CC - T009-2020

Sentencia T-009/20

ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR VALORACION

MEDICO LABORAL POR RETIRO DE LA FUERZA PUBLICAProcedencia JUNTA MEDICO LABORAL DE RETIRO-Importancia para la garantía efectiva de los derechos al debido proceso y a la seguridad social de personal retirado EXAMEN DE RETIRO DE LA FUERZA PUBLICA-Obligación del Ejército Nacional de practicarlo La práctica del examen de retiro, y con independencia de la causa que dio origen al retiro de las filas, se valora principalmente, de manera objetiva e integral, el estado de salud psicofísico del personal saliente y se determina si su condición clínica presente es consecuencia directa del ejercicio propio de las funciones asignadas, las que, por demás, están sujetas a riesgos especiales. Con base en los resultados obtenidos puede posteriormente determinarse si “les asisten otros derechos, tales como indemnizatorios, pensionales e incluso la [prestación o] continuación de la prestación del servicio médico después de la desvinculación”. Así, su práctica resulta determinante para definir cualquier futura relación o responsabilidad que la Institución Policial o Militar pueda tener con el personal retirado, por lo que el examen no debe estar sometido a un término de prescripción pues, de un lado, no existe una previsión que así lo establezca y, del otro, se trata de un derecho que tienen todos los funcionarios de la Fuerza Pública, en condición de desacuartelamiento, orientado a asegurar que puedan reintegrarse a la vida civil en las óptimas condiciones de salud en las que ingresaron a la prestación del servicio.

JUNTA MEDICO LABORAL MILITAR O DE POLICIA-Trámite

JUNTA MEDICO LABORAL MILITAR O DE POLICIA-Funciones

EXAMEN DE RETIRO DE LA FUERZA PUBLICAImprescriptibilidad DEBIDO PROCESO EN PROCEDIMIENTO DE VALORACION MEDICO LABORAL POR RETIRO DE LA FUERZA PUBLICAVulneración por cuanto no se culminó proceso de valoración por parte de la Junta Médico Laboral Militar

Referencia: expediente T-7.314.759

Acción de tutela presentada por Jesús Albeiro Villada Giraldo, por conducto de apoderada judicial, contra las Fuerzas Militares de Colombia -Dirección General de Sanidad Military -Dirección de Sanidad 2 Expediente T-7.314.759 del Ejército Nacional-1

Magistrada Ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos dictados, en primera instancia, por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de MedellínAntioquia-, el 3 de diciembre de 2018 y, en segunda instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín -Antioquia-, el 8 de febrero de 2019, dentro de la acción de tutela promovida por Jesús Albeiro Villada Giraldo, por conducto de apoderada judicial, contra las Fuerzas Militares de Colombia -Dirección

General de Sanidad Military -Dirección de Sanidad del Ejército Nacional-2. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por medio de Auto del 30 de abril de 2019, proferido por la Sala de Selección Número Cuatro3.

I. ANTECEDENTES El 26 de septiembre de 2018, el señor Jesús Albeiro Villada Giraldo, persona de 47 años de edad4, presentó acción de tutela contra las Fuerzas Militares de Colombia -Dirección General de Sanidad Military -Dirección de Sanidad del Ejército Nacionalpor considerar que le violaron sus derechos fundamentales a la vida, salud, integridad personal, dignidad humana y debido proceso dado que, con posterioridad a su desvinculación del Ejército Nacional, no se le dio continuidad al proceso de Junta Médico Laboral de Retiro, necesario para definir fundamentalmente su pérdida de capacidad laboral por haber adquirido enfermedades durante la prestación del servicio y, por consiguiente, el reconocimiento de prestaciones económicas en su beneficio.

La parte accionante fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos: 1 Con vinculación oficiosa del Ministerio de Defensa, la Dirección General del Ejército Nacional, la Dirección Seccional de Sanidad del Ejército Nacional, la Dirección Médico Laboral del Ejército Nacional, la Junta Médico Laboral del Ejército Nacional y el Hospital Militar de Medellín. 2 Con vinculación oficiosa del Ministerio de Defensa, la Dirección General del Ejército Nacional, la Dirección Seccional de Sanidad del Ejército Nacional, la Dirección Médico Laboral del Ejército Nacional, la Junta Médico Laboral del Ejército

Nacional y el Hospital Militar de Medellín. 3 Dicha Sala la conformaron los magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Alberto Rojas Ríos. 4 Al expediente fue incorporada la fotocopia de la cédula de ciudadanía del accionante donde consta que nació el 23 de agosto de 1971 (folio 14). En adelante, siempre que se haga mención a un folio del expediente se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa. 3 Expediente T-7.314.759

1. Hechos 1.1. El señor Jesús Albeiro Villada Giraldo laboró al servicio del Ejército Nacional durante aproximadamente 12 años5. Sufrió de paludismo en múltiples ocasiones, patología que afectó gravemente su salud dado que le originó fuertes dolores de cabeza, fiebre, desaliento y mareos. Así mismo, presentó una dolencia denominada varicocele bilateral, por lo que fue sometido al procedimiento médico conocido como varicocelectomia. También tuvo un accidente de tránsito en un vehículo mientras se desplazaba hacia el municipio de Tierralta en Córdoba que le generó limitaciones en su movilización ordinaria, circunstancia que lo obligó a consultar al Dispensario Médico de la Institución Castrense, Grupo

Mecanizado Juan del Corral No. 4, donde le ordenaron la realización de algunas sesiones de fisioterapia6. Mediante Orden Administrativa de Personal No. 2515 del 26 de diciembre de 2014, notificada el 31 de diciembre siguiente, fue retirado del servicio activo por tener derecho a la pensión, conforme los artículos 7, 8 y

16 del Decreto 1793 de 20007. Indica que al momento de su desincorporación se encontraba privado de la libertad por lo que no fue posible, para ese instante, la realización oportuna del proceso integral de Junta Médico Laboral de retiro. 1.2. Asegura que con posterioridad a su desvinculación se dio inicio al proceso de Junta Médico Laboral de Retiro, el cual no culminó satisfactoriamente dado que “los servicios médicos solo se activan por un periodo de tres meses y nunca [hay] agenda de cita, no hay disponibilidad o no hay presupuesto para las órdenes”8. A raíz de lo anterior, en los años 2017 y 2018, solicitó con insistencia su realización, dado su carácter imprescriptible, sin obtener resultado favorable9. En concreto, expuso que en la última respuesta brindada a su requerimiento, el 3 de julio de 2018, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional le indicó que la realización de la Junta Médico Laboral estaba sujeta a un término de prescripción, que había operado en su caso, lo que tornaba inviable su práctica actual. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto expresamente en los artículos 8, 35 y 47 del Decreto 1796 de 200010. En particular, la Entidad pública le informó que, “[t]eniendo que la calificación de su situación médica y psicofísica es el medio idóneo para determinar las lesiones que pudo haber sufrido mientras 5 De acuerdo con el accionante, su ingreso al Ejército Nacional se produjo el 10 de noviembre de 1992 en calidad de soldado regular en el Batallón de Infantería Número 22 de Ayacucho -Cesary posteriormente el 4 de julio de 1994 paso a ostentar la

calidad de soldado profesional en el Batallón de Contraguerrillas Número 24 Héroes de Pisba (folio 1). 6 Entre los folios 28 al 31 obra la historia clínica del paciente. 7 “Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares”. 8 Folio 2. 9 Al proceso fueron aportadas solicitudes de fecha 30 de junio de 2017 y 13 de febrero de 2018 mediante las cuales el peticionario solicitó ante la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional la práctica de la Junta Médico Laboral de Retiro y la activación de los servicios médicos integrales. Igualmente, valga precisar, en este punto que, al parecer, la parte accionante presentó una tercera petición cuya fecha de radicación se desconoce. No obstante, obra respuesta a la misma de fecha 19 de mayo de 2018 en la cual la Dirección de Sanidad indicó que, a efectos de emitir un pronunciamiento de fondo, debía aportarse poder especial suscrito por el actor en el que facultara a su apoderada judicial para requerir servicios o tramitar solicitudes en su nombre, como garantía de sus derechos fundamentales a la intimidad personal y al buen nombre. En cumplimiento de lo anterior, el 1 de junio siguiente, se aportó el poder correspondiente (folios 16 al 25). 10 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio

del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”. 4 Expediente T-7.314.759 estuvo vinculado a la Fuerza, no resulta dable que tantos años después pretenda realizarse esta valoración ya que es imposible determinar si las lesiones con las que vuelve años después, realmente son consecuencia de su vinculación a la institución”11. 1.3. Ante este panorama, el actor acudió al mecanismo de amparo, advirtiendo que, actualmente, padece de “Diabetes, pérdida auditiva y de la visión, sin dejar a un lado las pesadillas y el insomnio, también [presenta un] dolor constante en los talones debido al calzado utilizado durante el tiempo que [prestó] el servicio junto con una enfermedad llamada juanetes”12 y algunos padecimientos psiquiátricos. Pese a lo anterior, afirmó en su solicitud de tutela que no ha sido posible que, a la fecha, se ordene la activación de los servicios médicos asistenciales correspondientes para continuar con “los conceptos y procedimientos médicos que [requiere]”13, pese a que la Dirección de Sanidad tiene la obligación imperiosa de finalizar todo el proceso de valoración, especialmente de aquellas lesiones que adquirió en el servicio activo. Manifestó que tampoco se le han practicado los exámenes médico laborales, específicamente, la Junta Médico Laboral de Retiro, aun cuando se trata de un compromiso ineludible a cargo de la entidad y de un derecho cierto a favor del

personal en situación de desincorporación. Así, invocó el amparo de los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad personal, dignidad humana y debido proceso y, como consecuencia de ello, solicitó que se le ordene a la accionada “la activación de los servicios médicos y se le [realicen] los exámenes de retiro y con ello, sea calificada [su] pérdida de capacidad psicofísica por la Junta Médico Laboral por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército”14.

2. Respuesta de las entidades accionadas 2.1. Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela por parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín -Antioquia-, el Despacho ordenó notificar a las autoridades accionadas y a las vinculadas de oficio para que ejercieran el derecho de defensa y contradicción15. 2.2. La Dirección General de Sanidad Militar solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva16. Indicó que sus competencias se ciñen al ámbito exclusivamente administrativo y, por consiguiente, carece de atribuciones para definir la situación médico laboral del actor, el acceso a los servicios asistenciales de salud que requiere así como la 11 Folio 15A. 12 Folio 1. 13 Folio 2. 14 Folio 12. 15 Inicialmente se admitió la presente acción de tutela mediante Auto del 27 de septiembre de 2018 y allí se dispuso la vinculación de las entidades públicas referidas líneas atrás. El 9 de octubre de 2018 se profirió sentencia, sin embargo

mediante decisión del 16 de noviembre siguiente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín -Antioquiadeclaró la nulidad de todo lo actuado al encontrar que la notificación de la admisión de la solicitud de amparo no se había realizado en debida forma en relación con la Dirección Seccional de Sanidad del Ejército Nacional y el Hospital Militar de Medellín, en calidad de vinculados oficiosamente al proceso constitucional, vulnerándose de esta manera su derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción. Para subsanar el error, la autoridad judicial involucrada puso en conocimiento de los citados entes la solicitud de tutela mediante Auto del 22 de noviembre de 2018 y posteriormente adoptó determinación de fondo en la materia que ahora es objeto de revisión (folios 32 al 53 y 119 al 142). 16 Folios 79 al 81. 5 Expediente T-7.314.759 viabilidad de convocar y practicar la correspondiente Junta Médico Laboral con el fin de determinar su capacidad física, de acuerdo a los informes, ficha médica y demás documentos que resulten necesarios, conforme a lo establecido en los artículos 417, 818, 1719 y 1820 del Decreto Ley 1796 de 2000. Aclaró que tales funciones asistenciales son de competencia de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a quien se le corrió traslado del requerimiento incoado y quien, en consecuencia, tiene el deber de informarle “al Grupo de Afiliación y Validación de Derechos de [la] Dirección General por cuanto tiempo y por qué especialidades médicas debe ser activado el accionante”21, en los términos del artículo 5 de la Resolución 0328 del 22 de marzo de 201222, pues no es su

facultad determinar motu proprio la procedencia de la afiliación para la prestación de servicios frente a quienes están pendientes de definir su situación médico laboral. 2.3. La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional se pronunció sobre los hechos materia de debate y solicitó su rechazo “por improcedente”23, ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales24. Señaló, de manera preliminar, que la Dirección General de Sanidad Militar es la entidad competente para realizar la activación y desactivación correspondiente en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de acuerdo con las funciones establecidas en el artículo 1325 del Decreto 1795 de 200026. En concreto, es el ente rector en materia de políticas y asignación de recursos a las direcciones de sanidad de cada una de las fuerzas, esto es, Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aérea, en los términos de los 17 “Exámenes de capacidad sicofísica. los exámenes médicos y paraclínicos de capacidad sicofísica se realizarán en los siguientes eventos: (…) 10. Retiro”. 18 “Exámenes para retiro. El examen para retiro tiene carácter definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se presentare dentro de tal término, dicho examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del interesado. Los exámenes médicolaborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta

Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminación”. 19 “Integración de la Junta Médico-Laboral Militar o de Policía. La Junta Médico-Laboral Militar o de Policía estará integrada por tres (3) médicos de planta de la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional, de los cuales uno será representante de Medicina Laboral. Cuando el caso lo requiera, la Junta Médico-Laboral podrá asesorarse por médicos especialistas o demás profesionales que considere necesarios. Parágrafo. El Gobierno Nacional determinará los requisitos de los miembros, funciones, procedimientos y demás aspectos relacionados con la Junta Médico-Laboral”. 20 “Autorización para la reunión de la Junta Médico-Laboral. La Junta Médico-Laboral será expresamente autorizada por el Director de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional por solicitud de Medicina Laboral o por orden judicial. En ningún caso se tramitarán solicitudes de Junta Médico-Laboral presentadas por personal o entidades distintas a las enunciadas. Parágrafo. Para el personal civil de la Unidad Gestión General del Ministerio de Defensa y del Comando General, la autorización será expedida por el Director de Sanidad de la Fuerza a la cual esté asignado”. 21 Folio 79. 22 “Por la cual se establecen los requisitos específicos para el registro de afiliación, validación y extinción de derechos para el personal de usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares”. 23 Folio 111. 24 Folios 106 al 111. 25 “Funciones de la Dirección General de Sanidad Militar -DGSM.- La Dirección General de Sanidad Militar tendrá a su

cargo las siguientes funciones respecto del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares: (…) d) Organizar un sistema de información al interior del Subsistema, de conformidad con las disposiciones dictadas por el CSSMP y el Ministerio de Salud, que contenga, entre otros aspectos, el censo de afiliados y beneficiarios, sus características socioeconómicas, su estado de salud y registrar la afiliación del personal que pertenezca al Subsistema y expedir el respectivo carné”. 26 “Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. 6 Expediente T-7.314.759 artículos 927 y 1128 de la Ley 352 de 199729. Sobre estas premisas advirtió que, de acuerdo con la información visible en el Sistema de Talento Humano del Ejército Nacional, el señor Jesús Albeiro Villada Giraldo fue retirado del servicio activo por tener derecho a la pensión mediante Orden Administrativa de Personal No. 2515, con fecha efectiva de retiro el 31 de diciembre de 2014. En virtud de lo anterior, el actor estaba desvinculado de la Institución Castrense y, en consecuencia, no ostentaba la calidad de afiliado al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, en virtud del principio de obligatoriedad consagrado en la Ley 352 de 1997 (artículos 430, 1931 y 2032). Bajo estas condiciones, aclaró que la pretensión de vinculación actual del ciudadano al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares era improcedente pues no se cumplían los requisitos para el efecto y, en esa medida, la prestación de los servicios asistenciales que potencialmente requiriera no eran su obligación, pues se encontraban a cargo

exclusivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud33. Seguidamente, advirtió que el trámite para la realización de la Junta Médico Laboral está previsto en el Decreto 1796 de 2000, cuyo artículo 16 establece los pasos necesarios para provocar su práctica34. Explicó así que dicho proceso está provisto de unas etapas determinadas, en garantía del debido proceso: (i) diligenciamiento de la ficha unificada de retiro; (ii) calificación de la ficha; (iii) consecución de los conceptos médicos definitivos; (iv) convocatoria de la Junta Médico Laboral Militar y, en caso de presentarse reclamaciones contra las decisiones adoptadas en esta instancia, (v) conformación del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar. Expuesto lo anterior, la Dirección de Sanidad explicó que dado que el actor fue retirado del servicio activo el 31 de diciembre de 2014 era su obligación iniciar el diligenciamiento de la ficha médica de retiro 27 “Dirección General de Sanidad Militar. Crease la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, cuyo objeto será administrar los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes y programas que adopte el CSSMP y el Comité de Salud de las Fuerzas Militares respecto del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Parágrafo. El Gobierno Nacional adoptara las disposiciones necesarias para que todos los recursos materiales organizados como unidades prestadoras de servicios del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se trasladen a las fuerzas de origen, salvo el Hospital Militar Central, que se constituirá como

establecimiento. público de conformidad con las disposiciones que más adelante se dictan para el efecto”. 28 “Direcciones de Sanidad Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Las Direcciones de Sanidad de cada una de las Fuerzas creadas por normas internas de las mismas Fuerzas Militares, ejercerán bajo la orientación y control de la Dirección General de Sanidad Militar las funciones asignadas a esta en relación con cada una de sus respectivas Fuerzas”. 29 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”. 30 Relativo a los principios que deben regir la prestación del servicio médico a cargo del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 31 Relativo a las clases de afiliados existentes dentro del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, destacándose a: “los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en goce de asignación de retiro o pensión”. 32 Concerniente a quienes ostentan la calidad de beneficiarios de los afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 33 En este punto, la Entidad precisó que la afiliación al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares se producía únicamente respecto de quienes permanecían en servicio activo y, excepcionalmente, de aquellos beneficiarios de asignación de retiro o pensión, presupuestos que no acreditaba el actor. En estas condiciones, no era posible garantizarle actualmente la prestación de servicios médicos asistenciales como lo pretendía debiendo, en su lugar, vincularse al régimen subsidiado o al contributivo a efectos de lograr atención médica. Precisó que consultada la base de datos de la Administradora de los Recursos del Sistema

General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, se encontró que el actor permanecía afiliado activamente al régimen contributivo de la EPS Sanitas desde el 2 de octubre de 2013, en calidad de cotizante, escenario en el cual se le estaba garantizado la protección de su derecho fundamental a la salud. Además, ello demostraba que se encontraba actualmente laborando y que su capacidad laboral no había disminuido (folio 108). 34 “Soportes de la Junta Médico-Laboral Militar o de policía. Los soportes de la Junta Médico-Laboral serán los siguientes a. La ficha médica de aptitud psicofísica. b. El concepto médico emitido por el especialista respectivo que especifique el diagnóstico, evolución, tratamiento realizado y secuelas de las lesiones o afecciones que presente el interesado. c. El expediente médico - laboral que reposa en la respectiva Dirección de Sanidad. d. Los exámenes paraclínicos adicionales que considere necesario realizar. e. Informe Administrativo por Lesiones Personales. Parágrafo. Una vez recibidos los conceptos médicos definitivos que determinen las secuelas permanentes, la Junta Medico Laboral se deberá realizar a más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes”. 7 Expediente T-7.314.759 dentro de los 2 meses siguientes a la desincorporación. Así, consultado el Sistema Integrado de Medicina Laboral se observó que, en el año 2015, se inició el trámite correspondiente de Junta Médico Laboral; el usuario diligenció la ficha médica respectiva el 12 de marzo de 2015, esta fue calificada el 1 de abril

siguiente y, consecuencia de lo anterior, el Área de Medicina Laboral solicitó la práctica de un concepto por la especialidad de Medicina Familiar, orden que fue expedida el 12 de mayo de 2016 y efectivamente reclamada por el titular, conforme se desprende de la captura de pantalla del sistema de información aportada al proceso35. Sin embargo, en este punto, afirmó, se originó la controversia dado que, el concepto emitido no fue debidamente atendido por el usuario y optó por abandonar, sin justa causa, el trámite de valoración, pese a que resultaba indispensable para continuar y culminar exitosamente con el proceso de definición de su situación médico laboral en curso, configurándose de este modo el presupuesto normativo contemplado expresamente en el artículo 3536 del Decreto 1796 de 200037. En concreto, se encontró que “[p]osterior a la expedición de las órdenes de concepto médico, en expediente médico laboral no se evidencia que el señor Villada Giraldo se haya practicado el concepto médico solicitado por el área de medicina laboral, lo cual denota un claro desinterés por parte del usuario en culminar exitosamente el trámite de Junta Médico Laboral”38. Bajo estas condiciones, precisó que al no observarse gestión alguna a cargo del interesado, como era su responsabilidad, quedaba en evidencia la diligencia desplegada por parte de la Dirección de Sanidad y su intención de adelantar adecuadamente todo el procedimiento de convocatoria de Junta Médica pretendido, el cual, por demás, requería continuidad de acuerdo a lo establecido

en el artículo 839 del decreto enunciado40. En esta línea, la Entidad pública concluyó su intervención señalando que no podía desatenderse que en el caso del tutelante habían transcurrido más de 4 años desde su retiro, “por lo cual no sería objetivo calificar [ahora] el estado de salud del interesado, pues [perdería] la esencia el principio de inmediatez que se [requiere] para este tipo de [acciones 35 En este punto, se advirtió que el Área de Medicina Laboral igualmente solicitó el pantallazo del SIVIGILA, sistema donde se certificó que el accionante padeció de paludismo (folio 109). 36 “Abandono del Tratamiento: Cuando el personal de que trata el presente decreto se haya desvinculado sin derecho a la asignación de retiro, pensión de jubilación o pensión de invalidez y abandone o rehúse sin justa causa, por un término de dos (2) meses, o durante el mismo período no cumpla con el tratamiento prescrito por la Sanidad o con las indicaciones que le han sido hechas al respecto, la institución quedará exonerada del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que de ello se deriven”. 37 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.

38 Folio 110. 39 “Exámenes para retiro. El examen para retiro tiene carácter definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se presentare dentro de tal término, dicho examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del interesado. Los exámenes médicolaborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminación”. 40 En palabras de la Dirección de Sanidad: “Como ya se evidenció previamente, el trámite de Junta Médico Laboral requiere de ciertas acciones por parte del interesado que son fundamentales para culminar el proceso. Así como el accionante tuvo la suficiente diligencia para entregar su ficha médica al área de Medicina Laboral y reclamar las órdenes médicas, así mismo debió tener la diligencia e interés suficiente para practicarse el único concepto solicitado por el área de Medicina Laboral para poder continuar con el trámite de Junta Médico Laboral, el cual se evidencia en expediente médico laboral que nunca se practicó” (folio 110). 8 Expediente T-7.314.759 de amparo]”41. Esto implicaría, además, la consecuente provisión de servicios de medicina laboral frente a patologías del ciudadano que muy seguramente desarrolló durante este periodo de vida y conduciría a actuar en contravía de

quienes, siguiendo un debido proceso, se sujetaron a los términos establecidos para acceder, como corresponde legalmente, a la valoración de Junta Médico Laboral. 2.4. Las demás vinculadas no emitieron pronunciamiento alguno.

3. Decisiones que se revisan 3.1. En primera instancia, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín -Antioquia-, mediante fallo del 3 de diciembre de 2018, “negó por improcedente”42 la protección constitucional solicitada puesto que no se satisfizo el requisito formal de la inmediatez. En su criterio, desde el momento en que el actor conoció de la decisión de retiro del Ejército Nacional, el 31 de diciembre de 2014, hasta la fecha de interposición del amparo, el 26 de septiembre de 2018, transcurrieron más de 3 años, situación que impedía determinar si las lesiones alegadas por el actor, en esta instancia, eran consecuencia directa de su vinculación a la Institución Castrense. Además, ante el transcurso prolongado del tiempo sin que el interesado agotara el trámite de Junta Médico Laboral pretendido, la ley contempla unas consecuencias específicas consagradas expresamente en los artículos 35 y 47 del Decreto Ley 1796 de 20