CC - T348-2020

Sentencia T-348/20

DERECHO A LA LIBERTAD Y AL DEBIDO PROCESO PENALVulneración por privación prolongada de la libertad, dado que se extravió el expediente judicial

DERECHO A LA LIBERTAD EN LA ETAPA DE INVESTIGACION

DEL PROCESO PENAL-Vencimiento del término

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Garantías

constitucionales/DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Alcance MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Alcance del control judicial PROCESO PENAL-Distinción entre las etapas de investigación y acusación y la etapa de juzgamiento DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE-Elemento constitutivo del debido proceso/DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTEConocimiento debe ser integral DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PREVIA-Alcance RAMA JUDICIAL-Gestión documental y manejo de archivo, competencia de cada despacho DEBIDO PROCESO-Agilidad en reconstrucción de expediente Puede ocurrir que un expediente se extravíe de manera parcial o total, caso en el cual la autoridad que tenía a su cargo la guarda y conservación del mismo, deberá adelantar todos los trámites que tenga a su disposición, como la reconstrucción del expediente, para no vulnerar el derecho al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, de los interesados. RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOSVulneración al debido proceso, de no hacerse de manera célere y sin dilaciones injustificadas DERECHO A LA LIBERTAD Y AL DEBIDO PROCESO PENALOrden de disponer la libertad inmediata del accionante, por vencimiento de

términos para proferir acusación

Referencia: Expediente T-7.573.990

Acción de tutela interpuesta por Roberto Carlos Guzmán Fontalvo contra el Juzgado Segundo Penal Municipal de SoledadAtlántico.

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo proferido el 10 de julio de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Cuarta de Decisión Penal, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo contra el Juzgado Segundo Penal de Soledad, Atlántico.

I. ANTECEDENTES

A. LA DEMANDA DE TUTELA

1. El 21 de junio de 2019, el señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo, a través de apoderado judicial1, estando privado de la libertad, presentó acción de tutela en contra del Juzgado Segundo Penal de Soledad, Atlántico, al considerar vulnerado su derecho fundamental a la libertad personal, dado que la autoridad judicial accionada manifiesta que en ese despacho no cursa ningún proceso penal en contra del accionante y el INPEC certificó que fue dicha autoridad

judicial la que ordenó la privación de la libertad del señor Guzmán Fontalvo. Frente a lo anterior, el accionante solicitó al juez de tutela que ordene al Juzgado Segundo Penal de Soledad, Atlántico ordenar su libertad, toda vez que, a su juicio, tanto la acción penal como la sanción penal se encuentran prescritas2.

B. HECHOS RELEVANTES En síntesis, el demandante expuso los siguientes hechos:

1 Folio 7 cuaderno No. 1. 2 Folios 1 – 6 cuaderno No. 1. 2

2. El 25 de enero de 2009, el señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo fue capturado por el presunto delito de hurto calificado, razón por la cual el día 26 de enero de ese mismo año, ingresó al sistema de la cárcel modelo de Barranquilla pero con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, según lo certificado el 13 de agosto de 2018 por el INPEC3, al indicar que el señor Guzmán Fontalvo actualmente “se encuentra cobijado con medida de aseguramiento domiciliario con vigilancia electrónica y sistema de seguridad en el municipio de Ponedera, Atlántico”, cuyo número de caso corresponde al

087586001106200900068.

3. En el mes de diciembre de 2018, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, Atlántico, dio respuesta a la solicitud elevada por señor Guzmán Fontalvo sobre la ubicación de su expediente penal, en el sentido de informar que “revisados los archivos, libros, índices y radicadores de este Despacho Judicial desde los años 2009 hasta el presente año, se pudo constar que en esta

cédula judicial no ha cursado ni cursa proceso bajo el radicado en mención en contra del señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo”. En la misma respuesta precisó que al verificar el oficio emitido por el INPEC “la fecha de captura del imputado corresponde al 25/01/2009; y al revisar el estado de turnos de ese periodo, se precisa que el día domingo 25 de enero de 2009, el turno de control de garantías para capturados URI correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Ponedera”4.

4. El 25 de enero de 2019, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla resolvió el habeas corpus presentado por el apoderado del señor Guzmán Fontalvo, en el sentido de negar el mismo, pues consideró que al existir una disparidad de criterios entre lo manifestado por el INPEC y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, Atlántico, el habeas corpus no puede pronunciarse sobre las circunstancias del caso concreto, ya que el actor puede hacer uso de otras herramientas para obtener a su favor la declaratoria del fenómeno de la prescripción, en virtud del paso del tiempo.

En este orden de ideas, explicó que “conforme con los hechos que soportan el habeas corpus, existen circunstancias ligadas a otros derechos fundamentales que pueden ser amparados por medio de otros mecanismos constitucionales, como por ejemplo la acción de tutela…”. Sin embargo, afirmó que con el informe rendido por el INPEC el accionante tiene la vía expedita para plantear su pretensión ante el Juzgado Penal Municipal de Soledad. Adicionalmente, destacó que el señor Guzmán Fontalvo ha dejado transcurrir

más de diez años para buscar información tendiente a resolver o concretar su situación penal, razón por la cual “su desidia no puede enmendarse por intermedio de esta acción constitucional sino que le corresponde agotar otros mecanismos judiciales… al existir un proceso penal, será esa la cuerda 3 Folio 9 cuaderno No. 1. 4 Folios 10 y 66cuaderno No. 1. 3 procesal por la cual deba ventilarse toda solicitud que a bien tenga el señor Roberto Carlos Guzmán respecto del delito de hurto calificado”5.

5. El 18 de febrero de 2019, el apoderado del señor Guzmán Fontalvo presentó petición6 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ponedera, Atlántico, a fin de obtener información sobre la ubicación de la carpeta con radicado SPOA 087586001106209900068, la cual fue respondida el 7 de marzo de ese año, aclarando que después de una revisión exhaustiva, solo se encontró información relativa a un proceso ejecutivo promovido en contra del actor7.

C. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y DE LOS TERCEROS

VINCULADOS8

Entidad accionada Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, Atlántico

6. El 2 de julio de 2019, el Juez Segundo Penal Municipal de Soledad, de manera preliminar, manifestó que ostenta dicho cargo en propiedad desde el pasado 31 de agosto de 2018 y, posteriormente, reiteró lo indicado en la respuesta dada a la petición elevada por el accionante, en el sentido de que no tiene ningún registro en el despacho sobre el proceso 2009-00068.

Adicionalmente, afirmó que durante el trámite de habeas corpus, “con sorpresa” advirtió la existencia de un oficio sin número, pero con fecha del 25 de enero de 2009, proferido por el Dr. Farid West Ávila, titular de ese despacho para la época de los hechos, en el que se comunica al INPEC la imposición al accionante de la medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de su residencia9. Terceros Vinculados Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones Mixtas de Soledad

7. El 27 de junio de 2019, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones Mixtas de Soledad señaló que revisados los libros de ese despacho, no encontró ningún trámite del proceso penal con CUI 087586001106200900068 contra Roberto Carlos Guzmán Fontalvo. En consecuencia, precisó que carece de legitimación en la causa por activa dentro del trámite de tutela de la referencia10.

5 Folios 11 – 18, 50 – 54 y 72 – 79 cuaderno No. 1. 6 Folios 57 y 62 cuaderno No. 1. 7 Folios 57 – 58 y 63 - 64 cuaderno No. 1. 8 El 25 de junio de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Cuarta de Decisión Penal admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar de la misma al Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, Atlántico, en calidad de demandado, y a la Fiscalía Seccional de Soledad, a la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico, a los Juzgados Primero y Segundo Penal del Circuito de Soledad, al

Juzgado Promiscuo Municipal de Ponedera, al Juzgado Primero Penal del Circuito y al Director Regional Norte del INPEC, en calidad de vinculados (folio 22 cuaderno No. 1.). 9 Folio 41 cuaderno No. 1. 10 Folios 35 – 36 cuaderno No. 1. 4 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

8. El 27 de junio de 2019, el Director Regional Norte del INPEC indicó que después de revisado el aplicativo institucional SISPEC WEB, se evidencia que el señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo se encuentra cumpliendo medida de detención domiciliaria desde el 26 de enero de 2009 en el municipio de Ponedera, Atlántico, dentro del “proceso No. 2009-00068”, por el delito de hurto calificado a cargo del Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, con situación jurídica de “sindicado”. De otro lado, manifestó que la pretensión de libertad del accionante solo es de competencia del Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, razón por la cual solicitó la desvinculación del presente trámite11.

Juzgado Promiscuo Municipal de Ponedera, Atlántico

9. El 2 de julio de 2019, la Juez Promiscua Municipal de Ponedera indicó que ese despacho no ha realizado ninguna actuación en relación con “la causa penal con radicado 087586001106200900068”. Asimismo, precisó que contrario a lo manifestado por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad en el escrito de contestación de la petición elevada por el actor, era imposible que ese despacho fungiera como juez de control de garantías el 25 de enero de 2009,

pues fue creado mediante acuerdo PSAA-129267 de 2012. En este orden de ideas, “tal como se informó al accionante al responder su derecho de petición, habiéndose revisado por parte del citador del juzgado la información contenida en los archivos magnéticos que reposan en el juzgado y que contienen información de los procesos a cargo, así como también de los libros radicadores y los libros índices que reposan en este despacho judicial; en relación con el señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo solo se encontró información relativa a un proceso ejecutivo promovido en su contra, y no se encontró información alguna en relación con el radicado SPOA 08758-6001106-2009-00068 ni con carpetas en las que el referido señor funja como imputado”12. Fiscalía Segunda, Seccional Soledad

10. El Fiscal Segundo Delegado ante el Juez Penal del Circuito de Soledad informó que nunca ha conocido de la actuación penal dentro de la cual se encuentra vinculado el ciudadano Roberto Carlos Guzmán Fontalvo, y que en razón de la cuantía del asunto, su conocimiento corresponde a los fiscales locales delegados ante juez penal municipal13.

Fiscalía Seccional Atlántico 11 Folio 38 cuaderno No. 1. 12 Folios 45 – 46 y 59 - 61 cuaderno No. 1. 13 Folios 86 – 87 cuaderno No. 1. 5

11. El 8 de julio de 2019, el Director Seccional Atlántico señaló que procedió a solicitar a la Fiscalía Segunda Seccional de Soledad que informara sobre todo lo relacionado con el asunto de la referencia y en virtud de ello, el fiscal a cargo de

dicho despacho manifestó que nunca ha tenido conocimiento de algún proceso penal en contra del señor Guzmán Fontalvo14.

D. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Cuarta de Decisión

Penal

12. El 10 de julio de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Cuarta de Decisión Penal tuteló el derecho al debido proceso del accionante y declaró improcedente el amparo en relación al derecho a la libertad.

Sobre el particular, afirmó que con base en las pruebas aportadas al expediente, el señor Guzmán Fontalvo se encuentra en detención domiciliaria desde el 25 de enero de 2009, por la medida de aseguramiento que fue impuesta por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, Atlántico, vigilada por el INPEC. Sin embargo, el juez de primera instancia consideró que era improcedente la acción de tutela para amparar el derecho a la libertad, debido a que (i) la decisión de habeas corpus que interpuso el apoderado del accionante no fue apelada ni fue objeto de contradicción en la acción de la referencia, por lo que el actor podía nuevamente tramitarla; y que (ii) además del habeas corpus, el Legislador dispuso que la competencia para evacuar todo lo referente a la libertad de los procesado, antes de emitirse el sentido del fallo, es del juez de control de garantías. De otro lado, destacó que aun cuando no se sabe dónde se encuentra el expediente que se sigue en contra del señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo, al consultarse en la página web de la Fiscalía General de la Nación, se advierte que

el asunto lo tiene a su cargo la Fiscalía Segunda Seccional de Soledad y figura como inactivo, razón por la cual estimó que existía una transgresión al derecho al debido proceso del actor, respecto de su derecho de defensa, pues esa entidad es la que debía tener conocimiento del despacho al que correspondió el escrito de acusación. En consecuencia, ordenó a la Fiscalía Segunda Seccional de Soledad y a la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esa sentencia, informe “¿Cuál tiene a su cargo la investigación con rad. 087586001106200900068 seguida al actor y cuál es el juzgado de conocimiento que tiene el asunto (…)?”15. 14 Folios 89 – 93 cuaderno No. 1. 15 Folios 95 – 103 cuaderno No. 1. 6

E. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE

CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE

REVISIÓN

13. El 23 de octubre de 2019, en desarrollo del trámite de revisión, el Magistrado sustanciador, con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, consideró necesario disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran esclarecer la situación fáctica del asunto sometido a estudio16.

14. En respuesta de las pruebas solicitadas17, se obtuvo la siguiente información: - El 29 de octubre de 2019, la Directora Regional Norte del INPEC manifestó que esa dirección no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales del accionante, comoquiera que los hechos generadores de la acción de tutela de la

referencia no son de su competencia, sino del Director del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido el señor Guzmán Fontalvo, Cárcel de Mediana Seguridad de Barranquilla “La Modelo”. Adicionalmente, explicó que le fueron dadas instrucciones al Teniente Mora Pantoja Wilson Renne, Director de la mencionada cárcel, para que su equipo jurídico de respuesta a fondo a la solicitud probatoria enviada por la Corte Constitucional18. - El 30 de octubre de 2019, la Procuradora Regional del Atlántico informó que por parte de esa agencia no se ha tenido conocimiento alguno, acerca de la situación que el señor Guzmán Fontalvo expone en su solicitud de amparo. No obstante, afirmó que es función de las procuradurías judiciales penales la intervención judicial al interior de los procesos penales, razón por la cual la 16 El Magistrado sustanciador ofició (i) al accionante, a través de su apoderado judicial, a fin de que éste informara sobre su situación jurídica actual y la ubicación del expediente SPOA 087586001106200; (ii) a la entidad accionada a efectos de que informara sobre los trámites adelantados respecto del expediente SPOA 087586001106200; (iii) al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla, con el objeto de obtener copia del expediente de habeas corpus, junto con todos sus anexos y pruebas, interpuesto por el señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo, con radicado No. 08001-31-03-014-2019-00014-00, decidido por ese despacho el día 25 de enero de 2019; (iv) al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, despacho de

la Magistrada Greis María Villamil Martínez, para que informara sobre los trámites que ha adelantado en relación con la acción de tutela interpuesta por el señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo, con radicado en el sistema No. 080012204000-2019-00238-00 y número de expediente 2019-00289-00-T; (v) al INPEC, Regional Norte, a fin de que remitiera copia de los documentos en los que consta que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, Atlántico fue la autoridad judicial que ordenó la detención domiciliaria del señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo e indique si ya fue puesto en libertad; (vi) a la Fiscalía Segunda Seccional de Soledad, Atlántico, para que informe si ya comunicó al señor Guzmán Fontalvo la ubicación de la ubicación de la investigación SPOA 087586001106200900068, así como los trámites que ha adelantado para dar cumplimiento a dicha orden; (vii) al Director Seccional de Fiscalía del Atlántico, para que informe si ya comunicó al señor Guzmán Fontalvo la ubicación de la investigación SPOA 087586001106200900068; (viii) a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que indique cuales son los trámites de archivo y guarda de expedientes penales tramitados en virtud de la Ley 600 de 2000, así como lo referente al trámite de reconstrucción de los mismos, en caso de extravío y (ix) a la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico, a efectos

de que informe Si conocía de la situación y ha desarrollado alguna gestión para proteger los derechos fundamentales del señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo. 17 Folios 21 - 36 obran los oficios secretariales Nos. OPTB-2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492 y 2493 del 25 de octubre de 2019, mediante los cuales fueron remitidas las solicitudes de pruebas. 18 Folio 40 cuaderno principal. 7 Procuraduría 209 Judicial Penal I de Soledad, lo hará cuando sea necesario para proteger los derechos humanos y su efectividad19. - El 30 de octubre de 2019, la Defensora del Pueblo Regional Atlántico informó que dentro de su bases de datos no existe petición, solicitud o atención alguna al señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo20. - El 31 de octubre de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura, Oficina de Enlace Institucional y de Seguimiento Legislativo, indicó que para el archivo y guarda de expedientes se tiene el Acuerdo PCSJA17-10784 “por el cual se establecen políticas generales de gestión documental y archivo para la Rama Judicial y se dictan reglas para asegurar su implementación, en un solo acto administrativo”, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, cuyo artículo 3 hace referencia a tres instancias de conservación de documentos: (i) el archivo de gestión, para los expedientes activos y a cargo de las dependencias que cumplan la función administrativa dentro de la Rama Judicial, así como los juzgados, las secretarías de corporación, sala o sección y cada uno de los

despachos de tribunales y de las altas Cortes. (ii) El archivo central, se define como la unidad que administra custodia y conserva los documentos contenidos en cualquier soporte, con valor administrativo legal, permanente e histórico, transferidos por los administradores de archivo de gestión. Adicionalmente existe un archivo central, de nivel nacional, en el que reposan los documentos provenientes de las dependencias de la Rama Judicial que tengan competencia en todo el territorio nacional, cuyo funcionamiento corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; y archivos centrales seccionales, para los documentos emitidos por las dependencias ubicadas dentro de la comprensión territorial de cada uno de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuyo funcionamiento será responsabilidad de la respectiva Dirección Ejecutiva Seccional. La tercera instancia, (iii) es el archivo histórico que custodia y gestiona los fondos documentales que deben conservarse permanentemente, una vez el órgano encargado (Comité Nacional de Archivo o Comités Seccionales de Archivo) dispone la conservación definitiva de los expedientes o documentos. Igualmente explicó que los funcionarios y empleados designados para dichos efectos en cada uno de los despachos judiciales son responsables del acopio, organización, ordenación, custodia y administración de los expedientes21. - El 31 de octubre de 2019, el Asesor Jurídico de la Cárcel de Mediana Seguridad de Barranquilla informó que el señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo aún se encuentra en detención domiciliaria bajo vigilancia de ese centro carcelario. 19 Folio 43 cuaderno principal. 20 Folio 45 cuaderno principal. 21 Folios 46 – 47 cuaderno principal.

8 De otra parte, aportó copia de la orden de detención domiciliaria expedida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad con Función de Control de Garantías, el 25 de enero de 200922. - El 31 de octubre de 2019, el Juez Segundo Penal Municipal de Soledad sostuvo que ese despacho no tiene el expediente de las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento que al parecer fueron adelantadas, por ese despacho con otro titular en el proceso 08-758-60-01106-2009-00068, así como tampoco registro de radicación o de atención en los libros que se llevaban en el 2009. Por otro lado, señaló que realizó una investigación sobre el asunto y encontró que el lugar donde se concedió la detención domiciliaria fue el municipio de Ponedera, Atlántico, lugar donde se expidió la cédula de ciudadanía del accionante; luego la Fiscalía debió presentar escrito de acusación ante el juez promiscuo municipal de Ponedera y no ante el de Soledad. No obstante, como el juzgado de ponedera solo fue creado el 2012, en el año 2009 el Juzgado Promiscuo Municipal de Palmar de Varela, Atlántico, conocía de los hechos ocurridos en el municipio de ponedera por su proximidad con aquella municipalidad. En consecuencia, solicitó el requerimiento y la vinculación del Juzgado Promiscuo Municipal de Palmar de Varela, Atlántico, a efectos de que informe si recibió escrito de acusación en el caso del señor Guzmán Fontalvo. Consideró que la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito de

subsidiariedad, toda vez que la situación jurídica del accionante podría ser resuelta de manera rápida mediante una audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos, dado que se superó el término del que disponía la Fiscalía para radicar el escrito de acusación. Sin embargo, a ese juzgado no se ha solicitado la audiencia mencionada, la sustitución de la medida de aseguramiento, ni su revocatoria. Por último, indicó que no ha procedido a la reconstrucción del expediente, dado que no se tiene un conocimiento cierto sobre la autoridad judicial que realizó las audiencias preliminares y que para proceder a la libertad del señor Guzmán Fontalvo solo se debe determinar si la Fiscalía realizó o no escrito de acusación23. - El 5 de noviembre de 2019, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla remitió copia del expediente de habeas corpus presentado por el apoderado judicial del señor Guzmán Fontalvo, el 25 de enero de 2019. Dentro de esas copias se advierte la respuesta a una petición, el 11 de octubre de 2018, por parte del Fiscal Segundo Seccional de Soledad, mediante el cual informa que revisado el sistema “aparece la noticia criminal No. 08758600110620090068 donde figura como indiciado Roberto Carlos Guzmán Fontalvo, por la probable conducta punible de hurto calificado, asignada a la 22 Folio 49 cuaderno principal. 23 Folio 51 – 53 cuaderno principal. 9 Fiscalía Segunda de Soledad el día 01/04/2014 por el funcionario FDIAZG, tal como se observa en el pantallazo que se anexa a su petición (…) la carpeta fue

remitida a otra fiscalía por competencia el día 15/09/2010 y fue archivada por el Fiscal Local de Santo Tomas, por lo anterior y conforme a la información obtenida del sistema Spoa dicha investigación nunca llegó a esta Fiscalía Seccional de Soledad”24.

II. CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA

15. Esta Corte es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 28 de junio de 2019, proferido por la Sala de Selección de tutela Número Seis de esta corporación, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.

B. CUESTIONES PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE

TUTELA

16. Legitimación por activa: el artículo 86 de la Constitución prevé que cualquier persona dispondrá de la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados. Se constata que la acción de la referencia cumple con el presupuesto de legitimación por activa pues el actor instauró, a través de apoderado judicial, la acción de tutela como titular de los derechos fundamentales afectados, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 1 del Decreto 2591 de 1991.

17. Legitimación por pasiva: el artículo 86 superior prevé que la acción de tutela es procedente frente a autoridades públicas que vulneren o amenacen los derechos fundamentales o frente a particulares cuando: a) estos se encuentran

encargados de la prestación de un servicio público; b) la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo o c) el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular25. Este requisito se encuentra satisfecho, ya que la accionada en este caso es una autoridad pública, perteneciente a la Jurisdicción Ordinaria, a la cual se le reprocha su conducta frente al derecho fundamental a la libertad del señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo, quien, además de encontrarse privado de la 24 Folios 63 – 64 cuaderno principal. 25 Ver sentencia C-378 de 2010. En esa ocasión la Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3º (parcial) del artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991, “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” y al respecto señaló: “Son tres las hipótesis previstas por el Constituyente respecto de la procedencia de la acción de tutela en el caso de acciones u omisiones de particulares, a saber: a) Cuando el particular presta un servicio público; b) Cuando la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo; y c) Cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.” (Destaca la Sala). 10 libertad, ocurre el extravío de la carpeta con radicado SPOA 087586001106200900068.

18. Inmediatez: este requisito de procedibilidad impone al demandante la carga de interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales.

Conforme a lo anterior, la Corte ha dispuesto que se debe presentar la solicitud de amparo dentro de un plazo razonable, el cual debe ser analizado caso por caso26. Los hechos que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante ocurrieron en el mes de diciembre del año 2018, al notificar el Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, Atlántico, la respuesta a la petición elevada por el accionante, mediante la cual le informó que en ese despacho “no ha cursado, ni cursa proceso bajo el radicado en mención en contra del señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo"27, pues desde ese momento tuvo conocimiento del extravío de la carpeta con radicado SPOA 087586001106200900068, que permitiría ejercer adecuadamente el derecho a la defensa y examinar las eventuales solicitudes de libertad. Por consiguiente, dado que la fecha de interposición de la presente acción fue el 21 de junio de 201928, es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes de haberse generado la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor, es un término que la Sala encuentra prudente y razonable para reclamar su protección. Es importante destacar que durante ese periodo el apoderado del accionante presentó otra petición para definir la ubicación del mencionado expediente, de acuerdo con lo indicado por el juzgado accionado29 y formuló habeas corpus, a efectos de que le fuera concedida la libertad al señor Roberto Carlos Guzmán Fontalvo.

19. Subsidiariedad: el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, establece que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga

de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. De igual forma, se ha aceptado la procedencia definitiva del amparo de tutela en aquellas situaciones en las que existiendo recursos judiciales, los mismos no sean idóneos o eficaces para evitar la vulneración del derecho constitucional fundamental.

20. Esta Sala de Revisión advierte que aunque el apoderado del accionante solo alegó de manera expresa la violación del derecho a la libertad del señor Guzmán Fontalvo, acorde con las actuaciones desplegadas antes de la presentación de la acción de tutela y de los hechos expuestos en la demanda, la Sala Cuarta de revisión puede advertir que también se alega la vulneración del derecho 26 Ver sentencias T-1013 de 2006; T-584 de 2011 y T332 de 2015, entre otras