JCIR ANT - Sentencia 05000312100220250001500-10-10-2025

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SENTENCIA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 053

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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO

ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE ANTIOQUIA

Medellín, diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

PROCESO: Solicitud de restitución y formalización de tierras de las víctimas del despojo y abandono forzoso.

SOLICITANTE: María Adiela Daza Usme María Piedad Daza Usme REPRESENTANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras

Despojadas – Territorial Antioquia.

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SENTENCIA: Nº 053 - 2025

Declara procedente amparo al derecho fundamental a la restitución de tierras, a favor de la masa herencial de los causantes JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR, quien se identificaba en vida con cédula de ciudadanía No. 729.412 y MARÍA ERNESTINA USME DE DAZA, quien se identificaba en vida con cédula de ciudadanía No. 22.016.814 , en su condición de víctima de desplazamiento forzado del predio “Innominado” ID 182984, identificado con matrícula inmobiliaria No. 018 -190625 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públic os de Marinilla – Antioquia, y número predial 056670001000000090016000000000, ubicado en la vereda “La Estrella” del Municipio de San Rafael – Antioquia.

Oficina de Registro de Instrumentos Públic os de Marinilla – Antioquia, y número predial 056670001000000090016000000000, ubicado en la vereda “La Estrella” del Municipio de San Rafael – Antioquia.

1. ASUNTO

Al no advertir causales que puedan invalidar lo actuado, procede el despacho a proferir la decisión que en derecho corresponda, dentro el proceso de Restitución y Formalización de Tierras instaurado por la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – TERRITORIAL ANTIOQUIA (en adelante URT), a favor de las reclamantes MARÍA ADIELA DAZA USME , identificada con cédula de ciudadanía No. 22.019.280 y MARÍA PIEDAD DAZA USME, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.050.210, quienes actúan para sí y para la masa sucesoral de los causantes JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR , quien en vida se identificaba con cedula de ciudadanía 729.412 y MARÍA ERNESTINA USME DE DAZA, quien en vida se identificaba con cedula de ciudadanía 22.016.814 , en calidad de Ocupante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 inciso 2º, y 91 de la Ley 1448 de 2011.

2. ANTECEDENTES

La UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS , a través de uno de sus abogados, presentó solicitud a favor de las señoras MARÍA ADIELA DAZA USME, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.019.280 y MARÍA PIEDAD

sus abogados, presentó solicitud a favor de las señoras MARÍA ADIELA DAZA USME, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.019.280 y MARÍA PIEDAD DAZA USME, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.050.210, en calidad de legitimadas de sus padres fallecidos JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR , quien en vida se identificaba con cedula de ciudadanía 729.412 y MARÍA ERNESTINA USME DE DAZA , quien en vida se identificaba con cedula de ciudadanía 22.016.814.

La presente solicitud de restitución de tierras recae sobre el predio “Innominado” ID 182984, identificado con matrícula inmobiliaria No. 018-190625 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla – Antioquia, y nú mero predial 056670001000000090016000000000, con un área georreferenciada de 2 Ha +RADICADO: 05-000-31-21-002-2025-00015-00

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0322 mts2, ubicado la vereda La Estrella del municipio de San Rafael - Antioquia, y cuya vinculación con las reclamantes; según se reseña, se dio por herencia en favor del padre de la s solicitantes, el señor JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR , proveniente de su madre RITA SALAZAR.

Señala la URT, que en referencia a la destinación del predio objeto de reclamación, la solicitante indicó que tal inmuebl e fue explotado a través de actividades de

proveniente de su madre RITA SALAZAR.

Señala la URT, que en referencia a la destinación del predio objeto de reclamación, la solicitante indicó que tal inmuebl e fue explotado a través de actividades de agricultura, pues allí la familia DAZA USME tenía sembrados de café, caña, maíz, frijol, yuca, árboles frutales, además, tenían gallinas, peces, cerdos y ganado , los cuales eran comercializados para el sustento del hogar, además, tenían allí la casa en la cual residía con su núcleo familiar. Además, se indica que los padres de las reclamantes fallecieron con posterioridad al desplazamiento, es decir, su madre MARÍA ERNESTINA USME DE DAZA, falleció el 14 de marzo de 2021 y su padre JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR, falleció el 23 de febrero de 2025.

En lo que atañe a los hechos victimizantes que originaron el abandono forzado de l fundo relacionado, se reseña que la familia DAZA USME, se desplazó en el año 2003, debido a la v iolencia que se vivía en la vereda La Estrella de San Rafael – Antioquia, donde delinquían diferentes grupos al margen de la le y, entre ellos la guerrilla de las FARC, quienes de acuerdo a lo indicado en la solicitud, raptaron y asesinaron la señora Sulma Amparo Daza (hija de la reclamante María Adiela Daza Usme); y, posteriormente le s dieron a todo el grupo famil iar, un ultimátum para abandonar la vereda, por lo tanto, se vieran obligados a abandonar la vereda, y por ende el predio pretendido en la presente acción.

Usme); y, posteriormente le s dieron a todo el grupo famil iar, un ultimátum para abandonar la vereda, por lo tanto, se vieran obligados a abandonar la vereda, y por ende el predio pretendido en la presente acción.

Señala además el apoderado judicial de la solicitante, que consultado el aplicativo VIVANTO de la Unidad para la Atención y REPARACIÓN a las Víctimas (UARIV), se encuentra que los señores JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR , quien en vida se identificaba con cedula de ciudadanía 729.412 y MARÍA ERNESTINA USME DE DAZA , quien en vida se identificaba con cedula de ciudadanía 22.016.814, y su núcleo familiar, se encuentran registrados por el hecho victimizante de desplazamiento forzado ocurrido el 01 de octubre de 2003, en el municipio de San Rafael, Antioquia, cuyo estado es INCLUIDOS.

3. RELACIÓN SUCINTA DE LAS PRETENSIONES

3.1. Se depreca la protección del derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras a favor de la s reclamantes y su núcleo familiar y en consecuencia de esa protección, se declare a las señoras MARÍA MARGARITA DAZA USME, MARÍA ROSALBA DAZA USME, MARÍA ADIELA DAZA USMEMARÍA LIGIA DAZA USME, ALFONSO DE JESÚS DAZA USME , MARÍA PIEDAD DAZA USME y LUIS ENRIQUE DAZA USME, como titulares del derecho fundamental a la restitución de tierras, en su condición de víctima s del conflicto armado interno, que se vivió en el municipio de San Rafael – Antioquia.

fundamental a la restitución de tierras, en su condición de víctima s del conflicto armado interno, que se vivió en el municipio de San Rafael – Antioquia.

3.2. Se pide ordenar la restitución jurídica y material a favor de la masa sucesoral del causante JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR, identificado en vida con cédula de ciudadanía No. 729.412 y MARÍA ERNESTINA USME DE DAZA, identificada en vida con cédula de ciudadanía No. 22.016.814, sobre formalizar el predio “Innominado” ID 182984, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 018190625 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla – Antioquia, ubicado en la vereda La Estrella, del municipio de San Rafael – Antioquia, el cual actualmente se encuentra a nombre de la NACIÓN.RADICADO: 05-000-31-21-002-2025-00015-00

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En consecuencia, se ORDENE a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT adjudicar dicha masa sucesoral , el predio restituido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 91 de la Ley 1448 de 2011. Así mismo, ORDENAR su inscripción a la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Marinilla en el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 018-190625, aplicando el criterio de gratuidad al que se refiere el parágrafo 1º del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

en el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 018-190625, aplicando el criterio de gratuidad al que se refiere el parágrafo 1º del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

3.3. Reconocer el consecuente apoyo al retorno, y demás medidas asistenciales y/o complementarias concedidas a las víctimas a quienes se les restituyan sus predios, en los precisos y claros términos de enfoque diferencial y trámite preferente consagrados en la Ley 1448 de 2011.

4. ACTUACIÓN PROCESAL.

La solicitud fue repartida al despacho el día 30 de abril de 20251.

Efectuado el control de admisibilidad de la presente solicitud de restitución de tierras, se observó que la misma no cumplía con todos los requisitos regulados en el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011, por lo que el despacho mediante auto interlocutorio N° 362 del ocho (08) de mayo de 202 52, ordenó corrección de la solicitud, concediéndose el término de cinco (5) días.

Una vez subsanada, mediante auto interlocutorio N° 378 calendado el diecinueve (19) de mayo de 20253, se admitió la presente solicitud de restitución y formalización de tierras abandonadas, emitiendo las correspondientes órdenes y requerimientos a las distintas entidades inmersas en este proceso, conforme a lo consagrado en el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011.

Igualmente se ordenó la publicación por una sola vez, del citado proveído en un diario de amplia circulación nacional.

artículo 86 de la Ley 1448 de 2011.

Igualmente se ordenó la publicación por una sola vez, del citado proveído en un diario de amplia circulación nacional.

Durante el término de quince (15) días hábiles, entre el 28 de mayo de 2025 y el 19 de junio de 2025, el formato de comunicación de la admisión permaneció fijado en lugar visible del expediente digital4.

Con auto de sustanciación 113 del trece (13) de junio de 20255 y 138 del veinticinco (25) de junio de 20256, se requirió a algunas entidades para que dieran cumplimiento a lo ordenado en el auto que admitió la solicitud.

El 27 de junio de 202 57 el apoderado judicial de la parte reclamante aportó la constancia de publicación diario de amplia circulación Nacional, (El Tiempo), lo cual se realizó el día 15 de junio de 2025, lo que configura el acatamiento del deber de publicidad en los términos del artículo 86de la Ley 1448 de 2011.

Vencido el término para que se presentaran oposiciones, sin que nadie concurriese para tal efecto, mediante auto S-162 del nueve (09) de julio de 20258, como medio de control de legalidad, se verificó la correcta integración del contradictorio , se agregaron al expediente los soportes de la publicación en prensa de la admisión y se concedió el término de cinco días, para solicitar pruebas.

1 Ver consecutivo N° 01 del portal de restitución de tierras. 2 Ver consecutivo N° 02 del portal de restitución de tierras. 3 Ver consecutivo N° 06 del portal de restitución de tierras.

1 Ver consecutivo N° 01 del portal de restitución de tierras. 2 Ver consecutivo N° 02 del portal de restitución de tierras. 3 Ver consecutivo N° 06 del portal de restitución de tierras. 4 Ver consecutivo N° 13 del portal de restitución de tierras. 5 Ver consecutivo N° 23 del portal de restitución de tierras. 6 Ver consecutivo N° 31 del portal de restitución de tierras. 7 Ver consecutivo N° 38 del portal de restitución de tierras. 8 Ver consecutivo N° 57 del portal de restitución de tierras.RADICADO: 05-000-31-21-002-2025-00015-00

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Mediante auto interlocutorio Nro. 484 del dieciocho (18) de julio de 20259, se decretó la apertura del período probatorio.

El día 11 de septiembre de 202 510, se realizó audiencia de interrogatorios y testimonios, lo que quedó registrado a través de acta Nro. 042 del 11 de septiembre de 2025.

En la mencionada audiencia se requirió a la UAEGRT para los fines allí establecidos.

A través de Auto de sustanciación 384 del ocho (08) de octubre de 202511, se cerró el período probatorio y pasó el proceso a despacho en turno para emitir sentencia.

5. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia.

De conformidad con los artículos 79 y 80 de la Ley 1448 de 2011, este despacho es competente para decidir de fondo el asunto, como quiera que no se reconocieron

5. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia.

De conformidad con los artículos 79 y 80 de la Ley 1448 de 2011, este despacho es competente para decidir de fondo el asunto, como quiera que no se reconocieron opositores y el predio respecto del cual se solicita su restitución, se encuentra dentro de la circunscripción territorial asignada a esta judicatura12.

5.2. Legitimación.

Para efectos de legitimación en este proceso , la señora MARÍA ADIELA DAZA USME identificada con la cédula No 22.019.280 y MARÍA PIEDAD DAZA USME identificada con la cédula No 22.020.510, se present aron como herederas, por lo que aportan con la solicitud sus correspondientes registros civiles de nacimiento, identificados con los números seriales 383 y 13113, respectivamente , y registros civiles de la defunción de los señores JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR

(C.C. 729.412), con serial 1146725614 y MARÍA ERNESTINA USME DE DAZA

(C.C. 22.016.814), con serial 0645160015, donde se lee que, que su fallecimiento habría sido el día 23 de febrero del año 20 25 y 14 de febrero de 2021, respectivamente, en ese caso, se realiza la identificación de los posibles legitimados sobre el predio solicitado en restitución, entre quienes se identifica a sus hijos MARÍA MARGARITA DAZA USME, MARÍA ROSALBA DAZA USME, ALFONSO DE JESÚS DAZA USME, MARÍA PIEDAD DAZA USME y LUIS ENRIQUE DAZA USME.

MARÍA MARGARITA DAZA USME, MARÍA ROSALBA DAZA USME, ALFONSO DE JESÚS DAZA USME, MARÍA PIEDAD DAZA USME y LUIS ENRIQUE DAZA

USME.

5.3. Problema jurídico.

Consiste en determinar si los herederos de JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR, identificado en vida con cédula de ciudadanía No. 729.412 y MARÍA ERNESTINA USME DE DAZA , identificada en vida con cédula de ciudadanía No. 22.016.814, acreditan la condición de víctimas del conflicto armado interno por el hecho victimizante de desplazamiento forzado acaecido en la vereda La Estrella, del municipio de San Rafael – Antioquia.

9 Ver consecutivo N° 62 del portal de restitución de tierras. 10 Ver consecutivos N° 66 – 67 del portal de restitución de tierras. 11 Ver consecutivo N° 75 del portal de restitución de tierras. 12 Ver Acuerdo PSAA15-10410 del 23 de noviembre de 2015, artículo 3° literal b). 13 Ver consecutivo 1, expediente digital Rdo. 2025-00015, pruebas y anexos de la solicitud, registros de nacimiento. 14 Ver consecutivo 1, expediente digital Rdo. 2022-00015, pruebas y anexos de la solicitud, registro de defunción. 15 Ver consecutivo 1, expediente digital Rdo. 2022-00015, pruebas y anexos de la solicitud, registro de defunción.RADICADO: 05-000-31-21-002-2025-00015-00

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Sobre esa base, se definirá si la masa herencial de JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR, identificad o en vida con cédula de ciudadanía No. 729.412 y MARÍA ERNESTINA USME DE DAZA , identificada en vida con cédula de ciudadanía No. 22.016.814, tienen derecho a la restitución jurídica y material , del predio “Innominado” ID 182984, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 018190625 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla – Antioquia, ubicado en la vereda La Estrella, del municipio de San Rafael – Antioquia.

Ligado a lo anterior, es menester analizar si JUAN NEPOMUCENO DAZA SALAZAR, identificado en vida con cédula de ciudadanía No. 729.412 y MARÍA ERNESTINA USME DE DAZA , identificada en vida con cédula de ciudadanía No. 22.016.814, cumple n con los requisitos, para adquirir la titularidad del predio relacionado, a través del modo definido como ocupación, en tratándose de inmuebles Baldíos de la Nación, de conformidad con la Ley 1448 de 2011, la Ley 160 de 1994, Decreto - ley 902 de 2017, la Ley 2294 de 2023 y demás normatividad concordante.

Para dilucidar el problema planteado, el despacho abordará los siguientes tópicos: 5.2.1. El derecho fundamental a la Restitución de Tierras. 5.2.2. Contexto de

concordante.

Para dilucidar el problema planteado, el despacho abordará los siguientes tópicos: 5.2.1. El derecho fundamental a la Restitución de Tierras. 5.2.2. Contexto de violencia en el municipio de San Rafael – Antioquia, concretamente la vereda “ La Estrella” lugar donde se encuentra ubicado el predio denominado “Innominado” ID 182984 Un hecho notorio -. 5.2.3. Del Caso en Concreto. 5.2.3.1. Existencia del hecho generador del abandono forzado o del despojo y el consecuente daño para las víctimas. 5.2.3.2. Relación jurídica del solicitante sobre el predio reclamado . 5.2.3.3. De los bienes adjudicables – baldíos de la Nación - Posibles afectaciones o restricciones para adjudicación, Extensión de la Unidad Agrícola Familiar . 5.2.3.4. Legitimación o titularidad.

5.2.1. La Justicia Transicional y el Derecho Fundamental a la Restitución de Tierras.

Desde que en Colombia se hizo evidente el fenómeno de desplazamiento forzado, por causa del conflicto armado interno , doctrina y jurisprudencia han disertado sobre los derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación; derechos cuyos destinatarios son las víctimas de las vejaciones causadas por el conflicto. Tales garantías deben entenderse como los derechos a que se conozca qué fue lo que realmente ocurrió (verdad), a que el Estado investigue a los responsables del delito y los sancione ( justicia) y a que sean indemnizados por los daños ocasionados con el delito (reparación). Es así como surge de este último, surge el

que realmente ocurrió (verdad), a que el Estado investigue a los responsables del delito y los sancione ( justicia) y a que sean indemnizados por los daños ocasionados con el delito (reparación). Es así como surge de este último, surge el derecho a la restitución de tierras y bienes inmuebles.

Antecedentes legislativos de protección a los derechos de la población desplazada, los encontramos con la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia; así mismo se adoptaron instrumentos de carácter internacional que reconocen los derechos a la reubicación y restitución de tierra a los desplazados, ejemplo de ello s on: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Conversión Americana de Derechos Humanos, la Declaración de San José sobre Refugiados de Naciones Unidas y sus Protocolos Adicionales, la Declaración sobr e los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y del abuso del Poder, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Personas (Principios Deng, 21, 28 y 229), los Principios sobre la Restitución de las ViviendasRADICADO: 05-000-31-21-002-2025-00015-00

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y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas ( Principios Pinheiros, 7, 18, 21, 28 y 29 ), los formulados en 1998 por el representante del

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y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas ( Principios Pinheiros, 7, 18, 21, 28 y 29 ), los formulados en 1998 por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Desplazamiento Interno (Principios Rectores 28 a 30 ), entre otros, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en la medida que concretan el alcance de tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario , respecto de los desplazados internos, y que son fuente de derecho obligatorio.

La aplicación de esta normativa internacional , vinculante para el estado Colombiano, va encaminada a encontrar soluciones efectivas y duraderas para que las víctimas del desplazamiento, retornen de manera voluntaria a sus antiguos predios u hogares en condiciones de dignidad, seguridad y con las garantías de no repetición; es por esto que la restitución de tierras se erige como un verdadero derecho fundamental independiente, que restablece a las víctimas su estatus social, la vida en familia, el arraigo con la tierra, su libertad y la propiedad. Frente al retorno de los desplazados a sus tierras, la H. Corte Constitucional ha precisado lo siguiente en la sentencia T025 de 2004:

“()…Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, el mínimo al cual están obligadas las autoridades consiste en (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablez can en otro sitio, (ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de

personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los des plazados a un riesgo para su vida o integridad personal y (v) proveer el apoyo necesario para que el retorno se efectúe en condiciones de seguridad y los que regresen puedan generar ingresos para subsistir autónomamente…().”

En igual sentido, la H. Corte Constitucional ha señalado que la protección del derecho Fundamental a la Restitución de la Tierras, del que gozan las víctimas del desplazamiento y forzado:

“()…Sin duda alguna la especial protección sobre los derechos a la población desplazada especialmente lo referente a la reubicación y restitución de la tierra reviste de gran importancia entendiendo que el principal efecto de este fenómeno se centra el desarra igo y abandono de la misma, lo que sin duda conlleva una privación de los derechos sobre la explotación de la tierra como principal fuente de estabilidad social, laboral, económica y familiar. Esto si se tiene en cuenta que de acuerdo con los índices actua les de desplazamiento la gran mayoría proviene de zonas rurales, siendo la actividad agrícola la principal o única fuente de sostenimiento para dicha familia.

En consecuencia, dentro de las medidas dispuestas para la protección a las víctimas de desplazamiento se contempla el derecho a la restitución y por ello en el decreto 250 de 2005 en

En consecuencia, dentro de las medidas dispuestas para la protección a las víctimas de desplazamiento se contempla el derecho a la restitución y por ello en el decreto 250 de 2005 en desarrollo de los principio orientadores para la atención integral a la población desplazada se estipula el: “Enfoque restitutivo: Se entiende como la reposición equitativa de las pérdidas o daños materiales acaecidos por el desplazamiento, con el fin de que las personas y los hogares puedan volver a disfrutar de la situación e n que se encontraban antes del mismo. Las medidas de restitución contribuyen al proceso de reconstrucción y estabilización de los hogares afectados por el desplazamiento.”

Esta restitución debe extenderse a las garantías mínimas de restablecer lo perdido y volver las cosas al estado en que se encontraban previas a la vulneración de los derechos afectados, lo que comprende entre otros, “el derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma…” [7]. Este derecho de restitución a los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del respecto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la justicia retributiva. En este sentido, se le pueden atribuir algunas características: (i) ser un mecanismo de reparación y (ii) un derecho en sí mismo con independencia de que se efectué el restablecimiento.

En este contexto el derecho a la restitución es un componente esencial del Estado Social del DerechoRADICADO: 05-000-31-21-002-2025-00015-00

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por lo que el tratamiento a las víctimas del delito de desplazamiento forzado debe buscar el

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por lo que el tratamiento a las víctimas del delito de desplazamiento forzado debe buscar el restablecimiento de sus bienes patrimoniales lo cual debe enmarcarse dentro de lo previsto en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, los Principi os sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas…() 16.

Es claro entonces que, al protegerse el derecho a la restitución de la tierra, se está protegiendo el derecho a una vivienda digna como derecho fundamental autónomo para la población desplazada por hechos de violencia, bajo el entendido que quienes son obligados a desplazarse por hechos de violencia, ven desestabilizada su vida econ ómica, laboral, social y familiar, consecuencia lógica del desarraigo forzado.

5.2.2. Contexto de violencia en el municipio de San Rafael, concretamente en la vereda “La Estrella” -donde se encuentra el predio reclamado-, un hecho notorio.

Del Hecho Notorio: El conflicto armado que se vivió en la zona de la vereda “La Estrella”, del municipio de San Rafael - Antioquia, es lo que probatoriamente se denomina un hecho notorio que no requiere de ningún medio de prueba que lo acredite, pues el conocimiento que se tiene de dicho fenómeno no corresponde a un simple dato en la memoria de los ciudadanos, sino a hecho s que de manera contundente transformaron la vida de quienes los padecieron directamente y que fueron conocidos en todo el país.

Sobre este tópico la Corte Suprema de Justicia ha precisado:

contundente transformaron la vida de quienes los padecieron directamente y que fueron conocidos en todo el país.

Sobre este tópico la Corte Suprema de Justicia ha precisado:

“(...) El hecho notorio es aquél que por ser cierto, público, ampliamente conocido y sabido por el juez y el común de los ciudadanos en un tiempo y espacio local, regional o nacional determinado, no requiere para su acreditación de prueba por voluntad del legisl ador (notoria non egent probatione), en cuanto se trata de una realidad objetiva que los funcionarios judiciales deben reconocer, admitir y ponderar en conjunto con las pruebas obrantes en la actuación, salvo que su estructuración no se satisfaga a plenitud.

Es evidente que no se trata de un rumor público, esto es, de un hecho social vago, impreciso e indefinido, comentado de boca en boca sin tener certeza acerca de su fuente primigenia, defectos que lo tornan contrario a la certeza y que, por tanto, se impone descartarlo probatoriamente.

Tampoco corresponde al hecho que se ubica dentro del ámbito de conocimiento privado del juez, pues éste no es conocido por la generalidad de la ciudadanía, de modo que carece de notoriedad y por ello, no cuenta con el especial tratamiento legislativo de te nérsele como demostrado sin necesidad de un medio probatorio que lo acredite (…)”17.

Este mismo criterio lo reitera la jurisprudencia constitucional colombiana, cuando indica que:

“es conocido el principio jurídico de que los hechos públicos notorios están exentos de prueba por carecer ésta de relevancia cuando el juez de manera directa -al igual que la comunidadtiene establecido con certeza y por

indica que:

“es conocido el principio jurídico de que los hechos públicos notorios están exentos de prueba por carecer ésta de relevancia cuando el juez de manera directa -al igual que la comunidadtiene establecido con certeza y por su simple pe recepción que algo, en el terreno táctico, es de determinada forma y no de otra” 18

Se colige que, dentro del hecho públicamente notorio, entra el contexto de violencia generalizada vivido en Colombia, durante el desarrollo del conflicto armado interno, en el cual grupos ilegales al margen de la ley, perpetran a lo largo y ancho del territorio nacional transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y/o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos; las cuales fueron de público conocimiento a nivel global.

Esa definición jurisprudencial del hecho notorio se refuerza en la presente solicitud de restitución de tierras, con la prueba documental aportada por la UAEGRTD y fuentes de investigación, que dan cuenta del proceso de violencia generalizada,

16 Ver sentencia T-159 de 2011. Corte Constitucional. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 17 Ver Sentencia del 27 de abril de 2011. Segunda Instancia 34547. Justicia y Paz. Edwar Cobos Téllez y Uber Enrique Banquez Martínez, Sala de Casación Penal. M.P. María del Rosario González de Lemos. 18 Ver Sentencia del 10 de noviembre 1994. Corte Constitucional. Ref. Exp. T-37699. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.RADICADO: 05-000-31-21-002-2025-00015-00

SENTENCIA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 053

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Galindo.RADICADO: 05-000-31-21-002-2025-00015-00

SENTENCIA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS N° 053

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acaecido en la subregión del Oriente Antioqueño. Al respecto obran los siguientes medios de conocimiento:

• Documento Análisis de Contexto de la Violencia No. RA 00889 del 23 de mayo de 2018, realizado por la Unidad de Restitución de Tierras, en el municipio de San Rafael – Antioquia, veredas Balsas, Boquerón, Chico, Cirpes, Cuervos, Dantas, Danticas, El Bizcocho, El Brasil, El Cardal, El Charco, El Diamante, El Gólgota, El Ingenio, El Jague, El Silencio, Farallones, Guadual, Guadualito, Honda, La Clara, La Cumbre, La Estrella, La Florida, La Granja, La Luz, La pradera, Lo M