CE - Sentencia 25000231500020250011301

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Título
CE - Sentencia 25000231500020250011301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 25000-23-15-000-2025-00113-01

Accionante: Luis Alberto Martín Uni Accionados: Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y otros

Tema: Acción de tutela contra providencia. Incidente de desacato. Cumplimiento de orden de tutela. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 11 de marzo de 202 5 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través de la cual negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

El señor Luis Alberto Martín Uni , por intermedio de apoderada, pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social , los cuales considera vulnerados por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , al proferir los autos del 21 de enero y 6 de febrero de 2025 proferidos en el incidente de

administración de justicia y a la seguridad social , los cuales considera vulnerados por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , al proferir los autos del 21 de enero y 6 de febrero de 2025 proferidos en el incidente de desacato con radicado 11001-33-35-017-2024-00385-00, y por la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) y la AFP Porvenir , por no cumplir la sentencia de tutela del 27 de noviembre de 2024.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:Radicado: 25000 -23 -15 -000 -2025 -00113 -01

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Que el 27 de noviembre de 2024 el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , mediante sentencia de tutela, amparó sus derechos fundamentales de petición y debido proceso y ordenó a Colpensiones1 y a la AFP Protección S.A. resolver la solicitud que presentó relacionada con el traslado del régimen pensional y afiliación a ese fondo , pese a lo cual aquellos se limitaron a efectuar argumentos evasivos y formales , sin abordar el fondo del asunto , con lo cual incumplieron lo ordenado.

Que interpuso incidente de desacato, pero el 21 de enero de 2025 dicha autoridad judicial se abstuvo de dar apertura porque consideró que se acató la sentencia,

cual incumplieron lo ordenado.

Que interpuso incidente de desacato, pero el 21 de enero de 2025 dicha autoridad judicial se abstuvo de dar apertura porque consideró que se acató la sentencia, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado de plano.

Que el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá i) incurrió en un defecto fáctico porque ignoró las pruebas que demostraban el incumplimiento por parte de Colpensiones y Protección S.A.; ii) efectuó una interpretación restrictiva de la orden judicial y iii) desconoció los precedentes constitucionales que obligaban a garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales.

Que resulta inaceptable que el juez haya considerado que la s respuestas de Colpensiones y de la AFP Protección S.A. fueron de fondo, pese a que el primero se limitó a indicar que ya figuraba como pensionado y el segundo reconoció la existencia de un error administrativo que ya había sido corregido, pero que exigía que el afiliado presentara una nueva solicitud ante Colpensiones, pues con ello no obtuvo una solución definitiva ni la materialización del derecho fundamental que le fue amparado.

Que l a negativa de abrir el incidente de desacato desconoce el principio de efectividad de las órdenes judiciales y afecta el acceso efectivo a la administración de justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, con lo cual se configura un defecto sustantivo.

Que la falta de cumplimiento por parte de las administradoras de los Fondos de Pensiones junto con la negativa del juez de abrir el incidente de desacato conllevó la vulneración de sus derechos fundamentales.

configura un defecto sustantivo.

Que la falta de cumplimiento por parte de las administradoras de los Fondos de Pensiones junto con la negativa del juez de abrir el incidente de desacato conllevó la vulneración de sus derechos fundamentales.

PRETENSIONES

Que se ordene i) al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá abrir inmediatamente el incidente de desacato que interpuso en contra de Colpensiones y la AFP Protección S.A., con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la orden judicial proferida previamente , y ii) a Colpensiones y a Protección S.A. otorgar una respuesta oportuna, clara, de fondo y ajustada a derecho sobre la solicitud de traslado del régimen pensional

1 Se aclara que la orden de tutela se dictó únicamente respecto a Colpensiones.Radicado: 25000 -23 -15 -000 -2025 -00113 -01

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 27 de febrero de 202 5 el magistrado sustanciador de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción y ordenó notificar a las autoridades accionadas.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , por intermedio de su titular, indicó que no vulneró algún derecho fundamental del accionante, sino que, por el contrario, adoptó la decisión controvertida en esta sede

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , por intermedio de su titular, indicó que no vulneró algún derecho fundamental del accionante, sino que, por el contrario, adoptó la decisión controvertida en esta sede con respeto por el precedente judicial y conform e a la valoración de las pruebas presentadas por las partes.

Que se abstuvo de aperturar el incidente de desacato porque Colpensiones emitió una respuesta clara, precisa y congruente frente a la solicitud de trasladada radicada el 23 de septiembre de 2024, la cual fue debidamente notificada al correo registrado.

Que no puede aceptarse la tutela como un mecanismo de protección alternativo, pues ello generaría el riesgo de hacer nugatorias las competencias de las autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones y de propiciar un desborde institucional, transgrediendo los principios de seguridad jurídica y autonomía funcional de los jueces de la República.

Colpensiones y la AFP Protección S.A. guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 11 de marzo de 202 5 la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el amparo porque consideró que no estaba demostrado que el Juzgado aquí accionado hubiera incurrido en defecto fáctico, en la medida que analizó la respuesta allegada por Colpensiones y determinó que con ella se cumplió la orden de tutela, consistente en que esa administradora resolviera de fondo la solicitud del 23 de septiembre de 2024 y, si era procedente, iniciara el procedimiento de la petición ante la AFP Protección S.A.

ella se cumplió la orden de tutela, consistente en que esa administradora resolviera de fondo la solicitud del 23 de septiembre de 2024 y, si era procedente, iniciara el procedimiento de la petición ante la AFP Protección S.A.

Que una situación distinta era que el actor no estuviera de acuerdo con la contestación de Colpensiones, para lo cual contaba con otros mecanismos judiciales.

Concluyó que el despacho judicial acertó al negar la apertura del incidente de desacato, ya que obraba prueba de la respuesta y la notificación de esta, la cual, pese a que no fue favorable a lo pretendido, no implicaba una vulneración de los derechos fundamentales reclamados.Radicado: 25000 -23 -15 -000 -2025 -00113 -01

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IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia, para lo cual sostuvo que en ella se validó una respuesta meramente formal de Colpensiones, con lo que se desconoció el verdadero alcance de la orden de tutela que consistía en resolver de fondo la solicitud de traslado pensional que presentó y, de ser procedente, adelantar el trámite ante la AFP Protección S.A.

Que las pruebas dan cuenta de que esta última reconoció un error en su sistema, donde se le reportó como pensionado o en trámite de pensión, lo cual posteriormente fue aclarado indicando que ello no era así , lo que habilitó a la AFP Protección S.A. para el trámite de traslado, motivo por el que solicitó a Colpensiones

posteriormente fue aclarado indicando que ello no era así , lo que habilitó a la AFP Protección S.A. para el trámite de traslado, motivo por el que solicitó a Colpensiones reiterar la solicitud de traslado del afiliado para corregir ese yerro y culminar el procedimiento.

Que, a pesar de ello, este último nuevamente le trasladó la carga, exigiéndole radicar una nueva solicitud y, con ello, desconociendo que el trámite ya estaba en curso y que la omisión era imputable exclusivamente a las administradoras.

Que en la sentencia impugnada también se incurrió en un defecto fáctico, por limitar su análisis a la existencia de una supuesta respuesta de Colpensiones, sin analizar su contenido, suficiencia y eficacia jurídica frente al mandato de la sentencia de tutela.

Que el traslado del régimen pensional no es un simple trámite administrativo, sino que implica la afectación directa de su derecho a la seguridad social , y que la falta de una respuesta de fondo le impide planificar su retiro laboral, acceder a mejores condiciones pensionales y ejercer libremente su derecho a escoger el régimen pensional que le conviene.

Solicitó, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, que i) se de apertura al incidente de desacato en contra de Colpensiones y la AFP Protección; ii) se ordene a Colpensiones reactivar y concluir de inmediato el trámite de traslado de régimen pensional, dando cumplimiento a lo expresado por la AFP Protección, sin dilaciones ni nuevos requisitos y iv) las demás necesarias para restablecer sus derechos.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

de régimen pensional, dando cumplimiento a lo expresado por la AFP Protección, sin dilaciones ni nuevos requisitos y iv) las demás necesarias para restablecer sus derechos.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidades de la acción de tutel a; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar laRadicado: 25000 -23 -15 -000 -2025 -00113 -01

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protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa jud icial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.

providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde defi nir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 3 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 25000 -23 -15 -000 -2025 -00113 -01

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada5.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a

providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela7»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si

4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-074 de 2022. 7 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 25000 -23 -15 -000 -2025 -00113 -01

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este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

Caso concreto

El señor Luis Alberto Martín Uni impugnó la sentencia porque considera que la respuesta otorgada por Colpensiones fue meramente formal, por lo cual aceptarla para efectos de entender cumplida la orden de tutela implica la configuración de un defecto fáctico, desconoce el verdadero alcance de esta y conlleva el traslado de

respuesta otorgada por Colpensiones fue meramente formal, por lo cual aceptarla para efectos de entender cumplida la orden de tutela implica la configuración de un defecto fáctico, desconoce el verdadero alcance de esta y conlleva el traslado de cargas, pues se le impuso el deber de radicar una nueva solicitud de traslado del régimen pensional, pese a que ese trámite ya estaba en curso y a que el yerro cometido en este no le era imputable, con lo cual se presenta una afectación directa de su derecho a la seguridad social.

Esta Subsección , en iguales términos que los definidos en primera instancia, encuentra cumplida la totalidad de exigencias generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional; ii) la acción se presentó con inmediatez; iii) se agotaron todos los mecanismos judiciales; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y v) no se trata de una sentencia de tutela. Además, no se alegó una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis de la exigencia relacionada con esta . Se procederá, entonces, al estudio de los disensos expuestos.

En sentencia del 27 de noviembre de 2024 el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá concluyó que Colpensiones no había resuelto la solicitud de traslado de régimen pensional y posterior afiliación solicitada por el hoy accionante el 23 de septiembre de 2024, por lo cual amparó sus derechos fundamentales de petición y debido proceso y ordenó a esa administradora que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esa providencia, resolviera

accionante el 23 de septiembre de 2024, por lo cual amparó sus derechos fundamentales de petición y debido proceso y ordenó a esa administradora que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esa providencia, resolviera dicha solicitud y le notificara debidamente esa decisión y, si fuera procedente, iniciara el procedimiento de la petición ante Protección S.A.

En relación con el cumplimiento de esa orden, mediante auto del 6 de febrero de 2025, el Juzgado referido se abstuvo de iniciar incidente de desacato porque evidenció que el 19 y el 27 de diciembre de 2024 Colpensiones le informó al señor Luis Alberto Martín Uni y a su apoderada que su solicitud de traslado no fue aceptada por parte de Protección S.A. bajo la causal «En trámite de Pensión o Pensionado en el Régimen de Ahorro Individual RAIS », comunicació n que fue enviada en esa última fecha , lo que evidenciaba que Colpensiones expidió una respuesta clara, precisa y congruente con lo pedido.

En ese proveído, la jueza analizó la comunicación del 14 de enero de 2025 emitida por Protección S.A., en la que este informó que, por un error en el sistema, la solicitud de traslado fue rechazada de forma errónea, pero ello no demostraba el incumplimiento de la orden de tutela por parte de Colpensiones , pues esta administradora otorgó respuesta. Al respecto, resaltó que una resolución de fondo a una solicitud no implicaba que debía accederse a lo pedido por el interesado, de conformidad con la Sentencia T-230 de 2020.Radicado: 25000 -23 -15 -000 -2025 -00113 -01

a una solicitud no implicaba que debía accederse a lo pedido por el interesado, de conformidad con la Sentencia T-230 de 2020.Radicado: 25000 -23 -15 -000 -2025 -00113 -01

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Lo expuesto permite evidenciar que la autoridad judicial aquí accionada valoró las pruebas relativas al cumplimiento de la orden de tutela contenida en la sentencia del 27 de noviembre de 2024, las cuales daban cuenta de que Colpensiones, única administradora a la que le dio la orden, contestó la petición radicada el 23 de septiembre de 2024 por el hoy actor, en los términos previstos en el fallo.

En efecto, la jueza no solo analizó la respuesta otorgada por aquella y la respectiva notificación, sino que, conforme al desacuerdo del accionante, también examinó la comunicación del 14 de enero de 2025 de Protección S.A., por lo que no se observa la estructuración del defecto fáctico alegado, con mayor razón cuando el actor no especificó cuál prueba puntual dejó de valorarse o se analizó indebidamente, sino que manifestó su desacuerdo con la conclusión probatoria a la que llegó el Juzgado.

Al respecto, debe resaltarse que ciertamente, como lo afirmó el Juzgado accionado, el máximo tribunal constitucional ha reiterado que no puede entenderse que la obligación que se desprende de brindar una respuesta de fondo , en virtud del derecho de petición, implica la definición de si debe ser favorable o no a lo

el máximo tribunal constitucional ha reiterado que no puede entenderse que la obligación que se desprende de brindar una respuesta de fondo , en virtud del derecho de petición, implica la definición de si debe ser favorable o no a lo peticionado, pues ello escapa del núcleo esencial de ese derecho8.

En ese entendido, aun cuando el accionante no está de acuerdo con la decisión adoptada por Colpensiones respecto a su solicitud de traslado, lo cierto es que la competencia de la autoridad judicial que decidió el incidente de desacato se limitaba a establecer si aquella cumplió o no lo ordenado en la sentencia de tutela, esto es, otorgar una respuesta a la solicitud de traslado y, solo en caso de ser procedente, iniciar el procedimiento de la petición ante Protección, lo cual realizó, pero esta última le in dicó que ello no era posible, por lo cual rechazó la solicitud, lo cual no podía reprocharse a Colpensiones, quien, se itera, acató lo ordenado, conforme lo definió la jueza de la causa.

Por último, se observa que el accionante, en la impugnación, solicitó que se ordenara a Colpensiones reactivar y concluir de inmediato el trámite de traslado de régimen pensional, dando cumplimiento a lo expresado por la AFP Protección, sin dilaciones ni nuevos requisitos; sin embargo, se trata de una pretensión que no se planteó desde el escrito de tutela, en el cual la discusión se centró únicamente en el acatamiento de la orden d ada en el fallo , por lo cual frente a aquella las accionadas no pudieron ejercer su derecho de defensa, lo que impide un pronunciamiento sobre el particular.

el acatamiento de la orden d ada en el fallo , por lo cual frente a aquella las accionadas no pudieron ejercer su derecho de defensa, lo que impide un pronunciamiento sobre el particular.

En esa medida, se confirmará la sentencia del 11 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

8 Al respecto, ver, entre otras, sentencias: T-521 de 2020 y T-292 de 2022 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicado: 25000 -23 -15 -000 -2025 -00113 -01

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FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 11 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante la cual se negó el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente

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