CE - Sentencia 20001233300020250006301

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Título
CE - Sentencia 20001233300020250006301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: William Elías Castro Daza Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

Accionante: WILLIAM ELÍAS CASTRO DAZA

Accionados: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Y OTROS

Tema: Revoca – declara improcedencia y cosa juzgada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la Alcaldía de Valledupar contra la sentencia del 1 3 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El señor William Elías Castro Daza , actuando en nombre propio, ejerció acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (en adelante ANSV), el municipio de Valledupar y su Secretaría de Tránsito. Con su solicitud pretende el acatamiento de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la

Valledupar y su Secretaría de Tránsito. Con su solicitud pretende el acatamiento de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicita que se le ordene a las accionadas lo siguiente: (i) la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio de Valledupar, (ii) el retiro de los veh ículos de foto multa llamados comúnmente como «cazainfractores», y (iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se realice de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.Demandante: William Elías Castro Daza Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

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1.2. Hechos relevantes

3. El señor Castro Daza afirmó que la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito de

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1.2. Hechos relevantes

3. El señor Castro Daza afirmó que la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito de Valledupar instalaron por las calles de la ciudad vehículos denominados «cazainfractores» para verificar la comisión de faltas de tránsito e imponer comparendos con foto multas, sin tener la facultad legal y constitucional para ello y en contra de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 del

2020. Por lo anterior, sostuvo que los comparendos que le han sido impuestos deben ser anulados.

4. Mencionó que, el 23 de diciembre de 2024, presentó una solicitud ante las entidades accionadas, en la que puso de presente esta situación y pidió el cumplimiento de las normas citadas, así como de todos los parámetros dispuestos por la Ley para la instalación de este sistema de imposición de comparendos.

5. En su sentir, esta medida sancionatoria vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como los principios de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad, pues no se cumplen las condiciones dispuestas por el legislador para tal fin.

1.3. Actuaciones procesales

6. Mediante providencia del 11 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la ANSV, al municipio de Valledupar y a la Secretaría de Tránsito de dicha ciudad, concediéndoles el término de 3 días para intervenir en el proceso.

y Transporte, a la ANSV, al municipio de Valledupar y a la Secretaría de Tránsito de dicha ciudad, concediéndoles el término de 3 días para intervenir en el proceso.

7. Por otro lado, le solicitó a la Secretaría de Transito de Valledupar que, en el término de 5 días, rinda un informe con la siguiente información:

  • El detalle del paso a paso de la imposición de comparendos mediante la utilización de vehículos «cazainfractores» o con las cámaras para detectar presuntos infractores.
  • La forma de notificación de los comparendos a los presuntos infractores.
  • Los términos que se emplean para la remisión de los comparendos y la realización de las audiencias en las que se resuelvan los procesos contravencionales de tránsito.
  • Las características de los vehículos «cazainfractores» y su forma de operación.
  • El procedimiento desplegado por los agentes de tránsito para la imposición de los comparendos y si se sirven del apoyo de herramientas tecnológicas.
  • La fecha a partir de la cual se introdujeron los sistemas automáticos o semiautomáticos para la detección de infracciones de tránsito.Demandante: William Elías Castro Daza Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

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8. Finalmente, por auto del 3 de marzo de 2025, aceptó la solicitud de

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8. Finalmente, por auto del 3 de marzo de 2025, aceptó la solicitud de coadyuvancia de Melkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guil lermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Henrry Fabián Arévalo, Alber Suarez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonz o

Mantilla, Jean Carlos García, Elías Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Úsuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Julián Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Carderon, José Emilio Molina, Juan José Castaño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elia Castro, Luis González, Jesús Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta,

Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando de Jesús M artínez, Roger Viloria Mendoza, German Ortiz, Rosa maría Yacub Trizo, Luís Alcides Serrano, Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro y Rosario de Jesús Blanco Ospino.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Municipio de Valledupar

9. El ente territorial solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de cumplimiento. Refirió que el municipio de Valledupar, a la fecha, no cuenta con Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios Tecnológicos (en adelante, SAST) para la detección de infracciones de tránsito.

10. Sostuvo que los agentes de tránsito impusieron los dos comparendos relacionados en la demanda porque el actor estacionó en zona prohibida. Agregó que esto fue llevado a cabo con observancia del debido proceso y de conformidad con la normativa vigente.

11. Consideró que por medio de la acción de cumplimiento no se puede declarar la anulación de los comparendos referidos en el escrito inicial. Esto, dado que la nulidad de un acto únicamente puede ser decretada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

12. Propuso las siguientes excepciones: i) improcedencia de la acción de cumplimiento; ii) indebida implementación de la herramienta jurídica; iii) presunción de legalidad del acto administrativo; iv) responsabilidad de los

12. Propuso las siguientes excepciones: i) improcedencia de la acción de cumplimiento; ii) indebida implementación de la herramienta jurídica; iii) presunción de legalidad del acto administrativo; iv) responsabilidad de los propietarios de los bienes muebles y, v) buena fe.Demandante: William Elías Castro Daza Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

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1.4.2. Ministerio de Transporte

13. Sostuvo que las acciones de control de tránsito no son de su competencia, debido a que todas las consecuencias derivadas de multas y fotocomparendos son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar y de la Policía Nacional, ya que son organismos autónomos.

14. Refirió que, en su caso, no se cumplió con el requisito de constitución en renuencia ya que debe verificarse frente a la autoridad competente y no sobre la que el demandante estime. Esto, debido a que la demanda fue dirigida a la entidad, a sabiendas de q ue carece de competencia para atender sus requerimientos.

1.4.3. ANSV

15. Mencionó que no ha incumplido las normas señaladas por el demandante en la medida en que no hace parte de sus funciones, competencia, ni objeto, la instalación y operación de los sistemas de detección de infracciones de tránsito, así como tampoco reviste l a calidad de autoridad de tránsito, ni entidad

en la medida en que no hace parte de sus funciones, competencia, ni objeto, la instalación y operación de los sistemas de detección de infracciones de tránsito, así como tampoco reviste l a calidad de autoridad de tránsito, ni entidad competente de la vigilancia y verificación del cumplimiento por parte de los organismos de tránsito.

16. Adujo que solo le corresponde la autorización de las SAST que se pretendan instalar, razón por la cual es la Superintendencia de Transporte quien tiene la función de adelantar las acciones tendientes a verificar el cumplimiento de los criterios técnicos de dichos sistemas. Por lo anterior, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.4.4. Superintendencia de Transporte

17. Refirió que la procedencia de la acción de cumplimiento se encuentra sometida a la constitución en renuencia de la autoridad demandada, sin que en este caso el accionante acreditara el cumplimiento del referido presupuesto, debido a que remitió el requerimiento a un canal electrónico no autorizado.

18. Lo anterior, debido a que fue dirigido al correo electrónico

dianasierra@supertransporte.gov.co, el cual no corresponde con el canal oficial de la entidad. Al respecto, requirió a la funcionaria para determinar si recibió el requerimiento, quien informó que recibe del correo electrónico transitomelkiskammerer@gmail.com1 reiteradas peticiones qu e, conforme a la configuración del correo, son remitidas a la bandeja de no deseados y son borrados automáticamente dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

19. Por otra parte, refirió que, de conformidad con la demanda, el accionante discute las resoluciones sancionatorias No. 2023133684 del 4 de septiembre de

borrados automáticamente dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

19. Por otra parte, refirió que, de conformidad con la demanda, el accionante discute las resoluciones sancionatorias No. 2023133684 del 4 de septiembre de

1 Dirección electrónica mediante la cual el actor remitió la petición.Demandante: William Elías Castro Daza Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

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2023 y No. 2024148204 del 31 de enero de 2024, por medio de las cuales le fueron impuestos comparendos de tránsito, razón por la cual cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad los actos administrativos.

1.4.5. Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar

20. Informó que en la ciudad no se encuentra instalado ningún dispositivo SAST para la detección automática de infracciones de normas de tránsito. Explicó que esto se realiza mediante el control en vía del régimen normativo, con apoyo en dispositivos electrónicos que, a diferencia de los SAST no requieren autorización por parte del Ministerio de Transporte y de la ANSV.

21. Precisó que la solicitud del demandante estuvo incompleta, debido a que los comparendos relacionados en la demanda fueron expedidos en contra de una empresa de la cual no se aportaron pruebas de que el actor fuera su representante legal.

21. Precisó que la solicitud del demandante estuvo incompleta, debido a que los comparendos relacionados en la demanda fueron expedidos en contra de una empresa de la cual no se aportaron pruebas de que el actor fuera su representante legal.

22. Señaló que previo a la presentación de la demanda pudo haber ejercido de los derechos de contradicción y defensa en sede administrativa y, de tal forma, cumplir con lo dispuesto en los artículos 136 y siguientes de la Ley 769 de 2002.

1.5. Fallo de primera instancia

23. En sentencia del 13 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió lo siguiente , con fundamento en los argumentos que se presentan a

continuación:

PRIMERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, que de manera inmediata dé cumplimiento a lo previsto en el inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, en las labores de control en vía con dispositivo electrónico a cargo de sus agentes, en el entendido que la entrega de copia del comparendo al presunto infractor y/o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige en esta clase de actuaciones y el principio de publicidad de las actuaciones realizadas por las autoridades de tránsito, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: RECHAZAR la demanda respecto del MINISTERIO DE TRANSPORTE y los artículos 4° y 5° del Decreto 2409 de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la

TRANSPORTE y los artículos 4° y 5° del Decreto 2409 de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo expuesto en precedencia.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: Compulsar copias de las presentes actuaciones a la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para lo de su competencia, ante las evidentesDemandante: William Elías Castro Daza Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

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contradicciones en que ha incurrido la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE sobre la forma en que se vienen imponiendo comparendos como desarrollo de control sobre la vía realizado por los agentes adscritos a esa dependencia. De igual manera, COMPULSAR copias de las presentes actuaciones a la FI SCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tomando en consideración las inconsistencias de las respuestas remitidas por la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, las cuales podrían inducir en error al operador judicial al momento de proferir la decisión de f ondo, y por ende, configurar un fraude procesal.

TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, las cuales podrían inducir en error al operador judicial al momento de proferir la decisión de f ondo, y por ende, configurar un fraude procesal.

24. Una vez consultada la página del SIMIT, se acreditó que los comparendos relacionados en la demanda no registran a nombre del actor sino de una persona jurídica identificada con NIT. 900584069. A pesar de que el señor Castro Daza no probó ser el representante legal de dicha empresa, esto no implicaba su falta de legitimación para actuar en el presente asunto, dado el carácter público de la acción de cumplimiento.

25. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar ha incurrido en evidentes inconsistencias en la imposición de comparendos por parte de agentes de tránsito que realizan control en la vía con apoyo de elementos electrónicos. A pesar de que no se lleva a cabo un uso de SAST, el comparendo referenciado por la demandada está registrado como «fotodetección», para lo cual dicha dependencia no está autorizada. No se acreditó la entrega del comparendo al presunto infractor ni su notificación , por lo que se incu mplió con el deber de garantizar el derecho al debido proceso administrativo del presunto infractor.

26. En tal s entido, no se probó que se haya surtido en debida forma el procedimiento contemplado en el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, en lo que corresponde a la notificación de los comparendos emitidos en contra de la empresa identificada con NIT 900584069.

27. Sin embargo, el actor no acreditó la legitimación para actuar en representación de dicha persona jurídica y la pretensión de declarar la nulidad de

de la empresa identificada con NIT 900584069.

27. Sin embargo, el actor no acreditó la legitimación para actuar en representación de dicha persona jurídica y la pretensión de declarar la nulidad de tales comparendos excede la órbita de competencia del juez de esta acción constitucional.

28. No hace parte de las competencias de la ANSV ejercer funciones de inspección, vigilancia, control y seguimiento sobre los organismos de tránsito del país.

1.6. Impugnación

29. Mediante memorial radicado el 25 de marzo de 2025, la Alcaldía de Valledupar indicó que la acción de cumplimiento propuesta por el actor es improcedente en su totalidad, debido a que tiene otro mecanismo judicial para la defensa de sus intereses.

30. Al respecto, indicó que el Consejo de Estado ha considerado que, cuando se plantea una controversia jurídica en torno a determinar la legalidad de losDemandante: William Elías Castro Daza Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

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actos administrativos, que se presumen legales, se escapa de la órbita del juez constitucional hacer un estudio de fondo.

31. Asimismo, refirió que, en providencia del 13 de marzo de 2025, esa misma corporación, dentro de la acción de cumplimiento con radicado No. 20001-23-33constitucional hacer un estudio de fondo.

31. Asimismo, refirió que, en providencia del 13 de marzo de 2025, esa misma corporación, dentro de la acción de cumplimiento con radicado No. 20001-23-33000-2024-00348-01, asunto que es similar al que se discute en el presente proceso, se estableció que los vehículos «cazainfractores» no constituyen SAST, ya que estos requieren de la instalación de cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que puedan detectar posibles infracciones de tránsito.

32. Por otra parte, puso de presente que el señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, abogado titulado, mediante el correo electrónico

transitomelkismammerer@gmail.com, ha dirigido de manera masiva múltiples demandas solicitando el cumplimiento de los artículos relacionados en el presente proceso, a nombre de diferentes personas y contra las mismas entidades.

33. Lo anterior, debido a que, pese a que el nombre de los demandantes varía, la dirección de notificación electrónica y los datos de contacto son los mismos. Al respecto, relacionó diversas imágenes en las que se evidenció la remisión de los múltiples requerimientos que ha radicado. Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones y se declare la temeridad de la acción.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por contra la sentencia del 1 3 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los

2.1. Competencia

34. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por contra la sentencia del 1 3 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 150 y 243 de la Ley 1437 de 2011, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

35. La Sala advierte que, pese a que el Ministerio de Transporte intervino en el presente trámite, no fue accionado por el autor. Por lo anterior, y habida cuenta que no se considera necesaria su participación, se desvinculará del proceso.

2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

36. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política, cualquier persona, natural o jurídica, puede promover esta acción para hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un actoDemandante: William Elías Castro Daza Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

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administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

37. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”

objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

37. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”

(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercer la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento.

38. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo 1)2.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8).

(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia

demanda (artículo 8).

(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(vi) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo 9).

2.4. De la renuencia

39. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en

2 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: William Elías Castro Daza Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

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acto administrativo con citación precisa de éste 3 y que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

40. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece

lo siguiente:

incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

40. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece

lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

41. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»4.

42. Sobre este tema, esta Sección5 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la

el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y , para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exig ir el cumplimiento de normas con fuerza material

4Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativ o, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto) 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P . Dr. Mauricio Torres Cuervo.

renuencia.(Negrita fuera de texto) 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P . Dr. Mauricio Torres Cuervo. 5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.Demandante: William Elías Castro Daza Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00063-01

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de ley o actos administrativos6. (Negrillas fuera de texto).

43. De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es necesario que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

44. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia»7.

45. En el caso concreto, el a

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