CE - Sentencia 08001233300020250032101
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 08001233300020250032101
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión
Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 08001-23-33-000-2025-00321-01
Demandante: VEEDURÍA CIUDADANA – PROCESO TOMA DE POSESIÓN
AIR-E S.A.S. E.S.P. EN INTERVENCIÓN
Demandados: NACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Tema:
Revoca decisión de primera instancia que negó por improcedente las pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 7 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 7 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, que negó por improcedente el medio de control de la referencia. Lo anterior, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento1
La Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air -E S.A.S. E.S.P. en Intervención, en lo sucesivo la Veeduría, por conducto de su representante legal2, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, reglamentado en la Ley 393 de 1997, presentó demanda en contra de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público , Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Lo anterior, a efectos de obtener el cumplimiento de los artículos 132 de la Ley 812 de 2003, 247 de la Ley 1450 de 2011 (modificado por el 227 de la Ley 1753 de 2015
1 Índice 2, cuaderno de primera instancia. 2 El señor Manuel Fernández Ariza, conforme la Resolución 209 del 5 de noviembre de 2024, expedida por la Personería Distrital de Barranquilla.Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención
Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
y 16 de la Ley 1955 de 2019), 312 de la Ley 1955 de 2019, 2.2.9.4.7. al 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015, 2.3 y 2.4 del Decreto 381 de 2012. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
3.1. Primera Pretensión Principal: Que se declare que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS incumplió las obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003 y en el artículo 247 de la Ley 1450 de 2011 (modificado por el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019).
3.1.1. Primera Pretensión Consecuencial de la Primera Pretensión Principal: Que, como consecuencia de la prosperidad de la Primera Pretensión Principal, se declare que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS está en renuencia de cumplir con las obligaciones declaradas como incumplidas en la referida pretensión del num eral 3.1 anterior.
3.1.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Primera Pretensión Principal: Que, como
cumplir con las obligaciones declaradas como incumplidas en la referida pretensión del num eral 3.1 anterior.
3.1.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Primera Pretensión Principal: Que, como consecuencia de la prosperidad de la Primera Pretensión Principal, se le ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003 y en el artículo 247 de la Ley 1450 de 2011 y, en consecuencia:
3.1.2.1. Que inicie las acciones y gestiones correspondientes ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para dar inicio a los procesos requeridos para la implementación de las medidas de sostenibilidad financiera a favor del Fondo Empresarial.
3.1.2.2. Que, con carácter urg ente, presente ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO toda la información y documentos requeridos para que se adopten las medidas de sostenibilidad financiera a favor del Fondo Empresarial a las que haya lugar.
3.1.2.3. Que, a través del Fondo Empresarial, financie y apoye con recursos a la empresa AIRE S.A.S E.S.P. -Intervenida, que actualmente se encuentra bajo intervención de la SSPD, a fin de que AIR -E pueda encontrar mecanismos que le permitan cumplir con sus obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, de acuerdo con los mecanismos dispuestos para ello en
de que AIR -E pueda encontrar mecanismos que le permitan cumplir con sus obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, de acuerdo con los mecanismos dispuestos para ello en la Ley 812 de 2003, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1753 de 2015 y la Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes.
3.2. Segunda Pretensión Principal: Que se declare que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO incumplió las obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 reglamentado expresamente por los artículos 2.2.9.4.7 a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015.
3.2.1. Primera Pretensión Consecuen cial de la Segunda Pretensión Principal: Que, como consecuencia de la prosperidad de la Segunda Pretensión Principal, se declare que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO está en renuencia de cumplir con las obligaciones declaradas como incumplidas en la referida pretensión del numeral 3.2 anterior.
3.2.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Segunda Pretensión Principal: Que, como consecuencia de la prosperidad de la Segunda Pretensión Principal, se le ordene al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 en concordancia con los artículos 2.2.9.4.7. a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015 y en consecuencia, promueva y adopte las medidas de financiamiento
el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 en concordancia con los artículos 2.2.9.4.7. a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015 y en consecuencia, promueva y adopte las medidas de financiamiento y/o de sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial. Es decir:
3.2.2.1. Que adelante las operaciones de crédito público necesarias para que el Fondo Empresarial garantice la prestación del servicio público de energía en los Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
3.2.2.2. Que adelante las gestiones necesarias al interior del Ministerio para que se apruebe y autoricen las operaciones de crédito público, de corto o largo plazo, las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo de deuda pública, y las conexas con las anteriores, que sean necesarias para financiar el Fondo Empresarial.
3.2.2.3. Que promueva y adelante todas las gestiones necesarias para autorizar, otorgar y desembolsar créditos de tesorería a favor del Fondo Empresarial.
3.2.2.4. Que otorgue garantías a las operaciones de crédito público que pretenda celebrar el
desembolsar créditos de tesorería a favor del Fondo Empresarial.
3.2.2.4. Que otorgue garantías a las operaciones de crédito público que pretenda celebrar el Fondo Empresarial con terceros, como medidas de sostenibilidad financiera.
3.2.2.5. Que participe, estructure y apruebe el documento CONPES necesario para el otorgamiento de la garantía Nación a través del Fondo Empresarial, en atención a lo establecido en el artículo 2.2.9.4.10 del Decreto 1082 de 2015.
3.2.2.6. Que, en atención a lo anterior, adelante todos los trámites y gestiones necesarias al interior del MHCP para la aprobación de dicha garantía Nación, incluyendo la convocatoria de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
3.3. Tercera Pretensión Principal: Que se declare que el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA incumplió las obligaciones y/o debe res establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012.
3.3.1. Primera Pretensión Consecuencial de la Tercera Pretensión Principal: Que, como consecuencia de la prosperidad de la Tercera Pretensión Principal, se declare que el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA está en renuencia de cumplir con las obligaciones declaradas como incumplidas en la referida pretensión del numeral 3.3 anterior.
3.3.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Tercera Pretensión Principal: Que, como consecuencia de la prosperidad de la Tercera Pretensión Principal, se le ordene al MINISTERIO
3.3.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Tercera Pretensión Principal: Que, como consecuencia de la prosperidad de la Tercera Pretensión Principal, se le ordene al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012 y en consecuencia:
3.3.2.1. Actúe como facilitador y coordinador del proceso interinstitucional requerido para garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial y la prestación continua del servicio público de energía en los Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
3.3.2.2. Participe activamente en la estructuración de las soluciones de financiamiento requeridas por el Fondo Empresarial.
3.3.2.3. Preste su colaboración a la SSPD y al MHCP para efectos de agilizar los trámites internos necesarios para tal fin.
3.4. Cuarta Pretensión Principal: Que se condene al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS , al pago de las costas y agencias en derecho correspondientes.3
1.2. Hechos
Relató los antecedentes administrativos y comerciales que dieron origen a la empresa Air-E S.A.S. E.S.P. , en lo sucesivo Air -E, la cual se encarga de la prestación del servicio público de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.
Air-E S.A.S. E.S.P. , en lo sucesivo Air -E, la cual se encarga de la prestación del servicio público de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.
3 Transcripción original del texto con posibles errores.Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Indicó que el 6 de octubre de 2023, la citada sociedad radicó ante la Cámara de Comercio de Barranquilla solicitud de inicio de un Procedimiento de Recuperación Empresarial en los términos de que trata la Ley 2437 de 2024.
Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional adoptó una serie de medidas encaminadas a mantener en funcionamiento y operable a la empresa Air -E, lo cual permitió a que la sociedad retirará su solicitud presentada anteriormente.
Pese a lo anterior, la Superintendencia de Servici os Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión los bienes, haberes y negocios de AIR -E S.A.S. ESP, mediante Resolución SSPD – 20241000531665 del 11 de septiembre de 2024. Posteriormente, mediante Resolución SSPD 2025100004725 del 9 de enero 2025, la citada autoridad estableció la modalidad en la que se llevaría la toma de posesión, indicado que ésta
mediante Resolución SSPD 2025100004725 del 9 de enero 2025, la citada autoridad estableció la modalidad en la que se llevaría la toma de posesión, indicado que ésta sería con fines liquidatorios.
Trajo a colación las diversas actuaciones administrativas y políticas realizadas en torno a la situación de Air -E, que dan cuenta del grave deterioro financiero que actualmente atraviesa la empresa, el cual «[…] generó el congelamiento de deudas previas y el atraso en el pago de las obligaciones corrientes, que superan los $500 mil millones de pesos.»
Explicó que tanto la Co ntraloría General de la República como la Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular Conjunt a N.° 6 de 2025, se solicitó un informe a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto al manejo que se ha dado de la empresa Air-E, luego de su toma de posesión.
Precisó que ha habido una omisión sistemática de las accionadas respecto a su s obligaciones legales, lo cual conlleva un exponencial riesgo en toda la cadena de suministro de energía eléctrica.
Conforme lo anterior, el 2 de julio de 2025 se radicó a través de correo electrónico de las autoridades demandadas escrito de constitución en renuencia , el cual no fue contestado por el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio del 23 de julio de 2025, indicó a la parte actora que no se configuraba una situación de incumplimiento.
1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento
julio de 2025, indicó a la parte actora que no se configuraba una situación de incumplimiento.
1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento
En criterio de la accionante, las normas referidas como incumplidas, establecen el Fondo Empresarial, el cual es administrado por la Superintendencia de ServiciosDemandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Públicos Domiciliarios, tiene como objeto apoyar a las empresas que se encuentran en proceso de liquidación como es el caso de Air-E.
Asimismo, se tiene que las disposiciones facultan al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para implementar medidas de financiamiento para el citado Fondo Empresarial, lo que incluye, entre otras, la celebración de contratos de crédito y el otorgamiento de garantías.
En general, explicó que el Estado tiene el deber de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica respecto a aquellas empresas que son objeto de toma de posesi ón. En ese sentido, desde su punto de vista, es imperativo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe financiar a Air-E con cargo a los recursos del Fondo Empresarial, los cuales deben ser provistos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
imperativo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe financiar a Air-E con cargo a los recursos del Fondo Empresarial, los cuales deben ser provistos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Admisión
El Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico, por auto del 15 de septiembre de 20254, admitió la acción constitucional del asunto, ordenó la notificación de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público , Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, vinculó a la empresa Air -E, y, finalmente, puso en conocimiento del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la existencia del trámite.
1.4.2. Notificaciones e intervenciones
La Secretaría General del a quo, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio, surtió las notificaciones dirigidas a los sujetos procesales como consta el expediente digital de Samai de primera instancia5. En virtud de éstas, se recibieron las siguientes contestaciones:
1.4.2.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público6
Luego de hacer un pronunciamiento sobre los hechos que fundamentan la acción constitucional, la cartera ministerial solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto, en su criterio, el actor no tuvo la claridad suficiente para identificar el mandato desconocido y el incumplimiento atribuido a la autoridad.
4 Ver índice 4 de Samai – Cuaderno de primera instancia
demanda, por cuanto, en su criterio, el actor no tuvo la claridad suficiente para identificar el mandato desconocido y el incumplimiento atribuido a la autoridad.
4 Ver índice 4 de Samai – Cuaderno de primera instancia 5 Ver índice 6 de Samai – Cuaderno de primera instancia. Mediante Oficios 75764 al 75770 del 16 de septiembre de 2025. 6 Ver índice 8 de Samai – Cuaderno de primera instancia.Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Refirió que en el presente asunto no existe un deber legal claro, imperativo y exigible, pues las disposiciones no contienen la redacción suficiente para colegir que existe un mandato. Y, en todo caso, de existir una eventual obligación, esta generalmente se encuentra supeditada a una condición cuya ocurrencia no se encuentra acreditada en el proceso.
De otra parte, evidenció que lo pretendido por el actor, conlleva un tema presupuestal lo que intrínsecamente implica que se debe declarar la improcedencia de la acción.
1.4.2.2. Ministerio de Minas y Energía7
Con base en la pretensión invocada por la Veeduría, se opuso a la prosperidad de
lo que intrínsecamente implica que se debe declarar la improcedencia de la acción.
1.4.2.2. Ministerio de Minas y Energía7
Con base en la pretensión invocada por la Veeduría, se opuso a la prosperidad de ésta, pues, contrario a lo sostenido en la demanda, no se hace palmario un incumplimiento de la entidad.
Explicó que el Ministerio ha desplegado gestion es encaminadas a atender la problemática de la empresa Air-E, sin que sea posible pretender a través de la acción de cumplimiento lograr lo solicitado por la demandante.
1.4.2.3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios8
La entidad explicó que lo pretendido por la parte actora desborda con creces el objeto y fines que tiene la acción de cumplimiento, pues, a través de ésta se pretende obtener un fallo que imponga obligaciones relacionadas con gasto y política fiscal. Lo anterior, implica la articulación de más autoridades de las acá demandadas, tales como el Departamento Nacional de Planeación.
Refirió que los verbos que son utilizados en las disposiciones invocadas, no contienen verdaderos mandatos a cargo de la entidad, sino que pueden ser considerados como de contenido abierto, genérico y programático, sin que se factible inferir un mandato demandable.
En conclusión, solicito que se declare la improcedencia de las pretensiones.
1.4.3. Fallo de primera instancia9
Mediante sentencia del 7 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, negó por improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por la Veeduría y en contra de las autoridades accionadas. Al respecto, el a quo indicó lo siguiente:
Sala de Decisión C, negó por improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por la Veeduría y en contra de las autoridades accionadas. Al respecto, el a quo indicó lo siguiente:
7 Ver índice 10 de Samai – Cuaderno de primera instancia. 8 Ver índice 11 de Samai – Cuaderno de primera instancia 9 Ver índice 14 de Samai – Cuaderno de primera instanciaDemandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
La solicitud presentada por la Veeduría Ciudadana “Proceso Toma de Posesión de AirE en Intervención”, dirigida a que se cumplan determinadas normas en relación con la financiación al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públ icos Domiciliarios, no encuentra respaldo en una obligación clara, expresa e indiscutible. Las normas invocadas, de carácter genérico, no establecen de forma precisa la obligación de financiar dicho Fondo por parte de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, ni la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En consonancia con lo anterior, se niegan las pretensiones de la demanda, puesto que la acción de cumplimiento solicitada resulta improcedente conforme a lo establecido en
Domiciliarios.
En consonancia con lo anterior, se niegan las pretensiones de la demanda, puesto que la acción de cumplimiento solicitada resulta improcedente conforme a lo establecido en el artículo 9º y su parágrafo de la Ley 393 de 1997. Esta improcedencia se fundamenta en la ausencia de una disposición normativa que imponga de manera directa y específica la obligación de efectuar la financiación reclamada, así como en las consideraciones jurisprudenciales y legales expuestas previamente en este documento.
Por lo tanto, la acción de cumplimiento interpuesta respecto de los artículos objeto de estudio carece de vocación de prosperidad, de acuerdo con las razo nes ya mencionadas. En consecuencia, la decisión adoptada se resolverá en sentido desfavorable a las pretensiones de la parte demandante, reafirmando la improcedencia de la acción bajo los parámetros legales y constitucionales aplicables.
La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 8 de octubre de 2025, por conducto de la Secretaría y a través de correo electrónico10.
1.4.4. Impugnación
Por medio de memorial enviado el 16 de octubre de 2025, la Veeduría presentó escrito en el que formuló reparos en contra de la decisión de primera instancia, los cuales, admiten el siguiente compendio:
En criterio de la actora, el estudio realizado en la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, partió de la premisa errada de que solo es susceptible de la acción de cumplimientos aquellas disposiciones que sean claras, expresas y exigibles, criterio que ha sido reevaluado por el Consejo de Estado en múltiples decisiones, en las cuales se ha consignado que el me canismo busca el
susceptible de la acción de cumplimientos aquellas disposiciones que sean claras, expresas y exigibles, criterio que ha sido reevaluado por el Consejo de Estado en múltiples decisiones, en las cuales se ha consignado que el me canismo busca el cumplimiento de deberes imperativos e inobjetables.
Para la Veeduría, el financiamiento del Fondo Empresarial es de carácter obligatorio para las autoridades convocadas, dada la situación que actualmente atraviesa la empresa Air -E. Lo ant erior, por cuanto su objeto social, esto es la prestación del servicio público de energía eléctrica, debe ser garantizado por el Estado colombiano.
Refirió que no se puede acudir a una lectura gramatical de la disposición legal, sino que es menester que e ste estudio trascienda más allá, buscando la verdadera finalidad de la norma, dejando a un lado el carácter discrecional de las entidades convocadas al presente asunto.
10 Ver índice 17 de Samai – Cuaderno de primera instancia.Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Indicó que la no activación de los mecanismos de financiamiento a favor del Fondo Empresarial constituye una decisión arbitraria, irrazonable e ilógica por parte de las Entidades Demandadas.
Indicó que la no activación de los mecanismos de financiamiento a favor del Fondo Empresarial constituye una decisión arbitraria, irrazonable e ilógica por parte de las Entidades Demandadas.
Endilgó al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, de una falta de comprensión de lo que se entiende por operaciones de crédito público que puede adelantar el Fondo Empresarial y como éste puede servir como medio de ayuda a la empresa Air-E.
Finalmente, refirió que la finalidad del cumplimiento no conlleva una erogación patrimonial para las accionadas.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación que presentó la parte actora contra la sentencia del 7 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, según lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 11, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Problemas jurídicos por resolver en la presente acción de cumplimiento
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la anterior providencia, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
- ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la parte
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la anterior providencia, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
- ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la parte accionada de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997?
- ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?
De ser afirmativa la respuesta a las anteriores interrogantes, deberá determinarse:
- ¿Hay lugar a ordenar a las entidades accionadas el cumplimiento de la normativa invocada por la demandante?
11 Modificado por la Ley 2080 de 2021.Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1 .° de la Ley 393 de 1997 precisa que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagr ados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Políti ca), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, este mecanismo cons tituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo»12.
12 Corte Constitucional, sentencia C -157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención
Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.