CC - T303-2020

Sentencia T-303/20

PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA EN MATERIA DE PENSION DE INVALIDEZ-Reiteración sentencias de unificación SU.442/16 y SU.556/19 ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional por afectación al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial protección

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA

PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION DE

INVALIDEZ, EN APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA

CONDICION MAS BENEFICIOSA-Test de procedencia (I) Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa; (II) Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas; (III) Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez; (IV) Debe

comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS

BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Alcance

APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Jurisprudencia constitucional La jurisprudencia constitucional admite la aplicación de las disposiciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, con el propósito de reconocer la pensión a los afiliados cuya invalidez se estructura en vigencia de la Ley 860 de 2003, bajo el requisito sine qua non de que demuestre el cumplimiento del test de procedencia desarrollado en el fallo SU-556 de 2019. Luego de esto, se otorga el derecho pensional a los afiliados que acrediten los presupuestos fácticos señalados en la sentencia SU-442 de 2016 y sistematizados en la providencia de unificación de 2019. PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Orden a Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez por cumplir requisitos

Referencia: Expedientes T-7.484.852 y T7.513.331

Asunto: Acciones de tutela presentadas por

Luz Marlene Jaramillo González y Elías de Jesús Ramírez Castaño contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veinte (2020)

La Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES Los ciudadanos Luz Marlene Jaramillo González y Elías de Jesús Ramírez Castaño presentaron acciones de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y la seguridad social.

Los demandantes cuestionaron que la entidad dejara de aplicar las disposiciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993 —en su versión original—, para efectos de declarar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa. Estas acciones de tutela, radicadas con los números T-7.484.852 y T7.513.331, se acumularon por la Sala Octava de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional para ser decididas en una providencia judicial, al presentarse unidad de materia. En tal virtud, la Sala Tercera de Revisión pasará a exponer los hechos relevantes de ambos casos y, con posterioridad, a pronunciarse sobre el alcance de cada procedimiento judicial.

1. Expediente T-7.484.852 (Luz Marlene Jaramillo González) 1.1. Hechos relevantes

2 (i) La ciudadana nació el 5 de octubre de 1961 en la ciudad Medellín, por lo que cuenta con 59 años de edad en la actualidad1. (ii) Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 19932, es decir, al 1º de abril de 1994, la demandante trabajó en diferentes instituciones,

especialmente en empresas del sector textil, las cuales la afiliaron al Instituto de Seguros Sociales y realizaron cotizaciones por los servicios prestados para un total de 554,15 semanas3. Mediante Reporte de Cotizaciones a Pensiones (de fecha 5 de abril de 2017) Colpensiones certificó los siguientes periodos de servicio4 : Razón Social Desde Hasta Semanas El Nardo y CIA 24/01/1980 30/03/1980 9,57 SA El Nardo y CIA 08/04/1980 26/03/1990 520 SA Asistencia 10/08/1992 15/12/1992 18,29 Temporal Balalaika LTDA 06/01/1993 18/02/1993 6,29 Total 554,15 (iii) Después de la entrada en rigor del Esquema General de Seguridad Social, la accionante trabajó en empleos temporales y de manera independiente, alcanzando 227,74 semanas adicionales de cotización por las actividades desempeñadas entre 1994 y 20015. (iv) El 4 de julio de 2018, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dictaminó el 70.09% de pérdida de capacidad laboral de la demandante, cuya fecha de estructuración data del 27 de agosto de 20126. En ese dictamen, la junta dejó constancia de que la tutelante presenta epilepsia focal sintomática con esclerosis temporal, trastorno mixto de ansiedad, discapacidad intelectual y depresión. (v) Con soporte en el dictamen, el 16 de noviembre de 2018, la accionante solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez7.

Mediante Resolución SUB 57190 del 7 de marzo de 2019, la entidad negó la petición aduciendo que la solicitante no registra 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la condición de invalidez, exigidas en el artículo 1° de la Ley 860 de 20038. 1 Según copia de la cédula de ciudadanía (Primer cuaderno, folio 9) 2 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral. 3 Primer cuaderno, folio 2. 4 Primer cuaderno, folio 23. 5 Primer cuaderno, folio 23. 6 Dictamen de pérdida de capacidad laboral obra en el primer cuaderno, folios 17 al 21. 7 Primer cuaderno, folio 2. 8 Por medio del cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993. 3 (vi) El 20 de marzo de 2019, la demandante presentó recurso de apelación en contra de la citada resolución requiriendo que: “(…) en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa y del precedente constitucional (…) se conceda la pensión de invalidez teniendo en cuenta para el conteo de semanas, las que aparecen cotizadas con anterioridad al 1° de abril de 1994”9. Manifestó que cumple con las condiciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en tanto supera el requisito de 300 semanas de trabajo con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 199310. (vii) Por medio de la Resolución DPE 2569 del 6 de mayo de 2019,

Colpensiones confirmó el acto administrativo impugnado11. Sostuvo que, en armonía con el precedente de la Corte Suprema de Justicia, deben diferirse los efectos jurídicos de la Ley 100 de 1993 hasta el 26 de diciembre de 1996 para las personas que contaban con una expectativa legítima en vigencia del Acuerdo 049 de 199012. Para Colpensiones, ya que la fecha de estructuración de la demandante data del 27 de agosto de 2012, esto es, en vigencia de la Ley 860 de 2003, no puede aplicársele el principio de la condición más beneficiosa. 1.2. Fundamentos de la acción de tutela13 El 16 de mayo de 2019, la ciudadana presentó acción de tutela contra Colpensiones por la vulneración de los derechos al mínimo vital, a la vida digna y la seguridad social. Indicó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, (en especial la sentencia SU-442 de 2016) permite la aplicación ultractiva de cualquier cuerpo normativo anterior a la Ley 860 de 2003, siempre que el afiliado cuente con una expectativa legítima. Reiteró que, antes de que rigiera la Ley 100 de 1993, cotizó 554,15 semanas de trabajo, luego cuenta con la expectativa legítima de que le reconozcan la pensión de invalidez, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo 049 de 1990 y en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Además, sostuvo que es una mujer soltera, no tiene hijos, ni familia extensiva. Tampoco ha tenido vínculos laborales en los últimos años como consecuencia

de sus patologías y problemas de salud. En la actualidad, sobrevive por la 9 Segundo cuaderno, folio 42. 10 El artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990 establecía que tendrían derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que tuvieran una condición de invalidez superior al 50% de su capacidad laboral y acreditaran alguna de las siguientes condiciones: (a) 150 semanas cotizadas en los 6 años anteriores a la fecha de estructuración o (b) 300 semanas en cualquier tiempo. 11 Primer cuaderno, folios 13 al 15. 12 La Corte Suprema de Justicia sostiene un parámetro temporal o “zona de paso” que delimita la ultractividad de las disposiciones originales de la Ley 100 de 1993. Al funcionar como un régimen de transición, la condición más beneficiosa no puede interpretarse de manera indefinida, produciendo efectos décadas después de derogada la norma jurídica. Por ello, el principio de la condición más beneficiosa aplica a los afiliados que hubiesen estructurado su invalidez dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003. 13 Primer cuaderno, folios 1 al 8. 4 caridad de amigos y vecinos. De hecho, recientemente le diagnosticaron cáncer de mama, razón por la cual recibe tratamiento de quimioterapia, que la inmoviliza aún más14. 1.3. Contestación de la entidad accionada15 El 19 de mayo de 2019, Colpensiones solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, dado que el juez ordinario laboral es la autoridad competente para resolver la controversia jurídica en lo que se refiere

a la interpretación y aplicación del principio de la condición más beneficiosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social16. En consecuencia, al presentarse descontento sobre los fundamentos que negaron la solicitud pensional, lo procedente era agotar los procesos judiciales dispuestos para tal fin y no reclamar sus pretensiones por la vía jurisdiccional subsidiaria17. 1.4. Decisiones en el trámite de la acción de tutela 1.4.1. Sentencia de tutela de primera instancia18. El 28 de mayo de 2019, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín amparó los derechos fundamentales de la demandante. En primer lugar, consideró que la tutela era procedente ante las circunstancias particulares de la tutelante que ocasionaban la ineficacia del medio judicial ordinario. Insistió en que el dictamen de epilepsia y trastorno mixto de ansiedad, sumado al tumor maligno y la carencia de recursos económicos, constituyen elementos de juicio relevantes para concluir su condición de vulnerabilidad. Superado este punto, expresó que “la actora sí cumple con las exigencias para aplicar el principio de la condición más beneficiosa”19. Señaló que el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 dispone para el reconocimiento de la pensión de invalidez haber cotizado: 1) 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al estado de invalidez o 2) 300 semanas en cualquier época. Siendo la segunda condición satisfecha por la accionante, quien tiene un total de 554,15 semanas laborales antes del 1° de abril de 1994. 1.4.2. Impugnación20. El 31 de mayo de 2019, Colpensiones impugnó la

decisión de primera instancia. Expuso el carácter subsidiario de la acción de tutela que le impide al juez constitucional analizar los desacuerdos respecto 14 Según copia de su historia clínica (Segundo cuaderno, folio 29) 15 Mediante auto del 17 de mayo de 2019, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín admitió el mecanismo de amparo y ordenó correrle traslado a Colpensiones para que se pronunciara sobre la demanda. 16 ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL (…) La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (…) Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. 17 Segundo cuaderno, folio 38. 18 Primer cuaderno, folios 45 al 53. 19 Primer cuaderno, folio 52. 20 Primer cuaderno, folios 59 al 70. 5 del alcance del derecho a la seguridad social, sin que antes la persona agotara los procedimientos administrativos y judiciales dispuestos por el Legislador. Asimismo, advirtió que al juez le compete evaluar la condición de la parte demandante de cara a los efectos jurídicos y económicos que la decisión produzca sobre el patrimonio público de la entidad. Así, subrayó que el operador judicial debe ser cuidadoso con el cumplimiento del requisito de procedencia, concretamente con el presupuesto de subsidiariedad, para evitar providencias que generen perjuicios al interés general, protegido en el artículo

1° de la Constitución Política. Por último, mediante Oficio del 10 de junio de 2019, Colpensiones aportó copia de la Resolución SUB 142248 del 5 de junio de la misma anualidad, por medio de la cual, en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia, reconoció la pensión de invalidez a la accionante y la ingresó en nómina de pensionados21. 1.4.3. Sentencia de tutela de segunda instancia22. El 13 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión proferida por el A quo. En su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela. Citando la sentencia T-040 de 2018, manifestó que “el juez de tutela no puede ordenar el pago de un derecho incierto y discutible (en el área del derecho laboral y la seguridad social), pues aquello escapa de la órbita constitucional para radicarse en una discusión de rango legal que debe resolverse en la jurisdicción competente”. Argumentó que —en el caso objeto de consideración— se presenta una discusión jurídica sobre la aplicabilidad de las normas que prevén los requisitos para la declaratoria de la fecha de estructuración de la condición de invalidez de la actora, aspecto que, a su juicio, debe resolverse por el juez ordinario laboral.

2. Expediente T-7.513.331 (Elías de Jesús Ramírez Castaño) 2.1. Hechos relevantes

(i) El ciudadano nació el 29 de noviembre de 1956 en Palestina, Caldas, por lo que cuenta con 63 años en la actualidad23. (ii) El 4 de febrero de 2016, Colpensiones dictaminó la pérdida del 67.4% de

la capacidad laboral del demandante, señalando el 20 de febrero de 2004 como fecha de estructuración de la condición de invalidez. Esta circunstancia se produjo como consecuencia de un aneurisma cerebral24. (iii) El 19 de abril de 2016, el tutelante solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez; pero, mediante Resolución GNR 220133 del 27 de julio del mismo año, la entidad negó la petición. Argumentó 21 Primer cuaderno, folios 88 al 92. 22 Primer cuaderno, folios 104 al 108. 23 Según copia de la cédula de ciudadanía (Primer cuaderno, folio 2). 24 Primer cuaderno, folios 5 al 10. 6 que el actor no acreditó 50 semanas de servicio dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, exigidos en el artículo 1° de la Ley 860 de 200325. Además, la entidad consideró que no procedía la figura de la condición más beneficiosa, dado que el peticionario no demostró 26 semanas de servicio dentro del año inmediatamente anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003, es decir, entre diciembre de 2002 y diciembre de 2003. El actor cotizó 143 semanas entre octubre de 1992 y enero de 2001, de toda su vida laboral, según el registro de aportes de la entidad26. (iv) Dos años después (el 23 de mayo de 2018), el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá le ordenó a la ciudadana Geovanis Del Socorro Patrón Ayala resolver un derecho de petición notificado por el actor el 17 de noviembre de

2017. En esa solicitud, el tutelante la requería para que pagara los aportes al Sistema General de Pensiones por el periodo presuntamente trabajado entre junio y diciembre de 200327.

(v) El 18 de junio de 2018, la ciudadana Geovanis Del Socorro Patrón Ayala compareció ante la Notaria 70 del Círculo de Bogotá para declarar que “(…) existió un contrato laboral con (…) Elías de Jesús Ramírez Castaño (…) este laboró (…) como ayudante de oficios varios y ayudante en la preparación de chorizos caseros, en la modalidad de contrato verbal, desde el 25 de junio hasta el 31 de diciembre de 2003 (…)”28. (vi) El 29 de agosto de 2018, la misma ciudadana, señora Geovanis Del Socorro Patrón Ayala, presentó ante Colpensiones un “Formulario de Contribuciones Pensionales y Liquidaciones Financieras” por la omisión en la afiliación, bajo la asesoría de la abogada del demandante29. Como respuesta, Colpensiones le solicitó el pago de la reserva actuarial por valor de $2.724.820, “con el propósito de validar dichos tiempos en la historia laboral del trabajador, a fin de que sean tenidos en cuenta para la pensión de vejez”30. (vii) Realizado el pago de la reserva actuarial, el 22 de noviembre de 2018, el accionante, a través de su apoderada judicial, solicitó la pensión de invalidez. Sostuvo que en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y, a partir del cálculo actuarial, cumplía con el requisito de 26 semanas cotizadas

dentro del año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, es decir, entre diciembre de 2002 y diciembre de 200331. (viii) En respuesta, mediante Resolución SUB 327852 del 20 de diciembre de 2018, la entidad denegó la solicitud pensional. Manifestó que, con fundamento 25 Primer cuaderno, folios 73-74. 26 Primer cuaderno, folio 27. 27 Primer cuaderno, folios 13-17. 28 Segundo cuaderno, folio 209. 29 Segundo cuaderno, folio 212. 30 Primer cuaderno, folios 18-19. 31 Primer cuaderno, folio 26. 7 en la Circular Interna del 2 de junio de 201532, la subrogación del riesgo pensional, por vía del cálculo actuarial, solo resulta admisible cuando dicho procedimiento se convalida antes de que se produzca la condición de invalidez. Con posterioridad al siniestro, el empleador es el responsable exclusivo del pago de la pensión de invalidez, de conformidad con el artículo 39 del Decreto 1406 de 199933. Así, sostuvo que para trasladar la responsabilidad por la contingencia de invalidez no basta con el pago del cálculo actuarial, sino su conmutación, a través de un título pensional34. Transcribió en los siguientes términos la Circular del 2 de junio de 2015: “(...) i) El propósito fundamental del cálculo actuarial por omisión de afiliación que debe pagar el empleador por los periodos en los cuales omitió la afiliación, es precisamente que esas semanas se puedan contabilizar no solamente para el riesgo de vejez, sino

también para los de invalidez y sobrevivientes, ocurridos estos últimos con posterioridad al pago del respectivo cálculo o título. ii) Si las contingencias de invalidez y sobrevivientes ocurrieron y se conocieron durante los periodos de omisión, esto es, cuando no se había pagado el cálculo actuarial, el empleador es el que tiene la responsabilidad de reconocer y pagar las respectivas prestaciones generadas y en su defecto, trasladar el riesgo a una administradora del Sistema General de Pensiones a través de la figura de la conmutación pensional (…)” (ix) El 19 de febrero de 2019, la apoderada del actor controvirtió el acto administrativo señalando que la historia laboral más reciente del trabajador reporta 26 semanas cotizadas al momento del tránsito normativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, de modo que es beneficiario del principio de la condición más beneficiosa35. Pero por medio de la Resolución SUB 69285 del 20 de marzo de 2019, la entidad confirma su decisión, reiterando los argumentos expuestos36. 2.2. Fundamentos de la acción de tutela El 2 de mayo de 2019, por medio de su apoderada judicial, el accionante presentó acción de tutela contra Colpensiones por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y la seguridad 32 Por medio de la cual se determina el cálculo actuarial por omisión en la afiliación en los riesgos de invalidez y sobrevivientes. 33 “Artículo 39°. Deberes especiales del empleador. Las consecuencias derivadas de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes o de errores u omisiones en ésta, que afecten el cubrimiento y

operatividad del Sistema de Seguridad Integral o la prestación de los servicios que él contempla con respecto a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del aportante. En todo caso el empleador que tenga el carácter de aportante, deberá tener a disposición del trabajador que así lo solicite la copia de la declaración de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en que conste el respectivo pago, o el comprobante de pago respectivo en caso que este último se haya efectuado en forma separada a la declaración respectiva”. 34 Primer cuaderno, folios 26 al 29. 35 Primer cuaderno, folios 30 al 32. 36 Primer cuaderno, folios 33 al 39. 8 social37. Reiteró que el actor tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, con soporte en las reglas de la condición más beneficiosa establecidas por la Corte Constitucional. A partir del pago del cálculo actuarial y del registro de las semanas laborales, cumple así con el requisito de 26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003. Manifestó que “si [Colpensiones] aplicó el cálculo actuarial a los periodos declarados es porque el empleador aportó los documentos pertinentes [y, en consecuencia] cumplió los requerimientos de la entidad, [encontrando probado] el vínculo laboral y la omisión por parte del empleador del pago de aportes a pensión (…)”38. De modo que si Colpensiones, mediante actos administrativos, expidió el correspondiente cálculo, reconoció su pago y certificó las semanas cotizadas, no puede, motu propio, cambiar la naturaleza

de las semanas pagadas, para expresar que, frente a la solicitud de la pensión de invalidez, dicho pago no procede. Finalmente, indicó que el actor es una persona analfabeta, desmovilizado de grupos armados ilegales y que depende económicamente de su padre, quien es un adulto mayor. 2.3. Contestación de la parte accionada39 El 8 de mayo de 2019, Colpensiones solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela40. Expresó discrepancias con la postura del actor, en el sentido de que las solicitudes pensionales que le corresponde resolver como entidad pública encargada del funcionamiento del Sistema General de Pensiones no deben, necesariamente, ser favorables a las pretensiones de los afiliados. De hecho, al actuar en el marco de la ley, el deber connatural del actor es acudir ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral para debatir el reconocimiento pensional que, en su sentir, fue desconocido por los actos administrativos promulgados por la entidad. El 12 de junio de 2019, la ciudadana Geovanis Del Socorro Patrón Ayala, presunta empleadora del actor, dio respuesta al auto del 7 de junio de la misma anualidad, por medio del cual la vincularon al trámite de la acción de tutela41.

Manifestó lo siguiente: “(…) Ya [pagué] más de 3 millones a Colpensiones por las cotizaciones que [por omisión y sin saber de leyes] pagué del año 2003 cuando [él trabajó para mí]. [Colpensiones en este cobro me hizo pagar 37 Primer cuaderno, folios 48 al 62.

38 Primer cuaderno, folio 57. 39 Mediante auto del 3 de mayo de 2019, el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá admitió el mecanismo de amparo y ordenó correrle traslado a la entidad demandada para que se pronunciara sobre el contenido de la acción de tutela. 40 Primer cuaderno, folios 69 al 82. 41 Mediante auto del 4 de junio de 2019, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado en el trámite de la acción de tutela, a partir de la sentencia del 14 de mayo de 2019 adoptada por el Juzgado 16 Civil del Circuido de Bogotá. Para el tribunal, era necesaria la vinculación de la presunta empleadora que incurrió en la omisión en la afiliación, tanto para que ejerciera los derechos de defensa y contradicción, como por el alcance de las pretensiones de la tutela. 9 sanciones e intereses, con lo que se quedó a paz y salvo con el señor Elías y su abogada]”42. 2.4. Decisiones en el trámite de la acción de tutela 2.4.1. Sentencia de tutela de primera instancia43. El 19 de junio de 2019, el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá declaró la improcedencia de la acción de tutela. Consideró que no era viable dirimir el conflicto en lo que se refiere al reconocimiento de la pensión de invalidez, sin que el actor previamente agotara los medios ordinarios de defensa contra los actos administrativos que denegaron su solicitud pensional44. 2.4.2. Impugnación45. El 19 de junio de 2019, la abogada que representa al

accionante impugnó la decisión adoptada por el juez de primera instancia. Sostuvo que la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales del actor, dada su calidad de sujeto de especial protección constitucional. Insistió en que el demandante no tiene una fuente de ingreso directa, ni está activo en el sector laboral. 2.4.3. Sentencia de tutela de segunda instancia46. El 5 de julio de 2019, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia. Expresó que las discrepancias manifestadas por el actor en el escrito de tutela “(…) son susceptibles de ser cuestionadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo ese el escenario y funcionario idóneo para examinar y debatir si correspondía o no imponer la sanción por omisión en la afiliación y/o vinculación al sistema de seguridad social (…)”47.

3. Actuaciones en el trámite de revisión ante la Corte Constitucional 3.1. Auto de solicitud de información48. A causa de las discrepancias de criterios entre los demandantes y Colpensiones, mediante auto del 19 de octubre de 2019, la Sala Tercera de Revisión de Tutelas solicitó información adicional: (1) a los accionantes, acerca de su condición de vulnerabilidad, las fuentes de ingreso, los efectos de su condición de invalidez en el desarrollo de actividades laborales y las razones por las cuales dejaron de realizar aportes en vigencia de la Ley 860 de 2003; y, (2) a Colpensiones, sobre, de un lado, los

parámetros jurisprudenciales para aplicar el principio de la condición más beneficiosa en el tránsito normativo del Acuerdo 049 de 1990 y las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003 y, de otro, la gestión efectuada por la entidad para reconocer el pago del cálculo actuarial discutido por el ciudadano Elías de Jesús Ramírez Castaño. En el mismo auto se ordenó el traslado de las pruebas allegadas y la suspensión de los términos para fallar el asunto. 42 Primer cuaderno, folio 121. 43 Primer cuaderno, folios 122 al 125. 44 Primer cuaderno, folio 125. 45 Primer cuaderno, folios 131 al 145. 46 Tercer cuaderno, folios 3 al 4. 47 Tercer cuaderno, folio 4. 48 Primer cuaderno de revisión de tutelas, folios 31 al 33. 10 3.2. Expediente T-7.484.852 (Luz Marlene Jaramillo González) 3.2.1. Respuesta de la parte demandante49. El 12 de noviembre de 2019, la accionante informó que su núcleo familiar está compuesto por un hermano, quien se encuentra desempleado y padece alcoholismo. Asimismo, señaló que no cuenta con ingresos directos, ni recibe ayudas del Estado. Depende de la caridad de sus vecinos, quienes le brindan alimentación y algunas ayudas diarias para los servicios. Agregó que vive en la antigua casa de sus padres, lugar ubicado en una zona de alto riesgo por aguas subterráneas. Afirmó que empezó a trabajar a los 17 años en textilerías, pero sin seguridad

social. Luego, se vinculó a la empresa El Nardo y CIA S.A. por un espacio de 10 años, pero la despidieron como consecuencia de las convulsiones derivadas de su síndrome epiléptico. Expresó que con posterioridad estuvo vinculada con otros empleadores y de manera independiente, pero a causa de su enfermedad, terminó dependiendo de su familia y, más adelante, de terceras personas. En la actualidad, adujo que presenta convulsiones frecuentes, las cuales derivan en golpes y fracturas, por tal razón rehúye salir de la casa50. Aportó copia de los últimos 15 años de su historia clínica, esto es, desde septiembre de 2005 a la actualidad51. En la epicrisis están registrados los diagnósticos de “(…) epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos (…) osteoporosis inducida por drogas (…) retraso mental leve (…) deterioro del comportamiento [y] convulsiones disociativas”52. Desde los 21 años, la accionante ha tenido controles médicos con tratamientos farmacológicos mixtos, pero ninguno ha sido exitoso. Soporta varias crisis convulsivas al mes, en algunos periodos de tres eventos; en otros, uno diario y, en la mejor época, uno cada mes. Además, se consigna que desde el 5 de mayo de 2018 presenta un tumor maligno de mama y, por ende, se encuentra en tratamiento de quimioterapia y radioterapia. 3.2.2. Respuesta de la parte demandada53. El 13 de noviembre de 2019,

Colpensiones aportó copia de la historia laboral y los periodos cotizados de la demandante. A través de estos documentos,