CC - T334-2020

Sentencia T-334/20

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad

CARACTERIZACION DEL DEFECTO ORGANICO COMO

CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES El defecto orgánico se fundamenta en la garantía constitucional del juez natural, prevista en el artículo 29 de la Constitución. Este defecto se configura cuando una persona o un asunto son juzgados por un funcionario que carece de manera absoluta de competencia para ello, conforme a lo previsto en las normas prexistentes que regulan la competencia. El defecto orgánico ocurre porque el peticionario se encuentra supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa, como es el caso de una decisión que está en firme y que fue emitida por un funcionario que carecía de manera absoluta de competencia. Así mismo, el defecto se da cuando, en el transcurso del proceso, el actor puso de presente las circunstancias de incompetencia absoluta y dicha situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre una competencia inexistente. DURACION DEL PROCESO-Alcance del artículo 121 del CGP APLICACION ARTICULO 121 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Posturas desarrolladas por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (i) la primera perspectiva considera que la nulidad que se genera con el artículo 121 del CGP no puede pasar por alto el criterio de prevalencia del

derecho sustancial, motivo por el cual afirma que la regla debe ser la eficacia y prevalencia del procedimiento, y la excepción la posibilidad de invalidarlo, con el fin de evitar que la nulidad resulte más nociva que avalar una decisión tardía; y (ii) la segunda postura señala que el Legislador es el llamado a definir las nulidades y su posible convalidación, por lo cual no es posible inaplicar la nulidad de pleno derecho del artículo 121 del CGP, pues dicho artículo consagra el deber, y no la facultad, de desprenderse de la competencia. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Supuestos bajo los cuales actuación extemporánea del juez dará lugar a pérdida de competencia, según art. 121 CGP NULIDADES PROCESALES EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Eficacia del debido proceso y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Nulidad automática de las actuaciones extemporáneas del artículo 121 del CGP es una figura que no contribuye positivamente al propósito de garantizar una justicia oportuna DURACION DEL PROCESO-Artículo 121 del CGP si el aplicable al procedimiento laboral/ALCANCE DEL ARTICULO 121 DEL CGP DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROCESO LABORALSubreglas El artículo 121 del CGP sí es aplicable al procedimiento laboral. En síntesis, (i) en virtud del principio de igualdad, es plausible considerar que el juez laboral, al igual que otros jueces como los de asuntos civiles, comerciales, de

familia, agrarios y penales, debería estar sometido a una norma con la cual se regule el término de duración del proceso a fin de garantizar el principio de celeridad y la garantía del plazo razonable; (ii) no se encuentra una justificación razonable y objetiva por la cual se deba realizar una diferenciación, entre el juez laboral y los demás jueces que conocen de asuntos civiles, comerciales, de familia, agrarios y penales, en la aplicación del principio de celeridad y la garantía del plazo razonable; y (iii) teniendo en cuenta los fines que persigue el citado artículo 121 del CGP, se observa que su aplicación al proceso laboral contribuiría a que en dicho procedimiento también se cuente con una regulación que busque proteger el principio de celeridad y la garantía del plazo razonable. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Vulneración debido proceso a accionante, quien alegó en término, nulidad artículo 121 CGP ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se configura defecto orgánico por falta de competencia, al no configurarse nulidad por incumplir término previsto en el artículo 121 del CGP

Referencia: Expedientes acumulados

T-6.989.496, T-7.025.398, T-7.028.254 y T7.012.294.

Expediente T-6.989.496 Acción de tutela instaurada por la Cooperativa Multiactiva de Servicios Generales del Eje CafeteroCOOPNALSERVIS contra el Juzgado

Primero Civil Municipal de Manizales 2 Expediente T-7.025.398 Acción de tutela presentada por Hernán Andrés Quesada Hoyos contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali y Otro Expediente T-7.028.254 Acción de tutela instaurada por el Grupo Colombiano de Seguridad Integral – ADVISEGAR LTDA., contra el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá y Otro Expediente T-7.012.294 Acción de tutela incoada por Alcira López Cervantes contra el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de fallos de tutela dictados dentro de los asuntos de la referencia, los cuales fueron seleccionados para revisión y acumulados por medio del Auto del 29 de octubre de 2018, proferido por la Sala de Selección Número Diez.1

I. ANTECEDENTES

1. Expediente T-6.989.496 1.1. Hechos y solicitud de amparo 1 Integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.

Folio 14 del cuaderno de revisión del expediente de la Corte Constitucional T-7.028.254. 3 1.1.1. El 15 de marzo de 2017, la Cooperativa Multiactiva de Servicios Generales del Eje Cafetero (en adelante COOPNALSERVIS), mediante apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva de mínima cuantía contra las señoras Isabel Delgado Gómez y Anatulia Herrera, para que se librara mandamiento ejecutivo a su favor. 1.1.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales, el cual se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo de pago “por falta de eficacia del título que presta tal mérito”, mediante Auto del 28 de abril de 2017, notificado por estado del 11 de mayo de 2017. 1.1.3. El 17 de mayo de 2017, COOPNALSERVIS presentó recurso de reposición contra la anterior providencia, el cual fue resuelto mediante Auto del 19 de abril de 2018, en el sentido de no reponer el Auto recurrido. 1.1.4. El 17 de julio de 2018, el accionante interpuso acción de tutela y manifestó que el Juzgado demandado perdió competencia para decidir sobre el recurso de reposición interpuesto, debido a que excedió el plazo máximo de un año, de conformidad con los artículos 1212 y 903 del Código General del Proceso (en adelante CGP). Explicó que, si bien es cierto el Auto recurrido, de 28 de abril de 2017, fue notificado el 11 de mayo de 2017, el plazo de un año

previsto en el artículo 121 del CGP debe contabilizarse desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda, es decir, al 15 de marzo de 2017. De esta forma, señaló que la decisión del 19 de abril de 2018, por medio de la cual se resolvió no reponer el Auto impugnado, excedió el término legal para pronunciarse y el Juzgado había perdido competencia, de tal modo que aquello que procedía era remitir el expediente al juez que le seguía en turno. 1.1.5. Con fundamento en los anteriores argumentos, la peticionaria solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a 2 “ARTÍCULO 121. DURACIÓN DEL PROCESO. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal. Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. (…) Excepcionalmente el juez o magistrado podrá

prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso. Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia. (…).” 3 “ARTÍCULO 90. ADMISIÓN, INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. (…) En todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho término no ha sido notificado el auto respectivo, el término señalado en el artículo 121 para efectos de la pérdida de competencia se computará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda. Las demandas que sean rechazadas no se tendrán en cuenta como ingresos al juzgado, ni como egresos para efectos de la calificación de desempeño del juez. Semanalmente el juez remitirá a la oficina de reparto una relación de las demandas rechazadas, para su respectiva compensación en el reparto siguiente. (…).” 4 la administración de justicia, “por defecto sustancial y vía de hecho”. En consecuencia, pidió revocar el Auto del 28 de abril de 2017, que denegó el

mandamiento de pago y, en su lugar, librar orden de pago a favor de COOPNALSERVIS y en contra de las demandadas Isabel Delgado Gómez y Anatulia Herrera. Subsidiariamente, solicitó que se decrete la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado accionado con posterioridad al 15 de marzo de 2018, a causa de la pérdida automática de competencia, de conformidad con los artículos 90 y 121 del CGP. 1.1.6. Para una mejor comprensión del caso, los hechos expuestos se ilustran en la siguiente línea del tiempo. 1.2. Respuesta de la autoridad judicial accionada El Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales afirmó que el artículo 121 del CGP no puede ser aplicado al asunto objeto de debate, toda vez que el mandamiento de pago se denegó, decisión que se mantuvo en el Auto que resolvió el recurso de reposición contra dicha providencia. A su juicio, como no se ha librado mandamiento de pago que sirva de punto de partida para el conteo de los términos de que trata la norma citada, no es posible declarar la nulidad que reclama la actora, en tanto el proceso ejecutivo impetrado por COOPNALSERVIS “no nació”. Adicionalmente, señaló que la presente acción no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que desde que se profirió el Auto del 19 de abril de 2018, hasta el momento en que se interpuso la tutela pasaron tres meses, por lo que “no resulta válido pretender reabrir un proceso legalmente terminado por vía de solicitud de amparo constitucional”. 1.3. Sentencia que se revisa 5 En primera instancia, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales

concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia de COOPNALSERVIS y, en consecuencia, ordenó al Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales que en el término de 48 horas diera aplicación a lo establecido en el artículo 121 del CGP con respecto al proceso ejecutivo que suscitó la acción de tutela. Consideró que el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales incurrió en un desacierto, toda vez que al momento de decidir el recurso de reposición frente al Auto que denegó el mandamiento ejecutivo de pago, desconoció lo establecido en el artículo 121 del CGP. Indicó que dicho artículo no puede ser examinado de manera aislada, sino en concordancia con el artículo 90 ídem. En este sentido, señaló que el cómputo del término de un año que establece el artículo 121 para proferir fallo de primera instancia comienza a correr, por regla general, desde la notificación del Auto admisorio de la demanda al enjuiciado. Sin embargo, explicó que el artículo 90 del CGP establece que, de forma excepcional, cuando después de 30 días de la presentación de la demanda no se haya notificado al demandante del respectivo Auto de admisión o rechazo de la demanda, el término de un año debe contabilizarse a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la demanda. Así las cosas, argumentó que para el caso concreto entre la fecha de presentación de la demanda (15 de marzo de 2017) y la notificación del Auto que denegó el mandamiento de pago (11 de mayo de 2017), transcurrieron 34

días, por lo que el término de duración de la instancia en este asunto se contabiliza a partir de la fecha de presentación de la demanda. Indicó que, en consecuencia, el 19 de abril de 2018 (fecha en la que se resolvió no reponer el Auto impugnado) el Despacho accionado había perdido competencia para decidir y, por ende, esa actuación es nula de pleno derecho, teniendo en cuenta que no hubo prórroga del plazo de duración de la instancia que tenía a su alcance la Juez de conocimiento. Señaló que de las disposiciones antes citadas se puede concluir que el Legislador en su libertad de configuración legislativa instituyó una causal de pérdida de competencia, fundada en el transcurso del tiempo para decidir de fondo, es decir, que se le otorga al Juzgador un plazo razonable para resolver la instancia, so pena de que el asunto deba ser asumido por un nuevo funcionario judicial. Finalmente, concluyó que el plazo para dictar sentencia o proferir el pronunciamiento de fondo definitivo corre de forma objetiva, salvo interrupción o suspensión del litigio, contrario a lo planteado por el Juzgado accionado, quien sostuvo que no perdió competencia pues el proceso nunca “nació”, y agregó que una reflexión de esta naturaleza es contraria a las garantías fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso de los usuarios, que se traduce en la necesidad de definición de la litis y de las discusiones allí planteadas sin dilaciones indebidas.

2. Expediente T-7.025.398 6 2.1. Hechos y solicitud de amparo

2.1.1. El 20 de mayo de 2016, el señor Hernán Andrés Quesada Hoyos presentó demanda verbal de responsabilidad civil contractual contra Allianz Seguros S.A., la cual correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali, quien la admitió el 26 de mayo de 2016 y fue notificada al demandado el 5 de julio de 2016. Posteriormente, el accionante presentó reforma a la demanda, actuación notificada por estado del 6 de marzo de 2017. 2.1.2. El 24 de julio de 2017, el accionante radicó memorial en el que solicitó al juez de instancia que se pronunciara sobre el cumplimiento del término del artículo 121 del CGP, pues hasta ese momento no se había proferido fallo ni se había prorrogado el término dispuesto en esa norma para proferir sentencia, teniendo en cuenta que había pasado más de un año desde el momento en que se notificó el Auto admisorio de la demanda. En respuesta a esta solicitud, mediante Auto del 25 de septiembre de 2017, el Juzgado manifestó que el término del artículo 121 del CGP se contaría a partir de la fecha de notificación de la reforma de la demanda. 2.1.3. El 10 de octubre de 2017, el apoderado del demandante presentó solicitud de nulidad por falta de competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del CGP, la cual fue negada por el juez de conocimiento mediante Auto del 26 de octubre de 2017. En esta providencia explicó que con la notificación de la reforma a la demanda surge una nueva fecha de notificación

al demandado, hecho que se presentó el 6 de marzo de 2017, de esta manera, indicó que es a partir de esta fecha que se cuenta el término de que trata el artículo 121 del CGP, y no desde el 5 de julio de 2016. 2.1.4. Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante autos del 5 de diciembre de 2017, que confirmó la providencia impugnada, y del 8 de febrero de 2018, emitido por el Juez Noveno Civil del Circuito de Cali, quien confirmó en todas sus partes el proveído atacado y consideró que la irregularidad invalidante de la actuación ocurrió el 5 de julio de 2017 y, por ende, era en esa fecha que debió alegarse. Al haberse actuado con posterioridad a ese día, subrayó, la nulidad quedó convalidada. 2.1.5. El 22 de febrero de 2018, el peticionario formula acción de tutela y solicita que se ampare su derecho fundamental al debido proceso por defecto sustantivo, derivado de la inaplicación de la normativa pertinente y que, en consecuencia, se anulen los autos del 26 de octubre de 2017, del 5 de diciembre de 2017 y del 8 de febrero de 2018 y se ordene al Juez Tercero Civil Municipal de Cali proferir nuevamente un Auto en el que estudie la nulidad formulada por el accionante, acorde con el artículo 121 del CGP. Argumenta que esta última disposición no dispone que con la reforma a la demanda el Juez de conocimiento pierda competencia para fallar, cumplido un

año después de haberse notificado la demanda al accionado. 7 2.1.6. Para mayor claridad, los hechos se ilustran en la siguiente línea del tiempo. 2.2. Respuesta de las autoridades judiciales accionadas El Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali afirmó que en razón de la reforma a la demanda presentada por el accionante y aceptada el 1º de marzo de 2017, en la que se modificaron los hechos, se adicionaron pruebas y se presentaron nuevas pretensiones, la competencia funcional en el presente asunto no se ha perdido. Estimó que el término de un año para fallar contemplado en el artículo 121 del CGP no se puede observar de manera aislada a la reforma a la demanda, pues de lo contrario se transgredirían los derechos de lealtad procesal, buena fe, igualdad y derecho de defensa que le asisten al demandado. Señaló que de los argumentos y pruebas allegados por el accionante se advierte que este pretende hacer valer por tercera vez su interpretación personal respecto de las consideraciones que tuvieron los jueces ordinarios en el caso de la referencia. Esto, a su juicio, torna improcedente la acción de tutela, ya que esta no puede constituirse como un mecanismo alternativo o tercera instancia a las vías ordinarias dispuestas para ello, más aún cuando se han agotado todos los recursos que la ley dispone. 8 El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali no contestó la acción de tutela de la referencia. 2.3. Sentencias de instancia que se revisan En primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali negó el amparo solicitado, pues a su juicio no se vislumbra una vía de hecho por parte

de los accionados que vulnere el debido proceso del peticionario. Consideró que las interpretaciones realizadas por las autoridades judiciales accionadas no eran abiertamente ilegales, pues en los autos enjuiciados se explicó que al modificarse la demanda inicial la actuación se retrotraía y la consecuencia de ello, en su criterio, es que el término del año para fallar vuelve a contarse desde la notificación al demandado de la admisión de la reforma a la demanda. Por ello, señaló que la consecuencia que acarrea la presentación de la reforma a la demanda es que la actuación se devuelve, al punto que de la nueva demanda debe correrse traslado al demandado, quien además puede ejercer las mismas facultades que en relación con la demanda inicial. Por esto, aseguró el Juez de primer grado, computar el término del año para dictar sentencia cuando no se ha notificado la reforma de la demanda resulta desproporcionado frente a toda la nueva actuación procesal que debe desplegarse con ocasión de dicha reforma. La anterior decisión fue recurrida por el accionante con argumentos en los que señaló que las normas sobre las cuales se postula el defecto sustantivo alegado son objetivas y, por lo tanto, de orden público y estricta aplicación. En este caso, indicó que tales reglas tienen una redacción clara, que no generan antinomia con otra disposición procesal y en consecuencia deben aplicarse literalmente. Así las cosas, argumentó que el artículo 121 del CGP no contiene elemento gramatical alguno conforme al cual resulte ajustado a derecho computar el término de duración del proceso a partir del escrito de reforma a la demanda.

En segunda instancia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 11 de julio de 2018, revocó el fallo impugnado y en su lugar concedió el amparo del derecho al debido proceso del accionante. En consecuencia, ordenó al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali dejar sin efectos el Auto del 8 de febrero de 2018, “y toda la actuación que de éste dependa”, y emitir una nueva providencia en la que resolviera el recurso de apelación propuesto por el demandante contra el Auto dictado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali el 26 de octubre de 2017, teniendo en cuenta las consideraciones de esa Sentencia. Señaló que el límite para el cómputo del término de un año que establece dicho canon para proferir el fallo de primera instancia comienza a correr objetivamente desde la notificación del Auto admisorio de la demanda al accionado, sin que se disponga excepción alguna en caso de reforma o sustitución de la demanda. Así, consideró que este término corre de forma objetiva, salvo interrupción o suspensión del litigio. 9 Manifestó que el Despacho judicial accionado erró al incluir una salvedad no regulada por la ley, con la finalidad de contabilizar el plazo que tenía el a quo para dictar sentencia, circunstancia que demuestra la transgresión del derecho al debido proceso del accionante. Planteó que las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento y en ningún caso pueden ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, menos aun cuando estas reglamentan uno de los factores de

competencia que contempla el estatuto procesal vigente. Adujo que al haberse surtido la notificación del Auto admisorio de la demanda el 5 de julio de 2016, es claro que la actuación adelantada con posterioridad al 5 de julio de 2017, sin que se hubiese dictado fallo de primera instancia, era nula de pleno derecho, sin importar la alegación tardía de esa invalidez. Explicó que esa nulidad, al operar “de pleno derecho” surte efectos sin necesidad de reconocimiento, por lo que no puede “recobrar fuerza”, ni siquiera por el paso del tiempo o la inacción de las partes, de allí que se excluya la aplicación del principio de invalidación o saneamiento. 2.4. Actuaciones en sede de revisión Mediante Auto de pruebas proferido por este Despacho el 3 de diciembre de 2018, se requirió al Juzgado de primera instancia del trámite ordinario, para que rindiera informe escrito ante esta Corporación de las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso incoado por el señor Quesada Hoyos contra Allianz Seguros S.A., entre ellas, la eventual expedición de la sentencia de primera instancia. El 11 de diciembre de 2018, el Juzgado accionado envió a esta Corporación escrito en el que dio cuenta de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario de la referencia. Entre otras circunstancias, puso de presente que ese Despacho profirió fallo de primera instancia el 9 de abril de 2018. Sin embargo, indicó que el mismo fue “dejado sin efectos”, en sede de tutela, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante la mencionada

sentencia de segunda instancia del 11 de julio de 2018.

3. Expediente T-7.028.254 3.1. Hechos y solicitud de amparo 3.1.1. El 12 de abril de 2016, el Grupo Colombiano de Seguridad Integral – ADVISEGAR LTDA., actuando por medio de apoderada judicial, presentó demanda por incumplimiento del contrato de intermediación comercial contra la señora Ruth Carolina Meléndez Parra. 3.1.2. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, en autos del 7 de junio de 2016 y 6 de julio de 2016, admitió y notificó la demanda, respectivamente. El 8 de septiembre de 2017, el accionante solicitó la nulidad del proceso por pérdida automática de competencia del juez de primera 10 instancia, de conformidad con el artículo 121 del CGP. El 20 de septiembre de 2017 se desestimó la petición de nulidad presentada por el demandante, con fundamento en que en el momento en que se realizó el saneamiento del proceso en la audiencia inicial, las partes no advirtieron la pérdida de competencia de que trata el artículo 121 del CGP. Así mismo, el Juzgado manifestó que, frente a la solicitud de nulidad, no procedía ningún recurso y continuó con la audiencia en la cual dictó sentencia de primera instancia con la que resolvió negar las pretensiones de la demanda. 3.1.3. Impugnada la sentencia, en segunda instancia, el actor reiteró su posición respecto de la nulidad del proceso por pérdida de la competencia. Sin embargo, el 4 de julio de 2018, el Juzgado Treinta Civil del Circuito de

Bogotá en la audiencia de juzgamiento no accedió a lo solicitado, toda vez que a su juicio lo que busca la norma es que sea una decisión pronta y rápida por parte de los jueces y, como en ese caso ya se había dictado sentencia, no había lugar a declarar la nulidad. Frente a esta decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición el cual no prosperó. Así las cosas, el 4 de julio de 2018, el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá procedió a confirmar la decisión de primera instancia, con la cual se negaron las pretensiones de la demanda. 3.1.4. El 24 de julio de 2018, el peticionario interpuso acción de tutela contra las dos sentencias anteriores. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia y en consecuencia se deje sin efecto el fallo de segunda instancia y se ordene al Juez Treinta Civil del Circuito de Bogotá “ejercer el control de legalidad en los términos del artículo 132 del CGP y los lineamientos del artículo 121 ejusdem, acorde a los postulados universales, constitucionales, legales y funcionales atendiendo los principios de pérdida automática de competencia y de nulidad ipso jure de lo actuado por la Juez 34 Civil Municipal de Bogotá a partir del 5 de julio de 2017.” 3.1.5. En síntesis, los hechos expuestos se describen con la siguiente línea del tiempo. 11 3.2. Respuesta de las autoridades judiciales accionadas El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá afirmó que en el fallo

proferido por esa autoridad se expusieron las razones de derecho que sirvieron de sustento de la decisión adoptada, la cual se encuentra en armonía con las disposiciones sustantivas y procesales que ha establecido el Legislador sobre la materia, por lo que no ha vulnerado los derechos invocados por el demandante. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, pese a haber sido notificado en debida forma, contestó extemporáneamente. 3.3. Sentencias que se revisan En primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Séptima de Decisión Civil, mediante fallo del 1º de agosto de 2018, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados. Al respecto, argumentó que: “no reporta (ni tampoco así se alegó en la demanda de tutela) que la sociedad actora hubiera impugnado (mediante los recursos de reposición y apelación que, en principio, tenía a su alcance, de conformidad con los artículos 318 y 320 del C.G. del P.) el auto del 20 de septiembre de 2017, mediante el cual el juez natural de primera instancia denegó la primera solicitud de nulidad que allí formuló Advisegar Ltda., predicamento que también cabe extender al proveído del 4 de julio de 2018 (…).”4 La anterior decisión fue impugnada por el peticionario en escrito en el que, además de lo expuesto en la tutela, manifestó que frente al tema del Auto del 20 de septiembre de 2017 se debe tener en cuenta que, en primer lugar, la juez 4 Folio 22. 12 de primera instancia afirmó que sobre dicho Auto no procedía ningún recurso,

motivo por el cual el juez de segunda instancia no puede alegar que la decisión no fue objetada. En segundo lugar, expresó que se debe considerar que, por vía del recurso de apelación de la sentencia de primer grado, el juez de segunda instancia, en audiencia del 4 de julio de 2018, se pronunció sobre la solicitud de nulidad la cual resolvió negar. En tercer lugar, destacó que frente a la decisión del 4 de julio de 2018 con la cual la segunda instancia negó la solicitud de nulidad, el accionante interpuso recurso de reposición, el cual no prosperó. En fallo de segunda instancia del 24 de septiembre de 2018, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia impugnada y en su lugar concedió el amparo solicitado. En consecuencia, dejó sin efecto todo lo actuado en el proceso desde la audiencia inicial llevada a cabo el 14 de agosto de 2017 y ordenó al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá proceder conforme lo establece el inciso 2º del artículo 121 del CGP y, por ende, remitir el proceso al nuevo juez comp