CE - Sentencia 20001233300020250004301

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 20001233300020250004301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2025-00043-01

Demandante: TOMÁS EDUARDO QUIROZ LÓPEZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y OTROS Tema: Improcedencia de la acción – incumplimiento del requisito de subsidiariedad -Cosa juzgada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la secretaría de Tránsito y Transportes de Valledupar contra la sentencia de 12 de marzo de 2025 , mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Tomás Eduardo Quiroz López presentó acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Tomás Eduardo Quiroz López presentó acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y

Transporte.

2. Lo anterior, con el fin de obtener el acatamiento d e los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 18 de la Ley 2251 de 2022, 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129, 134, 135, 136, 137 y artículos 1 al 14 de la Resolución No 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte y cuyas

pretensiones, en esencia, buscan lo siguiente:

3. Ordenar a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos «caza infractores», durante el período en el cual no se contaba con la autorización del Ministe rio de Transporte para el uso de sistemas automáticos,Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de tránsito.

4. Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados

2 semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de tránsito.

4. Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la impos ición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente.

5. También solicitó que se ordene a la Secretaría de Tránsito que la imposición de comparendos se realice de manera presencial, garantizando la individualización del presunto infractor, de modo que, en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.

2. Hechos

6. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente1:

7. De la lectura de los supuestos de la demanda se extrae que al accionante Tomas Eduardo Quiroz López le fue impuesto el comparendo 20001000000047695148 de 26 de noviembre de 2024, por uno de los vehículos «caza infractores » que circulan por la ciudad de Valledupar, mientras este se encontraba estacionado en su vehículo esperando a un familiar en la terminal de transporte.

8. Alegó que, los agentes de tránsito nunca le notificaron el comparendo en la forma establecida en los artículos 129 y 135 del Código Nacional de Tránsito, advirtiendo que cuando el mencionado vehículo «caza infractores» capturó la foto detección, continúo s u recorrido sin que nadie se bajara del mismo para realizarle el comprendo en debida forma.

8. Precisó que la Secretaría de Tránsito de Valledupar disponía de la utilización

foto detección, continúo s u recorrido sin que nadie se bajara del mismo para realizarle el comprendo en debida forma.

8. Precisó que la Secretaría de Tránsito de Valledupar disponía de la utilización de medios tecnológicos para la imposición de comparendos sin tener autorización p ara ello, habida cuenta del incumplimiento de los criterios de seguridad vial y sin el permiso o autorización de la Superintendencia de Puertos y Transporte y de la Agencia Nacional Vial.

9. Por último, advirtió que requirió a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el municipio de Valledupar y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, el cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 18 de la Ley 2251 de 2022, 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129, 134, 135, 136, 137 del Código Nacional de Tránsito y artículo 1 a 14 de la Resolución No 20203040011245 de 2020, y que en consecuencia, se ordenara la anulación de todas las multas impuestas a través de los vehículos «caza

1 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 infractores», por ser violatorias de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contracción, así como a los principios de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, publicidad, y los precedentes de la Corte Constitucional.

3. Razones del posible incumplimiento

10. El accionante sostiene que en el municipio Valledupar, la imposición de multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no cumplirse los procedimientos establecido s para la detección y sanción de infracciones de tránsito. Asimismo, afirmó que en el municipio existen más de 1.000 señales de tránsito que establecen «prohibido parquear detención electrónica».

11. Argumentó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de tránsito.

12. Insistió en que la utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y

intervención presencial de la autoridad de tránsito.

12. Insistió en que la utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad vial.

Además, señaló que esta modalidad de control ha derivado en la imposición de comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a individuos aislados sino a una parte considerable de la comunidad.

13. Refirió que, en ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y propietarios de vehículos sin que exista evidencia clara y verificable de la comisión de la infracción, lo cual se traduce en un proceder que pa rece orientado al recaudo económico en detrimento de una labor preventiva y educativa.

4. Trámite de la solicitud en primera instancia

14. Mediante providencia del 1 0 de febrero de 2025 2, l a magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó la notificación a la Superintendencia de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte3, entidades a la que les requirió rendir un informe sobre las circunstancias que motivaron la demanda.

2 Índice 00005 de Samai. Expediente del tribunal. 3 Revisado el auto admisorio, se advierte que no fue incluido el Ministerio de Transporte como una de las entidades demandadas, por cuanto la demanda no estuvo dirigida en su contra; pero, la Secretaría del Tribunal procedió al envío a dicha entidad.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

como una de las entidades demandadas, por cuanto la demanda no estuvo dirigida en su contra; pero, la Secretaría del Tribunal procedió al envío a dicha entidad.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

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15. De igual manera, en auto de 4 de marzo de 2025 fueron decretadas unas pruebas a cargo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Valledupar y se aceptó la solicitud de los coadyuvantes.

5. Contestación de la demanda

16. La Agencia Nacional de Seguridad Vial afirmó que no ha incumplido ninguna de las normas citadas por la demandante, dado que no tiene competencia sobre la instalación u operaci ón de sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST), ni es autoridad de tránsito, ni impone comparendos. Explicó que no realiza vigilancia ni control sobre el cumplimiento técnico de los criterios normativos por parte de los organismos de tránsi to respecto a los SAST.

17. Indicó que, si en Valledupar se están usando dispositivos no autorizados, la entidad competente para investigar es la Superintendencia de Transporte.

Además, recordó que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de defensa en el proceso sancionatorio.

18. Concluyó que no se ha desconocido norma alguna, pues la entidad no tiene obligación jurídica relacionada con los hechos invocados en la demanda,

en el proceso sancionatorio.

18. Concluyó que no se ha desconocido norma alguna, pues la entidad no tiene obligación jurídica relacionada con los hechos invocados en la demanda, lo que configura una falta de legitimación en la causa por pasiva que da lugar a la declaratoria de improcedencia de la acción.

19. La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que ninguna de las pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma por su parte.

Sostuvo que el accionante no acreditó incumplimientos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones sancionatorias.

20. Indicó que el escrito de constitución en renuencia y la demanda fueron enviados al correo institucional de una funcionaria de la entidad, que no es el dispuesto para este cometido. Señaló que los canales adecuados están en su página web y que, por esta razón, no se surtió debidamente la constitución en renuencia.

21. Además, precisó que las actuaciones cuestionadas en la demanda son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, que actúa bajo los principios de autonomía y descentralización. Finalmente, insistió en que la Superintendencia no ejerce control sobre las decisiones de esa autoridad y que no es competente para lo solicitado.

22. Sostuvo que, en los hechos contenidos en la demanda, no se señal ó alguna conducta que vincule a la Superintendencia con la violación de los derechos presuntamente afectados. Como consecuencia, sostuvo la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

derechos presuntamente afectados. Como consecuencia, sostuvo la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

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23. El municipio de Valledupar adujo que las pretensiones de la demanda son improcedentes, porque las actuaciones adelantadas por la Secretaría de Tránsito de Valledupar se hallaban sujetas a lo establecido en la Ley 769 de 2002 y demás normas complementarias sobre la materia.

24. Señaló que la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20203040011245 de 2020, cuyo cumplimiento exigía el accionante, no le era aplicable a la entidad territorial toda vez que en lo que tenía que ver con la puesta en funcionamiento y operación de dispositivos SAST, en el municipio de Valledupar en la actualidad no se encontraba en operación dispositivos para la detección automática de infracciones a las normas de tránsito.

25. Precisó que en el presente caso la solicitud de cumplimiento no reunía los presupuestos establecidos en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, como quiera que tal medio de control procede contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir una inminente inobservancia de normas con fuerza de ley o actos administrativos, situación que en el presente caso no se hallaba demostrado que ocurrie ra, habida

que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir una inminente inobservancia de normas con fuerza de ley o actos administrativos, situación que en el presente caso no se hallaba demostrado que ocurrie ra, habida cuenta que la Secretaría de Tránsito de Valledupar ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa legal sobre el tema.

26. Indicó que en el presente caso, se confirmaba que era cierto que constaba en la plataforma SIMIT las órdenes de comparendo enunciadas por la actora, no obstante, era falso que la misma se le hubiera impuesto en la forma como lo describió en los supuestos de la demanda, toda vez que su elaboración fue realizada por un agente directamente presente y visible en el sitio, y quien de forma manual opera el dispositivo tecnológico permitiendo evidenciar la ocurrencia de la infracción a las normas de tránsito.

27. Advirtió que el procedimiento seguido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar para la imposición de los comparendos cuya anulación se demanda por el actor, se realizó bajo los principios de legalidad y respeto al debido proceso administrativo.

28. Además, en el caso bajo estudio el accionante contaba con otro medio de control para la procura de sus pretensiones y la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso que señalaba como conculcado por la Secretaría de Tránsito de Valledupar, como lo era la nulidad de un acto administrativo y el restablecimiento del derecho.

29. Por último, indicó que el accionante incurrió en actos de temeridad toda vez que ante el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar había

administrativo y el restablecimiento del derecho.

29. Por último, indicó que el accionante incurrió en actos de temeridad toda vez que ante el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar había promovido la misma acción de cumplimiento bajo radicado 20001 -33-33-0022025-00016-00, fundada en idénticos supuestos diferenciando únicamente el número de comparendo, conduciendo tal circunstancia a un desgaste de la administración de justicia.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

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6. Sentencia de primera instancia

30. El Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia del 1 2 de marzo de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones, de conformidad con

las siguientes consideraciones:

PRIMERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR -SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSP ORTE, que de manera inmediata dé cumplimiento a lo previsto en el inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, en las labores de control en vía con dispositivo electrónico a cargo de sus agentes, en el entendido que la entrega de copia del comparendo al presunto infractor y/o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige en esta clase de actuaciones y el principio de publicidad de las actuaciones realizadas por las autoridades de tránsito, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

infractor y/o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige en esta clase de actuaciones y el principio de publicidad de las actuaciones realizadas por las autoridades de tránsito, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Para tal efecto, la Secretaría de Tránsito deberá verificar con respecto a cada comparendo impuesto al actor según lo dicho en este proceso, el cumplimiento estricto de los procedimientos fijados en las normas aquí estudiadas y adoptará las decisiones consecuentes, dentro de la órbita de sus competencias, a fin de evitar vulneración al debido proceso administrativo.

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo expuesto en precedencia.

TERCERO: RECHAZAR la demanda respecto del cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Compulsar copias de las presentes actuaciones a la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para lo de su competencia, ante las evidentes contradicciones en que ha incurrido la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR sobre la forma en que se vienen imponiendo comparendos como desarrollo de control sobre la vía realizado por los agentes adscritos a esa dependencia.

De igual manera, compulsar copias de las presentes actuaciones a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tomando en consideración las inconsistencias de las respuestas remitidas por la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE

De igual manera, compulsar copias de las presentes actuaciones a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tomando en consideración las inconsistencias de las respuestas remitidas por la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, las cuales podrían inducir en error al operador judicial al momento de proferir l a decisión de fondo, y, por ende, configurar un fraude procesal.

SEXTO: Se advierte a la parte actora que no podrá instaurar nueva acción con la misma finalidad, en los términos del artículo 7º de la Ley 393 de 1997.

SÉPTIMO: Notifíquese esta decisión a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

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7. La impugnación4

31. El secretario de Tránsito y Transportes de Valledupar impugnó la decisión a través de su apoderado judicial, argumentado la temeridad y las supuestas faltas a la debida diligencia profesional del señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer por las que solicitó la compulsa de copias.

32. En relación con el fondo del asunto, solicitó la revocatoria de la sentencia, en atención a que el Tribunal erró en la interpretación de las normas suyo cumplimiento se pide e hizo referencia al fallo proferido por esta Corporación,

32. En relación con el fondo del asunto, solicitó la revocatoria de la sentencia, en atención a que el Tribunal erró en la interpretación de las normas suyo cumplimiento se pide e hizo referencia al fallo proferido por esta Corporación, en un asunto similar, el pasado 13 de marzo en el proceso con radicado 2000123-33-000-2024-00348-01.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

33. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la sentencia dictada el 12 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cesar, según lo dispuesto en los artículos 150 5 y 152 6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 , expedido por la Sala Plena del

Consejo de Estado7.

2. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 12 de marzo de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de cumplimiento.

35. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de precedencia y procedibilidad de la acción de cumplimiento y, como consecuencia, establecer si es viable exigirle a la s entidades demandadas el cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 201 8, 18 de la Ley 2251 de 2022, 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129, 134, 135, 136,

cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 201 8, 18 de la Ley 2251 de 2022, 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129, 134, 135, 136,

4 La sentencia del 13 de marzo de 2025 fue notificada el 17 de marzo de 2025, y el escrito de impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 23 y 25 de marzo de 2025, término que se encuentra oportuno. 5 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala d e lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 6 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones contra las providencias susceptibles d e ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

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3. Generalidades de la acción de cumplimiento

36. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

37. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los

siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo

rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimien to del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que no se pretende la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º].

38. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

39. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,

[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

o no de la/s pretensión/es formulada/s.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

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4. La constitución de la renuencia

40. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

41. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.

42. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia»9.

43. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del ciudadano10.

la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del ciudadano10.

44. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte demandada.

45. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano.

46. La parte accionante , para acreditar el requisito de procedibilidad , aportó copia del correo electrónico enviado a las entidades el 17 de diciembre de 2024, en el cual solicitó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, artículo 2, modificado por el artículo 109 del decreto ley 2106/2019 , artículos 1 a 14 de la Resolución 20203040011245 de 2020.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

9 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019. 10 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-0002016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.Demandante: Tomás Eduardo Quiroz López Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00043-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

47. Sin embargo, de las pruebas aportadas no se advierte que se haya constituido en renuencia a la Superintendencia de Puerto s y Transporte , debido a que el correo electrónico al cual se dirigió la solicitud no corresponde al canal de notificaciones oficial de la entidad ; por tanto, se modificará la sentencia de primera instancia con el fin de rechazar la demanda respecto de dicha entidad.

48. De conformidad con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de constitución en renuencia frente a la ANSV y la Secretaría de Transito de

sentencia de primera instancia con el fin de rechazar la demanda respecto de dicha entidad.

48. De con

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