TSDJ BUG - Auto Interlocutorio 76111600016520240120701 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Auto Interlocutorio 76111600016520240120701 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

AUTO INTERLOCUTORIO

SEGUNDA INSTANCIA

Código: GSP-FT-46 Versión: 6 Fecha de Aprobación: 31/01/2025

¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 1447, piso 5, Despacho 05 1 Consejo Superior de la Judicatura Centro de Servicios Judiciales Control Garantías Buga

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

ANA MILENA DIAZ GONZALEZ

Radicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delitos: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Guadalajara de Buga, 3 de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

Aprobado según Acta No.855

1. OBJETIVO La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica en contra del auto interlocutorio No. 124 de 28 de septiembre de 2026, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tuluá Valle, dentro del proceso que se adela nta en contra de RONALD ANDICA MOSQUERA como presunto autor de un delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

2. ANTECEDENTES

El día 16 de noviembre de 202 4, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, instancia procesal en que la Fiscalía 39 Local de Buga, Valle, le dio a

2. ANTECEDENTES

El día 16 de noviembre de 202 4, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, instancia procesal en que la Fiscalía 39 Local de Buga, Valle, le dio a conocer al procesado la calificación jurídica provisional, correspondiente a tráfico, fabricación o porte de estupefaciente s (artículo 376, inciso 1 del C.P), a título de autor. Asimismo, expuso los hechos jurídicamente relevantes que fundamentan la investigación adelantada en su contra.Radicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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Para tal efecto, el ente acusador comunicó en audiencia lo siguiente:1

“El día 15 de noviembre de 2024, aproximadamente entre las 12:40 y 12:50 de ese día, en la vía que conduce de Cali a Andalucía, entre el sector del kilómetro 78 + 600 y el kilómetro 65 + 500 —eso es jurisdicción del municipio de San Pedro, estamos hablando entonces de ese kilómetro, de esos kilómetros, eso es aquí en el Valle del Cauca—, usted, señor Ronald Andica Mosquera, identificado con la cédula 6.107.800, se transportaba en una motocicleta NMAX, color negro, marca Yamaha, de placas ELR -36G, modelo 202 3, motor

Cauca—, usted, señor Ronald Andica Mosquera, identificado con la cédula 6.107.800, se transportaba en una motocicleta NMAX, color negro, marca Yamaha, de placas ELR -36G, modelo 202 3, motor G3L8E0936418 y chasis 9FKSG6712P2936418.

Bueno, usted se transportaba en esa motocicleta, y en esa motocicleta llevaba también consigo, y sin permiso de autoridad competente, al interior de una maleta, un maletín color negro con naranja, donde llevaba 15 paquetes forrados en cinta color beige con una sustancia que tenía marihuana. A la vez, se transportaba en esa motocicleta y, adentro de la cajuela de la motocicleta, tenía más de 10 paquetes forrados en cinta color beige que también resultó ser marihuana, la cual dio un peso bruto —o sea, un peso general— de 14.145 gramos y un peso neto, después de retirar los empaques, de 11.870 gramos; es decir, 11 kilos y 870 gramos de esa sustancia que resultó ser positiva para marihuana y sus derivados. Esos elementos o sustancias son estupefacientes cuyo por te, tenencia o transporte está prohibido sin permiso de una autoridad competente conforme al legislador colombiano, siendo solo autorizado para el consumo personal conforme a la Ley 30 de 1986.

Es decir, eso de transportar o importar ese tipo de sustancias requiere un permiso. Usted, señor Ronald Andica Mosquera, como ya lo ha manifestado la Fiscalía, llevaba consigo esa sustancia y la transportaba con unas finalidades claras: la finalidad de ofr ecerla, venderla,

un permiso. Usted, señor Ronald Andica Mosquera, como ya lo ha manifestado la Fiscalía, llevaba consigo esa sustancia y la transportaba con unas finalidades claras: la finalidad de ofr ecerla, venderla,

1 Expediente Digital “76834310400120250000100” Carpeta “001CarpetasPreliminares” Archivo digital “009ActaPreliminarDroga16DeNoviembre2024” link de audiencia - Inicia Minuto: 1:34:45Radicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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distribuirla y/o suministrarla a cualquier título a los consumidores finales que están en el lugar de destino al que usted pretendía transportarse y llevarla consigo.

Usted, señor Ronald, carecía de un permiso para el manejo de esas sustancias y productos controlados, acorde con lo establecido en la normativa colombiana, acorde con el Decreto 585 de 2018. Es decir, hay una normatividad que dice que, para usted portar eso, tiene que llevar consigo un permiso y estar autorizado. Tampoco, señor Ronald, hasta el momento en que empieza esta audiencia, usted ha manifestado ni presentado ninguna evidencia que justifique extralegalmente su conducta, que justifique que usted llevaba eso.

En consecuencia, señor Ronald, su comportamiento empleó lo que

hasta el momento en que empieza esta audiencia, usted ha manifestado ni presentado ninguna evidencia que justifique extralegalmente su conducta, que justifique que usted llevaba eso.

En consecuencia, señor Ronald, su comportamiento empleó lo que llamamos un riesgo jurídicamente relevante y desaprobado. ¿Por qué? Porque cuando usted lleva esa droga para dejarla a disposición de otras personas, lo que hace es poner en peligro la salud pública, la salud de una comunidad en general, porque le permite la disponibilidad de esas sustancias que son tóxicas y generan riesgos de adicción, y, por lo tanto, tóxicas para la salud, con una potencialidad de adicción y de efectos negativos en la salud humana. Por lo tanto, con el solo hecho de llevar esa sustancia y posibilitar su disponibilidad en otros sectores, usted afecta la salud de la comunidad.

Usted, señor Ronald, sabía — y esto es lo que se conoce como el dolo—, sabía que llevaba consigo ese maletín color naranja con negro con 15 paquetes de marihuana; sabía que llevaba en la cajuela de la motocicleta y transportaba esos otros 10 paquetes con marihuana; sabía que esa marihuana pesaba por lo menos esos 11.870 gramos u 11 kilos y 870 gramos; sabía que portaba y transportaba esas sustancias sin permiso de autoridad competente para tal fin; sabía que al llevar esa sustancia ponía en riesgo la salud pública de todas las personas que consumieran esa sustancia; sabía que llevaba esa sustancia con la intención de suministrarla o venderla a cualquier títuloRadicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26)

personas que consumieran esa sustancia; sabía que llevaba esa sustancia con la intención de suministrarla o venderla a cualquier títuloRadicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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a los consumidores finales; y, además, sabiendo todo, quiso ejecutar esa conducta y llevar consigo esa sustancia estupefaciente.

Usted no estuvo amparado en ese momento por ninguna causal de justificación, es decir, una norma que le permitiera realizar esa conducta; por lo tanto, todo lo que usted hizo fue contrario a la ley, que es lo que nosotros los abogados llamamos antijurídico.

Por último, señor Ronald, cuando llevó a cabo su conducta, usted era una persona mayor de edad, inserta en la sociedad, con la capacidad de comprender la ilicitud de lo que estaba haciendo y de autodeterminarse, es decir, actuar conforme a esa comprensión de ilicitud. Si usted sabía que lo que hacía era un delito y tenía la capacidad de decidir si cometía o no el delito, no tenía ninguna manifestación de anomalía motivacional, psicológica o mental que le impidiera conocer que estaba llevando esa droga; por lo tanto, señor Ronald, en ese momento le era exigible comportarse conforme a derecho, es decir, respetar la norma prohibitiva.

¿Cuál norma prohibitiva? Estos hechos violan una norma penal. Esa

que estaba llevando esa droga; por lo tanto, señor Ronald, en ese momento le era exigible comportarse conforme a derecho, es decir, respetar la norma prohibitiva.

¿Cuál norma prohibitiva? Estos hechos violan una norma penal. Esa norma penal está contenida en el artículo 376 del Código Penal, la cual usted debe conocer muy bien porque ya fue condenado una vez por esta conducta. Esa norma nos dice: “El que, sin permis o de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, [en este caso, transporte, lleve consigo] a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas tendrá una pena entre ciento veintiocho (128) a tresci entos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Es decir, señor Ronald, cometió ese delito de tráfico de estupefacientes (artículo 376) y, por la cantidad, porque supera los diez kilos de marihuana, esta conducta tiene una pena de entre 128 a 360 meses, que equivale —se lo traduzco— a 10 años y medio más o menos. PorRadicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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lo tanto... perdón, por lo tanto, señor Ronald, esos son los hechos y esa es la conducta punible por la que usted, a partir de ahora, va a ser vinculado al proceso penal.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación el 23 de enero de 20252, el cual por reparto asumió conocimiento del proceso el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tuluá Valle.

En la primera sesión para llevar a cabo audiencia de formulación de acusación, en fecha 7 de abril de 2025 3, la defensa argumentó su solicitud encaminada a un cambio de jurisdicción en razón a que el procesado tiene fuero indígena. Sin embargo, el juez de instancia negó la solicitud a través del auto interlocutorio No. 037 de 7 de abril de esa calenda , decisión la cual fue apelada por la defensa técnica4.

El recurso de alzada fue desatado por la Corte Constitucional mediante Auto 1609 de 20255, en el que resolvió dirimir el conflicto y declarar que el conocimiento del proceso corresponde al Juzgado Primero Penal del Circuito de Tuluá.

Finalmente, la audiencia de formulación de acusación tuvo lugar el 9 de abril de 2026.6 En esa oportunidad procesal, la Fiscalía 15 Seccional de Tuluá, Valle, acusó a RONALD ANDICA MOSQUERA como probable autor y responsable por un delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, ubicado en el artículo 376, inciso

a RONALD ANDICA MOSQUERA como probable autor y responsable por un delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, ubicado en el artículo 376, inciso primero, del Código Penal.

El 28 de septiembre de 2026 se llevó a cabo la audiencia preparatoria 7, etapa procesal en la cual las partes solicitaron el decreto de los medios de convicción que harían valer en el juicio oral. En dicha diligencia, el a quo decretó la totalidad de las pruebas solicitadas por la Fiscalía General de la Nación y respecto de la defensa

2 Carpeta “001Acusacion20250123” Archivo digital “003ActaReparto” 3 Carpeta “001Acusacion20250123” Archivo digital “017Acta114FormulacionAcusacionRecursoApelacionJurisdiccionYCompetencia-07-04-25” 4 Inicialmente el recurso de apelación lo conoció la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Buga, sin embargo, esta se abstuvo de resolverlo y fue remitido a la Corte Constitucional. 5 Carpeta “001Acusacion20250123” Archivo digital “023ProvidenciaCorteConstitucionalResuelveCOnflictoJurisdiccion14102025” 6 Carpeta “001Acusacion20250123” Archivo digital “031Acta093ContinuacionAcusacion-09-04-26” 7 Carpeta “001Acusacion20250123” Archivo digital “042Acta303Preparatoria-28-09-26RecursoApelacion”Radicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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técnica, inadmitió algunas de sus solicitudes probatorias por considerarlas impertinentes.

3. AUTO APELADO

Mediante Auto Interlocutorio No. 124 de 28 de septiembre de 2026 8, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá resolvió las solicitudes probatorias formuladas por la Fiscalía y la defensa dentro del proceso seguido contra RONALD ANDICA MOSQUERA por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Respecto de la Fiscalía, decretó los testimonios de los agentes que participaron en la captura e incautación de la sustancia, así como los informes de captura, incautación, cadena de custodia, álbum fotográfico y los dictámenes preliminar y definitivo dest inados a establecer la naturaleza de la sustancia incautada, rechazando las solicitudes de inadmisión y rechazo formuladas por la defensa.

En cuanto a la defensa, decretó los testimonios y documentos orientados a demostrar la pertenencia del procesado a una comunidad indígena, las prácticas de medicina ancestral relacionadas con el cannabis y la tesis alternativa según la cual la sustancia transportada estaba destinada a fines medicinales del resguardo. No obstante, inadmitió, por considerar impertinentes, específicamente el certificado

de medicina ancestral relacionadas con el cannabis y la tesis alternativa según la cual la sustancia transportada estaba destinada a fines medicinales del resguardo. No obstante, inadmitió, por considerar impertinentes, específicamente el certificado de Cámara de Comercio y el Registro Único Tributario (RUT) de la empresa HID Allianz S.A.S. , al considerar que estos documentos únicamente acreditarían la existencia y actividad comercial de dicha sociedad, aparentemente relacionada con la comercialización de café, sin establecer una conexión directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes.

Para el a quo, tales documentos no permitían demostrar la pertenencia de RONALD ÁNDICA MOSQUERA a la comunidad indígena, la finalidad medicinal o ancestral del cannabis, la autorización para transportarlo ni la relación de la sustancia incautada con las actividades de la empresa HID Allianz S.A.S., por tanto, carecían

8 Expediente Digital “76834310400120250000100” Carpeta “001Acusacion20250123” Archivo digital “041AudienciaPreparatoria-28-09-26” Inicia Minuto: 1:30:10Radicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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de pertinencia frente a la teoría alternativa de la defensa y no contribuían a esclarecer la responsabilidad penal del procesado.

4. APELACIÓN

Defensa técnica9

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de pertinencia frente a la teoría alternativa de la defensa y no contribuían a esclarecer la responsabilidad penal del procesado.

4. APELACIÓN

Defensa técnica9

Inconforme con la decisión adoptada por el juez de instancia, la defensa técnica del procesado interpuso recurso de apelación, sustentando su disenso en dos motivos principales. Por una parte, impugnó la admisión del informe definitivo de laboratorio y el testimonio del perito encargado de sustentarlo, aduciendo que la Fiscalía solicitó el examen de certeza el 10 de abril de 2026, esto es, con posterioridad a la audiencia de formu lación de acusación celebrada el 9 de abril del mismo año, momento en el que precluyó la oportunidad procesal para solicitar y descubrir los elementos probatorios destinados al juicio oral.

Al respecto, enfatizó que el artículo 415 de la Ley 906 de 2004 no constituye una habilitación ilimitada para incorporar pruebas extemporáneas, por lo que el despacho debió exigir el descubrimiento oportuno tanto del informe pericial como del testigo. En c onsecuencia, alegó la vulneración de las garantías del debido proceso, la defensa y la igualdad de armas, solicitando por ello el rechazo del informe y la inadmisión del testimonio del perito.

Por otra parte, la recurrente apeló la inadmisión del certificado de la Cámara de Comercio y del Registro Único Tributario (RUT) de la empresa HID Allianz S.A.S. Sobre el particular, argumentó que tales documentos resultan pertinentes para acreditar la actividad laboral formal y lícita de RONALD ANDICA MOSQUERA en la

Comercio y del Registro Único Tributario (RUT) de la empresa HID Allianz S.A.S. Sobre el particular, argumentó que tales documentos resultan pertinentes para acreditar la actividad laboral formal y lícita de RONALD ANDICA MOSQUERA en la comercialización de café, así como su arraigo, su adscripción a la comunidad indígena y las contribuciones que realiza en favor de sus integrantes. A su juicio, estos medios de convicción respaldan la hipótesis defensiva al desvirtuar que el procesado se dedique al tráfico o comercialización de sustancias estupefacientes,

9 Ibidem Inicia Minuto: 1:49:50Radicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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razón por la cual instó a revocar la determinación de primera instancia y admitir las citadas documentales.

5. NO RECURRENTES

Fiscalía general de la Nación10

Por su parte, el representante de la Fiscalía General de la Nación, en calidad de no recurrente, solicitó a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Buga confirmar en su totalidad el auto impugnado. Para fundamentar su petición, sostuvo, en prime r lugar, que la decisión de primera instancia acertó al inadmitir los documentos presentados por la defensa , como fueron la Cámara de Comercio y

confirmar en su totalidad el auto impugnado. Para fundamentar su petición, sostuvo, en prime r lugar, que la decisión de primera instancia acertó al inadmitir los documentos presentados por la defensa , como fueron la Cámara de Comercio y RUT de la empresa HID Allianz S.A.S, dada su manifiesta impertinencia respecto del objeto del proceso.

En segundo lugar, arguyó que la defensa carece de legitimación e idoneidad para apelar la admisión del dictamen pericial de certeza y el testimonio del perito, toda vez que, conforme a una lectura exegética del numeral 5º del artículo 177 de la Ley 906 de 2004, la providencia que admite un medio probatorio para el juicio oral es, por regla general, irrecurrible, salvo que se haya invocado expresamente la exclusión probatoria por vulneración de garantías fundamentales. Al respecto, enfatizó que la defensora limitó formalmente su pretensión a solicitar el rechazo e inadmisión de dicha prueba pericial y no su exclusión, por lo que la alzada incoada por la defensa resulta improcedente.

6. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala tiene competencia para resolver el recurso de apelación, ello con fundamento en el artículo 34 de la Ley 906 de 2004; en efecto, dicha norma contempla que los tribunales superiores del distrito judicial conocen de los recursos

10 Ibidem Inicia Minuto: 1:54:28Radicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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de apelación interpuestos contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces penales del circuito.

2. Problema jurídico

Atendiendo el interés que le asiste al apelante, corresponde en esta ocasión a la Sala dilucidar si el juez de primera instancia erró al (i) negar la solicitud de rechazo e inadmisión del informe pericial de laboratorio y del testimonio del perito presentados por la Fiscalía y (ii) al inadmitir, por considerarlos impertinentes, el certificado de Cámara de Comercio y el Registro Único Tributario (RUT) de la empresa HID Allianz S.A.S. solicitados por la defensa.

Cuestiones preliminares

Antes de abordar el fondo de la inconformidad, corresponde a la Corporación precisar la procedencia del recurso de apelación frente a las decisiones probatorias adoptadas en la audiencia preparatoria.

Por regla general, el auto que decreta o admite una prueba no es susceptible de apelación, sino únicamente de reposición, pues su admisión no ocasiona un perjuicio definitivo para la parte contraria, que conserva la posibilidad de controvertirla durante el juicio oral mediante el interrogatorio, el contrainterrogatorio y la confrontación, salvo cuando se decide sobre la exclusión de la prueba por ilegal o ilícita o cuando la alzada deviene de la decisión del rechazo de una prueba. Así lo

controvertirla durante el juicio oral mediante el interrogatorio, el contrainterrogatorio y la confrontación, salvo cuando se decide sobre la exclusión de la prueba por ilegal o ilícita o cuando la alzada deviene de la decisión del rechazo de una prueba. Así lo ha reiterado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la providencia AP441-2023, rad. 62512:

“De modo que la jurisprudencia ha decantado que s erá improcedente la apelación que se dirija a cuestionar un decreto probatorio; no obstante, cuando dicha admisión tenga como precedente una petición de exclusión por violación de garantías fundamentales o de rechazo derivado de un indebido descubrimiento probatorio, el recurso de alzada es procedente”.Radicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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Dicho lo anterior, la citada regla encuentra respaldo en el artículo 177 de la Ley 906 de 2004, numeral 4º, el cual prevé la apelación contra el auto que niega la práctica de una prueba en el juicio oral, mientras que el numeral 5º la establece frente al auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral. En este último evento, la apelación procede tanto si el juez accede a la exclusión como si la niega, pues en ambos casos se debate la posible afectación de garantías fundamentales derivada

que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral. En este último evento, la apelación procede tanto si el juez accede a la exclusión como si la niega, pues en ambos casos se debate la posible afectación de garantías fundamentales derivada de la legalidad o licitud del medio de conocimiento.

También procede la apelación cuando la decisión impugnada resuelve una solicitud de rechazo por indebido descubrimiento probatorio, tanto si niegan o admiten la solicitud. El artículo 346 ibídem dispone que los elementos probatorios y la evidencia física que debían descubrirse y no fueron descubiertos oportunamente no pueden ser aducidos, convertidos en prueba ni practicados durante el juicio y ordena al juez rechazarlos, salvo que la omisión obedezca a una causa no imputable a la parte.

En este supuesto, la controversia no se limita a la admisión formal del medio de conocimiento, sino que versa sobre la posibilidad jurídica de incorporarlo al juicio y sobre la protección de los derechos de defensa, contradicción e igualdad de armas.

En consecuencia, deben diferenciarse tres situaciones: i) contra el auto que simplemente decreta o admite una prueba procede, por regla general, procede el recurso de reposición; ii) contra el auto que niega o inadmite una prueba solicitada por una de las partes procede la apelación, porque impide su práctica y iii) también procede recurso de apelación contra la decisión que resuelve una solicitud de exclusión por ilegalidad o ilicitud, o una petición de rechazo fundada en el incumplimiento del deber de descubrimiento11.

En el presente caso, la defensa no cuestiona el informe de investigador de

exclusión por ilegalidad o ilicitud, o una petición de rechazo fundada en el incumplimiento del deber de descubrimiento11.

En el presente caso, la defensa no cuestiona el informe de investigador de laboratorio y el testimonio del perito únicamente por su pertinencia o utilidad, sino que sostiene que debieron ser rechazados por descubrimiento extemporáneo. Por tanto, aunque el juez de primera instancia finalmente los decretó, la materia real de la impugnación corresponde a una solicitud de rechazo sustentada en el artículo

11 Véase también pronunciamientos como CSJ AP1403 2019 Rad. 54776Radicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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346 de la Ley 906 de 2004 . Al estar comprometidas la oportunidad del descubrimiento probatorio, el derecho de defensa, la contradicción y la igualdad de armas, el recurso de apelación resulta procedente.

Sobre la solicitud de rechazo

El descubrimiento probatorio es condición necesaria para admitir una prueba y consiste en publicitarle a la contraparte el material probatorio que se ha obtenido en la investigación del caso, lo que evita sean sorprendidas en el juicio oral con pruebas res pecto de las cuales no tuvieron posibilidad de prepararse para refutarlas, contradecirlas o desvirtuarlas.

en la investigación del caso, lo que evita sean sorprendidas en el juicio oral con pruebas res pecto de las cuales no tuvieron posibilidad de prepararse para refutarlas, contradecirlas o desvirtuarlas.

La Fiscalía, por mandato establecido en el artículo 250 de la Constitución, tiene la obligación de descubrir la totalidad del material probatorio que haya encontrado en las fases de indagación e instrucción del proceso, incluyendo las que favorezcan al procesado. En efecto, dicha norma contempla que “En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado”.

La enorme importancia que tiene el descubrimiento probatorio hace que su incumplimiento se castigue con el rechazo de la prueba respecto de la cual se omite su publicidad oportuna a la contraparte, por lo que no podrá practicarse en el juicio oral. Al resp ecto, el artículo 346 de la Ley 906 de 2004 establece que “Los elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada”.

En el caso sub examine , l a defensa sostuvo que el informe de investigador de

que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada”.

En el caso sub examine , l a defensa sostuvo que el informe de investigador de laboratorio (dictamen de certeza) y el testimonio del perito debían rechazarse,Radicación: 76-111-60-00-165-2024-01207-01 (AC-605-26) Acusado: Ronald Ándica Mosquera Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

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porque la Fiscalía solicitó el examen de certeza el 10 de abril de 2026, después de celebrada la audiencia de formulación de acusación de 9 de abril de 2026, fecha que, según su postura, marcaba el límite para descubrir y solicitar los elementos probatorios.

La Sala no comparte ese argumento , pues el artículo 346 de la Ley 906 de 2004 sanciona con el rechazo los elementos que debían descubrirse y no fueron descubiertos oportunamente, salvo que la omisión no sea imputable a la parte. Por tanto, la consecuencia procesal no se produce por el solo hecho de que la orden de investigación o el informe hayan sido emitidos con posterioridad a la audiencia de acusación, sino cuando se acredita que la Fiscalía ocultó o dejó de descubrir oportunamente la existencia de la prueba.

En este caso, conforme a lo establecido por el juez de primera instancia, quien indicó que durante la audiencia de formulación de acusación de 9 de abril de 2026

oportunamente la existencia de la prueba.

En este caso, conforme a lo establecido por el juez de primera instancia, quien indicó que durante la audiencia de formulación de acusación de 9 de abril de 2026 la Fiscalía ya había anunciado la existencia del informe de investigador de laboratorio destinado a establecer la naturaleza de la sustancia incautada, así como la relación con la prueba testimonial del perito llamado a rendir testimonio en juicio. Dicho esto, la actuación del 10 de abril de 2026 correspondió a la gestión posterior del análisis y no al descubrimiento inicial de una prueba desconocida para la defensa.

Al confrontar el escrito de acusación 12 como el registro audiovisual de la correspondiente audiencia de formulación, la Sala constata que el delegado de la Fiscalía General de la Nación cumplió oportunamente con el deber de revelación, pues desde dicha etapa procesal relacionó ex

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