TSDJ BUG - Auto Interlocutorio 76834600018720170282001 de 2026
Detalles
- Título
- TSDJ BUG - Auto Interlocutorio 76834600018720170282001 de 2026
- Autor
- Tribunal Superior de Buga
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Penal
- Año
- 2026
AUTO INTERLOCUTORIO
SEGUNDA INSTANCIA
Código: GSP-FT-46 Versión: 6 Fecha de Aprobación: 31/01/2025
¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 1447, piso 5, Despacho 05 1 Consejo Superior de la Judicatura Centro de Servicios Judiciales Control Garantías Buga
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA
SALA DE DECISIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
ANA MILENA DIAZ GONZÁLEZ
Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
Acusado: Rubén Tulio Girón Rendon y otro Delitos: Estafa agravada Guadalajara de Buga, 3 de noviembre de dos mil veintiséis (2026).
Aprobado según Acta No.854
1. OBJETIVO
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por el representante de CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ AGUDELO contra el auto interlocutorio No. 120 de 24 de septiembre de 2026, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tuluá, Valle, dentro del proceso que se adelanta en contra RUBEN TULIO GIRON RENDON y CAROLINA RODRÍGUEZ PIRAGUA como presuntos coautores por un delito de estafa agravada.
2. ANTECEDENTES
El día 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo la audiencia de formulación de
presuntos coautores por un delito de estafa agravada.
2. ANTECEDENTES
El día 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, oportunidad procesal en que la Fiscalía 28 Seccional de Tuluá, Valle, comunicó a los procesados 1 la calificación jurídica provisional correspondiente a estafa agravada ( art. 246, art. 267, numeral 1, del Código Penal ), a título de
1 Rubén Tulio Girón Rendón y Carolina Rodríguez Piragua fueron declarados personas ausentes por el Juzgado Quinto Penal con Función de Control de Garantías el día 13 de marzo de 2025.Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
Procesados: Rubén Tulio Girón Rendon y otro
Delito: Estafa agravada
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coautores. Asimismo, expuso los hechos jurídicamente relevantes que fundamentan la investigación en su contra.
Para tal efecto, el delegado del ente acusador comunicó lo siguiente:2
“(…) En el mes de mayo de 2017, cuando el señor Julio Vicente Sánchez Ortiz, quien funge como víctima en este caso, conoció al ciudadano Rubén Tulio Girón Rendón, persona que indicó se dedicaba a actividades de urbanizador y de venta de bienes raíces, fue así como, en contacto con el señor Sánchez Ortiz y ante la confianza que en su momento le generó Rubén Tulio Girón, le manifestó tener una suma de
a actividades de urbanizador y de venta de bienes raíces, fue así como, en contacto con el señor Sánchez Ortiz y ante la confianza que en su momento le generó Rubén Tulio Girón, le manifestó tener una suma de dinero que deseaba poner en préstamo. Fue ante esta manifestación como, para el día 4 de mayo de 2017, el ciudadano Rubén Tulio Girón y su señora esposa, Carolina, obtuvieron provecho ilícito para sí mismos con perjuicio de quien funge como víctima, esto es, el señor Julio Vicente Sánchez Ortiz, dado que concertados indujeron en error al señor Julio Vicente Sánch ez Ortiz cuando precisamente lo engañaron al advertir que eran los propietarios de un bien inmueble ubicado en el lote 23 de la manzana 8 que hace parte de la Urbanización Lomitas en el municipio de Tuluá, Valle, con matrícula inmobiliaria número 384 -108248, y que precisamente indicó el señor Rubén Tulio Girón lo habían adquirido el 14 de septiembre de 2016 en compraventa realizada con la señora Nora Roda Castañeda.
Precisamente habiendo sido inducido en el error y en el engaño en sede de esa propiedad que se alegaba estaba en cabeza de estos dos ciudadanos, el señor Julio Vicente Sánchez ese 4 de mayo del año 2017 suscribió un título valor (letra de cambio) por la su ma de 10 millones de pesos, que se autenticó el 10 de mayo de 2017 ante la Notaría Tercera. En igual sentido, se constituyó el señor Rubén Tulio como deudor del señor Julio Vicente Sánchez Ortiz por la suma de 145 millones de pesos, los cuales recibió en efectivo en el Banco Caja Social
Notaría Tercera. En igual sentido, se constituyó el señor Rubén Tulio como deudor del señor Julio Vicente Sánchez Ortiz por la suma de 145 millones de pesos, los cuales recibió en efectivo en el Banco Caja Social
2 Carpeta “003ImputacionMedidaAseguramiento20250512” Archivo Digital “023RegistroAudiencia768346000187201702820” Inicia Minuto: 8:00Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
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y en Davivienda en el municipio de Tuluá, habiendo quedado comprometido en cancelar intereses por dicho valor hasta el 4 de mayo de 2018 y, como garantía de la obligación, constituyendo el señor Rubén Tulio Girón Rendón una hipoteca abierta en primer grado por valor de 5 millones.
En igual sentido, se continuó con los engaños por parte del señor Rubén Tulio Girón Rendón hacia esta víctima cuando lo indujo nuevamente en error para que adquiriera, mediante promesa de compraventa, un inmueble que supuestamente tenía sobre un lote ubicado en la Urbanización Entre Ríos del municipio de Tuluá, Valle, con matrícula inmobiliaria 384 -113974 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá, que había adquirido en fecha 7 de junio de 2017, situación que tampoco era real. Pero precisa mente para
con matrícula inmobiliaria 384 -113974 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá, que había adquirido en fecha 7 de junio de 2017, situación que tampoco era real. Pero precisa mente para refrendar dicha negociación, el señor Julio Vicente Sánchez Ortiz, como parte de pago del lote ubicado en esa Urbanización Entre Ríos, le entregó al señor Rubén Tulio Girón Rendón un inmueble de su propiedad ubicado en la carrera 12A número 19 -17 del barrio Las Américas - Los Diablos Rojos del municipio de Tuluá, este inmueble avaluado en 140 millones, habiendo sido pactada la negociación por 220 millones y habiendo quedado de entregar un excedente de 80 millones cuando se terminara de edificar l a propiedad en dicho lote, compromiso que había adquirido el señor Rubén Tulio Girón Rendón.
Es así como precisamente, cuando la víctima, el señor Julio Vicente, fue a verificar cómo iba la obra, se percató de que en la misma no se había edificado absolutamente nada; y cuando fue a verificar y a retrotraer dicha negociación, se percató de que ya n o era posible porque ese bien ya no estaba a nombre del señor Rubén Tulio Girón Rendón, habiendo sido, pues en esencia, también engañado con relación a esa otra negociación por el inmueble que entregó, reitero, de los 140 millones de pesos.Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
Procesados: Rubén Tulio Girón Rendon y otro
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No obstante, ello, en igual sentido, el señor Julio Vicente Sánchez también entregó al señor Rubén Tulio Girón Rendón la suma de 70 millones de pesos que también le solicitó con respaldo, pues, en esa hipoteca que se encontraba constituida y antes de que la víctima pudiera verificar que en esencia ese bien o esa hipoteca lógicamente no se constituyó legalmente, toda vez que ese bien no le pertenecía al señor Rubén Tulio Girón Rendón ni tampoco a su señora esposa
En esencia, verificadas estas circunstancias en donde, en esencia, el señor Julio Vicente Sánchez Ortiz fue asaltado en su buena fe, fue engañado e inducido en error por el señor Rubén Tulio Girón Rendón y su esposa, la señora Carolina Rodríguez Piragua, q uienes le hicieron creer que eran los propietarios de dichos bienes y, a través de ello, obtuvieron esa suma que supera los 200 millones de pesos en perjuicios y dinero que en esencia entregara el señor Julio Vicente Sánchez Ortiz en virtud de estas negoci aciones. Es así entonces que se tiene que, con el proceder de los señores Rubén Tulio Girón y la señora Carolina Rodríguez Piragua, en esencia se conculcó ese bien jurídico tutelado del patrimonio económico del señor Julio Vicente Sánchez Ortiz. Tenida en cuenta la cuantía de la defraudación realizada
señora Carolina Rodríguez Piragua, en esencia se conculcó ese bien jurídico tutelado del patrimonio económico del señor Julio Vicente Sánchez Ortiz. Tenida en cuenta la cuantía de la defraudación realizada a esta víctima, conlleva precisamente a circunstancias de agravación en sede precisamente de la cuantía, que en esencia por el momento supera esos 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De allí que se indique, señor juez, que estos hechos jurídicamente relevantes donde se logra determinar que con el proceder de los señores Rubén Tulio Girón Rendón y Carolina Rodríguez Piragua se conculcó y se vulneró ese bien jurídico tutelado del patrimo nio económico, pues precisamente estos dos ciudadanos conocían que estaban engañando e induciendo en error a quien funge como víctima al indicarse propietarios de unos bienes que no estaban realmente en sede de su propiedad y, bajo ese entendido, constituy endo hipoteca que precisamente amparaba las garantías en sede de esos préstamos que esta persona incautamente les proporcionó y les facilitó,Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
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superando esa cuantía de los 200 millones; y ellos, con voluntad y conocimiento, así lo hicieron.
De igual manera, se tiene que los señores Rubén Tulio Girón Rendón y
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superando esa cuantía de los 200 millones; y ellos, con voluntad y conocimiento, así lo hicieron.
De igual manera, se tiene que los señores Rubén Tulio Girón Rendón y Carolina Rodríguez Piragua, al momento de realizar esta conducta, tenían capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensió n. A ellos les era exigible el no obrar de esa manera y, en esencia, no engañar ni inducir en error a la víctima para obtener ese provecho ilícito, como en efecto lo lograron en sede de obtener más de 200 millones de parte de quien funge como víctima.
Estos hechos jurídicamente relevantes así descritos, señor juez, y ya traducidos a la norma, conllevan a que la Fiscalía les eleve imputación a los ciudadanos Rubén Tulio Girón Rendón y Carolina Rodríguez Piragua a título de coautores, porque en esencia se coordinaron y estuvieron de acuerdo precisamente en fingir ser los propietarios de dicho inmueble para defraudar precisamente a la víctima en este caso, haciéndolo incurrir en ese engaño y en ese error. Es así entonces como la Fiscalía les eleva imputación, reitero, a título de coautores, existiendo sin duda un acuerdo común para cometer este comportamiento, mismo que está consagrado en nuestro Código Penal en su Libro Segundo, De los delitos en particular, Título VII, Delitos contra el patrimoni o económico, Capítulo Tercero, De la estafa, artículo 246, que consagra el delito de estafa y que establece:
“El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio
económico, Capítulo Tercero, De la estafa, artículo 246, que consagra el delito de estafa y que establece:
“El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de cincue nta (50) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
Hoy de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos.Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
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En este caso, concurren también las circunstancias de agravación previstas en las disposiciones comunes del Capítulo Noveno, artículo 267, que establece que las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometiere sobre una cosa cuyo valor fuere superior a 100 salarios mínimos, o que siendo inferior haya ocasionado grave daño a la víctima atendiendo su situación económica.
En esencia, esta circunstancia de agravación se da a cabalidad en el presente caso, lo que conlleva a que la pena se incremente en su
grave daño a la víctima atendiendo su situación económica.
En esencia, esta circunstancia de agravación se da a cabalidad en el presente caso, lo que conlleva a que la pena se incremente en su mínimo en una tercera parte, por lo que estaríamos hablando de una pena que oscilaría en 42.6 meses de prisión (...).”
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación el día 13 de noviembre de 20253. Posteriormente, la audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el día 6 de febrero de 2026 .4 En dicha instancia procesal, la Fiscalía 28 Seccional de Tuluá, Valle, acusó a los procesados como probables coautores y responsables por un delito de estafa agravada ubicado en los artículos 246, inciso 1, y 267, numeral 1, del Código Penal5. Asimismo, se reconoció como víctima al señor JULIO
VICENTE SÁNCHEZ ORTIZ.
En el marco de la audiencia preparatoria iniciada el 22 de junio de 2026 6, la representante del señor CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ AGUDELO sustentó la solicitud de nulidad que previamente había remitido al juzgado7, con el propósito de retrotraer la actuación procesal hasta la formulación de imputación y que este fuera reconocido como víctima en calidad de tercero de buena fe 8, lo que motivó la suspensión de la diligencia.
3 Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “003ActaReparto” 4 Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “016ActaNo40AudienciaFormulacionAcusacion06-02-2026”
suspensión de la diligencia.
3 Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “003ActaReparto” 4 Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “016ActaNo40AudienciaFormulacionAcusacion06-02-2026” 5 Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “015AudienciaFormulacionDeAcusacion06-02-2026” Inicia Minuto: 15:32 6 Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “024Acta181Preparatoria-SolicitudTerceroBuenaFe22-06-26” 7 Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “020SolicitudTerceroBuenaFe-19-06-26” Pag: 3-7 8 Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “023AudienciaPreparatoria-SolicitudTerceroBuenaFe-22-06-6” Inicia Minuto: 4:50Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
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El 24 de septiembre de 20269, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tuluá negó la solicitud de nulidad. La peticionaria interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, apelación. El despacho judicial decidió no reponer la decisión y concedió el recurso de apelación ante esta Corporación.
3. AUTO APELADO
Mediante el auto interlocutorio No. 120 del 24 de septiembre de 202610, el Juzgado
el recurso de apelación ante esta Corporación.
3. AUTO APELADO
Mediante el auto interlocutorio No. 120 del 24 de septiembre de 202610, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Tuluá resolvió negar la solicitud de nulidad y el reconocimiento como víctima o tercero interviniente de buena fe formulada en favor de CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ AGUDELO.
Para arribar a tal decisión, el juez a quo consideró que las pretensiones del solicitante, sustentadas en la existencia de varios préstamos de dinero y en la constitución de una garantía hipotecaria sobre el inmueble involucrado, se derivaban de hechos autónomos, independientes y ajenos al núcleo fáctico de la imputación y la acusación, relacionados con una presunta estafa agravada cometida mediante un artificio engañoso distinto y en perjuicio de una persona
diferente, JULIO VICENTE SÁNCHEZ ORTIZ.
En ese sentido, estimó improcedente ventilar dentro de la misma actuación penal las controversias civiles y patrimoniales planteadas por el peticionario, pues no correspondían a hechos atribuidos a los procesados en el marco de la acusación y su incorporac ión desconocería los principios de legalidad, congruencia y debido proceso.
Por otro lado, destacó que CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ AGUDELO no había formulado oportunamente una denuncia por los hechos que afirmaba haber padecido, pese a que habría conocido de ellos desde tiempo atrás, razón por la cual concluyó que no se acreditaba una irregularidad sustancial que legitimara la nulidad
formulado oportunamente una denuncia por los hechos que afirmaba haber padecido, pese a que habría conocido de ellos desde tiempo atrás, razón por la cual concluyó que no se acreditaba una irregularidad sustancial que legitimara la nulidad pretendida ni procedía su reconocimiento como víctima dentro de esta causa, instándolo a acudir a las vías legales correspondientes.
9 Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “031Acta298AudienciaPreparatoria-DecideNulidad-24-09-26” 10Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “029AudienciaPreparatoria-DecideNulidadTercero-Parte1-24-09-26” Inicia Minuto: 5:05Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
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4. APELACIÓN
Representante de Carlos Arturo Rodríguez Agudelo11
Inconforme con la decisión adoptada por el juez de instancia, la togada interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, argumentando que el a quo desconoció el principio de la buena fe exenta de culpa al traslapar automáticamente la presunta estafa a la hipoteca constituida a favor de su representado, la cual gozaba de plena publicidad registral.
Precisó que exigirle una denuncia penal previa resulta desproporcionado, pues
la presunta estafa a la hipoteca constituida a favor de su representado, la cual gozaba de plena publicidad registral.
Precisó que exigirle una denuncia penal previa resulta desproporcionado, pues acudir a l juez de paz y promover el cobro ejecutivo hipotecario ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tuluá, donde se decretó el embargo del bien, constituye el ejercicio legítimo de sus acciones civiles.
De otra parte, adujo vulneración a la lealtad procesal y un defecto procedimental, por cuanto la Fiscalía conocía el interés legítimo de su mandante al recepcionarle entrevista el 8 de febrero de 2021 y citarlo como testigo en el escrito de acusación, resultando contradictorio emplear su testimonio, pero restringir su vinculación como acreedor afectado para defender su garantía real. Agregó que la medida sobre el poder dispositivo se decretó en octubre de 2020 por falsedad en documento público, delito por el cual no se acusó, viciando la actuación.
Por lo anterior, solicitó la nulidad desde la acusación para vincular formalmente a su mandante o, subsidiariamente, su reconocimiento como tercero de buena fe exento de culpa para intervenir en la audiencia preparatoria.
5. NO RECURRENTES
Fiscalía general de la Nación12
11 Carpeta “001Acusacion” Archivo Digital “030AudienciaPreparatoria-DecideNulidadTercero-Parte2-24-09-26” Inicia Minuto: 1:14 12 Ibidem Inicia Minuto: 11:28Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
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Minuto: 1:14 12 Ibidem Inicia Minuto: 11:28Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
Procesados: Rubén Tulio Girón Rendon y otro
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La delegada del ente acusador, en su condición de no recurrente, solicitó no reponer la decisión y confirmar en su integridad el auto impugnado. Al efecto, sostuvo que la recurrente incurrió en una lectura equivocada de las consideraciones del a quo, pues el juzgado realizó un análisis juicioso para determinar que los hechos objeto de acusación son sustancialmente diversos e independientes de la relación obligacional invocada por el peticionario.
Precisó que la Fiscalía no incurrió en deslealtad ni ocultamiento, ni tiene la obligación ni la facultad legal de asesorar a las partes sobre cómo ejercer sus acciones, resultando inadmisible trasladar al ente investigador las omisiones de la defensa al no haber formulado una denuncia penal oportuna, tal como sí lo hizo la víctima
reconocida, JULIO VICENTE SÁNCHEZ ORTIZ.
Aclaró que la citación de CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ AGUDELO como testigo de la acusación es legítima y pertinente para demostrar la forma en que los acusados dispusieron de los bienes, mas no lo legitima para actuar como parte o tercero en una causa con un objeto fáctico distinto. Por tanto, concluyó que, al no
de la acusación es legítima y pertinente para demostrar la forma en que los acusados dispusieron de los bienes, mas no lo legitima para actuar como parte o tercero en una causa con un objeto fáctico distinto. Por tanto, concluyó que, al no configurarse afectación al debido proceso ni a las garantías fundamentales, la pretensión de nulidad y el reconocimiento como tercero carecen de sustento, debiendo ventilarse sus reclamaciones en una cuerda procesal independiente.
Representante de víctimas13
El apoderado de la víctima reconocida, el señor JULIO VICENTE SÁNCHEZ ORTIZ, intervino en calidad de no recurrente para solicitar la confirmación integral de la decisión impugnada. Expuso que el proceso penal tuvo origen en la denuncia formulada por su representado en noviembre de 2017, tras haber sido inducido en error a sus 83 añ os para transferir el inmueble con matrícula No. 384-58176 mediante una presunta estafa cometida por los procesados. Aclaró que dentro de dicho trámite se solicitó y decretó la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo sobre el bien, la cual fue objeto de solicitud de levantamiento e
13 Ibidem Inicia Minuto: 25:20Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
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impugnación por parte de la apoderada del acreedor hipotecario, resultando
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impugnación por parte de la apoderada del acreedor hipotecario, resultando confirmada la restricción en la alzada.
Destacó que el peticionario no puede pretender adherirse ni retrotraer un proceso promovido por una víctima distinta para resolver sus acreencias, cuando lo procedente es que formule la correspondiente denuncia penal e inicie las acciones autónomas a que haya lugar, sin perjuicio de eventuales solicitudes de acumulación si la ley lo permite. En consecuencia, concluyó que la resolución del a quo se ajusta a derecho y no vulnera el debido proceso ni la buena fe.
6. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala tiene competencia para resolver el recurso de apelación, ello con fundamento en el artículo 34 de la Ley 906 de 2004; en efecto, dicha norma contempla que los tribunales superiores del distrito judicial conocen de los recursos de apelación contra l os autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces penales del circuito.
2. Problema jurídico
En atención a lo expuesto por el apelante, corresponde en esta oportunidad a la Sala de Decisión Penal dilucidar si el juez de instancia erró al despachar desfavorablemente la solicitud elevada por la representante de CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ AGUDELO, dentro del proceso que se adelanta en contra de RUBEN TULIO GIRON RENDON y CAROLINA RODRÍGUEZ PIRAGUA como presuntos coautores de un delito de estafa agravada.
Del reconocimiento como víctima en el proceso
TULIO GIRON RENDON y CAROLINA RODRÍGUEZ PIRAGUA como presuntos coautores de un delito de estafa agravada.
Del reconocimiento como víctima en el proceso
El artículo 132 de la Ley 906 de 2004 establece que son víctimas las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que hayan sufrido un daño como consecuencia del injusto. La Corte Suprema de Justicia ha precisado que quienRadicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
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pretende ser reconocido como víctima debe acreditar, siquiera sumariamente, la existencia de un daño real, concreto y específico, así como su relación con el delito investigado. Al respecto, el Alto Tribunal ha indicado que:14
“El artículo 132 de la Ley 906 de 2004 entiende por víctimas "las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto (...).
Esto significa que quien pretende ser reconocido como víctima en el proceso penal, debe acreditar, al menos sumariamente, que ha sufrido un daño (Cfr. AP, oct, 2 de 2013, rad. 42243; AP1875 -2016, rad. 47146; AP1050-2021, rad. 57791; y, AP5377-2022, rad. 61175).
un daño (Cfr. AP, oct, 2 de 2013, rad. 42243; AP1875 -2016, rad. 47146; AP1050-2021, rad. 57791; y, AP5377-2022, rad. 61175).
El menoscabo recibido debe ser real, concreto y específico, lo cual descarta la formulación de afirmaciones genéricas sobre su existencia, así se persiga únicamente la realización de los derechos a la verdad y justicia con prescindencia de la reparación pe cuniaria" (CSJ AP, dic. 12 de 2012, rad. 39815 y AP218-2021, rad. 57971).
La acreditación sumaria del daño es una carga procesal mínima que debe cumplir quien solicita el reconocimiento como víctima, concepto que no debe equipararse con el de demostración de dicha condición que se exige para iniciar el incidente de reparación in tegral, en los términos del artículo 102 de la Ley 906 de 2004 (Cfr. AP, oct. 2 de 2013, rad. 42243 y AP3812-2022, rad. 60269).
En este orden, para el reconocimiento de la condición de víctima en el proceso penal se requiere, (i) haber recibido un daño con ocasión del delito; (ii) que este sea real, concreto y específico; y, (iii) que el interesado en su reconocimiento acredite sumariamente su existencia.”
14 AP1308 2025 Rad. 66597Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
Procesados: Rubén Tulio Girón Rendon y otro
Delito: Estafa agravada
14 AP1308 2025 Rad. 66597Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
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En el presente asunto, la Fiscalía atribuyó a los procesados la presunta comisión, en calidad de coautores, del delito de estafa agravada en perjuicio de JULIO VICENTE SÁNCHEZ ORTIZ . De acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes comunicados en la imputación y reiterados en la acusación, los procesados habrían inducido en error a dicha persona al hacerle creer que tenían la propiedad o disponibilidad jurídica de determinados bienes inmuebles, logrando que entregara dinero, un inmueble y celebrara negocios jurídicos que le ocasionaron un perjuicio patrimonial superior a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por su parte, CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ AGUDELO sostiene que entregó a RUBÉN TULIO GIRÓN RENDÓN varias sumas de dinero, por un total de $75.000.000, y que dichas obligaciones fueron respaldadas con una hipoteca abierta de primer grado constituida mediante la Escritura Pública No. 1479 del 21 de julio de 2017 sobre el inmueble identificado con matrícu la inmobiliaria No. 38458176. Afirma que su derecho resultó afectado por la posterior transferencia del
abierta de primer grado constituida mediante la Escritura Pública No. 1479 del 21 de julio de 2017 sobre el inmueble identificado con matrícu la inmobiliaria No. 38458176. Afirma que su derecho resultó afectado por la posterior transferencia del inmueble y por la medida de suspensión del poder dispositivo 15 decretada dentro del proceso penal.
Debe precisarse que, aunque la matrícula inmobiliaria No. 384 -58176 no aparece expresamente consignada en el relato de la imputación ni en el de la acusación, corresponde al inmueble ubicado en la carrera 12A No. 19 -17 del barrio Las Américas de Tuluá, Val le, el cual sí fue mencionado por la Fiscalía al describir los hechos atribuidos a los procesados. Por tanto, existe una coincidencia objetiva respecto del inmueble, de modo que no sería acertado afirmar que la situación de CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ AGUDELO es completamente ajena a la actuación penal.
Así, pese a que se tiene la identidad del inmueble , la Sala debe establecer si los préstamos que CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ AGUDELO afirma haber realizado y la hipoteca constituida a su favor fueron consecuencia de la misma maniobra engañosa por la cual, según la imputación, JULIO VICENTE SÁNCHEZ ORTIZ habría sido inducido en error, o si se trató de una relación crediticia distinta, con
15Carpeta “001CarpetaPreliminares” Archivo Digital “SuspensionDelPoderDispositivo2017-02820-”Radicación: 76-834-60-00-187-2017-02820-01 (AC-596-26)
Procesados: Rubén Tulio Girón Rendon y otro
Delito: Estafa agravada
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desembolsos, partes y perjuicios propios, a fin de poder reconocer como víctima de
RODRÍGUEZ AGUDELO.
En efecto, tanto la imputación como la acusación individualizan a JULIO VICENTE SANCHEZ ORTIZ como la persona a quien se dirigieron los engaños y como quien realizó las disposiciones patrimoniales descritas por la Fiscalía, mientras que CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ AGUDELO reclama un perjuicio derivado d
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