CE - Sentencia 20001233300020250007901

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Título
CE - Sentencia 20001233300020250007901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2025-00079-01

Demandante: CLAUDIA PATRICIA APONTE JIMÉNEZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y OTROS Tema: Improcedencia de la acción – incumplimiento del requisito de subsidiariedad -Cosa juzgada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la secretaría de Tránsito y Transportes de Valledupar contra la sentencia de 1 3 de marzo de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Claudia Patricia Aponte Jiménez presentó acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Claudia Patricia Aponte Jiménez presentó acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y

Transporte.

2. Lo anterior, con el fin de obtener el acatamiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y 1 a 14 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte y cuyas pretensiones, en esencia, buscan lo siguiente:

3. Ordenar a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos «caza infractores», durante el período en el cual no se contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas automáticos,Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de tránsito.

www.consejodeestado.gov.co 2 semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de tránsito.

4. Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente.

5. También solicitó que se ordene a la Secretaría de Tránsito que la imposición de comparendos se realice de manera presencial, garantizando la individualización del presunto infractor, de modo q ue, en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.

2. Hechos

6. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente1:

7. De la lectura de los supuestos de la demanda se extrae que a la accionante Claudia Patricia Aponte Jiménez le fue impuesto el comparendo 20001000000044138670 de 22 de marzo de 2024, por presunta infracción código C02 «descripción estacionar un vehículo en sitios prohibidos».

8. Alegó que, los agentes de tránsito nunca le notificaron el comparendo en la forma establecida en los artículos 129 y 135 del Código Nacional de Tránsito, advirtiendo que cuando el mencionado vehículo «caza infractores» capturó la foto detección, continúo s u recorrido sin que nadie se bajara del mismo para realizarle el comprendo en debida forma.

8. Precisó que la Secretaría de Tránsito de Valledupar disponía de la utilización de medios tecnológicos para la imposición de comparendos sin tener

realizarle el comprendo en debida forma.

8. Precisó que la Secretaría de Tránsito de Valledupar disponía de la utilización de medios tecnológicos para la imposición de comparendos sin tener autorización para ello, habida cuenta del incumplimiento de los criterios de seguridad vial y sin el permiso o autorización de la Superintendencia de Puertos y Transporte y de la Agencia Nacional Vial.

9. Por último, advirtió que requirió a la Superintend encia de Puertos y Transporte, a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el municipio de Valledupar y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, el cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 18 de la Ley 2251 de 2022, 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129, 134, 135, 136, 137 del Código Nacional de Tránsito y artículo 1 a 14 de la Resolución No 20203040011245 de 2020, y que en consecuencia, se ordenara la anulación de todas las multas impuest as a través de los vehículos «caza infractores», por ser violatorias de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contracción, así como a los principios de buena fe,

1 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros

parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 confianza legítima, seguridad jurídica, publicidad, y los precedentes de la Corte Constitucional.

3. Razones del posible incumplimiento

10. La accionante sostiene que en el municipio Valledupar, la imposición de multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no cumplirse los procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones de tránsito. Asimismo, afirmó que en el municipio existen más de 1.000 señales de tránsito que establecen «prohibido parquear detención electrónica».

11. Argumentó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de tránsito.

12. Insistió en que la utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad vial.

12. Insistió en que la utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad vial.

Además, señaló que esta modalidad de control ha derivado en la imposición de comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a individuos aislados sino a una parte considerable de la comunidad.

13. Refirió que, en ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y propietarios de vehículos sin que exista evidencia clara y verificabl e de la comisión de la infracción, lo cual se traduce en un proceder que parece orientado al recaudo económico en detrimento de una labor preventiva y educativa.

4. Trámite de la solicitud en primera instancia

14. Mediante providencia del 1 1 de febrero de 2025 2, el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó la notificación a la Superintendencia de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte3, entidades a la que les requirió rendir un informe sobre las circunstancias que motivaron la demanda.

15. De igual manera, en auto de 25 de febrero de 2025 fueron decretadas unas pruebas a cargo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de

2 Índice 00005 de Samai. Expediente del tribunal. 3 Revisado el auto admisorio, se advierte que no fue incluido el Ministerio de Transporte como una de las entidades demandadas, por cuanto la demanda no estuvo dirigida en su

2 Índice 00005 de Samai. Expediente del tribunal. 3 Revisado el auto admisorio, se advierte que no fue incluido el Ministerio de Transporte como una de las entidades demandadas, por cuanto la demanda no estuvo dirigida en su contra; pero, la Secretaría del Tribunal procedió al envío a dicha entidad quien contestó.Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Valledupar, se aceptó la solicitud de los coadyuvantes y se resolvió la petición de acumulación presentada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

5. Contestación de la demanda

16. La Agencia Nacional de Seguridad Vial afirmó que no ha incumplido ninguna de las normas citadas por la demandante, dado que no tiene competencia sobre la instalación u operación de sistemas automáticos de detección de in fracciones (SAST), ni es autoridad de tránsito, ni impone comparendos. Explicó que no realiza vigilancia ni control sobre el cumplimiento técnico de los criterios normativos por parte de los organismos de tránsito respecto a los SAST.

17. Indicó que, si en Valledupar se están usando dispositivos no autorizados, la entidad competente para investigar es la Superintendencia de Transporte.

Además, recordó que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de defensa en el proceso sancionatorio.

18. Concluyó que no se ha desconocido norma alguna, pues la entidad no

la entidad competente para investigar es la Superintendencia de Transporte. Además, recordó que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de defensa en el proceso sancionatorio.

18. Concluyó que no se ha desconocido norma alguna, pues la entidad no tiene obligación jurídica relacionada con los hechos invocados en la demanda, lo que configura una falta de legitimación en la causa por pasiva que da lugar a la declaratoria de improcedencia de la acción.

19. El Ministerio de Transporte argumentó que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que lo haga responsable del supuesto incumplimiento alegado en el escrito inicial. Sostuvo que las multas relatadas por la parte actora fueron impuestas por la Secretaría de Tránsito de Valledupar y la Policía Nacional de Carreteras, entidades autónomas en el ejercicio de sus funciones; además, alegó que no fue constituida en renuencia.

20. Asimismo, argumentó que no se configura su legitimación en la causa por pasiva, dado que no participó en los hechos que dieron origen a la demanda ni es titular de la relación jurídica sustancial en cuestión. Enfatizó que su competencia se limita a la formulación de políticas y regulación en materia de tránsito y transporte, sin facultades de inspección, vigilancia y control sobre los organismos de tránsito locales.

21. Por tanto, advirtió que no tiene competencia para materializar lo solicitado en la acción de cumplimiento ni para cumplir una eventual orden judicial en ese sent ido, dado que no ejerce autoridad sobre la Secretaría de Tránsito mencionada ni tiene funciones jurisdiccionales que le permitan anular comparendos.

22. Razonó que no se ha cumplido con el requisito de renuencia respecto de

ese sent ido, dado que no ejerce autoridad sobre la Secretaría de Tránsito mencionada ni tiene funciones jurisdiccionales que le permitan anular comparendos.

22. Razonó que no se ha cumplido con el requisito de renuencia respecto de la entidad puesto que, según la Ley 393 de 1997, solo puede exigirse el cumplimiento a quien tiene el deber de actuar y no lo hace, lo que no es el caso del ministerio dado que carece de competencia para resolver el asunto en discusión.Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

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23. La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que ninguna de las pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma por su parte.

Sostuvo que la accionante no acreditó incumplimientos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones sancionatorias.

24. Indicó que el escrito de constitución en renuencia y la demanda fueron enviados al correo institucional de una funcionaria de la entidad, que no es el dispuesto para este cometido. Señaló que los canales adecuados están en su página web y que, por esta razón, no se surtió debidamente la constitución en renuencia.

25. Además, precisó que las actuaciones cuestionadas en la demanda son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, que actúa bajo los

renuencia.

25. Además, precisó que las actuaciones cuestionadas en la demanda son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, que actúa bajo los principios de autonomía y descentralización. Finalmente, insistió en que la Superintendencia no ejerce control sobre las decisiones de esa autoridad y que no es competente para lo solicitado.

26. Sostuvo que, en los hechos contenidos en la demanda, no se señal ó alguna conducta que vincule a la Superintendencia con la violación de los derechos presuntamente afectados. Como consecuencia, sostuvo la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad.

27. El municipio de Valledupar adujo que las pretensiones de la demanda son improcedentes, porque las actuaciones adelantadas por la Secretaría de Tránsito de Valledupar se hallaban sujetas a lo establecido en la Ley 769 de 2002 y demás normas complementarias sobre la materia.

28. Señaló que la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20203040011245 de 2020, cuyo cumplimiento exigía l a accionante, no le era aplicable a la entidad territorial toda vez que en lo que tenía que ver con la puesta en funcionamiento y operación de dispositivos SAST, en el municipio de Valledupar en l a actualidad no se encontraba en operación dispositivos para la detección automática de infracciones a las normas de tránsito.

29. Precisó que en el presente caso la solicitud de cumplimiento no reunía los presupuestos establecidos en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, como quiera que tal medio de control procede contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir una inminente

presupuestos establecidos en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, como quiera que tal medio de control procede contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir una inminente inobservancia de normas con fuerza de ley o actos administrativos, situac ión que en el presente caso no se hallaba demostrado que ocurriera, habida cuenta que la Secretaría de Tránsito de Valledupar ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa legal sobre el tema.

30. Indicó que en el presente caso, se confirmaba que era cierto que constaba en la plataforma SIMIT las órdenes de comparendo enunciadas por l a actora, no obstante, era falso que la misma se le hubiera impuesto en la forma comoDemandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 lo describió en los supuestos de la demanda, toda vez que su elaboración fue realizada por un agente directamente presente y visible en el sitio, y quien de forma manual opera el dispositivo tecnológico permitiendo evidenciar la ocurrencia de la infracción a las normas de tránsito.

31. Advirtió que el procedimiento seguido por la Secr etaría de Tránsito y Transporte de Valledupar para la imposición de los comparendos cuya anulación se demanda por el actor, se realizó bajo los principios de legalidad y respeto al debido proceso administrativo.

Transporte de Valledupar para la imposición de los comparendos cuya anulación se demanda por el actor, se realizó bajo los principios de legalidad y respeto al debido proceso administrativo.

32. Además, en el caso bajo estudio la accionante contaba con otro medio de control para la procura de sus pretensiones y la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso que señalaba como conculcado por la Secretaría de Tránsito de Valledupar, como lo era la nulidad de un acto administrativo y el restablecimiento del derecho.

33. Por último, indicó que el accionante incurrió en actos de temeridad toda vez que ante el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar había promovido la misma acción de cumplimiento bajo radicado 20001 -33-33-0022025-00016-00, fundada en idénticos supuestos diferenciando únicamente el número de comparendo, conduciendo tal circunstancia a un desgaste de la administración de justicia.

6. Sentencia de primera instancia

34. El Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia del 1 3 de marzo de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones, de conformidad con

las siguientes consideraciones:

PRIMERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, que de manera inmediata dé cumplimiento a lo previsto en el inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, en las labores de control en vía con dispositivo electrónico a cargo de sus agentes, en el entendido que la entrega de copia del comparendo al presunto infractor y/o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige en esta

Terrestre, en las labores de control en vía con dispositivo electrónico a cargo de sus agentes, en el entendido que la entrega de copia del comparendo al presunto infractor y/o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige en esta clase de actuaciones y el principio de publicidad de las actuaciones realizadas por las autoridades de tránsito, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Para tal efecto la Secretaría de Tránsito deberá verificar con respecto al comparendo impuesto a la actora según lo dicho en este proceso, el cumplimiento estricto de los procedimientos fijados en las normas aquí estudiadas y adoptará las decisiones consecuentes, dentro de la órbita de sus competencias, a fin de evitar vulneraciones al debido proceso administrativo.

SEGUNDO: RECHAZAR la demanda respecto del MINISTERIO DE TRANSPORTE y los artículos 4° y 5° del Decreto 2409 de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo expuesto en precedencia.Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva QUINTO: CONMINAR al MUNICIPIO DE

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CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva QUINTO: CONMINAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE), para que en futuras oportunidades se abstenga omitir la remisión de los do cumentos que le sean requeridos en el desarrollo de los procesos judiciales, en especial de asuntos constitucionales, conforme se indicó en precedencia.

SEXTO: COMPULSAR copias de las presentes actuaciones a la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para lo de su competencia, ante las evidentes contradicciones en que ha incurrido la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR sobre la forma en que se vienen imponiendo comparendos como desarrollo de control sobre la vía realizado por los agentes adscritos a esa dependencia.

De igual manera, COMPULSAR copias de las presentes actuaciones a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tomando en consideración las inconsistencias de las respuestas remitidas por la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, las cuales podrían inducir en error al operador judicial al momento de proferir la decisión de fondo, y por ende, configurar un fraude procesal.

SÉPTIMO: ADVERTIR al actor que no podrá instaurar nueva acción con la misma finalidad, en los términos del artículo 7º de la Ley 393 de 1997.

OCTAVO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

finalidad, en los términos del artículo 7º de la Ley 393 de 1997.

OCTAVO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

7. La impugnación4

35. El secretario de Tránsito y Transportes de Valledupar impugnó la decisión a través de su apoderado judicial, argumentado la temeridad y las supuestas faltas a la debida diligencia profesional del señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer por las que solicitó la compulsa de copias.

36. En relación con el fondo del asunto, solicitó la revocatoria de la sentencia, en atención a que el Tribunal erró en la interpretación de las normas suyo cumplimiento se pide e hizo referencia al fallo proferido por esta Corporación, en un asunto similar, el pasado 13 de marzo en el proceso con radicado 2000123-33-000-2024-00348-01.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

37. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la sentencia dictada el 13 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de

4 La sentencia del 13 de marzo de 2025 fue notificada el 17 de marzo de 2025, y el escrito de impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 23 y 25 de marzo de 2025, término que se encuentra oportuno.Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

que se encuentra oportuno.Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Cesar, según lo dispuesto en los artículos 150 5 y 152 6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 , expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado7.

2. Cuestión Previa

39. El Ministerio de Transporte, al contestar la demanda, evidenció su falta de legitimación en la causa por pasiva en atención a que no había sido constituida en renuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

40. Al verificar el escrito de demanda, el de constitución en renuencia y el auto admisorio proferido por el Tribunal, la Sala advierte que ninguno estuvo dirigido a tener al ministerio como entidad demandada.

41. La entidad tuvo conocimiento de la acción, como consecuencia del envío de la comunicación de la admisión por parte de la Secretaría del Tribunal; como consecuencia , y habida cuenta que no se considera necesaria su participación, se desvinculará del proceso.

3. Problema jurídico

42. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 13 de marzo de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de cumplimiento.

42. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 13 de marzo de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de cumplimiento.

43. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de precedencia y procedibilidad de la acción de cumplimiento y, como consecuencia, establecer si es viable exigirle a la s entidades demandadas el cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 18 de la Ley 2251 de 2022, 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129, 134, 135, 136, 137 y artículos 1 al 14 de la Resolución No 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte, en el sentido solicitado por la parte actora.

5 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala d e lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 6 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las

cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones contra las providencias susceptibles d e ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

4. Generalidades de la acción de cumplimiento

44. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

45. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los

siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renu encia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de es te requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la

requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efect ivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que no se pretende la protección de derechos q ue puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º].

42. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv], la decisión conlleva a la de claratoria de improcedencia del medio de control.

46. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetab le en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,

[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad

autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.Demandante: Claudia Patricia Aponte Jiménez Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Rad: 20001-23-33-000-2025-00079-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

5. La constitución de la renuencia

47. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

48. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición

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