CE - Auto interlocutorio conflicto armado 85001233300020180015401

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 85001-23-33-000-2018-00154-01 (66.126) Demandantes: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro

Referencia: Reparación directa

1. Previo a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 23 de julio de 2020 1, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, la Sala evidencia que en el caso sub examine resulta necesario esclarecer algunos aspectos de la litis.

ANTECEDENTES

2. El 16 de noviembre de 20182, María Lilia Rodríguez de Amézquita y otras personas, promovieron demanda con pretensiones de reparación directa contra la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional y el municipio de Aguazul (Casanare). En síntesis, la parte actora señaló que el 12 de junio del 2000, miembros de grupos paramilitares, puntualmente el Bloque Centauros de las AUC, interceptaron un vehículo que se movilizaba en la vía que conduce de Aguazul a Corinto y asesinaron al señor Wilson Amézquita Rodríguez, quien laboraba como ayudante de transporte. Según la parte actora, el Estado omitió brindar su deber de seguridad en la zona y con su omisión contribuyó a la materialización del daño.

asesinaron al señor Wilson Amézquita Rodríguez, quien laboraba como ayudante de transporte. Según la parte actora, el Estado omitió brindar su deber de seguridad en la zona y con su omisión contribuyó a la materialización del daño.

3. Surtidos los trámites de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare, en providencia del 23 de julio de 20203, declaró probada la caducidad de la acción, toda vez que los hechos que motivaron la demanda se remontan al año 2000 y la acción se promovió el 16 de noviembre de 2018, por lo que el plazo de dos (2) años para acudir a la administración de justicia se enc ontraba vencido. Como fundamento de su decisión, el a quo indicó que el levantamiento del cadáver de Wilson Amézquita Rodríguez ocurrió el 29 de junio del 2000 y concluyó que la parte demandante no demostró ninguna razón que hubiere impedido el ejercicio del derecho de acción desde el momento de la muerte de la víctima dire cta, por ende, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el plazo para demandar finalizó el 29 de junio del 2002 y como la demanda se presentó el 16 de noviembre de 2018 fue extemporánea.

4. El a quo declaró la caducidad de la acción de reparación directa con fundamento en el precedente fijado en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1 El proceso fue remitido al ponente desde el despacho del magistrado Nicolas Yepes Corrales mediante auto

proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1 El proceso fue remitido al ponente desde el despacho del magistrado Nicolas Yepes Corrales mediante auto del 6 de septiembre de 2024. Actuación digital, índice 68 del historial de actuaciones de Samai. 2 Folio 41 del cuaderno principal visible en el índice 3 del historial de actuaciones de Samai. 3 Expediente digital, índice 4 del historial de actuaciones de Samai del Tribunal.Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)

Demandantes: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro

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5. Dentro del término legal, la parte demandante presentó recurso de apelación 4.

Como motivo de desacuerdo de lo decidido en la providencia recurrida, arguyó: (i) los familiares de la víctima conocieron de la participación de los paramilitares a partir de la comunicación remitida, el 23 de octubre de 2017, por la Fiscalía General de la Nación, en la que se informó sobre el avance de la investigación penal; (ii) indicó que la responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de vulneración a derechos humanos debe ser imprescriptible , y (iii) solicitó inaplicar el término de caducidad en el caso concreto debido a la supuesta negligencia del ente investigador que, pese a la denuncia del hecho, no ha materializado el actuar de la justicia en materia penal, lo que a su juicio, limitó a los demandantes el ejercicio de la acción de reparación directa.

investigador que, pese a la denuncia del hecho, no ha materializado el actuar de la justicia en materia penal, lo que a su juicio, limitó a los demandantes el ejercicio de la acción de reparación directa.

6. Bajo ese contexto, el pasado 3 de febrero de 2025, el despacho sustanciador profirió un auto5 en el que requirió a la parte actora para que informara las razones jurídicas que, conforme a la Sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera de esta Corporación, le llevaron a sostener que, en el caso concreto, el derecho de acción para incoar la demanda no ha caducado.

7. El apoderado de la parte actora allegó memorial 6 en el cual indicó las razones por las que los demandantes no pudieron ejercer el derecho de acción con anterioridad,

las cuales sustentó así:

(I) En el caso concreto no debe ser aplicado el criterio de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 debido a que la controversia inició previo al cambio jurisprudencial.

(II) Los demandantes no tenían elementos probatorios que les otorgaran certeza de que la muerte de su familiar ocurrió por acciones de los paramilitares, lo que limitó el ejercicio de su derecho de acción. Al respecto, se constata que en la apelación se mencionó que los familiares de la víctima, únicamente tuvieron convicción de la posible participación de integrantes de grupos armados al margen de la ley en el fallecimiento de Wilson Amézquita Rodríguez, a partir de la comunicación del 23 de octubre de 2017, en la qu e la Fiscalía General de la Nación les informó que la investigación penal bajo

grupos armados al margen de la ley en el fallecimiento de Wilson Amézquita Rodríguez, a partir de la comunicación del 23 de octubre de 2017, en la qu e la Fiscalía General de la Nación les informó que la investigación penal bajo radicado 436220 se encontraba suspendida a la espera de la instalación de la Justicia Especial para la Paz.

(III) La situación del departamento de Casanare en la década del 2000 impedía a las víctimas denunciar la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en los hechos puestos de presente en la demanda. Al respecto indicó que el Cen tro Nacional de Memoria Histórica documentó los diferentes hitos de violencia perpetrados entre las A.C.C: [Autodefensas Campesinas del Casanare] y el bloque Centauros de las AUC, por el control territorial en los departamentos de Casanare y Meta, a partir de la incursión paramilitar en 1999. Según el recurrente con dicho informe se acredita que, en esa época, las fuerzas militares no ejercieron control territorial y la población estuvo sometida por grupos paramilitares. Sobre este asunto,

4 Expediente digital, hipervínculo visible en el índice 6 del historial de actuaciones de Samai del Tribunal. 5 Índice 72 del historial de actuaciones de Samai del Consejo de Estado. 6 Índice 76 del historial de actuaciones de Samai del Consejo de Estado.Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)

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se encuentra que en la demanda se indicó que la familia Amézquita Rodríguez fue desplazada del municipio de Chámeza (Casanare) en el año 2002.

CONSIDERACIONES

8. Recientemente, la Sala Plena de la Corte Constitucional la sentencia SU -287 de 2024 reiteró el criterio jurisprudencial conforme al cual, en sede de reparación directa, la instancia judicial competente tiene el deber de examinar el trámite probatorio, tanto el decreto como el análisis, desde una perspectiva flexible y que apunte a la solución de fondo de los procesos puestos en su conocimiento. En esa ocasión se reprochó que el Consejo de Estado profirió sentencia sin contar con adecuado material probatorio sobre el contexto del conflicto armado en la región en la que habían ocurrido los hechos 7. En la providencia se indicó que, debido a lo largo y desgastante del conflicto armado, y a que no presentó las mismas dinámicas en todo el territorio nacional, sino que mostró particularidades en cada región, los jueces tienen el deber de conocer adecuadamente las dinámicas entre los diversos actores armados, en las regiones en las que se reclama justicia8.

9. Lo anterior, puesto que la reparación integral que se reclama por presuntos delitos como desaparición forzada, homicidios en persona protegida, desplazamiento forzado, etc., por regla general, carecen de prueba directa y, por ello, se debe acudir al razonamiento indiciario, siempre garantizando el debido proceso y el derecho de

como desaparición forzada, homicidios en persona protegida, desplazamiento forzado, etc., por regla general, carecen de prueba directa y, por ello, se debe acudir al razonamiento indiciario, siempre garantizando el debido proceso y el derecho de contradicción de las partes accionadas. Todo ello con el fin de evitar una reflexión probatoria fragmentada y superficial de dinámicas complejas que han sufrido distintas zonas del territorio nacional durante el conflicto armado9.

10. De esta forma, recientes pronunciamientos jurisprudenciales de carácter constitucional han señalado que, en procesos de reparación directa en los que se ventilen casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, el juez administrativo tiene especiales facultades oficiosas dirigidas a garantizar el real acceso a la administración de justicia. Estos criterios se pueden sintetizar, así:

7 Sala Plena de la Corte Constitucional, sentencia SU -287 del 17 de julio de 2024, M.P. Diana Fajardo Rivera “En segundo lugar, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un exceso ritual manifiesto cuando excluyó de su análisis algunas pruebas, como resultado de una comprensión demasiado rigurosa del marco procesal. Pruebas que cont enían relatos de los familiares y que pudieron haber sido relevantes en el esclarecimiento del caso en tanto que aportaban elementos determinantes sobre el perfil de la víctima y sus últimos días en vida. Finalmente, la providencia se enmarca en un defecto fáctico, en sus facetas positiva y negativa, en la medida que: (i) el Consejo de Estado no tuvo en cuenta el contexto geográfico y temporal en que ocurrieron los hechos”. En el mismo sentido, se agrega: “Finalmente, la providencia se

positiva y negativa, en la medida que: (i) el Consejo de Estado no tuvo en cuenta el contexto geográfico y temporal en que ocurrieron los hechos”. En el mismo sentido, se agrega: “Finalmente, la providencia se enmarca en un defecto fáctico, en sus facetas positiva y negativa, en la medida que: (i) el Consejo de Estado no tuvo en cuenta el contexto geográfico y temporal en que ocurrieron los hechos; (ii) restó importancia al perfil de Jhon Alexander Ayala y cómo este era inconsistente con la versión del Ejército, pero sí reflejaba el prototipo de víctimas de los “falsos positivos”; y (iii) los elementos de prueba no permitían concluir, con mayor probabilidad, que el combate se produjo. 8 Ídem. “Pese a estos insumos oficiales, y otros tantos de la sociedad civil, el análisis del Consejo de Estado no prestó una mínima atención al contexto en que se produjeron los hechos, al municipio y a la fecha donde ocurrió el supuesto combate. Contrario a est a aproximación, para la Corte Constitucional es claro que el Consejo de Estado debió atender el escenario en que se produjo la muerte de Jhon Alexander Ayala, pues del mismo derivaban indicios relevantes sobre una conducta criminal que era notoria para esa época y lugar. La propia Sección Tercera del Consejo de Estado ha reconocido, en fallos anteriores, que el contexto debe ser valorado “por el juez administrativo de cara a establecer la conexidad con los móviles, la proximidad geográfica y patrones generalizados de violencia que permitan establecer un juicio relacional con los hechos objeto de la litis a partir del cual se pueda determinar la previsibilidad y el estándar de debida diligencia exigible a la administración”.

y patrones generalizados de violencia que permitan establecer un juicio relacional con los hechos objeto de la litis a partir del cual se pueda determinar la previsibilidad y el estándar de debida diligencia exigible a la administración”. 9 Cit. Sentencia SU-287 de 2024.Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)

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(I) Dentro del respeto del carácter rogado de la justicia contencioso administrativa, se debe garantizar la real comprensión de la relación jurídicoprocesal trabada por las partes y, por esa vía, comprender las especiales situaciones de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado10.

(II) Al resolver peticiones reparatorias ocurridas en el marco del conflicto armado, la autoridad judicial contencioso administrativa debe contar con un conocimiento serio del contexto geográfico y temporal sobre dónde ocurrieron los hechos11;

(III) En respeto al precedente fijado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado y conforme al razonamiento constitucional esbozado la sentencia SU -312 de 202012, se deben establecer las razones por las cuáles los accionantes no acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del daño o desde el momento en que conocieron los elementos que integran la responsabilidad patrimonial del Estado, a la luz del examen de las barreras de acceso a la justicia, y siempre atendiendo a las

siguientes a la ocurrencia del daño o desde el momento en que conocieron los elementos que integran la responsabilidad patrimonial del Estado, a la luz del examen de las barreras de acceso a la justicia, y siempre atendiendo a las particularidades de cada caso.

11. En ese escenario, en el memorial allegado por el apoderado de la parte actora, el representante judicial informó que las víctimas no pudieron acudir a la administración de justicia, antes del 16 de noviembre de 2018, porque: (i) no tenían elementos probatorios que les brindaran convicción sobre los causantes de la muerte de su familiar y (ii) sufrieron el fenómeno del desplazamiento forzado del municipio de Chámeza (Casanare) encontrándose en una situación de vulnerabilidad. La tesis del apoderado estriba en que, únicamente, a partir de la comunicación de la Fiscalía General de la Nación del 23 de octubre de 2017, la autoridad oficial les informó que la investigación penal adelantada estaba suspendida a la espera de la instalación de la Justicia Especial para la Paz.

12. Así las cosas, la Sala considera que debe aplicarse el contenido del artículo 213 de la Ley 1437 de 201113, sobre el decreto oficioso de pruebas. La norma indica que, el juez, la Sala, Sección o Subsección, según el caso, podrá decretar pruebas de oficio cuando las considere necesarias para “ esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda”. De ese modo, no resulta claro: (i) cómo solo hasta el año 2017 los demandantes conocieron acerca de la presunta participación de las autodefensas en la muerte de su familiar y (ii) el impacto que tuvo la situación de desplazamiento

de la contienda”. De ese modo, no resulta claro: (i) cómo solo hasta el año 2017 los demandantes conocieron acerca de la presunta participación de las autodefensas en la muerte de su familiar y (ii) el impacto que tuvo la situación de desplazamiento forzado en su acceso a la administración de justicia.

10 Sala Plena de la Corte Constitucional, sentencia SU-016 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 11 Cit. Sentencia SU-287 del 17 de julio de 2024. 12 Sala Plena de la Corte Constitucional, sentencia SU-312 de 202. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez. 13 Ley 1437 de 2011. Artículo 213. “Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes. Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días. En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas , según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete”.Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)

decretadas de oficio. Tales pruebas , según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete”.Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)

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13. En estas condiciones, con el fin de establecer el momento en que los demandantes pudieron ejercer la acción de reparación directa, el conocimiento de la participación de grupos paramilitares en la muerte de Wilson Amézquita Rodríguez y la situación de vulnerabilidad alegada por sus familiares, la Sala considera necesario requerir a las siguientes entidades de manera oficiosa: (i) a la Fiscalía General de la Nación para que remita a este proceso la copia integra del expediente de la investigación penal identificada con radicado 436220 adelantada por la muerte del señor Wilson Amézquita Rodríguez en el municipio de Aguazul (Casanare) en el año 2000. En todo caso se oficiará también a la Jurisdicción Especial para la Paz para que, en caso de haber asumido el conocimiento del asunto, remita copia a este proceso en el estado actual de la investigación; (ii) a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV con el fin de que se allegue la información relacionada con la supuesta situación de d esplazamiento de los familiares de Wilson Amézquita Rodríguez, particularmente, la manera en la que se produjo y eventualmente si este cesó o se prolongó indefinidamente14 y (iii) al Centro Nacional

relacionada con la supuesta situación de d esplazamiento de los familiares de Wilson Amézquita Rodríguez, particularmente, la manera en la que se produjo y eventualmente si este cesó o se prolongó indefinidamente14 y (iii) al Centro Nacional de Memoria Histórica para que aporte los informes concluidos en los que se expliquen las dinámicas regionales y locales del conflicto armado ocurridas en el municipio Aguazul (Casanare) entre los años 2000 a 201815.

14. En mérito de lo expuesto, se

R E S U E L V E

PRIMERO: Por Secretaría de la Sección Tercera REQUERIR a la Fiscalía General de la Nación para que, en el término de diez (10) días desde la recepción del oficio, remita, con destino a este proceso, copia integra del expediente de la investigación identificada con radicado 436220, adelantada por el homicidio de Wilson Amézquita Rodríguez, en el municipio de Aguazul (Casanare) en el año 2000.

SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Tercera REQUERIR a la Jurisdicción Especial para la Paz para que, en el término de diez (10) días desde la recepción del oficio, en el caso de haber asumido conocimiento de la investigación adelantada por el homicidio de Wilson Amézquita Rodríguez, en el municipio de Agua zul

(Casanare) en el año 2000, remita, con destino a este proceso, copia integra del expediente.

14 Ley 1448 de 2011. Artículo 67. “Cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Cesará la

expediente.

14 Ley 1448 de 2011. Artículo 67. “Cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Cesará la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la persona víctima de desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los programas establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el goce efectivo de sus derechos. Para ello accederá a los componentes de atención integral al que hace referencia la política pública de prevención, protección y atención integral para las víctimas del desplazamiento forzado de acuerdo al artículo 60 de la presente Ley. Parágrafo 1o. El Gobierno Nacional establecerá los criterios para determinar la cesación de la situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta a causa del hecho mismo del desplazamiento, de acuerdo con los indicadores de goce efectivo de derechos de la atención integral definidos jurisprudencialmente. Parágrafo 2o . Una vez cese la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, se modificará el Registro Único de Víctimas, para dejar constancia de la cesación a la que se ha hecho referencia en este artículo. En todo caso, la persona cesada mantendrá su condición de víctima, y por ende, conservará los derechos adicionales que se desprenden de tal situación. Parágrafo 3o. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley. 15 Año en que se presentó la demanda.Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)

del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley. 15 Año en que se presentó la demanda.Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)

Demandantes: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro

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TERCERO: Por Secretaría de la Sección Tercera REQUERIR a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación integral a Victimas para que, en el término de diez (10) días desde la recepción del oficio, remita al expediente la información relacionada con el goce efectivo de derechos de María Lilia Rodríguez de Amézquita, identificada C.C.24.116.075; Pedro Enrique Amézquita Rodríguez identificado C.C.9.399.761, Edilberto Amézquita Rodríguez identificado

C.C.9.527.580, José Luis Amézquita Rodríguez identificado C.C.9.533.483, Marlen Amézquita Rodríguez identificada C.C.43.369.996, Fernando Amézquita Rodríguez identificado C.C.74.189.845 y Aristóbulo Amézquita Rodríguez, identificado C.C.9.522.503, y si se ha producido el retorno, reasentamiento o cesació n de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de los mismos.

CUARTO: Por Secretaría de la Sección Tercera REQUERIR al Centro Nacional de Memoria Histórica para que, dentro de los diez (10) días siguientes desde la recepción del oficio, aporte a este expediente los informes concluidos en los que se

CUARTO: Por Secretaría de la Sección Tercera REQUERIR al Centro Nacional de Memoria Histórica para que, dentro de los diez (10) días siguientes desde la recepción del oficio, aporte a este expediente los informes concluidos en los que se expliquen las dinámicas regionales y locales del conflicto armado ocurr idas en el municipio Aguazul, Casanare entre los años 2000 a 2018.

QUNITO: NOTIFICAR la presente providencia mediante estado electrónico, en atención a lo dispuesto en el artículo 201 del CPACA, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021.

SEXTO: Una vez se allegue la totalidad de la documentación solicitada, la Secretaría de la Sección Tercera, sin necesidad de un nuevo auto que así lo disponga, correrá traslado de manera conjunta a las partes por el término de tres (3) días de las pruebas documentales incorporadas a la presente actuación, según el inciso segundo del artículo 110 del CGP.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Aclara voto

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR

autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

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