CC - C410-2020

Sentencia C-410/20

DECRETO LEGISLATIVO EN DESARROLLO DE ESTADO DE

EMERGENCIA QUE ADOPTA MEDIDAS EN EL SECTOR

AGROPECUARIO PARA ATENUAR LOS EFECTOS ECONOMICOS

DEL COVID-19-Exequible

DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Parámetros de validez constitucional

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO DECLARATORIO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Presupuestos formales y materiales

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO

LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Precedente La similitud entre ambas normas lleva a que lo decidido por la Corte en la Sentencia C-218 de 2020 opere como precedente en el presente caso, exclusivamente en lo que respecta a aquellas materias sustantivas que puedan ser extrapolables a diferentes estados de emergencia económica y social.

Referencia: Expediente RE-323

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 796 del 4 de junio de 2020 “por el cual se adoptan medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos económicos derivados de la enfermedad Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”

Magistrada Sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020). La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Diana Fajardo Rivera, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Luis Javier Moreno Ortiz, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, Richard S. Ramírez Grisales y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 7º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en los artículos 36 a 38 del Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: 2

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES La Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio del 5 de junio de 2020, remitió a esta Corporación copia auténtica del Decreto Legislativo 796 del 4 de junio de 2020 “por el cual se adoptan medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos económicos derivados de la enfermedad Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” La Sala Plena efectuó el reparto del asunto y su conocimiento correspondió a la Magistrada Ponente. El expediente fue remitido al despacho el 11 de junio del presente año.

A través de Auto 282 del 6 de agosto de 2020 se ordenó la suspensión del término para decidir, en razón de la prejudicialidad derivada del control de

constitucionalidad del Decreto 637 de 2020, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica al amparo del cual se adoptó la norma de la referencia. En ese sentido, en la parte resolutiva de esta decisión se ordenará levantar dicha suspensión.

II. TEXTO DEL DECRETO LEGISLATIVO OBJETO DE REVISIÓN A continuación, la Sala transcribe la parte resolutiva del decreto objeto de revisión, conforme a su publicación en el Diario Oficial 51.335 del 4 de junio de 2020 y se anexa a la presente providencia el texto completo del mismo.

“REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 796 DE 2020 4 JUN 2020 por el cual se adoptan medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos económicos derivados de la enfermedad Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, “por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional”, y (…) En mérito de lo expuesto, 3

DECRETA: Artículo 1°. Con la finalidad social de facilitar la recuperación de los

pequeños y medianos productores que hayan sido afectados por la emergencia sanitaria o se les haya agravado su situación, y promover liquidez en el campo colombiano, facúltese al Banco Agrario Colombia S. A., y al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), como administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), para celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera los cuales podrán incluir la condonación de intereses corrientes y de mora, así como quitas de capital, en los términos y límites fijados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya aplicación se extiende hasta la vigencia de la emergencia sanitaria. Artículo 2°. Modifíquese el artículo 12 de la Ley 1731 de 2014 que modificó el artículo 2° de la Ley 302 de 1996, el cual quedará así: “Artículo 2°. Situaciones de crisis. El Fondo de Solidaridad Agropecuario, de acuerdo con su disponibilidad de recursos, adquirirá a los intermediarios financieros la cartera de los productores beneficiarios de esta ley, o intervendrá en la forma autorizada en esta ley, cuando su Junta Directiva califique la ocurrencia de algunos de los siguientes eventos, a nivel nacional, o en determinadas zonas, departamentos, regiones o municipios, o respecto de un determinado producto o actividad agropecuaria o pesquera: a) Una situación de tipo extremo climatológico o una catástrofe natural que dé lugar a pérdidas masivas de la producción; b) Problemas fitosanitarios o plagas que afecten de manera general y en forma severa a cultivos o productos agropecuarios y pesqueros, reduciendo

sensiblemente la calidad o el volumen de la producción, siempre y cuando estos fenómenos sean incontrolables por la acción individual de los productores; c) Notorias alteraciones del orden público que afecten gravemente la producción o la comercialización agropecuaria y pesquera; d) Caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores, en los términos que reglamente el Gobierno nacional. e) Por los efectos de la declaratoria de la emergencia sanitaria asociada a la enfermedad Coronavirus COVID-19. Parágrafo 1°. La Junta Directiva deberá establecer que el evento de que se trate haya ocurrido durante el ciclo productivo o el período de comercialización, entendiendo por este lapso de noventa (90) días siguientes a la terminación del proceso de producción. Parágrafo 2°. El término de permanencia de la información negativa en los bancos de datos de los operadores de información de los productores agropecuarios que fueron sujetos del alivio del literal e) del presente artículo, será de 15 días, una vez sea materializada la intervención por parte del 4 Fondo.” Artículo 3°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta la vigencia de la Emergencia Sanitaria, podrá contratar de manera directa, previa justificación técnica, la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en todo el territorio nacional, así como lo relacionado con el desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el sector agropecuario, establecidos en el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, a través de las entidades u organizaciones que administren recursos parafiscales del sector agropecuario, y con la

sociedad fiduciaria del sector agropecuario. Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de su publicación. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

[Siguen la firma de los Ministros del despacho]

III. PRUEBAS E INTERVENCIONES Mediante Auto del 16 de junio de 2020, el despacho de la Magistrada Sustanciadora, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 244 de la Constitución, avocó conocimiento del asunto y comunicó del inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, a los Ministerios del Interior, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Superintendencia Financiera de Colombia, al Fondo para el Financiamiento del

Sector Agropecuario – FINAGRO y al Banco Agrario de Colombia. Adicionalmente, invitó a participar en el proceso a las facultades de derecho de las universidades (i) de los Andes, (ii) Sergio Arboleda, (iii) Externado de Colombia, (iv) del Rosario, (v) de Nariño y (vi) Libre de Bogotá, así como a (vii) la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), (viii) Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC, (ix) Dignidad Agropecuaria Colombiana y (x) Asociación Bancaria de Colombia; con el propósito de que, si lo consideraban oportuno, presentaran sus argumentos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la normativa bajo estudio. Asimismo, se decretó como prueba la presentación de un informe por parte de la

Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, cuya respuesta se expone a continuación, a partir de cada uno de los interrogantes formulados.

1. Presentar un informe sobre los resultados de la aplicación del artículo 2º del Decreto Legislativo 486 de 20201. Específicamente, este informe deberá dar cuenta 1 Artículo 2. Dada las afectaciones en el sector agropecuario por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, con la finalidad social de facilitar la recuperación de los pequeños y medianos productores para que haya liquidez en el campo colombiano, facúltese al Banco Agrario de Colombia S.A., y a Finagro, como administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), para celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera a los productores agropecuarios, los cuales podrán incluir la condonación de intereses corrientes y de mora, así como de quitas de capital en los términos y límites fijados por el Gobierno nacional, a favor de quienes hayan calificado como pequeños o medianos productores al momento de tramitar el respectivo crédito según la normatividad del crédito agropecuario, en el marco de la Emergencia Económica, 5 de (i) los acuerdos suscritos por FINAGRO para la recuperación y pago de cartera, previstos en esa norma; (ii) el número de beneficiarios de esas medidas, su distribución geográfica y las actividades productivas que ejercen; (iii) los montos totales de los beneficios, discriminados en condonación de intereses y quitas de capital. Igualmente deberá presentar el promedio del monto de esos beneficios.

Este informe también deberá determinar cuál es la disponibilidad presupuestal

restante para las actividades de celebración de acuerdos para la recuperación y pago de cartera que se prevén por el artículo 1º del Decreto 796 de 2020. Para dar respuesta a lo solicitado, a través de oficio del 23 de junio de 2020, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió informe preparado para el efecto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio informó que no se habían suscrito acuerdos por parte de FINAGRO, por lo que no era posible responder los demás interrogantes. Sostuvo que la aplicación de dicha norma estaba circunscrita a la duración del estado de emergencia declarado en el Decreto Legislativo 417 de 2020, el cual había finalizado. Además, dijo que para la aplicación de la medida contenida en el artículo 2º del Decreto 486 de 2020, las entidades estatales debían implementar un proceso administrativo, mediante el cual se debía identificar a la población que podía ser beneficiada. Lo anterior, con base en un estudio preliminar del Banco Agrario de Colombia (en adelante BAC), presentado el 30 de marzo de 2020, se evidencia que se encontraban vencidas 130.833 obligaciones de pequeños y medianos empresarios del agro. En esa medida, el BAC y FINAGRO debían realizar una caracterización de la población que podría ser beneficiaria, al estudiar caso por caso las 130.388 obligaciones que arrojó el estudio previo y establecer cuantos de estas se acogieron a los beneficios de las Circulares 7, 8 y 9 de 2020 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por este motivo, dado que la duración de la medida del artículo 2º del Decreto Legislativo 486 de 2020 no fue suficiente,

se hizo necesaria la extensión de los beneficios allí consagrados y otorgarles un periodo de duración más largo que, de acuerdo con la estimación del Gobierno Nacional, sería hasta el 31 de agosto de 2020 o el tiempo que permanezca vigente la emergencia sanitaria establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministerio aclaró que para la suscripción de los acuerdos no se requieren recursos del Presupuesto General de la Nación, en tanto que los beneficios se materializan con la posibilidad de conceder acuerdos de pago y de recuperación de cartera, que se concretan en la condonación de intereses y quitas de capital. En esa medida, no se entregan recursos del BAC y de FINAGRO a los deudores.

2. Explicar y cuantificar los obstáculos mencionados en la justificación técnica de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vinculados con las dificultades para contactar a los pequeños y medianos productores a los que refiere el artículo 2º del Decreto Legislativo 486 de 2020. Asimismo, deberá indicar el monto de los beneficios dejados de suministrar en virtud de esos obstáculos, en caso de haberse calculado.

El Ministerio expresó, en respuesta a lo anterior, que los obstáculos se refieren a las dificultades de implementación del mecanismo de acuerdos de pago, Social y Ecológica declarada mediante Decreto 417 de 2020. 6 particularmente, en la determinación de los beneficiarios de las medidas adoptadas por la Superintendencia Financiera. Insistió en que los plazos para la

implementación fueron muy cortos, dado que su aplicación no es inmediata. Afirmó que el productor tiene que demostrar su afectación económica por el COVID-19, lo cual se refleja en el mediano plazo y no en el corto plazo. A partir de lo expuesto, aseguró que los obstáculos fueron los siguientes: (i) respecto de la reglamentación, se requiere la identificación caso a caso de la cartera agropecuaria, de manera coordinada entre el Ministerio de Agricultura, el BAC y FINAGRO; y (ii) sobre la ejecución, el tiempo previsto fue demasiado corto para adelantar los procesos de divulgación y promoción de las medidas. Igualmente, el plazo también fue limitado para la negociación de los acuerdos, en especial para el análisis de la capacidad de pago y la obtención de los soportes que acrediten la afectación del deudor debido a la pandemia.

3. Aportar los soportes económicos que sustentan lo afirmado en los considerandos del decreto, en el sentido de que, si bien durante la emergencia sanitaria se ha logrado mantener en operación la cadena de suministros hacia las centrales mayoristas y ciudades con mayor densidad poblacional, en todo caso subsisten dificultades que inciden en los ingresos de los productores y trabajadores agropecuarios.

La información remitida por el Ministerio de Agricultura se agrupa en tres tópicos. En el primero, vinculado a la afectación del abastecimiento de alimentos en centrales mayoristas, destaca que en el pasado mes de abril hubo disminución de 800 toneladas (0.2%) en comparación con el mismo periodo del año anterior. Igualmente, se presentan distorsiones en la demanda de productos agropecuarios

por cuenta de las medidas de aislamiento obligatorio. Así, se redujo la demanda a mediados de abril, pero en la última semana se vio un efecto rebote en el alza de la demanda debido al acaparamiento de alimentos. Es importante tener en cuenta que estas distorsiones tienen incidencia negativa en el sector agropecuario, cuya oferta se basa en ciclos de cosecha propios de las lluvias y las dinámicas habituales de ventas en diferentes momentos del año. Por ende, los próximos ciclos de producción agropecuaria pueden verse interrumpidos por la falta de liquidez de los productores del país. Esto suscita riesgos de seguridad alimentaria. El segundo tópico refiere a la afectación del empleo rural. Sobre el particular, expresa el Ministerio que, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares sobre el mercado laboral, la tasa de desempleo del sector rural en el trimestre móvil de este año (febreroabril) fue de 8,82%. Esta cifra fue superior en 1,83 puntos porcentuales a la tasa del mismo trimestre un año atrás (6.99%). En el mismo sector, el número de ocupados en el trimestre móvil disminuyó en 302 mil personas (-6,5%). La reducción fue ocasionada, principalmente, por las actividades de agricultura, caza, silvicultura y pesca, en donde se redujeron 110 mil puestos de trabajo. Finalmente, respecto de la afectación en aspectos de la producción agropecuaria por las restricciones en la movilidad, el informe sostiene que, si bien no se ha dejado de producir, sí se ha visto reducida la venta de las cosechas debido a que los trabajadores no pueden trabajar para sacar los productos. De igual manera, ante el

aislamiento preventivo y por la prohibición de realizar eventos que convoquen grupos de personas, no han podido acceder a mercados y a canales tradicionales de 7 comercialización, como las plazas de ganados y las subastas. Esto limita la comercialización de productos, en especial en las zonas rurales más apartadas. En algunos casos, los productores no tienen acceso a servicios profesionales de apoyo, como veterinarios y asesores técnicos para sus cultivos; ni a servicios profesionales diagnósticos, como los laboratorios de muestras de animales, de suelos, asesores comerciales y financieros. También se ha evidenciado impacto en el abastecimiento de los insumos y fertilizantes, en tanto algunos se agotaron y otros son objeto de variabilidad en los precios. De otra parte, el acceso a canales virtuales es limitado en las zonas rurales apartadas. Por esta razón y en virtud de la disminución en la movilidad, sus habitantes no han podido acceder a campañas financieras ni a los bancos porque deben cumplir con las medidas de aislamiento y disminuyó el transporte hacia los centros poblados donde están las oficinas de intermediarios financieros. Igualmente, el 6% de la población del campo son personas mayores de 70 años, quienes tienen limitaciones para su movilización debido a las medidas de aislamiento obligatorio.

4. Explicar el contenido y alcance de los programas que ha adoptado el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios, en el marco de la emergencia sanitaria y mencionados en los considerandos del Decreto 796 de

2020. Al respecto, deberá exponer sucintamente el estado y nivel de ejecución de

dichos programas. El Ministerio destacó el documento CONPES 113 de 2008, que desarrolla la política de seguridad alimentaria del Gobierno Nacional. Ese instrumento tiene el objetivo de garantizar que toda la población del país disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad y calidad. Los programas que lo componen son los siguientes: Tres programas están en fase de ejecución. El primero es el Sistema de Información de Reporte de Insumos Agropecuarios – SIRIAGRO, mediante el cual se hace seguimiento a la política de precios de insumos agropecuarios establecida en la Resolución 071 de 2020. Así, los productores, importadores o comercializadores de estos productos deben reportar los precios y sus posibles anomalías ante el Ministerio de Agricultura. Esta información cumple un papel central en el monitoreo del mercado. La segunda es el seguimiento a precios del mercado agropecuario. El Ministerio de Agricultura y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE realizan un seguimiento mensual de los precios de los alimentos en las principales plazas de abastecimiento mayorista. La tercera iniciativa es el programa de apoyo al transporte para la comercialización, el cual busca apoyar a pequeños y medianos productores agro, al reconocerles un valor fijo por cada tonelada o cabeza de cría transportada para su venta fuera del municipio de producción. Dos programas se encuentran en fase de diseño. El primero versa sobre el alivio a los costos de producción. Tiene el propósito de apoyar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y, con ello, el suministro de alimentos a los centros de consumo. Lo anterior, mediante el apoyo a la compra de insumos agropecuarios

8 que se brinda a pequeños productores de frutas, hortalizas, tubérculos, plátanos, fríjol, cacao, bovinos, porcinos, aves de corral, pescado y ovino-caprinos. En tal sentido, el Ministerio de Agricultura asume un 30% de la compra de fertilizantes, semillas y alimentos para animales. El segundo es el programa de apoyo a la producción para las familias más vulnerables. Consiste en la entrega de tapabocas de protección personal, y de elementos de aseo como jabón, cloro, alcohol y bombas de espalda, para la implementación de protocolos de bioseguridad y desinfección de personas y máquinas en finca. También provee a los beneficiarios medios de vida que les permita moderar la movilización hacia centros de abastecimiento, y de producción para continuar con el cultivo de alimentos. De otra parte, el Auto del 16 de junio de 2020 también hizo dos preguntas específicas al Gobierno Nacional, sobre asuntos particulares del decreto examinado. En primer lugar, interrogó sobre ¿Cuál es el fundamento para adicionar el artículo 12 de la Ley 1731 de 2014, que modificó el artículo 2º de la Ley 302 de 1996, en especial si se tiene en cuenta que el literal d) de esa disposición permite la adquisición de cartera por parte del Fondo de Solidaridad Agropecuario, en caso de “caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores, en los términos que reglamente el Gobierno Nacional”? Sobre el particular, el Ministerio de Agricultura precisó que la aplicación de la causal en mención exige que las caídas de ingresos sean sostenidas en el tiempo. Así, según el artículo 2.1.3.1 del Decreto 1071 de 2015, se entenderá que la causal

ocurre cuando “los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público así lo determinen a través de resolución conjunta motivada, respecto a las cadenas y regiones de la producción en las que se haya presentado una baja de los ingresos de los productores que no permitan sufragar los costos mínimos de producción, siempre que la misma haya tenido una duración superior a seis (6) meses”. Por lo tanto, era necesario contar con una causal que atienda la crisis generada por el COVID-19, en la que no se requiera como requisito el hecho de que la caída en los ingresos sea mayor a seis meses. En esa medida, la condición adicionada responde a la afectación súbita de los campesinos por cuenta de la crisis económica de la pandemia. Además, el literal d) del artículo 12 no tiene en cuenta las formas diversas, temporales y particulares en las que se ha afectado al productor por la situación de emergencia que aqueja al país. La segunda pregunta fue la siguiente: ¿Por qué es necesaria la habilitación prevista en el artículo 3º del Decreto 796 de 2020 a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para contratar de manera directa? Esto teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 42 de la Ley 80 de 1993 y 2º, numeral 4º, de la Ley 1150 de 2007, normas que permiten la contratación directa ante la declaratoria de urgencia manifiesta, derivada a su vez, por mandato legal, de la declaratoria de los estados de excepción.” Al respecto, el Ministerio sostuvo que la urgencia manifiesta no permitía satisfacer los requerimientos de la contratación en las actuales condiciones dada la premura y

9 la urgencia de contratar la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en todo el territorio nacional. Además, esa modalidad contractual contiene un procedimiento administrativo que exige el agotamiento de trámites, incluida la expedición de un acto administrativo en el que se valoran las circunstancias específicas que habilitan el uso de la figura. De igual forma, las normas ordinarias en comento no prevén de manera específica la contratación directa con entidades adscritas y vinculadas al sector agropecuario. Finalmente, llamó la atención acerca de que todos los contratos que se celebren en virtud del decreto bajo estudio deben ser reportados a la Contraloría General de la República. La Secretaría General de esta Corporación, informó que recibió las intervenciones de (i) la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, (ii) la Sociedad de Agricultores de Colombia (iii) el Banco Agrario de Colombia y (iv) la Asociación Bancaria de Colombia. Intervención de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República2 Esa entidad manifestó que el Decreto Legislativo 796 de 2020 cumple los requisitos formales y materiales para que se declare su EXEQUIBILIDAD. De manera preliminar, la interviniente advirtió que la norma objeto de análisis reproduce el contenido de los artículos 2, 4 y 5 del Decreto Legislativo 486 de 2020, expedido en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 27 de marzo de 2020. En ese sentido, las

diferencias que ofrece la nueva normativa son: (i) vincular su vigencia a la duración de la emergencia sanitaria prevista por el Ministerio de Salud y Protección Social y no a la duración del mencionado estado de emergencia; y, (ii) establecer algunas precisiones de técnica legislativa, para mejorar la interpretación sobre el alcance de las disposiciones. Señaló que la necesidad del decreto se sustenta en que el tiempo de vigencia de las medidas contenidas en el Decreto 486 de 2020 fue insuficiente, de modo que su prórroga era imperativa para el cumplimiento de los objetivos planteados en estas. Así, insistió en que estas medidas se insertan en el propósito de implementar instrumentos de reactivación financiera en el sector agropecuario y, de esta manera, atenuar los efectos económicos de la pandemia. Luego de hacer una exposición sobre el contenido de la normativa estudiada y de las reglas jurisprudenciales aplicables a su revisión de constitucionalidad, la entidad explicó que cumple los diferentes juicios de análisis. En cuanto a las condiciones formales, advirtió que están debidamente acreditadas, en lo que respecta a la oportunidad, suscripción, motivación y alcance. Respecto de los juicios materiales, destacó que se cumplen los criterios de conexidad. En cuanto a su contenido interno, manifestó que el decreto está sustentado en la necesidad de adoptar medidas que extiendan en el tiempo los instrumentos de reactivación agrícola contenidos en esa disposición, en particular 2 Oficio del 3 de julio de 2020 suscrito por la doctora Clara María González Zabala, en calidad de Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República. Disponible en:

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=17243 10 para los pequeños y medianos productores, quienes son más vulnerables a la crisis. En efecto, en este grupo se refleja el incumplimiento en el pago de los créditos adquiridos para financiar su actividad productiva. Adicionalmente, las medidas se requerían para preservar la seguridad alimentaria y la estabilidad financiera de los productores de determinados bienes, cuyo consumo ha sido afectado en razón de la pandemia. Frente al contenido externo del juicio de conexidad, la interviniente indicó que el decreto declaratorio explica los graves efectos que para la economía nacional tienen las medidas de confinamiento, lo cual lleva a índices de crecimiento negativos cercanos al -4.6%. Estos efectos, de acuerdo con los considerandos de la misma normativa, se mantendrán en el tiempo, por lo que era necesario establecer medidas que permitan proteger el empleo y el aparato productivo, incluido el sector rural. De allí que exista un vínculo verificable entre las medidas contenidas en el decreto objeto de análisis y los motivos que sustentaron la nueva declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. En cuanto al juicio de finalidad la intervención destaca que las medidas contenidas en el decreto apuntan a (i) la generación de apoyos y mecanismos financieros a los pequeños y medianos productores agropecuarios; y (ii) la concesión de una facultad transitoria al Ministerio de Agricultura para contratar directamente determinadas actividades vinculadas con la garantía de seguridad alimentaria. Estas dos medidas tienen por objeto atender las necesidades de la crisis, que en términos de contracción económica exigen reactivar el sector agrícola. Por ende, cumplen con

el estándar mencionado. Sobre la necesidad de las medidas, expuso que la crisis económica derivada de la pandemia tiene incidencia en el cumplimiento de las obligaciones financieras de los productores agrarios, por lo que se requieren instrumentos de alivio como los planteados por el decreto. Así, tales herramientas se requieren “(…) para disminuir los costos asociados al crédito, que permitan la continuidad de las actividades productivas a los trabajadores del campo, como responsables del abastecimiento de alimentos al territorio nacional, a fin de propender por la seguridad alimentaria nacional.” Destacó que normas similares se han adoptado a través de circulares del BAC, con resultados favorables en términos de saneamiento de cartera. En cuanto a la subsidiariedad, señaló que las medidas legales existentes solo cubrían la cartera afectada a 31 de diciembre de 2013 y, por ende, no podían utilizarse para atender la crisis derivada de la pandemia. Además, las reglas del Decreto 486 de 2020 tenían un ámbito temporal limitado, por lo que resultaba necesario extender las competencias adscritas al BAC y a FINAGRO mientras se mantenga la emergencia sanitaria. Además, debían adelantarse tareas de identificación