TSDJ CTG - Sentencia 13001310300220240012501 de 2026

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA

SALA CIVIL – FAMILIA

Magistrada sustanciadora:

MARTHA CECILIA HUNTER HERNÁNDEZ

Cartagena de Indias, ocho (8) de septiembre de dos mil veintiséis (2026) Discutido y aprobado en Sala de la fecha

Referencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

Demandante: Cecilia Doria Peluffo De Yibirin

Demandados: Stella Peluffo Álvarez y Otoniel Marín García Juzgado de Origen: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena Radicación: 130013103002-2024-00125-01

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito d e Cartagena , dentro del proceso ejecutivo descrito en la referencia.

ANTECEDENTES

1. Cecilia Doria Peluffo de Yibirin formuló la presente demanda ejecutiva, presentando los hechos que se sintetizan a continuación1:

1.1. Los demandados Stella Pelufo Álvarez y Otoniel Marín García aceptaron un pagaré p or valor de $240.000.000 el 20 de agosto de 2019, obligándose a pagarlo en 60 cuotas mensuales de $4.000.000, siendo la primera cuota el 2 de septiembre de 2019 y así sucesivamente cada mes.

1 Cuaderno Principal, Archivo Pdf 01.Referencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

Demandante: Cecilia Doria Peluffo De Yibirin

primera cuota el 2 de septiembre de 2019 y así sucesivamente cada mes.

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1.2. Los ejecutados cumplieron hasta el 2 de mayo de 2021, fecha a partir de la cual incurrieron en mora, lo que dio lugar a la exigibilidad total de la obligación en virtud de la cláusula aceleratoria.

2. La demandante solicitó librar mandamiento ejecutivo por la suma de $156.000.000, correspondiente al capital contenido en el pagaré suscrito el 20 de agosto de 2019, junto con los intereses moratorios causados desde el incumplimiento (21 de mayo de 2021) y los que se sigan generando , a la tasa del 3% nominal mensual.

3. El Juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago mediante auto del 8 de mayo de 2024, de la siguiente manera: “Líbrese mandamiento de pago a favor de CECILIA DORIA PELUFFO DE YIBIRIN contra STELLA PELUFFO ALVAREZ y OTONIEL MARIN GARCÍA, por la suma CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE. ($156.000.000,oo), por concepto de capital insoluto del pagaré sin número, obrante a folio 14 de la demanda, más intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la ley desde el

MCTE. ($156.000.000,oo), por concepto de capital insoluto del pagaré sin número, obrante a folio 14 de la demanda, más intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la ley desde el momento en que la obligación se hizo exigible hasta cuando se produzca el pago total de la obligación, más las costas y gastos del proceso”.

4. Los demandados dentro de la oportunidad legal procedieron a contestar la demanda y proponer excepciones de mérito 2; acepta ron parcialmente los hechos, aceptando la suscripción del pagaré por valor de $240.000.000; no obstante, controvi rtieron la exigibilidad al sostener que dicho título valor tiene ca rácter subsidiario y accesorio respecto de un negocio jurídico principal denominado “ Acuerdo sobre proceso de división de la comunidad de propiedades ”, celebrado en agosto de 2019; bajo esta línea, afirmaron que la obligación cambiaria no puede analizarse de manera aislada, en tanto su causa se encuentra supeditada al cumplimiento de prestaciones recíprocas pactadas en dicho acuerdo; adujeron que la parte actora incumplió obligaciones esenciales, particularmente la cesión del 50% de los derechos sobre uno d e los inmuebles objeto del acuerdo, circunstancia que, en su criterio, impide la exigibilidad del pagaré y habilita

2 Cuaderno Principal Archivo 23 en pdf.Referencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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la aplicación de la excepción de contrato no cumplido, en ese sentido, sostienen que la suspensión de los pagos no obedece a una conducta arbitraria, sino a la falta de ejecución de las obligaciones a cargo de la contraparte. Destacaron además, que la demandada Stella Peluffo efectuó pagos parciales por valor de $84.000.000, correspondientes a 21 cuotas, lo cual, a su juicio, evidencia la exis tencia y ejecución del negocio causal, así como la improcedencia de predicar una mora automática sin considerar el contexto contractual subyacente. En cuanto al demandado Otoniel Marín García, afirma ron que este no participó en el negocio causal ni recibió beneficio económico alguno, por lo que cuestiona la legitimación en la causa por pasiva frente a las pretensiones ejecutivas.

Las excepciones de mérito propuestas fueron:

4.1. “INEPTITUD DE LA DEMANDA por no reunir los requisitos formales señalados por el Art. 82 del C.G.P.”, alegan que el demandante en el acápite de los hechos relaciona en los enumerados del 6 al 10 algunos que no tienen relación con las pretensiones; en el acápite de notificaciones no se relacionó los correos electrónicos de la demandante y mucho menos se expresó la circunstancia por la cual desconoce las mismas.

4.2 “EXCEPCION DERIVADA DEL NEGOCIO CAUSAL o SUBYACENTE” , “La

electrónicos de la demandante y mucho menos se expresó la circunstancia por la cual desconoce las mismas.

4.2 “EXCEPCION DERIVADA DEL NEGOCIO CAUSAL o SUBYACENTE” , “La excepción legal del incumplimiento contractual ”; “INEXISTENCIA DE UNA OBLIGACIÓN EXIGIBLE y COBRO DE LO NO DEBIDO”; “INEXISTENCIA DE UN TÍTULO COMPLEJO QUE PROVENGA DEL DEMANDANTE ”; “ INEXISTENCIA DE UN DOCUMENTO IDÓNEO, BASE DE RECAUDO” , “LA INEFICACIA DEL TITULO VALOR para el demandado OTONIEL MARIN” y “FRAUDE PROCESAL”, todas con fundamentos similares; alegan que el título valor representado para este proceso es un documento subsidiario, el cual depende para su ejecución del cumplimiento de lo estipulado en el contrato principal suscrito por la demandante Cecilia Doria Peluffo de Yibirin y la demandada Stell a Peluffo Álvarez que denominaron “ ACUERDO SOBRE PROCESO DE DIVISION DE LA COMUNIDAD DE PROPIEDADES ” de fecha 21 agostoReferencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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de 2019; las contingencias posteriores acaecidas por el incumplimiento del contrato es una ineficacia del título valor que ameritan el no pago de la obligación; el demandado Otoniel Marín García, no recibió ningún dinero, ni préstamo, ni percibió en calidad de mutuo suma alguna de los valores

contrato es una ineficacia del título valor que ameritan el no pago de la obligación; el demandado Otoniel Marín García, no recibió ningún dinero, ni préstamo, ni percibió en calidad de mutuo suma alguna de los valores cobrados por la demandante, ni participó en la negociación efectuada entre Cecilia Doria Peluffo De Yibirin y Stella Peluffo Álvarez; la demandante no ha transferido a favor de la demandada Stella el inmueble identificado con folio de matrícula N°.060-183371, por su parte la Sra. Stella sí cumplió al transferir el inmueble con matrícula inmobiliaria N°.060-111802 a la actora, por ello, la e jecutada no se encuentra inmersa en la causal de mora que invoca la ejecutante, pues no adeuda ningún valor por concepto de pagos de cuotas pendientes a partir del 3 de junio de 2021. Dice que existe fraude procesal, por cuanto, la demandante, le ocultó al Juez los compromisos adquiridos en el contrato de “ ACUERDO SOBRE PROCESO DE DIVISION DE LA COMUNIDAD DE PROPIEDADES” y que prometió en venta el inmueble identificado con folio de matrícula 060-11801, sobre el cual la demandada Stella posee un 20% de los derechos.

5. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena emitió sentencia el 23 de octubre de 2025, en la que resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRENSE IMPRÓSPERAS las excepciones de mérito presentadas por el apoderado judicial de los demandados ESTELA PELUFFO ALVAREZ y OTONIEL MARIN GARCÍA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

el apoderado judicial de los demandados ESTELA PELUFFO ALVAREZ y OTONIEL MARIN GARCÍA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SÍGASE ADELAN TE CON LA EJECUCIÓN a favor de CECILIA DORIA PELUFFO DE YIBIRIN , en contra de ESTELA PELUFFO ALVAREZ y OTONIEL MARIN GARCÍA, en la forma decretada en el auto de mandamiento de pago dictado en este proceso.

TERCERO: ORDÉNESE el avalúo, y remate de los bi enes embargados, y los que posteriormente se llegaren a embargar, previo secuestro de estos; o la entrega de los dineros embargados una vez ejecutoriado el auto que apruebe la liquidación del crédito y las costas, hasta la concurrencia del valor liquidado y/o hasta que se cubra la totalidad de la obligación.

CUARTO: LIQUÍDESE EL CRÉDITO a instancia de las partes, conforme a lo establecido en el artículo 446 del Código General del Proceso. De existir abonos, la parte demandante deberá imputarlos al momento de efectuar la liquidación de crédito.Referencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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QUINTO: CONDÉNESE a la parte demandada a pagar las costas en el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso. Liquídese

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QUINTO: CONDÉNESE a la parte demandada a pagar las costas en el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso. Liquídese por secretaría una vez ejecutoriada e sta providencia, en la forma establecida en el artículo 366 ídem.

SEXTO: SEÑÁLESE como agencias en derecho a favor de la parte demandante el 3% del valor dispuesto en el mandamiento de pago y a cargo de la demandada, la suma de

$4.680.000,oo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 No. 1 del Código General del Proceso y el Acuerdo PSAA -1610554, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

Para arribar a tal decisión, el Juzgado de primera instancia luego de verificar que se cumplían los presupuestos procesales, centró el análisis en determinar si el pagaré base de la ejecución era exigible y si prosperaban las excepciones propuestas por los demandados, especialmente aquellas derivadas del negocio ju rídico causal, en primer lugar, estableció que el pagaré suscrito el 20 de agosto de 2019 reunía todos los requisitos legales y, por tanto, constituía un título valor válido y, en principio, exigible por la vía ejecutiva, más aún cuando se acreditó el incu mplimiento desde mayo de 2021 y la activación de la cláusula aceleratoria; al analizar las excepciones relacionadas con el negocio causal subyacente (ACUERDO SOBRE PROCESO DE DIVISIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIEDADES ), conforme al artículo 784 del Código de Comercio, precisó que estas solo prosperan si se demuestra que

relacionadas con el negocio causal subyacente (ACUERDO SOBRE PROCESO DE DIVISIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIEDADES ), conforme al artículo 784 del Código de Comercio, precisó que estas solo prosperan si se demuestra que el incumplimiento alegado afecta de manera real la exigibilidad del título, en ese contexto, concluyó que aunque el negocio causal sí existía y contenía obligaciones recíprocas, no se probó el incumplimiento de la demandante en los términos alegados , p or el contrario, evidenció que la obligación de transferir un inmueble a favor de la demandada estaba sometida a una condición suspensiva, consistente en el pago total de la suma pactada ($240.000.000), lo cual no ocurrió, dado que la deudora dejó de pagar desde 2021, en consecuencia, determinó que no era jurídicamente válido invocar la excepción de contrato no cumplido, ya que las obligaciones no eran simultáneas, sino sucesivas, y el incumplimiento provenía de la demandada, esto desvirtuó las excepciones relacionadas con inexistencia de obligación, cobro de lo no debido e ineficacia del título.Referencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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Respecto del demandado Otoniel Marín García, la Juez concluyó que su firma en el pagaré correspondía a la de un avalista, por lo que su obligación es autónoma e independiente del negocio causal , en tal calidad,

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Respecto del demandado Otoniel Marín García, la Juez concluyó que su firma en el pagaré correspondía a la de un avalista, por lo que su obligación es autónoma e independiente del negocio causal , en tal calidad, no podía ampararse en excepciones derivadas de un contrato en el que no participó, y al no demostrar causales propias de exoneración cambiaria, mantenía su responsabilidad solidaria.

Con fundamento en lo anterior, el Despacho concluyó que no se acreditaron las excepciones de mérito, por lo que el pagaré conservaba su fuerza ejecutiva, en consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución, disponer el avalúo y remate de bienes, la liquidación del crédito y condenar en costas a la parte demandada.

6.- Contra esta decisión, los demandados interpusieron recurso de apelación, señalando ante el Juzgado los reparos concretos. Por auto del 12 de noviembre de 2025, se admitió el recurso de ap elación interpuesto por los demandados, recibiéndose oportunamente la debida sustentación en los siguientes términos:

De manera general expuso la parte recurrente que el pagaré base de la ejecución no tuvo origen en una obligación dineraria autónoma, sino que se suscribió como instrumento accesorio del “Acuerdo sobre Proceso de División de la Comunidad de Propiedades ”, circunstancia que fue reconocida incluso por la propia demandante, no obstante, el Juzgado omitió valorar integralmente dicho negocio causal y analizó el título de manera aislada, contrariando las reglas de la sana crítica ; a dvirtió que, en ese contexto, se formularon

propia demandante, no obstante, el Juzgado omitió valorar integralmente dicho negocio causal y analizó el título de manera aislada, contrariando las reglas de la sana crítica ; a dvirtió que, en ese contexto, se formularon excepciones de mérito que no fueron debidamente estudiadas, en particular: (i) la excepción derivada del negocio causal, (ii) la excepción de incumplimiento contractual y (iii) la inexistencia de obligación clara, expresa y exigible; insistió en que la demandante incumplió la obligación de ceder derechos sobre el inmueble obj eto del acuerdo, lo cual impedía la exigibilidad del pagaré.Referencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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Ya concretamente, enunció los fundamentos del recurso así:

1. Error de hecho por falta de apreciación probatoria. Reprochó un error de hecho por indebida valoración probatoria, al haberse ignorado pruebas determinantes, tales como el contrato de división de propiedades, los certificados de tradición que evidencian el incumplimiento de la demandante, así como los testimonios y el interrogatorio de parte que confirmaban la ausencia de entrega de dinero y la naturaleza accesoria del título. Indicó que la sentencia desconoció el deber de apreciación conjunta del acervo probatorio previsto en el artículo 176 del CGP.

2. Error de derecho por indebida aplicación del artículo 422 del

título. Indicó que la sentencia desconoció el deber de apreciación conjunta del acervo probatorio previsto en el artículo 176 del CGP.

2. Error de derecho por indebida aplicación del artículo 422 del C.G.P. Alegó que el pagaré no constituía un título ejecutivo autónomo, sino un instrumento subordinado a un contrato incumplido por la demandante, de manera que no prestaba mérito ejecutivo.

3. Desconocimiento de la excepción derivada del negocio causal.

Afirmó que existe desconocimiento de la excepción derivada del negocio causal (artículo 784 numeral 2 Código de Comercio), indicando que, al no haber circulación del título, la autonomía cambiaria debía ceder, permitiendo oponer el incumplimiento contractual , y en consecuencia, afectar la exigibilidad del pagaré, en esa misma línea, planteó la indebida aplicación del principio de autonomía del título valor, al tratarlo como independiente y que al permanecer entre las partes, debía analizarse a la luz de la relación subyacente.

4. Vulneración del principio de lealtad procesal (art. 78 CGP) . La demandante ocultó la existencia del contrato causal y presentó el pagaré como una obligación autónoma, induciendo en error al Juez.Referencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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Respecto del demandado Otoniel Ma rín García, el recurso cuestionó

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Respecto del demandado Otoniel Ma rín García, el recurso cuestionó su condena al pago, argumentando que, aunque firmó el pagaré, no fue parte del negocio causal ni recibió contraprestación, por lo que no debía extenderse automáticamente su responsabilidad.

Finalmente, formuló reparos frente al trámite procesal, señalando la existencia de decisiones que evidencian un trato desigual, tales como el decreto de medidas cautelares en exceso del monto de la obligación, la admisión y trámite expedito de solicitudes de la parte demandante sin cumplimiento de requisitos legales, y la dilación en la resolución de peticiones de l a defensa, lo cual, a su juicio, comporta una afectación al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de igualdad.

CONSIDERACIONES

1.- Delanteramente, la Sala no observa reparo en la presencia de lo s presupuestos procesales ni observa irregularidades que afecten la validez de lo actuado, motivo por el cual procede a dictar sentencia para resolver de fondo la apelación formulada por la parte demandada.

2.- A partir de los reparos formulados por la parte demandada, la Sala debe establecer si, no obstante, la existencia formal del pagaré como título valor, las circunstancias derivadas del negocio jurídico que le dio origen tienen la entidad suficiente para incidir negativamente en su exigibilidad y, por ende, en la procedencia de la ejecución.

3.- Para comenzar, resulta pertinente repasar los elementos,

valor, las circunstancias derivadas del negocio jurídico que le dio origen tienen la entidad suficiente para incidir negativamente en su exigibilidad y, por ende, en la procedencia de la ejecución.

3.- Para comenzar, resulta pertinente repasar los elementos, estructura y contenido del título ejecutivo. De forma unánime la ley, la doctrina y la jurisprudencia, han sostenido que la viabilidad del proceso ejecutivo se cimenta en la presencia de un título ejecutivo válido para exigir las prestaciones que en el mismo se consignen, ello , descarta la utilizaciónReferencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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de la vía compulsiva cuando se carece de un documento que ostente tales calidades, en ese sentido, es paradigmático el apotegma de derecho romano según el cual no puede haber ejecución sin título ejecutivo que la soporte (nulla executio sine titulo).

En nuestra legislación no existe un sistema enumerativo de los documentos que tienen la calidad de títulos ejecutivos, disponemos de una norma general que determina las características que deben contener, sin embargo, también existen leyes especiales que otorgan tal condición a algunos de ellos; hay títulos ejecutivos judiciales, contractuales, de origen administrativo y de actos un ilaterales del deudor de los que se puede predicar tal condición . E n términos generales podemos decir que la viabilidad del cobro ejecutivo parte de un título con las características de

administrativo y de actos un ilaterales del deudor de los que se puede predicar tal condición . E n términos generales podemos decir que la viabilidad del cobro ejecutivo parte de un título con las características de fondo y forma que establece la ley, el artículo 422 del C.G.P. preceptúa que se puede demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba en contra de este.

Por su parte los títulos valores, constituyen una especie privilegiada de títulos ejecutivos en tanto cuentan con atributos propios que les permiten circular dando efectiva certeza de su contenido; el artículo 619 del Código de Comercio los define como : “documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora ”, agregando que pueden ser: “de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías”; ahora bien, dados los notables alcances de los títulos valores, no cualquier clase de documento puede adquirir dicha entidad sino solamente aquellos que contengan el lleno de los requisitos que la ley prevé para su configuración, este principio se encuentra plasmado en el Artículo 620 ibidem en los siguientes términos: “Los documentos y los actos a que se refiere este título sólo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los presuma”. A su vez el Artículo 621 ibidem establece como requisitos generales de todo título valor: “(…) 1) La mención delReferencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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establece como requisitos generales de todo título valor: “(…) 1) La mención delReferencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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derecho que en el título se incorpora, y 2) La firma de quién lo crea”.

Dentro de la amplia gama de títulos valores que consagra nuestra legislación, está el pagaré, cuyos requisitos están definidos conforme al Artículo 709 ibidem así: “El pagaré debe contener, además de los requisitos que establece el Artículo 621, los siguientes: 1) La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero; 2) El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago; 3) La indicación de ser pagadero a la orden o al portador, y 4) La forma de vencimiento”.

Ahora bien, cuando la controversia surge entre las mismas partes que intervinieron en el negocio causal, resulta jurídicamente viable analizar las relaciones subyacentes, en los términos del Artículo 784 del Código de Comercio, disposición que consagra las excepciones oponibles a la acción cambiaria, en particular, el numeral 12 que prevé: “las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa”, entonces, cuando el ejecutante ha sido parte en el negocio jurídico generador del título, la normativa habilita al deudor para estructurar

en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa”, entonces, cuando el ejecutante ha sido parte en el negocio jurídico generador del título, la normativa habilita al deudor para estructurar su defensa en las excepciones derivadas de dicha relación causal , en este escenario, si bien mantienen relevancia los principios de literalidad, incorporación y autonomía propios de los títulos valores, estos no operan de manera absoluta, pues la exigibilidad se encuentra supeditada a las circunstancias del negocio subyacente. Sobre este particular, la Corte Constitucional T-310 de 2009 ha sostenido: “ (…) es importante recabar en la causal de oposición a la acción cambiaria derivada del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título. Este mecanismo de defensa del deudor cambiario se aplica de forma excepcional, puesto que afecta las condiciones de literalidad, incorporación y autonomía del título valor, basada en la existencia de convenciones extracartulares entre el titular y el deudor, las cuales enervan la posibilidad de exigir la obligación, en los términos del artículo 782 del C ódigo de Comercio. Es evidente que la prosperidad de la excepción fundada en el negocio causal o subyacente tiene efectos directos en la distribución de la carga probatoria en el proceso ejecutivo: si el deudor opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio subyacente, le corresponderá probar (i) las características particulares del mismo; y (ii) las consecuencias jurídicas que, en razón a su grado de importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo y la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en un título valor. Como se indicó en elReferencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

razón a su grado de importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo y la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en un título valor. Como se indicó en elReferencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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fundamento jurídico 15 de esta decisión, los principios de los títulos valores están dirigidos a garantizar la seguridad jurídica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligación y la posibilidad que el crédito incorporado sea susceptible de tráfico mercantil con la simple entrega material del título y el cumplimiento de la ley de circulación. En consecuencia, si el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligación cambiaria, deberá demostrar fehacientemente que la literalidad del título se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente. Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepción”.

4.- En el presente asunto se aportó el pagaré suscrito el 20 de agosto de 2019, objeto de recaudo ejecutivo que se atempera a lo dispuesto en los Artículos 621 y 709 del Código de Comercio y por consiguiente respalda – en principio – el mandamiento ejecutivo contenido en el Auto del 8 de mayo de 2024, pues contiene: a) La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero [$240.000.000] por parte de Stella Peluffo Álvarez y

en principio – el mandamiento ejecutivo contenido en el Auto del 8 de mayo de 2024, pues contiene: a) La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero [$240.000.000] por parte de Stella Peluffo Álvarez y Otoniel Marín García, b) El nombre de la persona a quien debe hace rse el pago, Cecilia Doria Peluffo de Yibirin, c) La indicación de ser pagadero a la orden y d) La forma de vencimiento [la suma de $240.000.000 serían canceladas en 60 cuotas por valor de $4.000.000 de pesos, siendo la primera de ellas el 2 de septiembre de 2019, y así sucesivamente cada 2 día de cada mes).

Dicho título valor contiene una obligación clara, expresa y exigible (Art. 422 del C.G.P.); en punto de la c laridad como característica del título valor, preciso es señalar que la obligación devenga inteligible fácilmente, sin lugar a confusiones, ora, que no haya necesidad de realizar argumentaciones o complementos para su materialización; en lo atinente a la expresividad de la obligación, cumple memorar que consiste en que el documento aportado como instrumento de recaudo ejecutivo, consigne con certeza, nitidez e inequívocamente i) Los sujetos, ii) El objeto y, iii) El vínculo jurídico, es decir tanto el crédito a favor del sujeto activo, así como la deuda en contra y a cargo del sujeto pasi vo o deu dor, y, por último, la e xigibilidad busca comprobar que se halle vencido el plazo, cumplida la condición o laReferencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

Demandante: Cecilia Doria Peluffo De Yibirin

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comprobar que se halle vencido el plazo, cumplida la condición o laReferencia. Apelación de sentencia – Ejecutivo

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modalidad para realizar el cobro respectivo, o que siendo una obligación pura y simple al no estar sujeta a plazo, condición o modo, permita exigi rla inmediatamente3, requisitos que el titulo valor aportado los reúne.

5.- Determinado el mérit