TSDJ BUG - Auto Interlocutorio 76275600017420220020101 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Auto Interlocutorio 76275600017420220020101 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

AUTO INTERLOCUTORIO

SEGUNDA INSTANCIA

Código: GSP-FT-46 Versión: 6 Fecha de Aprobación: 31/01/2025

¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 1447, piso 5, Despacho 05 1 Consejo Superior de la Judicatura Centro de Servicios Judiciales Control Garantías Buga

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

ANA MILENA DIAZ GONZALEZ

Radicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC-627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delitos: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones Guadalajara de Buga, seis (6) de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

Aprobado según Acta No. 874

1. OBJETIVO Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica contra el auto interlocutorio No. 138 de 2 de octubre de 2026, proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, mediante el cual improbó el preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso adelantado en contra de los señores JAIRO ANDRÉS PEREA PERLAZA y ÓSCAR STIVEN VIDAL, como presuntos coautores del delito de

mediante el cual improbó el preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso adelantado en contra de los señores JAIRO ANDRÉS PEREA PERLAZA y ÓSCAR STIVEN VIDAL, como presuntos coautores del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

2. ANTECEDENTES

El 25 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 13:53 horas, en la carrera 5 con calle 5 de San Antonio de los Caballeros, Florida Valle , agentes de la Policía Nacional abordaron a los señores ÓSCAR STIVEN VIDAL y JAIRO ANDRÉS PEREA PERLAZA, quienes se movilizaban en una motocicleta conducida por el primero,Radicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 1447, piso 5, Despacho 02 2

mientras el segundo iba como parrillero. Luego de que atendieran la señal de pare, los uniformados les practicaron un registro personal y hallaron en la pretina del pantalón de OSCAR STIVEN VIDAL un arma de fuego de fabricación artesanal, tipo doble cañón, de color niquelado, con la cacha envuelta en cinta café y provista de dos cartuchos calibre 38 Special. El arma y la munición eran aptas para efectuar disparos y el portador no contaba con permiso de la autoridad competente.

dos cartuchos calibre 38 Special. El arma y la munición eran aptas para efectuar disparos y el portador no contaba con permiso de la autoridad competente.

3. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES

El 26 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación1, oportunidad procesal en la que la Fiscalía 110 Local de Florida comunicó a los procesados JAIRO ANDRÉS PEREA PERLAZA y OSCAR STIVEN VIDAL la calificación jurídica provisional atinente a fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones con circunstancias de agravación punitiva (art. 365, inciso 3, numeral 1, del Código Penal), a título de coautores, bajo el verbo rector portar.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación el 23 de noviembre de 20222, del cual, por reparto, asumió conocimiento el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Palmira.

Instalada la audiencia de formulación de acusación el 12 de mayo de 2026, 3 la Fiscalía solicitó se mutara por una audiencia de verificación de preacuerdo, accediendo la jueza a la postulación. Acto seguido, el delegado fiscal realizó un ajuste de legalidad en tipicidad estricta para excluir la agravante por uso de medio motorizado y expuso los términos de la negociación, la cual consistió en aplicar en favor de los procesados el dispositivo amplificador del tipo denominado “tentativa desistida”, estipulado en el artículo 27, inciso 2º, del Código Penal, únicamente con fines punitivos mediante la figura de un “preacuerdo degradado”, pactándose una

favor de los procesados el dispositivo amplificador del tipo denominado “tentativa desistida”, estipulado en el artículo 27, inciso 2º, del Código Penal, únicamente con fines punitivos mediante la figura de un “preacuerdo degradado”, pactándose una sanción definitiva a imponer de 48 meses de prisión por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.4

1Carpeta “01CuadernoGarantias” Archivo Digital “04ActaAudienciaNo.61” 2 Carpeta “03Conocimiento” Archivo Digital “002ActaRepartoConocimiento” 3 Carpeta “03Conocimiento” Archivo Digital “043ActaAudeinciaAcusacionMutaVerificacionPreacuerdo” 4 Carpeta “04Multimedia” Archivo Digital “AudienciaAcusacionMutaVerificacionPreacuerdo12Mayo2026” Inicia Minuto: 14:40Radicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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4. AUTO APELADO

Mediante el auto interlocutorio No. 138 de 2 de octubre de 2026 5, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira resolvió abstenerse de impartir aprobación al preacuerdo celebrado entre la Fiscalía 170

Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira resolvió abstenerse de impartir aprobación al preacuerdo celebrado entre la Fiscalía 170 Seccional de Palmira y los procesados JAIRO ANDRÉS PEREA PERLAZA y OSCAR

STIVEN VIDAL.

Para arribar a tal decisión, la jueza de primera instancia precisó el alcance del control de legalidad en la justicia consensuada a la luz de los precedentes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 6. Destacó que, si bien la jurisprudencia ha evolucionado hacia un criterio extensivo que privilegia la autonomía de la Fiscalía, dicha facultad encuentra un límite infranqueable en el respeto a las garantías fundamentales, el principio de proporcionalidad y el prestigio de la administración de justicia, correspondiendo al juez de conocimiento improbar las negociaciones que otorguen beneficios desproporcionados o que contravengan prohibiciones legales expresas.

Dicho lo anterior, la juzgadora sustentó la falta de legalidad del acuerdo en : (i) la falta de claridad en los términos de la negociación, en la medida en que la Fiscalía invocó la figura de la “ tentativa desistida” para sustentar el pacto punitivo (ii) la improcedencia dogmática de dicha figura, en tanto el desistimiento voluntario exime de responsabilidad al agente que impide la consumación por su propia decisión, mientras que el inciso 2º del artículo 27 del Código Penal contempla en realidad una tentativa atenuada, la cual exige actos de evitación cuyo resultado no se produce por causas ajenas a su voluntad; (iii) la inexistencia de soporte fáctico que permitiera

tentativa atenuada, la cual exige actos de evitación cuyo resultado no se produce por causas ajenas a su voluntad; (iii) la inexistencia de soporte fáctico que permitiera afirmar la realización de algún esfuerzo para evitar la conducta y (iv) la concesión de un prohibido doble beneficio a la luz del inciso 2º del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal.

5 Carpeta “04Multimedia” Archivo Digital “AudienciaVerificacionPreacuerdo02Octubre2026” Inicia Minuto: 6:15 6 CSJ SP1612-2025, SP2073-2020 y AP6577-2025.Radicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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Sobre este último aspecto, la juez de primer nivel enfatizó que la Fiscalía superpuso dos reducciones punitivas injustificadas: por una parte, aplicó ficticiamente el dispositivo amplificador de la tentativa a un delito consumado y, por otra, adicionó una atenuación especial que redujo la pena hasta en una tercera parte del mínimo. Señaló que, de ese modo, se pasó de una pena mínima legal de nueve (9) años (108 meses) a una sanción pactada de tan solo cuarenta y ocho (48) meses de prisión. Calificó dicha rebaja como grotesca y contraria a las reformas legislativas

(108 meses) a una sanción pactada de tan solo cuarenta y ocho (48) meses de prisión. Calificó dicha rebaja como grotesca y contraria a las reformas legislativas orientadas a endurecer el juzgamiento del porte ilegal de armas como mecanismo de disuasión social.

Finalmente, la funcionaria judicial respaldó su postura en la línea jurisprudencial de su superior funcional, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en providencias AC 744 -2025 y AC 374 -2026, precisando que conceder rebajas desproporcionadas a través de ficciones jurídicas envía un mensaje funesto a la comunidad e inflige un severo descrédito a la función jurisdiccional.

5. APELACIÓN

Defensa técnica7

Inconforme con la decisión que improbó el preacuerdo, la defensa solicitó su revocatoria. Sostuvo que existen pronunciamientos judiciales que avalan negociaciones semejantes e invocó una providencia del Tribunal de Barranquilla del 20 de noviembre de 2025, relacionada con el delito de porte ilegal de armas y el reconocimiento de la denominada “tentativa desistida”.

Luego, explicó que la pena mínima de nueve años, reducida a la mitad, equivaldría a cuatro años y seis meses. Señaló que, al aplicar el referente de la tercera parte previsto en el artículo 27 del Código Penal, la sanción sería de 36 meses , no obstante, la Fiscalía pactó 48 meses, esto es, doce meses adicionales. A su juicio, ese incremento demuestra que la negociación no partió del mínimo permitido y descarta la concesión de un doble beneficio.

obstante, la Fiscalía pactó 48 meses, esto es, doce meses adicionales. A su juicio, ese incremento demuestra que la negociación no partió del mínimo permitido y descarta la concesión de un doble beneficio.

7 Carpeta “04Multimedia” Archivo Digital “AudienciaVerificacionPreacuerdo02Octubre2026” Inicia Minuto: 39:35Radicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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A continuación, destacó las finalidades de la justicia premial y de los mecanismos de terminación anticipada, entre ellas la pronta solución del conflicto penal y la humanización de la actuación procesal y de la pena. También aludió al hacinamiento carcelario y sostuvo que el delito atribuido no está incluido en las restricciones del artículo 68A del Código Penal.

Precisó que los procesados conocieron y aceptaron la pena de 48 meses de prisión, cuya duración motivó la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena. Agregó que el eventual reconocimiento de este subrogado no elimina la condena ni desco noce la afectación de la seguridad ciudadana derivada de la conducta.

Finalmente, aclaró que su inconformidad se circunscribía a la improbación del reconocimiento de la denominada “tentativa desistida”, sin cuestionar la aceptación

conducta.

Finalmente, aclaró que su inconformidad se circunscribía a la improbación del reconocimiento de la denominada “tentativa desistida”, sin cuestionar la aceptación de cargos ni la pena convenida. Reiteró que los términos de la negociación eran claros e invocó como sustento la sentencia SU-479 de 2019 y la providencia del 24 de junio de 2020, radicado 52227, de la Corte Suprema de Justicia.

6. NO RECURRENTES

Fiscalía general de la Nación8

El delegado de la Fiscalía, como no recurrente, identificó dos aspectos en la decisión de primera instancia: la desproporción de la pena y la posible concesión de un doble beneficio. Sobre este último, sostuvo que las sentencias SU-479 de 2019 y SP20732020 admiten variaciones de la calificación jurídica con fines punitivos, sujetas al control de proporcionalidad para evitar beneficios desmedidos que desprestigien la administración de justicia.

8 Ibidem Inicia Minuto: 54:22Radicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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Luego, cuestionó la interpretación según la cual el reconocimiento de la denominada “tentativa desistida” comporta dos beneficios. Explicó que los incisos

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Luego, cuestionó la interpretación según la cual el reconocimiento de la denominada “tentativa desistida” comporta dos beneficios. Explicó que los incisos primero y segundo del artículo 27 del Código Penal regulan hipótesis distintas, cuyos límites punitivos se calculan sobre la pena de la conducta consumada. Por ello, consideró que aplicar el inciso segundo como ficción jurídica no implica acumular dos rebajas.

A continuación, señaló la existencia de posturas diferentes dentro del Tribunal Superior de Buga e invocó la providencia AC -654-2025 de 10 de diciembre de 2025, en la que, según indicó, se aprobó un preacuerdo que contemplaba esa figura. Solicitó revisar el criterio sobre el doble beneficio y establecer una línea que orientara a los operadores judiciales.

Finalmente, manifestó que no se pronunciaría sobre la proporcionalidad, pues no había apelado la decisión. Aclaró que el preacuerdo fue sustentado por su antecesor y advirtió que, al parecer, no se habían expuesto las razones que justificaban la pena convenida de 48 meses de prisión.

7. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala tiene competencia para resolver el recurso de apelación. Ello con fundamento en el artículo 34 de la Ley 906 de 2004; en efecto, dicha norma contempla que los tribunales superiores del distrito judicial conocen de los recursos de apelación en contra de los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces penales del circuito.

2. Problema jurídico

contempla que los tribunales superiores del distrito judicial conocen de los recursos de apelación en contra de los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces penales del circuito.

2. Problema jurídico

En atención al interés que le asiste al apelante, corresponde en esta ocasión a la Sala dilucidar si el juez de instancia erró al improbar el preacuerdo suscrito por la Fiscalía General de la Nación y los procesados JAIRO ANDRÉS PEREA PERLAZA y OSCAR STIVEN VIDAL, por la presunta comisión de un delito de fabricación, tráfico,Radicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones a título de coautores, pues, a juicio del recurrente, la negociación es ajustada a derecho.

Por lo tanto, en aras de resolver la situación planteada, esta corporación considera imperativo acoger los parámetros fijados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha reiterado:

“De conformidad con los artículos 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal de 2004 y la interpretación que de aquellas normas ha realizado la jurisprudencia de la Corte, son modalidades de los acuerdos y negociaciones las siguientes:

“De conformidad con los artículos 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal de 2004 y la interpretación que de aquellas normas ha realizado la jurisprudencia de la Corte, son modalidades de los acuerdos y negociaciones las siguientes:

Acuerdo sin rebaja de pena : el procesado acepta los cargos imputados, pero por prohibición legal no hay rebaja de pena. Sin embargo, es posible acordar la imposición de la pena mínima legalmente establecida o bien su fijación en el cuarto mínimo de movilidad punitiva.

Acuerdo simple : El procesado acepta los cargos formulados en la imputación o en la acusación sin modificación alguna y acuerdan la rebaja punitiva a obtener como beneficio, ya sea en un porcentaje determinado, sin precisar el monto de pena punto de partida o el ámbito de movilidad a seleccionar; o individualizando la pena en concreto.

En todo caso, en estos casos, el monto de la rebaja punitiva a obtener debe respetar el autorizado por la ley.

Acuerdo con eliminación de causal de agravación punitiva específica : como su nombre lo indica, se presenta cuando el procesado se declara culpable del delito atribuido en imputación o acusación, a cambio de la eliminación de alguna causal específica de agravación.

Acuerdo con eliminación de un cargo específico: En caso de concurso de delitos atribuidos en imputación o acusación, el procesado aceptaRadicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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su responsabilidad en los delitos cometidos atribuidos, a cambio de recibir la sanción correspondiente a solo uno de ellos, que en todo caso debe corresponder al punible de mayor gravedad.

Acuerdo con degradación: el procesado se declara culpable del delito imputado y sólo con fines punitivos el fiscal en su alegación final degrada la conducta ya sea en la forma de participación (de autor a cómplice), en el grado de culpabilidad cuando la conducta punible lo admite (de conducta dolosa a culposa), en los dispositivos amplificadores del tipo (delito consumado a tentativa) o en el reconocimiento de alguna causal que disminuya la punibilidad, como el exceso en causales 3 a 7 de ausencia de responsabilidad o errores vencibles de tipo (para punibles culposos o de tipo privilegiado), errores de prohibición o de ilicitud, margin alidad, ira o intenso dolor, entre otras.

Acuerdo por readecuación típica : el procesado acepta su responsabilidad en el delito imputado o atribuido en acusación, a cambio de la readecuación de la conducta a un tipo penal de menor entidad, con miras a disminuir la pena , tal como sería el caso de readecuar la conducta de tentativa de homicidio a lesiones personales.

En estos casos, la nueva tipicidad no puede ser sustancialmente

entidad, con miras a disminuir la pena , tal como sería el caso de readecuar la conducta de tentativa de homicidio a lesiones personales.

En estos casos, la nueva tipicidad no puede ser sustancialmente diferente o ajena al núcleo fáctico imputado, debiendo estar relacionada con el supuesto de hecho esencial a la conducta óntica.

En cualquier caso, como lo dispone el artículo 351, inciso segundo, de la Ley 906 de 2004, está vedado agregar dos o más rebajas de pena o beneficios compensatorios punitivos, por razón de la negociación.

3.3.3. Oportunidad

(…) Tratándose de la modalidad de acuerdos simples , este tipo de negociación está limitado a los montos de rebaja establecidos en la ley,Radicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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según la oportunidad o estadio procesal en el que se presenten, así: Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, comportará una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible (artículos 350 en con cordancia con 351, inciso primero CPP).

Presentado el escrito de acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de

mitad de la pena imponible (artículos 350 en con cordancia con 351, inciso primero CPP).

Presentado el escrito de acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de responsabilidad, la rebaja a reconocer será de una tercera parte de la pena a imponer. (Artículo 352 CPP) (…)”9 (resaltado fuera de texto)

Esta limitación temporal no se estableció respecto de los preacuerdos con degradación, es decir, en aquellos en los cuales el procesado se declara culpable del delito imputado y sólo con fines punitivos el fiscal en su alegación final degrada la conducta, pues en esos particulares eventos, el juez de conocimiento debe cuidar que el descuento no sea desproporcionado.

Respecto del tipo de preacuerdos como el que concita la atención de la Sala, el Máximo Tribunal, a partir de la sentencia CSJ SP2073 -2020 rad. 52.227, en consonancia con la jurisprudencia constitucional decantada en la sentencia SU479 de 2019, fijó las reg las hoy vigentes para determinar las bases de legalidad de los convenios, así:

“En este orden de ideas, a la pregunta de si los fiscales, en el ámbito de los preacuerdos, están habilitados para conceder beneficios sin límite a los procesados a través de la modalidad de cambio de calificación jurídica sin base fáctica, la respuesta es negativa.

Lo contrario implicaría aceptar que todas las formas de concesión de beneficios, menos esa, están sometidas a controles compatibles con el concepto de discrecionalidad reglada. Igualmente, aceptar una discrecionalidad ilimitada en ese ámbito implicaría entender, por

beneficios, menos esa, están sometidas a controles compatibles con el concepto de discrecionalidad reglada. Igualmente, aceptar una discrecionalidad ilimitada en ese ámbito implicaría entender, por

9 Cfr., auto del 17 de septiembre de 2025. Radicado AP6577-2025, 69643. M.P. Hugo Quintero Bernate.Radicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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ejemplo, que los beneficios para quien colabora eficazmente para desarticular una banda de delincuencia organizada están sujetos a la estricta reglamentación atrás enunciada, mientras que los otorgados a una persona para la “solución” de su caso operan sin ningún límite ni control, lo que trasgrede la más elemental idea de proporcionalidad, sin perjuicio de la afectación de la igualdad, la seguridad jurídica y, en general, la sujeción a la Constitución Política y la ley.

En suma, aunque es claro que los fiscales deben tener un margen de maniobrabilidad para la concesión de beneficios en el contexto de los acuerdos, también lo es que el ordenamiento jurídico establece una serie de parámetros para la definición de los mismos, orientados a que estas formas de terminación de la acción penal no afecten el prestigio de la administración de justicia y, en general, se ajusten al marco

serie de parámetros para la definición de los mismos, orientados a que estas formas de terminación de la acción penal no afecten el prestigio de la administración de justicia y, en general, se ajusten al marco constitucional y legal. Entre ellos cabe destacar: (i) el momento de la actuación en el que se rea liza el acuerdo; (ii) el daño infligido a las víctimas y la reparación del mismo, (iii) el arrepentimiento del procesado, lo que incluye su actitud frente a los beneficios económicos y de todo orden derivados del delito; (iv) su colaboración para el esclarecimiento de los hechos, y (v) el suministro de información para lograr el procesamiento de otros autores o partícipes 10.”

Ahora bien, en un caso idéntico al que ahora ocupa la atención de la Sala, se consideró que:

Definidos los parámetros generales que irradian el instituto de los preacuerdos y, particularmente, las facultades atribuidas a la Fiscalía para celebrar negociaciones con cambio de la calificación jurídica sin base fáctica, orientado exclusivamente a la disminución de la pena , resulta adecuado concluir que, en el presente asunto, lo acordado por el ente investigador con el acusado y su defensa, desborda esos límites

10 Sentencia de 24 de junio de 2020. SP2073-2020, radicado 52.227 M.P. Patricia Salazar CuéllarRadicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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negociables atribuidos al delegado del ente acusador, como en seguida se verá:

5.1. Sobre la tentativa atenuada y su diferencia con la tentativa desistida

El inciso 2 del artículo 27 del Código Penal consagra la tentativa atenuada, así:

“Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para su consumación, si volunta riamente ha realizado todos los esfuerzos para impedirla.”

Por su parte, la jurisprudencia ha decantado:

La Corte Suprema de Justicia interpretó que la modalidad de tentativa prevista en el inciso segundo del artículo 27 del Código Penal es punible pese a que el agente desista de continuar ejecutando el delito, pues la no producción del resultado no se atribuye al desistimiento, sino a circunstancias ajenas al querer del sujeto activo.11

Sobre la tentativa desistida, el Máximo Tribunal ordinario dijo:

La llamada tentativa desistida exige que contrario a las dos hipótesis que plantea el Código Penal como fundamento de la punición en las que se indica que la falta de consumación se da por circunstancias

La llamada tentativa desistida exige que contrario a las dos hipótesis que plantea el Código Penal como fundamento de la punición en las que se indica que la falta de consumación se da por circunstancias ajenas al agente ejecutor, en aquella modalidad es determinante que éste abandone definitivamente la idea criminosa sin la influencia de factores exte rnos, es decir, su simple voluntad es la que impide el agotamiento de la conducta.

11 C.S.J. Sala de Casación Penal. SP-15015 de 20 de septiembre de 2017. M.P. Fernando Alberto Castro CaballeroRadicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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(…) La Jurisprudencia de la Corte, CSJ SP 1 jul 2009, rad. 21977, se ha ocupado del tema indicando que la tentativa desistida es aquella «en la que el sujeto agente hace lo necesario para evitar la consumación del hecho, y la ausencia de cualquier resultado relevante es consecuencia de esa voluntad, la Sala ha señalado que tal comportamiento no es punible que es lo que ocurre en este caso, al contrario de lo que sucede cuando hay desistimiento, pero el resultado no se produce por circunstancias ajenas al agente, caso en el cual procede la rebaja prevista en el inciso segundo del artículo 27 del Código Penal»12

contrario de lo que sucede cuando hay desistimiento, pero el resultado no se produce por circunstancias ajenas al agente, caso en el cual procede la rebaja prevista en el inciso segundo del artículo 27 del Código Penal»12

Como bien se aprecia, técnicamente la tentativa desistida y la tentativa atenuada son figuras distintas. La primera se configura cuando el autor, pese a iniciar o, incluso, completar actos idóneos dirigidos a consumar el delito, decide voluntariamente aban donar de manera definitiva el propósito criminal y evita por sí mismo la producción del resultado . En estos eventos, la no consumación depende exclusivamente de la voluntad del agente y no de factores externos; por ello, la conducta resulta impune frente al delito inicialmente perseguido, salvo que los actos ya ejecutados constituyan delito autónomo. Lo determinante es que el sujeto, pudiendo continuar con la ejecución del delito, opte libremente por abandonarlo y reoriente su conducta hacia la legalidad.

En cuanto a la tentativa atenuada contemplada en el inciso segundo del artículo 27 del Código Penal , aunque el agente realice esfuerzos para impedir la consumación, el fracaso del delito no depende exclusivamente de su desistimiento, sino también de circunstancias ajenas a su voluntad; en tales episodios procede una rebaja punitiva, fijada entre la terc era parte del mínimo y las dos terceras partes del máximo de la pena prevista para el delito consumado.

12 IbidemRadicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de

12 IbidemRadicación: 76-275-60-00-174-2022-00201-01 (AC 627/26) Procesados: Jairo Andrés Perea Perlaza y otro Delito: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones

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Asimismo, para aplicar el atenuante, debe analizarse si subsiste un delito remanente. Si el desistimiento elimina completamente la lesividad de la conducta, procede la impunidad propia de la tentativa desistida; pero si permanecen actos consumados con rele vancia penal autónoma, el agente responderá por ellos.

De ahí que resulte desacertado acudir a la figura de la tentativa desistida para sustentar el prea

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