TSDJ CTG - Sentencia 13001310300420180012402 de 2026

Radicación: 13001310300420180012402.

Proceso: Responsabilidad civil contractual.

Demandante: Inversiones Cedeño Cueter & CIA S en C.

Demandado: Yadubis Mercedes Negrete López y otros.

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA

SALA CIVIL-FAMILIA

Magistrada Ponente:

AIDA MÓNICA ROSERO GARCÍA

Radicación: 13001310300420180012402.

Proceso: Responsabilidad civil contractual.

Demandante: Inversiones Cedeño Cueter & CIA S en C.

Demandado: Yadubis Mercedes Negrete López y otros.

Cartagena de Indias DTC, Treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026). (Discutido y aprobado en sesión de sala del treinta de septiembre de dos mil veintiséis)

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo adiado 30 de abril de 2026, por medio del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena declaró probada la excepción de mérito de falta de legitimación en la causa por activa y desestimó las pretensiones de la demanda.Radicación: 13001310300420180012402.

Proceso: Responsabilidad civil contractual.

Demandante: Inversiones Cedeño Cueter & CIA S en C.

Demandado: Yadubis Mercedes Negrete López y otros.

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I. ANTECEDENTES

La demanda. Por demanda presentada el 11 de abril de 2018, la sociedad Inversiones Cedeño Cueter & Cía S en C pretende que se declare que entre Cristóbal Guillermo Castellar Narváez (qepd) y la

La demanda. Por demanda presentada el 11 de abril de 2018, la sociedad Inversiones Cedeño Cueter & Cía S en C pretende que se declare que entre Cristóbal Guillermo Castellar Narváez (qepd) y la sociedad Inversiones Cedeño Cueter & Cía S en C existió un contrato de arrendamiento verbal sobre el local comercial ubicado en la Avenida Luis Carlos Escallón No. 8-29, primer piso, de Cartagena, donde funcionó el establecimiento de comercio Drogas El Descuento.

Así mismo, deprecó que se declare el incumplimiento contractual de Cristóbal Guillermo Castellar Narváez (qepd) y, por ende, su responsabilidad derivada de dicho contrato, trasmitida a sus herederos determinados Yadubis Mercedes Negrete López, Javier Castellar (Castellón) León, Mauricio Castellar León (qepd), Carlos Castellar León, Ricardo Castellar León, María Carolina Castellar Negrete y Diana Castellar Negrete.

Al reformar la demanda, pidió que se declarara que entre Cristóbal Guillermo Castellar Narváez (qepd) y la sociedad Ibeacon SAS hubo un contubernio (sic) dirigido a defraudar los derechos contractuales de la demandante. Como consecuencia, solicitó que se condenara a los demandados a pagar los siguientes valores: $228.266.167 M/L discriminados en $12.200.000 M/L de daño emergente, $123.666.167 M/L de lucro cesante y $92.400.000 M/L por perjuicios morales.Radicación: 13001310300420180012402.

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Narró en la causa petendi que en noviembre de 1990 la sociedad demandante celebró un contrato de arrendamiento verbal con Cristóbal Guillermo Castellar Narváez (qepd), en el cual asumió la calidad de arrendataria del local comercial denominado Drogas El Descuento, ubicado en la Avenida Luis Carlos Escallón No. 8-29, de esta ciudad.

Manifestó que el 25 de abril de 2014 fue desalojada por una orden policiva, toda vez que el predio fue catalogado en estado de ruina. Refirió que durante la vigencia de la relación cumplió a cabalidad con la obligación de pago del canon; no obstante, el demandado no cumplió con la obligación de conservación del inmueble a fin de que continuara reuniendo las condiciones locativas para las que fue arrendado, pues omitió realizar reparaciones y arreglos.

Adicionalmente, expresó que, una vez superado el deterioro, el señor Castellar Narváez no le dio continuidad al contrato de arrendamiento y desconoció el derecho preferente que le asistía a la sociedad demandante, de acuerdo con el artículo 521 del Código de Comercio, ya que el inmueble fue cedido a otra persona bajo el argumento de que había sido vendido a la sociedad Ibeacon SAS, cuyos socios eran familiares de Castellar Narváez (qepd).

Adujo que la sociedad demandante está conformada por familiares quienes, producto del agravio contractual, sufrieron traumasRadicación: 13001310300420180012402.

Proceso: Responsabilidad civil contractual.

Adujo que la sociedad demandante está conformada por familiares quienes, producto del agravio contractual, sufrieron traumasRadicación: 13001310300420180012402.

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psicológicos y psiquiátricos que ameritaron tratamiento terapéutico y farmacológico.

1.1. El trámite y la defensa. La demanda fue admitida a través de auto del 25 de febrero de 2019, y la reforma de la d emanda, en el interlocutorio del 11 de noviembre de 2021.

1.2. Notificados los demandados, los herederos de Cristóbal Castellar Narváez (qepd) constituyeron apoderado judicial, contestaron la demanda y propusieron como excepciones perentorias: Falta de legitimación en la causa por pasiva, fundamentada en que el contrato escrito del 13 de noviembre de 1990 fue suscrito entre Cristóbal Castellar Narváez, como arrendador, y Distribuidora Las Antillas Ltda , como arrendataria, figurando Policarpo Cedeño Fortich y Nadia Cueter de Cedeño solo como garantes, ya que ese contrato nunca fue cedido a la hoy demandante, y que la propia sociedad actora, al ser demandada en un proceso de restitución anterior (Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena), confesó por apoderado no tener la calidad de arrendataria. Falta de nexo de causalidad entre el hecho y el daño, frente a la que argumentan que el fallecido Castellar Narváez (qepd) no tuvo relación contractual con la demandante, que el responsable ante la autoridad de

Falta de nexo de causalidad entre el hecho y el daño, frente a la que argumentan que el fallecido Castellar Narváez (qepd) no tuvo relación contractual con la demandante, que el responsable ante la autoridad de policía fue Ibeacon SAS y que la venta del inmueble rompió cualquier relación causal con los actos del causante. Inexistencia de daños morales, pues dicen que la demanda se limita a enunciar la categoría de perjuicio moral sin acreditarlos realmente. Finalmente, mala fe /Radicación: 13001310300420180012402.

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temeridad, pues estiman que la propia demandante, en el proceso de restitución donde fungió como demandada, negó su calidad de arrendataria, y hoy pretende derivar de esa misma relación co ntractual una indemnización.

1.3. La sentencia de primera instancia. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena comunicó el sentido del fallo en la audiencia de instrucción y juzgamiento del 16 de abril del hogaño. Posteriormente, con calenda 30 de abri l de 2026, mediante sentencia escrita, declaró probada la excepción de mérito de falta de legitimación en la causa por activa y desestimó las pretensiones de la demanda.

1.4. Concluyó que, del interrogatorio de la representante legal de la sociedad demandante, Nadia Cueter, quedaba claro que el contrato de arrendamiento había sido celebrado por su cónyuge fallecido, y que ella no había intervenido ni conocía el día ni la hora en que se celebró.

la sociedad demandante, Nadia Cueter, quedaba claro que el contrato de arrendamiento había sido celebrado por su cónyuge fallecido, y que ella no había intervenido ni conocía el día ni la hora en que se celebró.

Esa circunstancia, aunada a que reconoció haber ejercido la representación legal de la sociedad de forma ininterrumpida desde su creación, daba credibilidad a la versión de los demandados.

Reprochó que, en el proceso de restitución de inmueble arrendado adelantado en el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena, la hoy demandante se defendiera bajo el argumento de que no ostentaba la calidad de arrendataria del inmueble discutido en el presente proceso;Radicación: 13001310300420180012402.

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por ello, según la doctrina de venire contra factum proprium, no sería admisible que en este proceso esgrimiera una te sis contraria y se arrogara la legitimidad para sustentar el desmedro patrimonial por el presunto incumplimiento.

1.5. El recurso de apelación. La parte demandante recurrió la decisión y como reparos estructuró:

1. Omisión en la valoración de las pruebas de la demandante.

Afirma que el a quo solo dio valor probatorio a las pruebas aportadas y practicadas por la parte demandada, sin apreciar conforme a las reglas de la sana crítica las allegadas por la demandante ni exponer el mérito de cada una, en contravía del artículo 176 del CGP.

2. El juzgado confundió la prueba de declaración de parte con

conforme a las reglas de la sana crítica las allegadas por la demandante ni exponer el mérito de cada una, en contravía del artículo 176 del CGP.

2. El juzgado confundió la prueba de declaración de parte con la de confesión. Argumenta que el a quo mezcló los efectos de ambos medios, pues la expresión de la representante legal «quien hizo el contrato con el señor Cristóbal Castellar fue mi esposo» no cumple con los requisitos del artículo 191 del estatuto procesal para ser tenida como confesión y, como declaración de parte, tampoco fue valorada conforme a esa norma.

3. El a quo desconoció los artículos 196 y 197 del CGP. Esto, debido a que, según dijo, no fueron analizadas las modificacionesRadicación: 13001310300420180012402.

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y aclaraciones de la declaración ni confrontadas con las demás pruebas.

4. El contrato escrito no cumplió los requisitos del artículo 174 del CGP. Sostiene el recurrente que no se cumplieron los requisitos de la prueba trasladad a para que dicho documento fuera incorporado válidamente al proceso.

5. Testimonio de Policarpo Cedeño Fortich (qepd). Plantea que se le dio valor probatorio al testimonio de una persona que no es parte ni testigo en este proceso y que, de haberlo sido, no f ue ratificado conforme al artículo 222 CGP (sic).

Admitido el recurso en esta instancia, corrió el plazo para sustentarlo. El apelante cumplió la carga argumentativa respecto de los

parte ni testigo en este proceso y que, de haberlo sido, no f ue ratificado conforme al artículo 222 CGP (sic).

Admitido el recurso en esta instancia, corrió el plazo para sustentarlo. El apelante cumplió la carga argumentativa respecto de los reparos 1, 2, 3 y 4. Recuerda la Sala que el inciso segundo del numeral 3 del artículo 322 del CGP establece que el recurrente debe formular, al momento de apelar, los reparos concretos sobre los cuales versará la sustentación ante el superior. En los acápites III a V de la sustentación, en cambio, el extremo demandante desborda los límites que él mismo fijó en el recurso, y discute sobre la existencia y prueba del incumplimiento contractual, la presunta mala fe o simulación entre los demandados, la legitimación por pasiva y la cuantía de los perjuicios, tópicos que no fueron objeto de reparo concreto al momento de apelar. Por tratarse de materias ajenas a los reparos anunciados, la Sala seRadicación: 13001310300420180012402.

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abstiene de examinarlas, en tanto el artículo 328 del Código General del Proceso circunscribe el pronunciamiento del juez de segunda instancia a los argumentos expuestos por el apelante en la forma y oportunidad que la ley prevé, sin que sea admisible ampliar en la sustentación el objeto del recurso más allá de los reparos concretos formu lados al interponerlo.

Estando en oportunidad, se procede a desatar la alzada con base en las siguientes

objeto del recurso más allá de los reparos concretos formu lados al interponerlo.

Estando en oportunidad, se procede a desatar la alzada con base en las siguientes

II. CONSIDERACIONES

2.1. Los presupuestos para emitir fallo. Están agotados los trámites de la segunda instancia. Los presupuestos procesales están satisfechos, porque el juzgado de instancia y este tribunal son competentes, dada la naturaleza y cuantía del proceso, entre otros factores determinantes. La demanda re úne los requisitos de forma exigidos por la ley y las partes están capacitadas civil y procesalmente para intervenir en esta litis. Además, no se observan irregularidades que puedan afectar la validez del trámite. Por lo tanto, el fallo será de mérito.

2.2. El problema jurídico y la tesis. La Sala debe determinar si los reparos formulados por la demandante tienen la aptitud de desvirtuar lo decidido en primera instancia y de tener por acreditados losRadicación: 13001310300420180012402.

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presupuestos de la acción de responsabilidad civil contractual. La tesis que se sostendrá resulta adversa al recurrente.

2.3. Sobre la responsabilidad civil contractual derivada del arrendamiento de local comercial. Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes -artículo 1602 del Código Civily debe ejecutarse de buena fe, de modo que obliga no solo a lo que en él se expresa, «sino a todas las cosas que emanan precisamente de la

celebrado es ley para los contratantes -artículo 1602 del Código Civily debe ejecutarse de buena fe, de modo que obliga no solo a lo que en él se expresa, «sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella» -artículo 1603 ibidem-. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento, y el contratante cumplido puede pedir a su arbitrio la resolución o el cumplimiento, en ambos casos con indemnización de perjuicios. Tales principios gobiernan las obligaciones y negocios mercantiles po r virtud del artículo 822 del Código de Comercio.

La indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante, por causa de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento, y se extiende, en ausencia de dolo, a los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha delimitado los presupuestos de esta responsabilidad, precisamente en el contexto del arrendamiento de local comercial, así:Radicación: 13001310300420180012402.

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«La responsabilidad civil contractual se origina en la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación convenida en un contrato. La institución se sitúa en el contexto de un derecho de crédito que transcurre en un terreno exclusivo y limitado. Se concreta entre las partes del negocio jurídico y únicamente

ejecución imperfecta o tardía de una obligación convenida en un contrato. La institución se sitúa en el contexto de un derecho de crédito que transcurre en un terreno exclusivo y limitado. Se concreta entre las partes del negocio jurídico y únicamente respecto de los perjuicios nacidos en él. Igualmente, cuando la acción indemnizatoria se cierne en el contrato, para salir avante deberá probarse la culpa, adem ás de la convención, la clase de prestación incumplida o deficientemente satisfecha, el menoscabo y el necesario nexo causal entre estos últimos»1

Además, por regla general, incumbe al demandante demostrar la existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de modo que no le es dado conformarse con comprobar el incumplimiento, por parte del demandado, de la obligación genérica o específica de que se trate, puesto que la infracción de esta no lleva ineludiblemente consigo la producción de perjuicios.2

Ahora bien, el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar por ese goce un precio determinado. Cuando recae sobre un inmueble en el que el arrendatario explota un est ablecimiento de

1 CSJ SC 2500-2021. 2 CSJ SC 27 jul. 2001, exp. 5860, reiterada en CSJ SC1452-2024.Radicación: 13001310300420180012402.

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comercio, el régimen civil se integra con las normas especiales de los

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comercio, el régimen civil se integra con las normas especiales de los artículos 518 a 524 del estatuto mercantil.

De allí que el contrato de arrendamiento del local haga parte del establecimiento mismo, como elemento inmaterial de este. Así lo ha sostenido la Corte:

«(...) es palmario que quien, con su esfuerzo cotidiano, prestigia un establecimiento mercantil, creando en torno al mismo una clientela que, preponderantemente, se orienta por el local comercial utilizado por el empresario, genera un intangible que produce notables beneficios económicos a quien de él pretenda aprovecharse; por supuesto que dentro de los factores generadores de utilidades en el tráfico mercantil se encuentra la posibilidad de convocar una gran cantidad de clie ntes, tanto más si estos son habituales. Como la labor de afamar el local comercial tiene como venero la actividad realizada por el comerciante, y la misma es fuente de riqueza, se considera que el contrato de arrendamiento del inmueble constituye un elemento inmaterial del establecimiento mercantil».3

Por esa razón, las normas que disciplinan el arrendamiento de locales comerciales son de orden público y no admiten pacto en contrario.

3 CSJ SC 27 jul. 2001, exp. 5860, reiterada en CSJ SC2500-2021.Radicación: 13001310300420180012402.

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Así, el primero de los presupuestos que debe verificarse es la existencia de la convención que vincule a los extremos del litigio, pues, en cuanto la responsabilidad contractual se concreta entre las partes del negocio jurídico, solo quien ostenta la calidad de contratante está legitimado para reclamar la reparación de los pe rjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones que de este emanan.

2.4. El caso bajo examen. Concentrada la atención en el planteamiento del recurrente, en contraste con los elementos de juicio recaudados, anticipa la Sala que el recurso no tiene vocación de prosperar.

2.4.1. Reparos. Los reparos formulados y debidamente sustentados por la parte actora se analizarán y resolverán de forma conjunta, por cuanto todos versan sobre la valoración de las pruebas aportadas por las partes y del interrogatorio rendido por la señora Nadia Cueter en calidad de representante legal de la sociedad Inversiones Cedeño Cueter & CIA S en C.

2.4.2. Toda decisión judicial debe estar cimentada en las pruebas regular y oportunamente allegadas. Así lo dispone el artículo 164 del estatuto procesal, que exige que las providencias respondan a lo que se pruebe en el proceso. En igual sentido, en armonía con el principio onus probandi incumbit actori , desarrollado en el artículo 167 ibidem, corresponde al demandante demostrar los hechos constitutivos de suRadicación: 13001310300420180012402.

Proceso: Responsabilidad civil contractual.

onus probandi incumbit actori , desarrollado en el artículo 167 ibidem, corresponde al demandante demostrar los hechos constitutivos de suRadicación: 13001310300420180012402.

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pretensión, esto es, la existencia del contrato de arrendamiento, su calidad de arrendataria y el incumpl imiento que atribuye al arrendador, pues es quien persigue el efecto jurídico que de ellos se deriva.

2.4.3. Partiendo de esa premisa, es necesario fijar las cargas probatorias que correspondían a cada una de las partes. Es sabido que el contrato de arrendamient o es consensual, pues el legislador no le impuso formalidad o solemnidad alguna para nacer a la vida jurídica , basta que las partes convengan en el objeto y el precio, que son sus elementos esenciales, para que quede perfeccionado. Por ello, cuando no exista documento que lo contenga, su demostración pende de los demás medios de prueba, de los cuales debe emerger con claridad cada uno de los elementos que permiten predicar su existencia. De igual manera, si además se demanda el incumplimiento, en el proceso deben aparecer indubitables el acto u omisión que lo configura, el tiempo de ejecución, las prestaciones asumidas y las condiciones de terminación.

2.4.4. La sola afirmación de la existencia de un vínculo negocial no basta para tenerlo por demostrado; la parte demandante debe acompañar su relato de pruebas que le ofrezcan respaldo, pues si, surtido el debate probatorio, subsisten dudas acerca de los elementos

no basta para tenerlo por demostrado; la parte demandante debe acompañar su relato de pruebas que le ofrezcan respaldo, pues si, surtido el debate probatorio, subsisten dudas acerca de los elementos del convenio, la pretensión declarativa se ve frustrada.

2.4.5. La Sala advierte que las pruebas aludidas por el extremo recurrente no tienen la virtud de derruir la tesis en la que se cimienta laRadicación: 13001310300420180012402.

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sentencia fustigada. En efecto, no se observa que con la demanda, con su reforma o en el término de traslado de las excepci ones de mérito la parte activa hubiere desplegado esfuerzos probatorios eficaces para demostrar los elementos esenciales del contrato de arrendamiento. Resáltese que en el acápite de pruebas de la reforma no aparecen relacionados la comunicación de desahuc io ni los comprobantes de consignación en el Banco Agrario de Colombia que ahora se pretenden hacer valer. No obstante, aun de admitirse su existencia, así como la de las actuaciones policivas que sí se aportaron, esos elementos no pueden revestir mayor peso que la declaración de la representante legal de la sociedad y el contrato de arrendamiento del 13 de noviembre de 1990 válidamente aportado al trámite, frente a los cuales resulta más coherente la versión que deja en entredicho la calidad de arrendatari a de la sociedad Inversiones Cedeño Cueter & CIA S en C. Esta advertencia cobra especial relieve, porque en la reforma la demandante

coherente la versión que deja en entredicho la calidad de arrendatari a de la sociedad Inversiones Cedeño Cueter & CIA S en C. Esta advertencia cobra especial relieve, porque en la reforma la demandante precisó que la modificación, en materia probatoria, obedecía a la necesidad de anexar el dictamen pericial contable sobre l a entidad del perjuicio sin hacer ninguna otra mención.

2.4.6. Acerca de la prueba documental del contrato de arrendamiento del 13 de noviembre de 1990. Este documento, objeto de ataque por el censor, fue aportado por los demandados en el término de traslado de la demanda, con el propósito de demostrar que su causante había dado el predio en arrendamiento a la sociedad Distribuidora Las Antillas Ltda, y no a Inversiones Cedeño Cueter & CIARadicación: 13001310300420180012402.

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S en C. Dijo el apelante que el contrato fue controvertido y descartado en otro proceso, que se aportó sin el lleno de los requisitos del artículo 174 procesal y que no existe identidad entre quienes lo suscribieron y la aquí demandante.

2.4.7. Estima conveniente la Sala realizar breves precisiones acerca de la naturaleza de la prueba documental. Según el artículo 243 ejusdem, documento es todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y pueda ser llevado al juez para su apreciación. Su autenticidad depende de la certeza sobre la persona que lo elaboró, manuscribió o firmó, y la ley la presume respecto de los

representativo o declarativo y pueda ser llevado al juez para su apreciación. Su autenticidad depende de la certeza sobre la persona que lo elaboró, manuscribió o firmó, y la ley la presume respecto de los documentos emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocid osartículo 244 ibidem-. En cuanto a su aportación, el estatuto procesal contempla que se haga en original, en copia o mediante mensaje de datos, sin que ello afecte su eficacia demostrativa, siempre que se respete el principio de oportunidad probatoria.

2.4.8. Ahora bien, la parte contra la que se aduzca un documento puede adoptar varias posturas, a saber: a) no controvertirlo, caso en el cual la autenticidad queda en firme; b) tacharlo de falso, si se le atribuye como suscrito o manuscrito por ella, expresand o en qué consiste la falsedad y pidiendo las pruebas para demostrarla -los herederos de aquel a quien se atribuye deben hacerlo en las mismas oportunidades- ; c) desconocerlo, si no está firmado ni manuscrito por ella, caso en elRadicación: 13001310300420180012402.

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cual debe expresar los moti vos; d) pedir el cotejo de la copia con el original o la ratificación del documento declarativo de un tercero; y e) discutir su contenido o su alcance.

2.4.9. Examinado el expediente, resulta relevante que en el

original o la ratificación del documento declarativo de un tercero; y e) discutir su contenido o su alcance.

2.4.9. Examinado el expediente, resulta relevante que en el traslado en lista de las excepciones, del 1 de fe brero de 2024, el demandante se abstuvo de pedir pruebas, y que frente al auto del 6 de junio de 2025, que convocó a audiencia y decretó pruebas, también guardó silencio sobre las documentales allegadas por su contraparte. Aun en la audiencia del 16 de abr il de 2026, el documento que en la alzada se pretende refutar no fue cuestionado en la forma dispuesta por el legislador, primero porque para ello ya estaba precluida la oportunidad, pues la contradicción se efectuó desde el momento que se corrió traslado de las excepciones, y cuando fue decretada en el interlocutorio adiado como probanza válida, y de forma ulterior, tampoco se dijo ni se expuso en qué se fundaba la crítica, de modo que no se podía tener por desconocido, por disposición expresa del segundo inciso del artículo 272 del CGP: «No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que omita los requi sitos indicados en el inciso anterior». En conclusión, e l reproche no cumple ninguna de las dos condiciones, pues no fue oportuno ni contiene una motivación suficiente del desconocimiento.Radicación: 13001310300420180012402.

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del desconocimiento.Radicación: 13001310300420180012402.

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2.4.10. Tampoco es cierto que la demandante estuviera impedida para desco nocerlo por no haberlo suscrito, pues el mismo artículo 272 habilita a la parte a quien no se atribuye la firma para desconocer los documentos dispositivos y representativos emanados de terceros. Además, el documento no se adujo como prueba trasladada, sin o como documental aportada con la contestación, de modo que no le eran aplicables las reglas del artículo 174 como lo pide el recurrente . Adicional, lo decidido en otro proceso entre partes diferentes no vincula a esta Sala y tampoco al sentenciador de pri mer grado, ya que tampoco se hizo esfuerzo alguno en demostrar los presupuestos que para tal fin exige el artículo 303 ibidem. En consecuencia, el contrato ingresó válidamente al acervo probatorio y no resultan admisibles cuestionamientos posteriores sobre su autenticidad, pues el silencio de la demandante en las oportunidades legales la dejó en firme , y conforme a los principios de oportunidad probatoria y de preclusión, no pueden atenderse argumentos que no se esgrimieron en los plazos y con las ritualidades instituidas por el legislador.

2.4.11. La declaración de la señora Nadia Cueter. La parte disconforme con la sentencia recriminó al a quo por no apreciar las pruebas en conjunto, no valorar la rectificación realizada por la representante legal de la compañía demandante y tomar la expresión

disconforme con la sentencia recriminó al a quo por no apreciar las pruebas en conjunto, no valorar la rectificación realizada por la representante legal de la compañía