CE - Sentencia 20001233300020250004101
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 20001233300020250004101
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2025-00041-01
Demandante: WILSON MORA
Demandados: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y
OTROS
Tema:
Revoca sentencia de primera instancia. Rechaza la acción por falta del requisito de renuencia. Declara la existencia de cosa juzgada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta po r el municipio de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, contra la sentencia del 7 de marzo de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el medio de control de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
El señor Wilson Mora, actuando en nombre propio, ejerció acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
El señor Wilson Mora, actuando en nombre propio, ejerció acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte. Lo anterior, con el fin de obtener el acatamiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.
En consecuencia , de esta solicitud de cumplimiento, el accionante elevó las pretensiones que se sintetizan a continuación pese a la falta de claridad que guarda el escrito:Demandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
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Peticionó que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos «caza infractores», incluyendo las que a él se le habían impuesto, durante el período
Peticionó que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos «caza infractores», incluyendo las que a él se le habían impuesto, durante el período en el cual no se contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de tránsito.
Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente.
También solicitó que se ordene a la S ecretaría de Tránsito que la imposición de comparendos se realice de manera presencial, garantizando la individualización del presunto infractor, de modo que, en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.
1.2. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
La autoridad de tránsito del municipio de Valledupar le impuso comparendo al señor Wilson Mora , identificado con el radicado 20001000000047699218. La causa de ambos fue el estacionamiento de vehículo en sitio prohibido.
La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar opera varios vehículos institucionales en los cuales se moviliza n sus funcionarios, los cuales están revestidos de competencia para imponer sanciones por contravenciones viales.
La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar opera varios vehículos institucionales en los cuales se moviliza n sus funcionarios, los cuales están revestidos de competencia para imponer sanciones por contravenciones viales. Igualmente, en el municipio se han instalado múltiples señales de tránsito que indican «prohibido parquear detención electrónica».
El 21 de diciembre de 2024, la parte actora solicitó a las entidades accionadas 1 el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 2251 de 20222, artículos 1 al 4, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 20173, artículos 127, 129 y 135 de la Ley 769 de
1 Por medio de escrito enviado a los correos electrónicos atencionusuariotransito@valleduparcesar.gov.co, dinasierra@supertransporte.gov.co, notificacionesjuridicas@ansv.gov.co, atencionalciudadano@ansv.gov.co. 2 Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones Ley Julián Esteban 3 Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios t ecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposicionesDemandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
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20024, y los artículos 1 al 14 de la Resolución 20203040011245 de 20205 expedida por el Ministerio de Transporte.
Lo expuesto, en el sentido de (i) retirar los vehículos de foto multa dispuestos en Valledupar; (ii) abstenerse de seguir imponiendo multas haciendo uso de los anteriores; (iii) anular todos los comparendos interpuestos durante su operación ; y (iv) agotar el debido procedimiento administrativo al momento de retirar vehículos mal estacionados o abandonados en espacio público.
1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento
El accionante sostuvo que en el municipio Valledupar, la imposición de multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin , al no cumplirse los procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones de tránsito. Asimismo, afirmó que en el municipio existen más de 1000 señales de tránsito que establecen «prohibido parquear detención electrónica».
Argumentó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de tránsito.
individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de tránsito.
Insistió en que la utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad vial. Además, señal ó que esta modalidad de control ha derivado en la imposición de comparendos de forma indiscriminada, afectan do no solo a individuos aislados sino a una parte considerable de la comunidad.
Refirió que, en ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y propietarios de vehículos sin que exista evidencia clara y verificable de la comisión de la infracción, lo cual se traduce en un proceder que parece orientado al recaudo económico en detrimento de una labor preventiva y educativa. En concreto, señaló el comparendo que a él se le interpuso a través de medio tecnológico sin que su levantamiento se surtiera de forma personal.
4 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones 5 Por la cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la inst alación y operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposicionesDemandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
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presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposicionesDemandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
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1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Auto admisorio
La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del 7 de febrero de 2025, admitió la acción de cumplimiento y dispuso notificar personalmente del proveído a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte , entidades a la que les requirió rendir un informe sobre las circunstancias que motivaron la demanda.
1.4.2. Contestaciones de la demanda e intervenciones
La Secretaría General de l Tribunal Administrativo del Cesar, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio, el 12 de febrero de 2025 surtió las notificaciones dirigidas a los sujetos procesales6 y, además, al Ministerio de Transporte, en virtud de las cuales se recibieron las siguientes intervenciones:
1.4.2.1. Ministerio de Transporte
La entidad argumentó que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que lo haga responsable del presunto incumplimiento alegado en el escrito inicial. Sostuvo que las multas relatadas por la parte actora fueron impuestas por la S ecretaría de
La entidad argumentó que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que lo haga responsable del presunto incumplimiento alegado en el escrito inicial. Sostuvo que las multas relatadas por la parte actora fueron impuestas por la S ecretaría de Tránsito de Valledupar y la Policía Nacional de Carreteras, entidades autónomas en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, argumentó que no se configura su legitimación en la causa por pasiva, dado que no participó en los hechos que dieron origen a la demanda ni es titular de la relación jurídica sustancial en cuestión. Enfatizó que su competencia se limita a la formulación de políticas y regulación en materia de tránsito y transporte, sin facultades de inspección, vigilancia y control sobre los organismos de tránsito locales.
Por lo tanto, advirtió que no tiene competencia para materializar lo solicitado en la acción de cumplimiento ni para cumplir una eventual orden judicial en ese sentido, dado que no ejerce autoridad sobre la Secretaría de Tránsito mencionada ni tiene funciones jurisdiccionales que le permitan anular comparendos.
6 La notificación se envió a los correos electrónicos transitomelkiskammerer@gmail.com; defensa@valledupar-cesar.gov.co; notificacionesjudiciales@valledupar -cesar.gov.co; contactenos@valledupar-cesar.gov.co; notificacionesjuridicas@ansv.gov.co; atencionalciudadano@ansv.gov.co; notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co; jsuaza@mintransporte.gov.co; transito@valledupar-cesar.gov.co; notificajuridica@supertransporte.gov.co; v entanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co;
jsuaza@mintransporte.gov.co; transito@valledupar-cesar.gov.co; notificajuridica@supertransporte.gov.co; v entanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co; notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co; procjudadm123@procuraduria.gov.co.Demandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Razonó que no se ha cumplido con el requisito de renuencia respecto de la entidad ya que, según la Ley 393 de 1997, solo puede exigirse el cumplimiento a quien tiene el deber de actuar y no lo hace, lo que no es el caso del ministerio dado que carece de competencia para resolver el asunto en discusión.
1.4.2.2. Municipio de Valledupar
Argumentó que la exigencia normativa invocada por la parte actora no es aplicable a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, dado que en la actualidad el municipio no cuenta con dispositivos de detección automática de infracciones en operación. Explicó que los agentes de tránsito adelantan controles en vía realizados con apoyo de dispositivos electrónicos operados manualmente, para lo cual no requiere autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
1.4.2.3. Superintendencia de Puertos y Transporte
La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que ninguna de las pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma por su parte. Sostuvo
1.4.2.3. Superintendencia de Puertos y Transporte
La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que ninguna de las pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma por su parte. Sostuvo que la parte accionante no acreditó incumplimientos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones sancionatorias.
Indicó que el escrito de constitución en renuencia y la demanda fueron enviados a l correo institucional de una funcionaria de la entidad, que no es el dispuesto para este cometido. Señaló que los canales adecuados están en su página web y que, por esta razón, no se surtió debidamente la constitución en renuencia.
Además, precisó que las actuaciones cuestionadas en el escrito inicial son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, q ue actúa bajo los principios de autonomía y descentralización. Insistió en que la Superintendencia no ejerce control sobre las decisiones de esa autoridad y que no es competente para lo solicitado.
Precisó que, en razón al carácter subsidiario de la acción de cumplimiento, la parte actora cuenta con los mecanismos ordinarios de defensa para cuestionar las sanciones de tránsito que le fueron impuestas.
1.4.2.4. Agencia Nacional de Seguridad Vial
La Agencia Nacional de Seguridad Vial afirmó que no ha incumplido ninguna de las normas citadas por el actor, ya que no tiene competencia sobre la instalación u operación de sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST), ni es autoridad de tránsito, ni impone comparendos. Explicó que no realiza vigilancia niDemandante: Wilson Mora
operación de sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST), ni es autoridad de tránsito, ni impone comparendos. Explicó que no realiza vigilancia niDemandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
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control sobre el cumplimiento técnico de los criterios normativos por parte de los organismos de tránsito respecto a los SAST.
Indicó que, si en Valledupar se están usando dispositivos no autorizados, la entidad competente para investigar es la Superintendencia de Transporte. Además, recordó que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de defensa en el proceso sancionatorio.
Concluyó que no se ha desconocido norma alguna, pues la entidad no tiene obligación jurídica relacionada con lo s hechos invocados en la demanda, lo que configura una falta de legitimación en la causa por pasiva que da lugar a la declaratoria de improcedencia de la acción.
1.4.3. Solicitudes de coadyuvancias
Las siguientes personas suscribieron memorial en el cual reiteraron los argumentos y pretensiones del escrito inicial y solicitaron la calidad de coadyuvantes del accionante en el proceso de la referencia:
Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quíroz, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás
Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés Carreño, Henry Fabián Arévalo, Alber Su árez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla, Jeancarlos García, Elias Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Usuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Juliam Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Calderón, José Emilio Molina, Juan José Castaño, Alvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elías Castro, Luis González, Jesús Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Hector Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando De Jesús Martínez, Roger Viloria Mendoza, Germán Ortíz, Rosa María Yacub Trizo, Luis Alcides Serrano, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro, Rosario De Jesús Blanco Ospino, Melkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis Rodriguez, Tomás Eduardo Quíroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara
Navarro, Rosario De Jesús Blanco Ospino, Melkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis Rodriguez, Tomás Eduardo Quíroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera y Gustavo Rueda.
1.4.4. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de del Cesar, mediante sentencia del 7 de marzo de 2025 resolvió: i) declarar el fenómeno de cosa juzgada, respecto del artículo 6 de laDemandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
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Resolución 20203040011245 de 2020 y del artículo 2 de la Ley 1843 de 2017; y ii) estableció que el debate planteado por el accionante era susceptible de otro mecanismo de defensa, pues, en últimas, se pretendía el reconocimiento de un derecho particular.
1.4.5. Impugnación
La parte actora presentó escrito en el que controvirtió las razones de la decisión de primera instancia, en el que reiteró los argumentos base de la solicitud de cumplimiento.
Alegó que en el caso concreto no había operado el fenómeno de cosa juzgada, como lo explicó el a quo en su decisión, por cuanto en la actualidad los vehículos utilizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar siguen realizando la actividad de imposición de comparendos.
como lo explicó el a quo en su decisión, por cuanto en la actualidad los vehículos utilizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar siguen realizando la actividad de imposición de comparendos.
Refirió que la forma de proceder del ente territorial , contraviene las disposiciones legales que rigen la materia, pues no se cuenta con información clara y veraz que establezca el procedimiento que precede a la imposición del comparendo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación que presentó el accionante contra la sentencia del 7 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, según lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 7, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por lo s Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Cuestión previa
La Sala observa que está pendiente de decisión la solicitud de coadyuvancia presentada por varios ciudadanos, los cuales estiman que al ser parte de la comunidad donde se presenta el actuar desmedido de la administración , pues han sido víctimas de los vehículos caza infractores tienen un interés directo y cierto en el asunto que acá se debate.
7 Modificado por la Ley 2080 de 2021.Demandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
el asunto que acá se debate.
7 Modificado por la Ley 2080 de 2021.Demandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
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Al respecto, la Sala estima procedente admitir la coadyuvanci a presentada por las citadas personas, a partir de la aplicación del artículo 224 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 71 del Código General del Proceso.
Aunado lo anterior, dado el carácter público de la acción y los fines que ésta persigue, se estima viable que cualquier persona pueda intervenir en el trámite, bastando únicamente acreditar un interés en el asunto, el cual, conforme se expuso en precedencia, se encuentra demostrado.
Por otro lado, d ebe aclararse que, si bien el Tribunal Administrativo del Cesar dispuso rechazar el mecanismo constitucional frente al Ministerio de Transporte, lo cierto es que esta entidad no hace parte de las autoridades accionadas ni se le vinculó como tercero con int erés. Se observa que su intervención respondió a que la Secretaría General del Tribunal le notificó de la acción sin que así se hubiera ordenado en el auto admisorio o en otro proveído.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 7 de marzo de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Cesar, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 7 de marzo de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Cesar, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?
De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse:
(ii) ¿Hay lugar a ordenar a l extremo accionado el cumplimiento de los artículos los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte, en el sentido solicitado por la parte actora?
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de cumplimientoDemandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
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2.4. Naturaleza de la acción de cumplimientoDemandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto a dministrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".
Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artícu lo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 8.
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:
a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos admin istrativos vigentes (Art. 1.º)9.
8 Corte Constitucional, sentencia C -157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara. 9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
Carbonell y Hernando Herrera Vergara. 9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Wilson Mora Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicado: 20001-23-33-000-2025-00041-01
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).
c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9.º).
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.
2.5. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guard e silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia a la Superintendencia de Puertos y Transport
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