación9

15. Por conducto de apoderado judicial, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. Propuso las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, porque la Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de un deber constitucional y legal, que le imponía investigar los hechos que tuvieran la connotación de punibles, por lo que no podía predicarse una fa lla del servicio, al punto que el juez de control de garantías accedió a la medida de aseguramiento; ii) inexistencia del daño antijurídico, toda vez que la señora Escobar López estaba en la obligación de soportar la investigación penal y la medida de aseg uramiento, sin que ello suponga una carga desproporcionada o la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas; iii) culpa exclusiva de la víctima como causal

la obligación de soportar la investigación penal y la medida de aseg uramiento, sin que ello suponga una carga desproporcionada o la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas; iii) culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, en tanto que la señora Escobar López, al tener en su casa una escopeta y 141 cartuchos sin el correspondiente permiso, se expuso deliberadamente a que fuera privada de la libertad, que fue lo que ocurrió , y iv) el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, toda vez que, para el momento en que se solicitó e impuso medida de aseguramiento, un desmovilizado declaró que Gina Escobar López había sido la determinadora en el homicidio de William de Jesús Grajales Rojas.

5. Sentencia de primera instancia10

16. El Juzgado Quinto Administrativo de Cartago, mediante sentencia 004 del 20 de enero de 202 5, negó las pretensiones de la demanda, porque la medida de aseguramiento a la que se vio sometida la señora Escobar López estuvo debidamente sustentada y no podía calificarse de injusta.

17. De manera preliminar, explicó que decretó una prueba de oficio tendiente a obtener las grabaciones de las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Gina Escobar López, pero que los c entros de servicios judiciales requeridos informaron que esas grabaciones no fueron encontradas. Advirtió que esa situación fue puesta en conocimiento de las partes, quienes guardaron silencio, y, por lo tanto, se decidiría con los documentos que obraban en el expediente.

que esas grabaciones no fueron encontradas. Advirtió que esa situación fue puesta en conocimiento de las partes, quienes guardaron silencio, y, por lo tanto, se decidiría con los documentos que obraban en el expediente.

18. A partir de la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, dijo que la responsabilidad del Estado por privación de la libertad exige analizar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable y proporcionada, pues de ello dependerá de que pueda ser considerada justa o injusta . Además, advirtió

9 Documento descrito como «25_PROCESOABONADO_22CONTESTACIONDEDE(.pdf) NroActua 3», visible en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago). 10 Índice 69 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago).Radicado: 76147-33-33-001-2019-00426-01

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que, en estos casos, el análisis de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima debía limitarse a las conductas procesales (y no podía incluir las preprocesales).

19. Al abordar el caso concreto , puntualizó que el acta de audiencias preliminares daba cuenta que la medida de aseguramiento se impuso por las siguientes razones: i) podía inferirse razonablemente que la señora Escobar López había participado en

19. Al abordar el caso concreto , puntualizó que el acta de audiencias preliminares daba cuenta que la medida de aseguramiento se impuso por las siguientes razones: i) podía inferirse razonablemente que la señora Escobar López había participado en los hechos investigados, pues, de hecho, se obtuvo orden de captura en su contra ; ii) era necesaria para evitar que se obstruyera la justicia y para evitar un peligro para la comunidad; iii) había elementos para inferir el riesgo de continuación en la actividad delictiva y/o probables vínculos con organizaciones criminales; iv) los delitos imputados involucraban una pena mayor a 4 años , y v) a pesar de haberse invocado la condición de madre cabeza de familia, el peligro que representa ba la señora Escobar López para la comunidad tornaba improcedente la medida de aseguramiento en la residencia.

20. Destacó que la decisión de medida de aseguramiento había sido confirmada en sede de segunda instancia, lo que suponía que el superior funcio nal también halló acreditados los requisitos para su imposición.

21. Señaló que la declaratoria de nulidad dispuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga no desvirtuaba el cumplimiento de los requisitos para imponer la medida de aseguramiento, porque la nulidad fue decretada a partir de la formulación de acusación, es decir, a partir de una etapa posterior a la audiencia preliminar de medida de aseguramiento.

22. Precisó que en el proceso penal jamás se obtuvo sentencia absolutoria a favor de la señora Escobar López, porque la preclusión se dio en virtud de la prescripción de la acción penal.

preliminar de medida de aseguramiento.

22. Precisó que en el proceso penal jamás se obtuvo sentencia absolutoria a favor de la señora Escobar López, porque la preclusión se dio en virtud de la prescripción de la acción penal.

23. Indicó que el tiempo de la privación de la libertad no era una circunstancia que, por sí sola, determinara que la medida de aseguramiento no estuviere suficientemente sustentada.

24. Aunque descartó la existencia de una privación injusta de la libertad, analizó y desestimó las excepciones relacionadas con los eximentes de responsabilidad (culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero) y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

6. Recurso de apelación11

25. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, p idió que se revocara y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

11 Índice 73 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042600 en Juzgados Administrativos de Cartago).Radicado: 76147-33-33-001-2019-00426-01

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26. En primer lugar, afirmó que «dentro de los anexos de la demanda se allegó los CDS contentivos de las audiencias preliminares de legalización de captura por orden judicial, formulación de imputación y la solicitud de imposición de medida de aseguramiento

26. En primer lugar, afirmó que «dentro de los anexos de la demanda se allegó los CDS contentivos de las audiencias preliminares de legalización de captura por orden judicial, formulación de imputación y la solicitud de imposición de medida de aseguramiento intramuro». Y agregó que había solicitado como prueba que se requiriera al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bug a para que allegara copia íntegra del expediente penal, pero que el juzgado de primera instancia negó la prueba, aunque « previo al final del proceso la solicitó de oficio».

27. En segundo lugar, manifestó que « las falencias desplegadas por parte de la Fiscalía, se dan desde el inicio del proceso, con la formulación de imputación fáctica y jurídica, carente de tiempo, modo y lugar en el que GINA ESCOBAR LOPEZ determinó la ejecución del punible de homicidio, quien lo ejecutaría, cuándo, cómo y dónde lo ejecutaría, lo que per se, la dejó desprotegida para ejercer desde un comienzo una defensa técnica acorde a la magnitud del delito por el que se le acusaba y posteriormente condenaba».

28. En tercer lugar, aseguró que « la fiscalía general de nación, pese a las irregularidades esbozadas desde el inicio del proceso con la formulación de imputación, acusó a GINA ESCOBAR LOPEZ, descartando el contenido del artículo 337 del CPP, precisa que “la acusación es procedente cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, o información legalmente obtenida, se pueda AFIRMAR, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o participe».

acusación es procedente cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, o información legalmente obtenida, se pueda AFIRMAR, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o participe».

29. En cuarto lugar, mencionó que Fiscalía General de la Nación, a pesar de no contar con los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que comprometiera a Gina Escobar López, la llamó a juicio sin las garantías constituciones y legales, situación irregular que fue avalada por el juez del circuito especializado de Buga al proferir sentencia condenatoria de primera instancia.

30. En quinto lugar, concluyó que «la fiscalía general de la nación y la rama judicial, son responsables de los daños causados por la privación injusta de la libertad de mi defendida, y no precisamente porque la medida de aseguramiento privativa de la libertad intramuro s, se profiriera sin el lleno de los requisitos legales contenidos en el artículo 308 el CPP, sino por el despliegue de actuaciones imprecisas por parte de la fiscalía, quien pese a las irregularidades en la formulación de imputación acusó a GINA ESCOBAR LÓPEZ, y como si lo anterior fuera poco, el juez de conocimiento aceptó en todas sus partes, los argumentos de la fiscalía para condenarla por un delito que no cometió, y prueba de ello es que pese a todo el tiempo que tuvo la fiscalía para encontrar los el ementos materiales de prueba que la inculparan, no los encontró, sencillamente porque no existían, ni existen tales pruebas, puesto que no fue mi defendida quien determinó la ejecución del delito por el que fue injustamente condenada».

inculparan, no los encontró, sencillamente porque no existían, ni existen tales pruebas, puesto que no fue mi defendida quien determinó la ejecución del delito por el que fue injustamente condenada».

31. Por último, con base en una sentencia del año 2011 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado (no referenció el radicado), sustentó que «la preclusión de la investigación por vencimiento de términos, da lugar a la aplicación del régimen de responsabilidad fundamentado en el artículo 90 de la Constitución Política/ privaciónRadicado: 76147-33-33-001-2019-00426-01

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injusta de la libertad, carga que la actora no estaba en la obligación de soportar, conlleva la obligación de resarcir los perjuicios».

7. Trámite de segunda instancia

32. El 17 de marzo de 202512, el Despacho admitió el recurso de apelación y advirtió que durante la ejecutoria de esa providencia las partes podían pronunciarse sobre el recurso de apelación, mientras que el Ministerio Público podía emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

33. La Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio. La parte demandante se pronunció dentro de la ejecutoria 13, pero ello es improcedente, dada su condición de único apelante (el numeral 5° del artículo 247 del CPACA14 lo que permite es que los sujetos procesales se pronuncien

pero ello es improcedente, dada su condición de único apelante (el numeral 5° del artículo 247 del CPACA14 lo que permite es que los sujetos procesales se pronuncien sobre los recursos de los demás intervinientes, y no sobre la apelación propia).

CONSIDERACIONES

1. Competencia

34. Según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este tribunal administrativo es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartago.

2. Problema jurídico

35. Determinar si debe confirmar se la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda porque la medida de aseguramiento a la que se vio sometida la señora Escobar López estuvo debidamente sustentada y no podía calificarse como privación injusta de la libertad, o si, por el contrario, como lo alega el recurso de apelación, debió condenarse a las entidades demandadas , toda vez que desde el inicio del proceso penal se cometieron irregularidades (falta de precisión fáctica y jurídica para imputar, acusar y condenar) que dificultaron el derecho de defensa y, en todo caso, porque la mera preclusión de la investigación bastaba para tener como injusta la privación de la libertad.

3. Solución del caso

36. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda, porque la parte actora no se aseguró de que al proceso se incorporaran las pruebas que

12 Índice 6 del expediente de segunda instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042601 en Tribunal Administrativo del Valle del Cauca).

la parte actora no se aseguró de que al proceso se incorporaran las pruebas que

12 Índice 6 del expediente de segunda instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042601 en Tribunal Administrativo del Valle del Cauca). 13 Índice 1 2 del expediente de segunda instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76147333300120190042601 en Tribunal Administrativo del Valle del Cauca). 14 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.Radicado: 76147-33-33-001-2019-00426-01

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permitieran analizar la antijuridicidad de la privación de la libertad de la señora Escobar López y, además, con las que obran en el expediente no puede concluirse que esta haya sido injusta.

37. Previo a abordar el caso concreto, la Sala se referirá a la responsabilidad del Estado por privación de la libertad.

3.1. La responsabilidad del Estado por privación de la libertad

38. La primera norma que expresamente estableció indemnización por privación injusta de la libertad fue el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 15. Ese artículo disponía que « quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria

disponía que « quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave».

39. Luego, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), al regular la responsabilidad patrimonial del Estado por acciones u omisiones de los agentes judiciales, incluyó la privación injusta de la libertad como uno de los eventos que comprometía la responsabilidad del Estado. En efecto, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 menciona que «quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios».

40. Esa norma fue condicionada por la Corte Constitucional (1996) 16 en los

siguientes términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fu ndamento constitucional se encuentra en los artículos 6, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los pro