TSDJ ANT - Sentencia 05000312100120220008801-20-10-2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA

SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS

SALA TERCERA

JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

Magistrado Ponente

Medellín, veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia n.° 018

Radicado: 05000-31-21-001-2022-00088-01

Proceso: Restitución y formalización de tierras — Consulta

Solicitante: MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA

Sinopsis:

Decisión: La no concesión del amparo a la restitución motivado en el retorno efectivo de los titulares inscritos y en las medidas reparativas, complementarias, indemnizatorias y satisfactorias de las víctimas, se aviene a una interpretación armónica y holística de las normas transicionales que ilustran el proceso de restitución.

Confirma.

1. ANTECEDENTES Se resuelve el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, mediante la cual se denegó la solicitud formulada por MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA. 1.1. Síntesis de las pretensiones y de la solicitud MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA solicita se proteja su derecho fundamental a la restitución de tierras en relación con el predio “Innominado”

1.1. Síntesis de las pretensiones y de la solicitud MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA solicita se proteja su derecho fundamental a la restitución de tierras en relación con el predio “Innominado” ubicado en la vereda La Florida del municipio de Granada (Antioquia), ID 4074.

Relación jurídica: Propietaria FMI N.°:1 018-28222 ORIP2 Marinilla Cédula catastral: No incorporado a la malla catastral Área georreferenciada: 2 Has 3485 m2

1 Folio de matrícula inmobiliaria. 2 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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Reclamante : MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA

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Afirma MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA que adquirió el predio mediante negocio jurídico de compraventa celebrado con el seño r Víctor Manuel García Vergara, a través de la escritura pública de compraventa No. 265 del dieciséis (16) de noviembre de 1985 en la Notaría Única de Granada, inscrito en el FMI No. 01828222.

Que la solicitante, con su núcleo familiar compuesto por su cónyuge el señor Libardo Emilio García Álzate (fallecido) y sus hijos Cenelly Uldary, María Magdalena, Olga Lucía, Eugenio de Jesús, María Eugenia, Ferney Emilio y Berta Nelly García Castaño, habitaban el predio en la vivienda allí existente

Lucía, Eugenio de Jesús, María Eugenia, Ferney Emilio y Berta Nelly García Castaño, habitaban el predio en la vivienda allí existente

Que para el año 200 4, con la llegada de la guerrilla a la región , se originaron enfrentamientos armados con los paramilitares, y procurando la salvaguarda de su integridad, se vieron obligados a desplazarse forzosamente hacia la ciudad de Medellín.

Que, no obstante, al momento de efectuarse la comunicación en el predio dentro del trámite de la inclusión en el RTDAF, se encuentra que este está siendo trabajado por el hijo de la solicitante con su autorización.

2. ACTUACIÓN PROCESAL 2.1. Trámite de la solicitud Por reparto le correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, quien la admitió por auto del 13 de septiembre de 20223 emitiendo las órdenes propias de esa decisión introductoria e impartiendo el trámite según los cánones de la Ley 1448 de 2011, como la notificación al alcalde de Granada4 y al Ministerio Público, 5 la sustracción provisional del comercio 6 y la publicación en un diario de amplia circulación nacional.7 2.2. La sentencia consultada El juzgado, como no se presentó oposición alguna, profirió la Sentencia N.º 035 (034) el 21 de junio de 2023, 8 en la cual resolvió negar la solicitud a MARÍA

ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA.

Para ello, encontró que MARÍA ERNESTINA y su familia fueron víctimas del conflicto

ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA.

Para ello, encontró que MARÍA ERNESTINA y su familia fueron víctimas del conflicto armado ocurrido en Granada, razón por la cual tuvieron que desplazarse en el 2004.

3 Portal de Tierras, trámite en otros despachos, consecutivo 7. 4 Ib. consecutivo 9. 5 Mismo lugar. 6 Ib.consecutivo 37. 7 Ib. consecutivo 25. 8 Ib. consecutivo 39.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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Reclamante : MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA

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No obstante, constataron que la reclamante y su familia lograron retornar al predio, lo cual hicieron con acompañamiento estatal y se encuentran establecidos en sus fundos en condiciones de estabilidad , al haber sido previamente beneficiaria de sentencia de restitución en el radicado 05-000-31-21-101-2019-00030-00, referida a un predio ubicado en el mismo municipio.

Por este camino, que, derivado de la calidad de víctimas, el grupo familiar: i) recibió reconocimiento de proyecto productivo ; ii) obtuvo subsidio de vivienda de interés social rural ; iii) obtuvo pagos de atención humanitaria en catorce oportunidades (entre los año s 2009 y 2016 ), « atención que fue suspendida toda vez que el hogar solicitante no presenta carencias en los componentes de subsistencia mínima»;9 iv) tuvo reconocimiento y pago de la medida de indemnización administrativa por el hecho de desplazamiento forzado; y v) fueron beneficiarios del programa Adulto Mayor, y

solicitante no presenta carencias en los componentes de subsistencia mínima»;9 iv) tuvo reconocimiento y pago de la medida de indemnización administrativa por el hecho de desplazamiento forzado; y v) fueron beneficiarios del programa Adulto Mayor, y no son potenciales beneficiarios de otros programas, toda vez que se encuentran caracterizados por el SISBEN como “no pobre, no vulnerable” 10.

Así las cosas, concluyó que el grupo familiar pudo reinstalarse en su predio, logrando la reactivación económica con explotación agrícola y acompañamiento estatal.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el asunto en grado jurisdiccional de consulta, según el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, toda vez que se negó la solicitud de restitución y formalización de tierras.

3.2. Problema jurídico y esquema de resolución

Corresponde establecer si le asistió razón al juzgador en negar las pretensiones de restitución y formalización incoadas por MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA respecto del predio “Innominado” ubicado en la vereda La Florida del municipio de Granada (Antioquia), ID 4074.

En caso contrario , se debe verificar si lo procedente era proteger el derecho a la restitución y formalización de tierras, y, en consecuencia, revocar el fallo consultado.

9 Ib. consecutivo 13. 10 Ib. consecutivo 36.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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10 Ib. consecutivo 36.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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Para desarrollar el problema planteado, la Sala abordará los siguientes tópicos: i) El grado jurisdiccional de consulta; ii) El fundamento del derecho a la restitución de tierras, y iii) El caso concreto, donde se analizará si se encontraban reunidos o no los presupuestos para acceder al derecho fundamental a la restitución de tierras respecto a quienes les fue negado.

3.3. El grado jurisdiccional de consulta

El inciso 4º del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 consagra la consulta cuando los Jueces Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras no decretan la restitución en favor de los reclamantes, siendo el Tribunal Superior de Distrito Judicial, en su Sala Civil Especializada, el que conoce de ella, esto, en defensa de los derechos de las víctimas y del ordenamiento jurídico.

Como ya lo ha dicho esta Sala, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia constitucional, «la consulta no es propiamente un recurso sino un grado jurisdiccional que faculta al superior funcional para advertir y enmendar errores jurídicos de que adolezca la decisión,11 diseño que responde a la necesidad de salvaguardar los derechos de aquellos sujetos que “requieren es pecial protección o de situaciones en que sea necesaria una instancia más en salvaguarda de las partes o a determinados intereses que en ellas encarnan”.12 Por ello, quien conoce de la consulta no queda atado a la prohibición de

sujetos que “requieren es pecial protección o de situaciones en que sea necesaria una instancia más en salvaguarda de las partes o a determinados intereses que en ellas encarnan”.12 Por ello, quien conoce de la consulta no queda atado a la prohibición de reforma en perjuicio, 13 y antes se constituye en un medio de control oficioso con amplias facultades para examinar la actuación surtida y todos aquellos aspectos que componen la controversia».14

Dicha institución jurídica, entonces, otorga facultad a los magistrados a realizar una intervención decidida para encontrar y reparar cualquier vulneración que observe se le haya causado a las pretensas víctimas del desplazamiento o abandono forzado de tierras no restituidas, como sujetos de especial protección constitucional.15

3.4. El fundamento del derecho a la restitución de tierras en el ordenamiento jurídico colombiano

El derecho fundamental16 a la restitución de tierras es una prerrogativa inmanente fundada en la dignidad humana que habilita a una persona para reclamar del Estado el restablecimiento de sus derechos relacionados con los inmuebles que detentaba a título de poseedor, propietario u ocupante y que se haya visto obligado a abandonar o de los que haya sido despojado como consecuencia de infracciones al

11 Sentencia T-389 de 2006. 12 C.S.J., 05/09/06, EXP. 1992-01069. 13 Sentencia C-968 de 2003. 14 Cf. Sentencia n.° 005 del 31 de mayo de 2021, expediente radicado 05000312100220180005101. 15 En el mismo lugar. 16 SU648/17, entre otras.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

15 En el mismo lugar. 16 SU648/17, entre otras.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos ocurridas en e l marco del conflicto armado interno, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley.

Probados los anteriores presupuestos, que son concurrentes, se abre paso la protección del derecho fundamental, debiéndose adoptar coetáneamente en fav or de las víctimas todas las medidas que sean requeridas para la restitución jurídica y/o material de las tierras, acompañadas de todas aquellas garantías que propendan por asegurar su efectividad y las propias encaminadas a la rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Si la restitución es material o jurídicamente imposible, procede la compensación en especie, reubicación o en dinero.

El proceso creado por el legislador para lograr esta reparación se encuentra estatuido en el Título IV de la Ley 1448 de 2011, se trata de un procedimiento mixto, administrativo — judicial, que se desenvuelve en un escenario de justicia transicional.

La Corte Constitucional ha entendido la justicia transicional como una «institución jurídica» por medio de la cual las sociedades integran esfuerzos con miras a mitigar los efectos y consecuencias de violaciones masivas a los derechos humanos ocurridos en el marco de un conflicto, avanzando hacia una etapa constructiva de

jurídica» por medio de la cual las sociedades integran esfuerzos con miras a mitigar los efectos y consecuencias de violaciones masivas a los derechos humanos ocurridos en el marco de un conflicto, avanzando hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia.17

Por tratarse de un proceso que se desenvuelve en el marco de una justicia que se aplica de manera excepcional y temporal, se justifica la flexibilidad de las normas que rigen la resolución de los casos sometidos a es ta especialidad, ello, en contraposición al modelo de justicia que se aplica en contextos ordinarios.

De este modo, figuras como la buena fe, 18 la prueba sumaria,19 las presunciones20 y la inversión de la carga de la prueba21 cobran una relevancia capital, que, sumadas a las facultades excepcionales que el propio estatuto otorga al funcionario judicial, se establecen en favor de las víctimas para lograr una adecuada y oportuna protección de los derechos fundamentales resquebrajados por el conflicto armado.

Lo anterior, sin dejar de lado la implementación de enfoques diferenciales, que no son más que el reconocimiento de la heterogeneidad de la población víctima, situación que permite atender las necesidades particulares de cad a grupo, reconociendo que los impactos del conflicto no son homogéneos. Es así como se

17 Cfr. Sentencias C-771/11 y C-579/13. 18 Art. 5, Ley 1448/11. 19 Arts. 78 y 158, ib. 20 Art. 77, ib. 21 Art. 78, ib.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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19 Arts. 78 y 158, ib. 20 Art. 77, ib. 21 Art. 78, ib.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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planteó el enfoque de género para las mujeres, para las orientaciones sexuales e identidades de género diversas (LGBTI+), enfoque Etario (niño, niña y adolescente, adulto mayor), enfoque para personas con discapacidad y el enfoque étnico.22

3.5. Del caso concreto

De entrada, se advierte que la decisión objeto de consulta será confirmada, por cuanto, como bien se describió en la sentencia , estamos ante una víctima que voluntariamente retornó al predio reclamado y que nunca perdi[PC1]ó la relación jurídica con el mismo.

En efecto, los medios probatorios del expediente que fueron sometidos a escrutinio por la jueza 23 dieron cuenta y permitieron colegir que MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA y su familia se desplazaron hacia Medellín en el año 2002. Igualmente, que dicho abandono ocurrió con ocasión del conflicto armado, específicamente, porque se originó cuando miembros de su grupo familiar fueron víctimas de amenazas por parte de miembros de grupos armados.

De esta manera, acertó la instructora en deducir la condición de víctimas por abandono forzado del reclamante y su familia. C omo también que los hechos victimizantes fueron consecuencia de graves violaciones a los Derechos Humanos

De esta manera, acertó la instructora en deducir la condición de víctimas por abandono forzado del reclamante y su familia. C omo también que los hechos victimizantes fueron consecuencia de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario perpetradas por los grupos alzados en armas al margen de la ley que opera ban en el municipio de Granada, lo que indubitablemente los convierte en víctimas del conflicto armado.

En cuanto al vínculo jurídico, quedó claro, a partir del estudio del FMI 018-28222 de la ORIP de Marinilla , que MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA es l a propietaria inscrita del inmueble reclamado.24

Ahora, la juez negó el amparo al derecho fundamental a la restitución porque las probanzas también acreditaron que la solicitante: i) aún conserva el derecho de dominio sobre el predio “Innominado” y ii) ha recuperado [PC2]la relación material con el mismo y han sido beneficiario s de diversas medidas estatales, las cuales les permitieron su estabilización socioeconómica.

22 Art. 13, ib. 23 Entre ellos la declaración de la reclamante y su hija Cenelly Uldary García Castaño (Consecutivo 6), el testimonio de Efraim Alexander Giraldo Zuluaga y Nicolás De Jesús Giraldo Ramírez (Consecutivo 5) y la constancia de inclusión en el RUV (Consecutivo 1 certificado

9D4608496A2F8559BBF99C563909F96F7AFE9F135B7B0F776A5626F556AA35A9).

constancia de inclusión en el RUV (Consecutivo 1 certificado 9D4608496A2F8559BBF99C563909F96F7AFE9F135B7B0F776A5626F556AA35A9). 24 Portal de Tierras, trámite en otros despachos, consecutivo 37.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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Así, el punto central de la discusión está en determinar si efectivamente el retorno de los propietarios y la implementación de medidas complementarias a su favor que los llevan a la estabilización frena la protección del derecho fundamental.

En cuanto al tema, analizando un caso de similares contornos, en reciente línea, la Sala mayoritaria decantó que, cuando se trata de propietarios víctimas que retornaron a sus tierras de tie mpo atrás y han logrado restablecer su proyecto de vida, no debe darse paso a la protección del derecho a la restitución, pues, habiendo cesado la vulnerabilidad y debilidad manifiesta que deriva del hecho victimizante , tanto por el retorno voluntario como porque se han beneficiado de los programas estatales para atención a las víctimas, han alcanzado el goce efectivo de sus derechos en los términos del artículo 67 de la Ley 1448 de 2011:25 En tal sentido, no existe fundamento para la intervención del Juez Especializado en Restitución de Tierras, al haberse dado un retorno voluntario por parte de las víctimas, enmarcado en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad, alcanzando el goce efectivo de sus derechos por las actuaciones desplegadas por sus propios medios,

Restitución de Tierras, al haberse dado un retorno voluntario por parte de las víctimas, enmarcado en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad, alcanzando el goce efectivo de sus derechos por las actuaciones desplegadas por sus propios medios, accediendo incluso a los beneficios de los distintos programas establecidos por el Gobierno Nacional como componentes de la atención integral en el marco de la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población d esplazada, actividad que se circunscribe a un trámite de carácter administrativo.

Por este camino, n o está de demás precisar que el desplazamiento no es lo que configura la prosperidad de la acción en los procesos de tierras, porque el artículo 74 de la L ey 1448/11 estableció dos figuras únicas e independientes, aunque interrelacionadas entre sí, que son el despojo y el abandono forzado de tierras, luego, es la configuración de un despojo o de un abandono forzado de tierras lo que abre paso a la acción.

El desplazamiento, muchas veces, es la génesis de estas figuras, pero no siempre deriva en su configuración, de ahí que el art. 74 ejusdem define el abandono forzado de tierras como una situación fáctica que obliga a una persona a desplazarse, pero, además, lo condiciona a que raíz de ello se vea impedida a ejercer la administración, explotación o contacto directo con los predios, obviamente, por conductas que se puedan asociar directa o indirectamente con el conflicto armado.

Esto debe leerse en consonancia con el art. 60 de la misma obra, que trae una definición concreta y diferente para el desplazamiento, esto es, como aquella

puedan asociar directa o indirectamente con el conflicto armado.

Esto debe leerse en consonancia con el art. 60 de la misma obra, que trae una definición concreta y diferente para el desplazamiento, esto es, como aquella migración forzada dentro del territorio nacional o fuera de este, dando lugar a dejar la localidad de residencia o las a ctividades económicas habituales de una persona porque la integridad física, seguridad o libertad personales han sido vulneradas.

25 Cf. Sentencia # 001 del 3 de febrero de 2025. Expediente radicado 05000312100120220009001. M.P. Puno Alirio Correal Beltrán.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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Por eso, a la luz del artículo 74 ejusdem, el desplazamiento puede ser temporal, y las víctimas pueden recobrar en uso y goce los inmuebles que dejan atrás cuando migran.

En este particular, pese al abandono del predio reclamado a raíz de la violencia en la vereda La Florida del municipio de Granada, quedó patente que la reclamante y su familia retornaron . Hecho reconocido desde la misma presentación de la demanda, estabilizándose económicamente y explotándolo sin impedimento alguno.

Ahora bien, p ara el restablecimiento de los derechos de las víctimas fue fundamental la ayuda institucional, conforme dio cuenta e l material probatorio adosado al plenario:

Por un lado, la Dirección Ejecutiva de FONVIVIENDA certificó que a MARÍA

fundamental la ayuda institucional, conforme dio cuenta e l material probatorio adosado al plenario:

Por un lado, la Dirección Ejecutiva de FONVIVIENDA certificó que a MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA se le asignó subsidio « mediante Resolución 156 del 31 de marzo de 2009 en la modalidad de ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA HOGARES PROPIETARIOS del proyecto INDIVIDUAL, legalizado mediante escritura pública 1502 de 28 de abril de 2006 sobre el bien inmueble Ubicado en la CRA 42C 109 38 (101) MEDELLÍN con matrícula inmobiliaria No 01N -5240392 en MEDELLÍN, ANTIOQUIA por un valor de $8.950.000 ».26

Además, el grupo familiar , que se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas — RUV, ha recibido los siguientes beneficios:27

1. Pagos de atención humanitaria:

Fecha de Pago Valor 11/30/2011 12:00:00 AM $ 1050000 7/23/2012 12:00:00 AM $ 1050000 11/30/2009 12:00:00 AM $ 1470000 8/17/2010 12:00:00 AM $ 1470000 1/6/2011 12:00:00 AM $ 1470000 4/19/2011 12:00:00 AM $ 1050000 8/4/2011 12:00:00 AM $1050000 2/24/2016 12:00:00 AM $1050000 3/26/2013 12:00:00 AM $1050000 10/2/2013 12:00:00 AM $1050000

2/24/2016 12:00:00 AM $1050000 3/26/2013 12:00:00 AM $1050000 10/2/2013 12:00:00 AM $1050000 5/16/2014 12:00:00 AM $1050000 1/21/2015 12:00:00 AM $1050000

26 Portal de Tierras, trámite en otros despachos, consecutivo 22. 27 Ib. consecutivo 13.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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7/7/2015 12:00:00 AM $1050000

1. Pago de la medida de indemnización administrativa , bajo los parámetros establecidos en las normas aplicables a la solicitud, por el hecho victimizante

de Desplazamiento Forzado. Por otro lado, la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social certificó que han sido be neficiarios del programas Adultos Mayores.28 Adicionalmente, según se indicó en la sentencia consultada, “ya le fue amparado el derecho fundamental a la restitución de tierras, en el proceso con radicado 05-00031-21-101-2019-00030-00, el cual fue instruid o por el Juzgado Civil del Circuito, Especializado en Restitución de Tierras Itinerante de Antioquia; además de que el predio que le fue restituido en el referido trámite judicial, se encuentra ubicado en el mismo municipio del que viene solicitando en esta oportunidad; de igual manera en aquel fallo fue beneficiaria de las medidas de reparación que ofrece la Ley de

predio que le fue restituido en el referido trámite judicial, se encuentra ubicado en el mismo municipio del que viene solicitando en esta oportunidad; de igual manera en aquel fallo fue beneficiaria de las medidas de reparación que ofrece la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como lo es el reconocimiento de proyecto productivo, subsidio de vivienda de interés social rural y las demás medidas dirigidas a las entidades que conforman el SNARIV”. 29 En suma, en el caso que ahora se analiza, se probó que la accionante y su núcleo familiar retornaron después de haberse visto obligado s a abandonar su predio, es decir, ella misma prevalida de su condición de titular del derecho de dominio , que aún conserva, y por sus propios medios, cesaron la situación de desplazamiento y abandono a que estuvo expuesto el inmueble “Innominado”, y en la actualidad y con ayuda del Estado , se encuentra n usufructuándolo sin disputas o reclamos de ninguna clase. En casos como estos, tal y como se ha sostenido en otros precedentes de la sala mayoritaria, se torna inane y «sin sustento una orden restitutoria»;30 pues no se está instando la formalización del bien o el saneamiento de la propiedad, petición que se justificaría bajo el entendido de que en el contexto transicional la restitución y la formalización se amalgaman de cara a una reparación con vocación trasformadora, pues se sabe que la solicitante, desde que adquiri ó el fundo, ha ejercido el pleno derecho de dominio, y no se advierte que sobre él recaigan falsas tradiciones o gravámenes qué sanear o cancelar por parte de la judicatura.

Por último, distinto a lo que sostuvo la vista fiscal, no encuentra la Sala que en casos

derecho de dominio, y no se advierte que sobre él recaigan falsas tradiciones o gravámenes qué sanear o cancelar por parte de la judicatura.

Por último, distinto a lo que sostuvo la vista fiscal, no encuentra la Sala que en casos como estos se justifique una restitución meramente simbólica, porque cuando los

28 Ib. consecutivo 36. 29 Ib. consecutivo 39, página 21. 30 Sentencia del 3 de marzo de 2021, Exp: 05000312110120180013801 y sentencia del 15 de julio de 2025, Exp: 05000312100120220006901.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

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reclamos se reducen exclusivamente a medidas que desde la ley de víctimas tienen el carácter de asistenciales (como salud y educación), para cuya concesión no se requiere la intervención judicial, al menos de las autoridades que integran la especialidad de tierras, este Tribunal ha señalado que « activar la jurisdicción para reclamar esta clase de medidas «desnaturaliza el proceso de restitució n», cuando este componente, de acuerdo al artículo 71 de la ley de víctimas, tiene como propósito “la realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente Ley”, restaurando y/o transformando los vínculos jurídicos de que trata el artículo 75».31 Además, y no menos importante:

(…) también se ha pretextado que si no media una orden del Juez de Tierras de restituir al

vínculos jurídicos de que trata el artículo 75».31 Además, y no menos importante:

(…) también se ha pretextado que si no media una orden del Juez de Tierras de restituir al «desplazado retornado» nadie lo toma en cuenta o no se le incluye en los programas de reparación que establece la Ley, o que las entidades administrativas «no funcionan» con la misma efectividad si no se cuenta con el aval o mandato de la jurisdicción. Lo cierto es que esa tesis «implica cohonestar con la omisión y el actuar displicente e irregular de las autoridades administrativas favoreciendo el desgano, (…) de pas o desconoce e invad[e] competencias administrativas suficientemente delimitadas en la ley», dilata en el tiempo la respuesta institucional en favor de las víctimas, lleva a que el juez sustituya, usurpe y se arrogue funciones de las autoridades competentes para la implementación de las medidas en favor de ellas, convirtiéndolos en ordenadores de gastos, propicia que muchas personas se salten los turnos de atención y priorización que operan en cada entidad para acceder a los distintos programas y subsidios, o soslayen requisitos y exigencias que la generalidad debe reunir, lo que generaría focos de injusticias, siendo que «existen otros mecanismos para efectivizar el cumplimiento de las normas cuando se trata de actos, hechos u omisiones administrativas, en l os que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan esa función para garantizar el derecho de retorno de las víctimas en condiciones de seguridad y transformación personal y familiar, así como de productividad y estabilidad económica».32

Así las cosas, no se acreditó el estado de debilidad manifiesta[PC3], la vulneración actual

condiciones de seguridad y transformación personal y familiar, así como de productividad y estabilidad económica».32

Así las cosas, no se acreditó el estado de debilidad manifiesta[PC3], la vulneración actual de los derechos de las víctimas del conflicto armado y el predio se encuentra debidamente formalizado, por lo que no se hace necesario, en este concreto caso, la intervención de la Judicatura para la concesión de medidas adicionales.

Corolario, la decisión del juzgado de instancia de no conceder el amparo a la restitución incoado por MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA, motivada en el retorno efectivo de la titular inscrita y en las medidas reparativas, complementarias, indemnizatorias y satisfactorias de las que ha sido receptora ella [PC4]y su núcleo familiar, se aviene a una interpretación armónica y holística de las normas transicionales que ilustran el proceso de restitución, lo que conllevará a confirmar el fallo consultado, sin lugar a condenar en constas ni otras consecuencias por no configurarse los presupuestos establecidos en el literal s) del art. 91 de la Ley 1448 de 2011.

4. DECISIÓN

31 Cf. Sentencia 19 -R del 3 de noviembre de 2021. Expediente radicado 05000312100120200002001. Magistrado Ponente Nattan Nismblat Murillo. 32 Ib.Expediente : 05000-31-21-001-2022-00088-01

Proceso : Restitución y formalización de tierras — Consulta

Reclamante : MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA

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En mérito de todo lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión Civil Especializada en

Proceso : Restitución y formalización de tierras — Consulta

Reclamante : MARÍA ERNESTINA CASTAÑO ZULUAGA

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En mérito de todo lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR