CE - Sentencia 20001233300020250006501
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 20001233300020250006501
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: María Eugenia Uribe Morales Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Demandante: MARÍA EUGENIA URIBE MORALES
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y OTROS Tema: Improcedencia de la acción – incumplimiento del requisito de subsidiariedad -Cosa juzgada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La S ala decide la impugnación interpuesta por la Secretaría de Tránsito y Transporte contra la sentencia de 12 de marzo de 2025 , mediante la cual el Tribunal Administrativo de l Cesar accedió parcialmente a la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, María Eugenia Uribe Morales presentó acción de cumplimiento contra la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad
1. La solicitud
1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, María Eugenia Uribe Morales presentó acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte.
2. Lo anterior, con el fin de obtene r el acatamiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artí culos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte y cuyas
pretensiones, en esencia, buscan lo siguiente:
3. Ordenar a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos «caza infractores», durante el período en el cual no se contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas automáticos,Demandante: María Eugenia Uribe Morales Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de tránsito.
www.consejodeestado.gov.co 2 semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de tránsito.
4. Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente.
5. También solicitó que se ordene a la Secretaría de Tránsito que la imposición de comparendos se realice de manera presencial, garantizando la individualización del presunto infractor, de modo q ue, en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.
2. Hechos
6. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente1:
7. De la lectura de los supuestos de la demanda se extrae que al accionante María Eugenia Uribe Morales le fueron impuestos cinco comparendos (20001000000047698249 del 30 de noviembre de 2024, 20001000000047698250 del 30 de noviembre de 2024, 20001000000045143480 del 27 de agosto de 2024, 20001000000039855346 del 4 de agosto de 2023 y 20001000000044145368 del 18 de mayo de 2024) por los vehículos «caza infractores» que circulan por la ciudad de Valledupar, mientras este se encontraba estacionado en su motocicl eta en la terminal de transportes esperando a un familiar.
8. Alegó que, los agentes de tránsito nunca le notificaron el comparendo en la forma establecida en los artículos 129 y 135 del Código Nacional de Tránsito,
transportes esperando a un familiar.
8. Alegó que, los agentes de tránsito nunca le notificaron el comparendo en la forma establecida en los artículos 129 y 135 del Código Nacional de Tránsito, advirtiendo que cuando el mencionado vehículo «caza infractores» capturó la foto detección, continúo su recorrido sin que nadie se bajara del mismo para realizarle el comprendo en debida forma.
8. Precisó que la Secretaría de Tránsito de Valledupar disponía de la utilización de medios tecnológ icos para la imposición de comparendos sin tener autorización para ello, habida cuenta del incumplimiento de los criterios de seguridad vial y sin el permiso o autorización de la Superintendencia de Puertos y Transporte y de la Agencia Nacional Vial.
9. Por último, advirtió que requirió a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el municipio de Valledupar y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, el cumplimiento de lo s artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 18 de la Ley 2251 de 2022, 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129, 134, 135, 136, 137 del Código Nacional de Tránsito y artículo 6 de la
1 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.Demandante: María Eugenia Uribe Morales
sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.Demandante: María Eugenia Uribe Morales Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Resolución No 20203040011245 de 2020, y que en consecuencia, se ordenara la anulación de todas las multas impuestas a través de los vehículos “caza infractores”, por ser violatorias de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contracción, así como a los principios de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, publicidad, y los precedentes de la Corte Constitucional.
3. Razones del posible incumplimiento
10. La accionante sostiene que en el municipio Valledupar, la imposición de multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no cumplirse los procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones de tránsito. Asimismo, afirmó que en el municipio existen más de 1.000 señales de tránsito que establecen «prohibido parquear detención electrónica».
11. Argumentó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta individualización del i nfractor y la aplicación de la
11. Argumentó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta individualización del i nfractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de tránsito.
12. Insistió en que la utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad vial.
Además, señaló que esta modalidad de cont rol ha derivado en la imposición de comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a individuos aislados sino a una parte considerable de la comunidad.
13. Refirió que, en ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y propietarios de vehíc ulos sin que exista evidencia clara y verificable de la comisión de la infracción, lo cual se traduce en un proceder que parece orientado al recaudo económico en detrimento de una labor preventiva y educativa. En concreto, señaló las multas que se le interpusieron a los señores
Melkis Kammerer, Jorge Alberto Olivares y Adriana Oñate.
4. Trámite de la solicitud en primera instancia
14. Mediante providencia de l 11 de febrero de 202 52, el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de l Cesar admitió la demanda y ordenó la notificaci ón a la Superintendencia de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al municipio de Valledupar – Secretaría de
sustanciador del Tribunal Administrativo de l Cesar admitió la demanda y ordenó la notificaci ón a la Superintendencia de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al municipio de Valledupar – Secretaría de
2 Índice 00005 de Samai. Expediente del tribunal.Demandante: María Eugenia Uribe Morales Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Tránsito y Transporte3, entidades a la que les requirió rendir un informe sobre las circunstancias que motivaron la demanda.
15. De igual manera, en auto de 3 de marzo de 2025 fueron decretadas unas pruebas a cargo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Valledupar, se aceptó la solicitud de 59 coadyuvantes, se resolvió la petición de acumulación presentada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la excepción previa propuesta por el Ministerio de Transporte.
5. Contestación de la demanda
16. La Agencia Nacional de Seguridad Vial afirmó que no ha incumplido ninguna de las normas citadas por la demandante, dado que no tiene competencia sobre la instalación u operación de sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST), ni es autoridad de t ránsito, ni impone comparendos. Explicó que no realiza vigilancia ni control sobre el cumplimiento técnico de los criterios normativos por parte de los organismos de tránsito respecto a los SAST.
comparendos. Explicó que no realiza vigilancia ni control sobre el cumplimiento técnico de los criterios normativos por parte de los organismos de tránsito respecto a los SAST.
17. Indicó que, si en Valledupar se están usando dispositiv os no autorizados, la entidad competente para investigar es la Superintendencia de Transporte.
Además, recordó que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de defensa en el proceso sancionatorio.
18. Concluyó que no se ha desconocido norma alguna, pues la entidad no tiene obligación jurídica relacionada con los hechos invocados en la demanda, lo que configura una falta de legitimación en la causa por pasiva que da lugar a la declaratoria de improcedencia de la acción.
19. El Ministerio de Transporte argumentó que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que lo haga responsable del supuesto incumplimiento alegado en el escrito inicial. Sostuvo que las multas relatadas por la parte actora fueron impuestas por la Secretaría de Tránsito de Valledupar y la Policía Nacional de Carreteras, entidades autónomas en el ejercicio de sus funciones; además, alegó que no fue constituida en renuencia.
20. Asimismo, argumentó que no se configura su legitimación en la causa por pasiva, dado que no participó en los hechos que dieron origen a la demanda ni es titular de la relación jurídica sustancial en cuestión. Enfatizó que su competencia se limita a la formulación de políticas y regulación en materia de tránsito y transporte, sin facultades de inspección, vigilancia y control sobre los organismos de tránsito locales.
21. Por tanto, advirtió que no tiene competencia para materializar lo solicitado
tránsito y transporte, sin facultades de inspección, vigilancia y control sobre los organismos de tránsito locales.
21. Por tanto, advirtió que no tiene competencia para materializar lo solicitado en la acc ión de cumplimiento ni para cumplir una eventual orden judicial en
3 Revisado el auto admisorio, se advierte que no fue incluido el Ministerio de Transporte como una de las entidades demandadas, por cuanto la demanda no estuvo dirigida en su contra; pero, la Secretaría del Tribunal procedió al envío a dicha entidad quien contestó.Demandante: María Eugenia Uribe Morales Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 ese sentido, dado que no ejerce autoridad sobre la Secretaría de Tránsito mencionada ni tiene funciones jurisdiccionales que le permitan anular comparendos.
22. Razonó que no se ha cumplid o con el requisito de renuencia respecto de la entidad puesto que, según la Ley 393 de 1997, solo puede exigirse el cumplimiento a quien tiene el deber de actuar y no lo hace, lo que no es el caso del ministerio dado que carece de competencia para resolver el asunto en discusión.
23. La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que ninguna de las pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma por su parte.
Sostuvo que la accionante no acreditó incumplimientos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones sancionatorias.
Sostuvo que la accionante no acreditó incumplimientos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones sancionatorias.
24. Indicó que el escrito de constitución en renuencia y la demanda fueron enviados al correo institucional de una funcionaria de la entidad, que no es el dispuesto para este cometido. Señaló que los canales adecuados están en su página web y que, por esta razón, no se surtió debidamente la constitución en renuencia.
25. Además, precisó que las actuaciones cuestionadas en la demanda son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, que actúa bajo los principios de autonomía y descentralización. Finalmente, insistió en que la Superintendencia no ejerce control sobre las decisiones de esa autoridad y que no es competente para lo solicitado.
26. Sostuvo que, en los hechos contenidos en la demanda, no se señal ó alguna conducta que vincule a la Superintendencia con la violación de los derechos presuntamente afectados. Como consecuencia, sostuvo la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad.
27. El municipio de Valledupar adujo que las pretensiones de la demanda son improcedentes, porque las actuaciones adelantadas por la Secretaría de Tránsito de Valledupar se hallaban sujetas a lo establecido en la Ley 769 de 2002 y demás normas complementarias sobre la materia.
28. Señaló que la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20203040011245 de 2020, cuyo cumplimiento exigía l a accionante, no le era aplicable a la entidad territorial toda vez que en lo que tenía que ver con la puesta en funcionamiento
28. Señaló que la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20203040011245 de 2020, cuyo cumplimiento exigía l a accionante, no le era aplicable a la entidad territorial toda vez que en lo que tenía que ver con la puesta en funcionamiento y operación de dispositivos SAST, en el municipio de Valledupar en la actualidad no se encontraba en operación dispositivos para la detección automática de infracciones a las normas de tránsito.
29. Precisó que en el presente caso la solicitud de cumplimiento no reunía los presupuestos establecidos en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, como quieraDemandante: María Eugenia Uribe Morales Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 que tal medio de control procede contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir una inminente inobservancia de normas con fuerza de ley o actos administrativos, situación que en el presente caso no se hallaba demostrado que ocurriera, habida cuenta que la Secretaría de Tránsito de Valledupar ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa legal sobre el tema.
30. Indicó que en el presente caso, se confirmaba que era cierto que constaba en la plataforma SIMIT las órdenes de comparendo enunciadas por l a actora, no obstante, era falso que la misma se le hubiera impuesto en la forma como
30. Indicó que en el presente caso, se confirmaba que era cierto que constaba en la plataforma SIMIT las órdenes de comparendo enunciadas por l a actora, no obstante, era falso que la misma se le hubiera impuesto en la forma como lo describió en los supuestos de la demanda, toda vez que su elaboración fue realizada por un agente directamente presente y visible en el sitio, y quien de forma manual opera el dispositivo tecnológico permitiendo evidenciar la ocurrencia de la infracción a las normas de tránsito.
31. Advirtió que el procedimiento seguido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar para la imposición de los comparendos cuya anulación se demanda por el actor, se realizó bajo los principios de legalidad y respeto al debido proceso administrativo.
32. Además, en el caso bajo estudio la accionante contaba con otro medio de control para la procura de sus pretensiones y la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso que señalaba como conculcado por la Secretaría de Tránsito de Valledupar, como lo era la nulidad de un acto administrativo y el restablecimiento del derecho.
33. Por último, indicó que el accionante incurrió en actos de temeridad toda vez que ante el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar h abía promovido la misma acción de cumplimiento bajo radicado 20001 -33-33-0022025-00016-00, fundada en idénticos supuestos diferenciando únicamente el número de comparendo, conduciendo tal circunstancia a un desgaste de la administración de justicia.
6. Sentencia de primera instancia
34. El Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia del 12 de
número de comparendo, conduciendo tal circunstancia a un desgaste de la administración de justicia.
6. Sentencia de primera instancia
34. El Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia del 12 de marzo de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones, de conformidad con
las siguientes consideraciones:
(…) declarará entonces prospera la acción de cumplimiento y se ordenará al Municipio de VALLEDUPAR - SECREATRÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, dar cumplimiento a lo previsto en el inciso 1º del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, en las labores de control en vía, con dispositivo electrónico a cargo de sus agentes, en el entendido que la entrega de la copia del comparendo al presunto infractor y / o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige en esta clase de actuaciones y el principio de publicidad de las actuaciones realizadas por las autoridades de tránsito, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.Demandante: María Eugenia Uribe Morales Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Para tal efecto la Secretaría de Tránsito deberá verificar con respecto a cada comparendo impuesto al actor según lo dicho en este pr oceso, el cumplimiento estricto de los procedimientos fijados en las normas aquí estudiadas y adoptará las decisiones consecuentes, dentro de la órbita de sus competencias, a fin de evitar vulneraciones al debido proceso administrativo.
estricto de los procedimientos fijados en las normas aquí estudiadas y adoptará las decisiones consecuentes, dentro de la órbita de sus competencias, a fin de evitar vulneraciones al debido proceso administrativo.
De otra parte, resta pronunciarse sobre la pretensión dirigida a obtener la nulidad del “comparendo” impuesto al accionante, indicando que la misma excede la órbita de competencia del juez de esta acción constitucional, la cual no tiene como objeto el reconocimiento de derechos particulares en disputa, sino asegurar el “cumplimiento de un deber omitido contenido en una ley o acto administrativo que la autoridad competente se niega a ejecutar”5, tal como se señaló en el párrafo precedente. En consecuencia, la Sala negará esta pretensión. Finalmente, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, atendiendo que no hace parte de sus competencias ejercer funciones de inspección, vigilancia, control y seguimiento sobre los organismos de tránsito del país. La misma suerte correrá la vinculación de la Superintendencia de Puertos y Transporte y del Ministerio de Transporte, en tanto, de sus competencias no se extraen las relacionadas con la imposición de infracciones de tránsito, ni el desarrollo posterior del proceso sancionatorio.
7. La impugnación4
35. El secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar impugnó el fallo y precisó que , debía disponerse la compulsa de copias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la Nación en contra del profesional del derecho Melkis Guillermo Kammerer Kammerer , quien mediante la suplantación de varios ciudadanos ha engañado a la
Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la Nación en contra del profesional del derecho Melkis Guillermo Kammerer Kammerer , quien mediante la suplantación de varios ciudadanos ha engañado a la administración de justicia al hacer creer que cada demanda fue presentada directamente por los ciudadanos que fungen como demandantes
36. Adicionalmente, indicó que cometió faltas a la debida diligencia profesional, pudiendo haber incurrido además en los tipos penales de instigación a delinquir, falsedad personal, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
37. Afirmó que la sentencia debe ser revocada, de conformidad c on la motivación de la sentencia proferida por esta Corporación el pasado 13 de marzo, en el proceso con radicado No. 20001 -23-33-000-2024-00348-01 y, como consecuencia, se deben negar las pretensiones y declarar la temeridad.
38. El municipio de Valledupar impugnó la decisión a través de su apoderado judicial, argumentado lo mismo que la Secretaría de Tránsito y Transporte en relación con la temeridad y las supuestas faltas a la debida diligencia profesional por las que solicitó la compulsa de copias.
39. En relación con el fondo del asunto, solicitó la revocatoria de la sentencia, en atención a que el Tribunal erró en la interpretación de las normas suyo
4 La sentencia del 12 de marzo de 202 5 fue notificada el 17 de marzo de 2025, y los escritos de impugnación fueron radicados mediante correo electrónico el 25 de marzo de 2025 , término que se encuentra oportuno.Demandante: María Eugenia Uribe Morales
impugnación fueron radicados mediante correo electrónico el 25 de marzo de 2025 , término que se encuentra oportuno.Demandante: María Eugenia Uribe Morales Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 cumplimiento se pide e hizo referencia al fallo proferido por esta Corporación, en un asunto similar, el pasado 13 de marzo en el proceso con radicado 2000123-33-000-2024-00348-01.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
40. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la sentencia dictada el 12 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cesar, según lo dispuesto en los artículos 150 5 y 152 6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con tencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 , expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado7.
2. Cuestión Previa
41. El Ministerio de Transporte, al contestar la demanda, evidenció su falta de legitimación en la causa por pasiva en atención a que no había sido constituida en renuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.
42. Al verificar el escrito de demanda, el de constitución en renuencia y el auto admisorio proferido por el Tribunal, la Sala advierte que ninguno estuvo dirigido a tener al ministerio como entidad demandada.
393 de 1997.
42. Al verificar el escrito de demanda, el de constitución en renuencia y el auto admisorio proferido por el Tribunal, la Sala advierte que ninguno estuvo dirigido a tener al ministerio como entidad demandada.
43. La entidad tuvo conocimiento de la acción, como consecuencia del envío de la comunicación de la admisión por parte de la Secre taría del Tribunal; como consecuencia , y habida cuenta que no se considera necesaria su participación, se desvinculará del proceso.
3. Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 12 de marzo de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de cumplimiento.
5 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 6 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos,
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.Demandante: María Eugenia Uribe Morales Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9
45. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de precedencia y procedibilidad de la acción de cumplimiento y, como consecuencia, establecer si es viable exigirle a la s entidades demandadas el cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los artículos 5 a 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transpo rte, en el sentido solicitado por la parte actora.
4. Generalidades de la acción de cumplimiento
46. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
47. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
47. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento. Excepcionalm ente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presup uesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya po dido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Que no se pretende la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º].
48. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º].
48. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
49. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinarDemandante: María Eugenia Uribe Morales Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00065-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 si existe o no el mandato imperativo e ino
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.