CC - Auto A. 1219 26 de 2026

Corte Constitucional

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Detalles

Título
CC - Auto A. 1219 26 de 2026
Autor
Corte Constitucional
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Constitucional
Año
2026

REPÚBLICA DE

COLOMBIA

[image]

CORTE

CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1219 DE 2026

Referencia: expediente CJU-7800

Asunto: conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Silvia (Cauca) y la Autoridad Ancestral Neehnwe Sx Territorio

Indígena De San Francisco Am Yu Kiwe De Toribio (Cauca)

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, en particular de la prevista por el artículo 241.11 de la Constitución Política, profiere el presente auto.

I. ANTECEDENTES

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, en particular de la prevista por el artículo 241.11 de la Constitución Política, profiere el presente auto.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos que dieron origen al proceso penal. Según la imputación, la Fiscalía 01 Seccional de Silvia (Cauca) inició una investigación penal con fundamento en los hechos ocurridos el 22 de julio de 2024, día en el cual el personal de la estación de policía del municipio de Silvia

(Cauca) al realizar labores de registro y control en la vía que comunica dicho municipio con Jámbalo (Cauca), evidenció que en desarrollo del referido procedimiento la motocicleta en la que se movilizaba Neider Ul Musicue, presentaba una solicitud de inmovilización por hurto proferida por la Fiscalía 001 Local Unidad de Hurto y Estafa de Cali y a su vez constató que, de acuerdo a los registros oficiales de dicho vehículo, la placa de esta no coincidía con el número de chasis correspondiente. Al respecto, el conductor no demostró ser su propietario y no ofreció razón alguna sobre la discrepancia respecto de la placa[[1]](#_ftn1).

2. Actuaciones surtidas en la jurisdicción ordinaria penal. El 23 de julio de 2024, la Fiscalía 01 Local del Silvia (Cauca) solicitó la realización de las audiencias preliminares de legalización de captura en flagrancia, incautación de motocicleta, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento[[2]](#_ftn2). Mediante Auto de la misma fecha[[3]](#_ftn3), el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Silvia avocó el conocimiento del asunto y, ese mismo día, llevó a cabo la audiencia preliminar en la que se realizó (i) el control de legalidad de la captura en flagrancia, (ii) la legalización de la incautación de la motocicleta y (iii) la formulación de imputación. La imposición de medida de aseguramiento no se dio debido a que la Fiscalía retiró su solicitud al respecto[[4]](#_ftn4).

3. Con fundamento en tales hechos, la Fiscalía 001 Seccional de Silvia (Cauca) radicó ante el Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de dicho municipio, escrito de acusación[[5]](#_ftn5) contra Neider Ul Musicue por los delitos de falsedad marcaria y receptación en calidad de autor, bajo la modalidad dolosa[[6]](#_ftn6), el cual fue presentado el 8 de noviembre de 2024[[7]](#_ftn7).

4. Solicitud para el juzgamiento del asunto por parte de la jurisdicción especial indígena. En escrito radicado el 14 de mayo de 2026[[8]](#_ftn8), suscrito por varios representantes de la autoridad ancestral Neehnwésx Am Yu Kiwe, se solicitó la remisión del proceso penal para que Neider Ul Musicue fuese juzgado por las autoridades de dicha comunidad, según sus usos y costumbres[[9]](#_ftn9).

5. En la solicitud se indicó que Neider Ul Musicue es comunero de dicho resguardo y, por consiguiente, se solicitó al juzgado abstenerse de continuar con el trámite procesal y se reclamó la competencia para conocer el caso, proponiéndose conflicto positivo de competencia. En el documento se hizo referencia a las facultades jurisdiccionales de la justicia especial indígena, de acuerdo con lo establecido en el artículo 246 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Ley 89 de 1890[[10]](#_ftn10).

6. Junto con la solicitud se anexó certificación de estudios del acusado, copia de certificación expedida por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, en la cual consta la existencia y representación del resguardo indígena, el acta de posesión de sus autoridades ancestrales y copia de los documentos de identidad de estas[[11]](#_ftn11).

7. Decisión del Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Silvia (Cauca). En Auto dictado en audiencia el 19 de junio de 2026, el Juzgado accedió inicialmente a la solicitud formulada por la autoridad indígena y consideró procedente remitir el proceso a la jurisdicción especial indígena para que continuara con su conocimiento. Sin embargo, ante la oposición presentada por la Fiscalía frente a esa determinación, estimó que se había configurado un conflicto entre jurisdicciones y, en consecuencia, en lugar de efectuar directamente la remisión a la autoridad indígena, dispuso enviar las diligencias a la Corte Constitucional para que resolviera la controversia sobre la competencia[[12]](#_ftn12). Dicha autoridad manifestó en la audiencia que hallaba acreditados en sentido estricto los factores personal e institucional, bajo un criterio expansivo el factor territorial y de manera relativa el factor objetivo, y consideró que no quedaba el menor reparo para que el asunto que hasta ahora cursaba en la Jurisdicción Ordinaria pasara a conocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena del resguardo de San Francisco, ordenando así la remisión de todo el expediente[[13]](#_ftn13).

8. A su turno, la Fiscalía manifestó, en la misma audiencia, su desacuerdo con dicha decisión al considerar que no se encontraban acreditados los factores objetivo e institucional exigidos por la jurisprudencia constitucional para atribuir el conocimiento del asunto a la jurisdicción especial indígena. En relación con el factor objetivo, señaló que los delitos de receptación y falsedad marcaria protegen, respectivamente, los bienes jurídicos de la eficaz y recta impartición de justicia y de la fe pública.

Añadió que la autoridad indígena que reclamó la competencia habría manifestado que tales conductas no constituían una desarmonía para la comunidad, circunstancia de la cual, a juicio de la Fiscalía, podía inferirse que aquellas podrían quedar sin sanción. En cuanto al factor institucional, sostuvo que no se evidenciaban mecanismos o herramientas propias de la comunidad que permitieran investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las conductas objeto del proceso.

9. En consecuencia, el Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Silvia consideró que, ante la oposición formulada por la Fiscalía frente a la decisión de remitir el proceso a la jurisdicción especial indígena para que continuara allí el trámite judicial, se había configurado un conflicto entre jurisdicciones. Por esta razón, dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional para que resolviera la controversia y determinara la jurisdicción competente para continuar con el conocimiento del asunto.[[14]](#_ftn14)

10. Remisión a la Corte Constitucional. El expediente fue enviado a la Corte Constitucional el 23 de junio de 2026[[15]](#_ftn15), repartido al despacho ponente el 24 de julio de 2026 y remitido por la Secretaría General de la Corte Constitucional para trámite el 27 de julio de 2026.

II. CONSIDERACIONES.

1.Presupuestos para la procedencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones

11. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se configuran cuando dos a más autoridades judiciales se disputan el conocimiento de un proceso judicial. Estos pueden presentarse en dos escenarios: a) positivo, cuando las autoridades judiciales consideran que deben conocer el caso y b) negativo, en el evento en que aquellas estiman que no les corresponde asumir el asunto[[16]](#_ftn16). La Sala Plena de esta corporación ha sostenido, de manera reiterada, que para la configuración de esta clase de conflictos es necesario que se acrediten los

siguientes presupuestos:

Tabla 1. Presupuestos para la procedencia de un conflicto entre jurisdicciones

| | | | --- | --- | | Presupuesto subjetivo | Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones[[17]](#_ftn17). | | Presupuesto objetivo | Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[[18]](#_ftn18). | | Presupuesto normativo | Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[[19]](#_ftn19). |

2. La naturaleza jurisdiccional de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y su incidencia en la configuración de los conflictos de competencia entre jurisdicciones

12. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la Fiscalía General de la Nación no actúa siempre como autoridad jurisdiccional, pese a pertenecer orgánicamente a la Rama Judicial. Por ello, su capacidad para promover o integrar un conflicto entre jurisdicciones depende de la naturaleza de la función que ejerza en el asunto concreto. La Sentencia SU-190 de 2021 distinguió entre las actuaciones de naturaleza jurisdiccional atribuidas constitucional o legalmente a la Fiscalía y aquellas que desarrolla como titular de la acción penal dentro del sistema acusatorio. Solo en el primer supuesto puede, por regla general, integrar uno de los extremos de un conflicto entre jurisdicciones.

13. Esta regla fue reiterada en el Auto 1152 de 2021, en el que esta Corte concluyó que una fiscal que adelantaba una investigación penal bajo la Ley 906 de 2004 no estaba ejerciendo funciones jurisdiccionales y, por tanto, carecía de legitimación para promover directamente un conflicto frente a una autoridad indígena. La Sala precisó que, si la Fiscalía considera que un asunto reclamado por la jurisdicción especial indígena debe permanecer en la jurisdicción ordinaria, debe exponer sus razones ante el juez de conocimiento o de control de garantías, para que sea esa autoridad judicial la que acepte la competencia indígena o, en caso contrario, reclame la competencia ordinaria y plantee el conflicto ante la Corte Constitucional.

14. En igual sentido, los autos 551 de 2022 y 1708 de 2023 establecieron que la oposición de la Fiscalía a la remisión de un proceso a la jurisdicción especial indígena no sustituye el pronunciamiento del juez ordinario. En particular, el Auto 1708 de 2023 reiteró que el presupuesto subjetivo exige una controversia entre dos autoridades que administren justicia y que el conflicto no puede provocarse autónomamente por las partes del proceso. Por ello, cuando la autoridad indígena reclama el conocimiento del asunto, pero el juez ordinario no adopta una posición expresa reclamando o rechazando su competencia, la posición contraria de la Fiscalía no basta para configurar el conflicto. La Corte Constitucional ha reconocido que, de manera excepcional, la Fiscalía General de la Nación puede promover directamente un conflicto entre jurisdicciones desde la etapa de investigación, particularmente cuando la justicia penal militar y Policial reclama el conocimiento del asunto. Esta habilitación se explica por la estrecha relación que existe entre la función investigativa del ente acusador y la activación de la jurisdicción ordinaria, así como por la necesidad de garantizar los principios de celeridad, economía procesal, acceso y eficacia de la administración de justicia. Sin embargo, conforme a la regla fijada en el Auto 704 de 2021, esta facultad se encuentra circunscrita a los eventos en los que la controversia con la jurisdicción penal militar verse sobre hechos que puedan constituir graves violaciones de derechos humanos.

Fuera de ese supuesto excepcional, la Fiscalía no está legitimada para trabar directamente el conflicto y deberá acudir ante el juez penal con función de control de garantías o, según la etapa procesal, ante el juez de conocimiento, para que, mediante una audiencia innominada, sea dicha autoridad jurisdiccional la que determine si la jurisdicción ordinaria reclama o niega su competencia y, de ser procedente, plantee el conflicto ante la Corte Constitucional. Esta regla ha sido reiterada, entre otros, en los Autos 1152 y 1163 de 2021, 919 y 1667 de 2022 y 1799 de 2024.

15. Más recientemente, el Auto 019 de 2026 reiteró que resulta impropio considerar configurado un conflicto a partir de posiciones contrapuestas entre la autoridad indígena y los sujetos procesales. Para acreditar el presupuesto subjetivo es indispensable que existan dos autoridades judiciales pertenecientes a distintas jurisdicciones que reclamen o rechacen el conocimiento del asunto. Esta regla fue nuevamente aplicada en el Auto 336 de 2026, en el que la Corte Constitucional se inhibió pese a que la Fiscalía había manifestado expresamente su desacuerdo con la competencia indígena y remitido directamente el asunto a esta corporación, pues actuaba dentro de una investigación regida por la Ley 906 de 2004 y no ejercía una función jurisdiccional.

16. En consecuencia, la sola oposición de la Fiscalía a que un proceso sea conocido por la jurisdicción especial indígena no satisface el presupuesto subjetivo para acreditar un conflicto de competencia entre jurisdicciones cuando el ente acusador actúa como parte dentro de un proceso regido por la Ley 906 de 2004. Para que la controversia se configure, es necesario que un juez de la jurisdicción ordinaria adopte una posición propia, expresa y contrapuesta a la de la autoridad indígena. Si el juez acepta que el asunto sea conocido por esta última, la discrepancia de la Fiscalía constituye una controversia dentro del proceso, pero no un conflicto entre jurisdicciones.

3. Caso concreto

17. En el caso sub examine no se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones. En efecto, la Sala Plena concluye que no se acredita el presupuesto subjetivo en el presente asunto, por lo que no están dadas las condiciones para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones.

18. En efecto, no existe una controversia entre dos autoridades que administren justicia, pertenecientes a distintas jurisdicciones y que sostengan posiciones contrapuestas respecto del conocimiento del proceso penal. La autoridad indígena reclamó ante el Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Silvia, Cauca, la competencia para conocer el proceso seguido contra uno de los integrantes de su comunidad y el juez ordinario accedió a dicha solicitud por considerar acreditados los factores necesarios para atribuir el conocimiento del asunto a la jurisdicción especial indígena.

19. Así, el Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Silvia, Cauca, no reclamó para la jurisdicción ordinaria la competencia sobre el proceso. Por el contrario, coincidió con la autoridad indígena en que el asunto debía ser conocido por esta última jurisdicción y, en consecuencia, dispuso su remisión. La discrepancia frente a esa determinación provino exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación que, en su condición de sujeto procesal acusador, sostuvo que no se encontraban acreditados los factores objetivo e institucional para activar la jurisdicción especial indígena.

20. Esa oposición, generó que la autoridad judicial ordinaria decidiera remitir el expediente a la Corte Constitucional para resolver un conflicto entre jurisdicciones; sin embargo, la mera oposición del ente acusador no configura el segundo extremo jurisdiccional necesario para trabar el conflicto. Como ha señalado la jurisprudencia constitucional, la pertenencia orgánica de la Fiscalía General de la Nación a la Rama Judicial no implica que todas sus actuaciones tengan naturaleza jurisdiccional. Cuando interviene como titular de la acción penal dentro de un proceso regido por la Ley 906 de 2004, ejerce las funciones de investigación y acusación que le atribuyen la Constitución y la ley, pero no actúa, por esa sola circunstancia, como autoridad jurisdiccional facultada para intervenir en la definición sobre cuál jurisdicción debe asumir el conocimiento del proceso.

21. En particular, los autos 627 y el Auto 1152 de 2021 precisaron que, por regla general, la Fiscalía solo está habilitada para promover conflictos de competencia entre jurisdicciones cuando actúa en ejercicio de una función jurisdiccional atribuida por la Constitución o la ley.

22. Como se expuso en las consideraciones previas la manifestación de la fiscal en el presente caso no sustituye o reemplaza la manifestación del juez.

23. Bajo esa línea, en este asunto las dos autoridades jurisdiccionales involucradas no sostuvieron posiciones enfrentadas. La autoridad indígena reclamó el conocimiento del proceso y el juez penal ordinario aceptó dicha reclamación y ordenó en ese instante de la audiencia la remisión del expediente a la jurisdicción indígena; pese a ello, dentro de la misma audiencia y de manera inmediatamente posterior a esa decisión, la Fiscalía presentó su oposición, la cual, en su condición de ente acusador y no en ejercicio de una función jurisdiccional, consideró que no se acreditaban los requisitos necesarios para remitir el expediente a la jurisdicción especial indígena; ante esa intervención el juez penal ordinario de conocimiento consideró apropiado remitir el expediente a la Corte Constitucional para que el conflicto de competencia fuese resuelto, debiendo ordenar la remisión del expediente a esta Corporación para el correspondiente trámite.

24. En estas condiciones, no existe una controversia entre autoridades pertenecientes a distintas jurisdicciones, sino una coincidencia entre la autoridad indígena y el juez ordinario acerca de la jurisdicción competente. Por tanto, la Corte se declarará inhibida sin que con ello se suponga que esta Corporación atribuya directamente la competencia a la Jurisdicción Especial Indígena, sino que respeta y permite hacer efectiva la determinación que el propio juez ordinario ya adoptó en ejercicio de su autonomía e independencia. En consecuencia, se devolverá el expediente al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Silvia para que dé cumplimiento a la decisión adoptada en la audiencia del 19 de junio de 2026 y efectúe la remisión del proceso a la autoridad indígena correspondiente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE

PRIMERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el asunto de la referencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7800 al Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Silvia, para lo de su competencia, y para que comunique la presente decisión a la Autoridad Ancestral Neehnwe Sx Territorio Indígena De San Francisco Am Yu Kiwe De Toribio y a los interesados en este trámite.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA

MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO

ASSIS

Magistrado

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA

MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO

ASSIS

Magistrado

Ausente con permiso

HECTOR ALFONSO

CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS

GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA

ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ

ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE

IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA

ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[[1]](#_ftnref1) Expediente digital. Archivo “04ElementosMaterialesProbatoriospdf”

[[2]](#_ftnref2) Expediente digital. Archivo “03SolicitudAudienciapdf”

[[3]](#_ftnref3) Expediente digital. Archivo “07AutoAvocapdf”

[[4]](#_ftnref4) Expediente digital. Archivo “15ActaAudiencia23-07-2024pdf”

[[3]](#_ftnref3) Expediente digital. Archivo “07AutoAvocapdf”

[[4]](#_ftnref4) Expediente digital. Archivo “15ActaAudiencia23-07-2024pdf”

[[5]](#_ftnref5) Pese a diferentes solicitudes de reprogramación de la audiencia preparatoria, en diligencia surtida el 15 de septiembre de 2025 y luego de que el acusado no aceptara el preacuerdo verbalizado por el fiscal asignado, la audiencia preparatoria nuevamente fue postergada para ser llevada a cabo el 23 de octubre de 2025 y, al instalarse la diligencia en la fecha mencionada, el defensor solicitó la suspensión de la misma “con el fin de tramitar traslado de proceso por competencia o recaudar las pruebas necesarias para la audiencia preparatoria”, petición que fue concedida por el juzgado y, por lo tanto, fijó fecha para el 28 de enero de 2026 , diligencia que fue reagendada para el 19 de febrero de 2026 , nuevamente programada para el 20 de abril siguiente y postergada para el 14 de mayo posterior .

[[6]](#_ftnref6) Expediente digital. Archivo “001EscritoAcusacionpdf”

[[7]](#_ftnref7) Expediente digital. Archivo “004ConstanciaRadicacionpdf “

[[8]](#_ftnref8) Expediente digital. Archivo “062ActasSolicitudTrasladopdf”

[[9]](#_ftnref9) Expediente digital. Archivo “061SolicitudCompetenciaResguardopdf”

[[10]](#_ftnref10) “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. No obstante, en la solicitud se hace alusión a la “ley 89 de 1980”.

[[11]](#_ftnref11) Expediente digital. Archivo “061SolicitudCompetenciaResguardopdf”

[[12]](#_ftnref12) Expediente digital. Archivo “066ActaResuelveTrasladopdf” que incluye el enlace para visualizar la audiencia: PROCESO 19743600063520240001400 AUDIENCIA DESPACHO Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Silvia 197433189001 SILVIA - CAUCA-20260619\_130424Grabación de la reunión.mp4 https://etbcsj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/j01prctosilvia\_cendoj\_ramajudicial\_gov\_co/IQBWrRSvDZDRS5-818sEehx2AaaunRmKBwdKk6WLQWYD-u8?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=b1eiwB

[[13]](#_ftnref13) Ibidem, minuto 36:02 a 37:07.

[[14]](#_ftnref14) Ibidem, minuto 56:57 a 57:29.

[[15]](#_ftnref15) Expediente digital. Archivo “068RemisionExpedienteCorteConstitucionalpdf”

[[14]](#_ftnref14) Ibidem, minuto 56:57 a 57:29.

[[15]](#_ftnref15) Expediente digital. Archivo “068RemisionExpedienteCorteConstitucionalpdf”

[[16]](#_ftnref16) Auto 155 de 2019.

[[17]](#_ftnref17) Corte Constitucional, auto 452 de 2019, a través del cual se reitera el auto 155 de 2019. En similar sentido, ver el auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018.

[[18]](#_ftnref18) Corte Constitucional, Auto 041 de 2021. Este requisito exige a la Corte Constitucional verificar que “está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional. En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional”.

[[19]](#_ftnref19) Ibidem.

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