CE - Sentencia 25000231500020250011701

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 25000231500020250011701
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00117-01

Demandante: David Fernando Prieto Ayala

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 25000-23-15-000-2025-00117-01 Demandante DAVID FERNANDO PRIETO AYALA Demandado JUZGADO 601 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ Temas Solicitud judicial. Petición de información de expediente que cursa trámite en Juzgado Administrativo Transitorio de Bogotá. Acuerdo PCSJA25-12255 de 24 de enero de 2025. Mora judicial. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación 1 interpuesta por el Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá, contra la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso: «PRIMERO. - DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela en relación con la solicitud de amparo al derecho fundamental de petición, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. - AMPÁRASE el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, por las razones expuestas en la presente providencia. En consecuencia, ORDENASE al

la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. - AMPÁRASE el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, por las razones expuestas en la presente providencia. En consecuencia, ORDENASE al Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá que provea sobre la admisión o rechazo de la demanda en un plazo no superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia judicial. TERCERO. - EXCLÚYASE del presente trámite de tutela al Juzgado 408 Administrativo Transitorio de Bogotá, por las razones aquí expuestas.» (Sic a toda la cita)

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 28 de febrero de 2025 2, el señor David Fernando Prieto Ayala interpuso acción de tutela, en nombre propio, contra el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Bogotá, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, por la ausencia de respuesta a la solicitud que presentó el 12 de diciembre de 2024.

Si bien el tutelante no formuló pretensiones de manera expresa, de la lectura del escrito de tutela es posible advertir que lo pretendido en esta acción es lo siguiente: «Por medio del presente escrito formulo acción de tutela contra el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Bogotá., a fin de que se le ordene dentro de un plazo prudencial perentorio, en amparo de mi derecho fundamental de petición, sea absuelta mi solic itud formulada a ese juzgado, escrito de fecha 12 de diciembre del 2024. […]» (Sic a toda la cita)

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En el escrito de tutela el señor David Fernando Prieto Ayala manifestó que, el

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En el escrito de tutela el señor David Fernando Prieto Ayala manifestó que, el 12 de diciembre de 2024 envió una petición dirigida al Juzgado 404

1 Samai, índice 15. Expediente Nro. 25000-23-15-000-2025-00117-00. 2 Samai, índice 2. Expediente Nro. 25000-23-15-000-2025-00117-00.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00117-01

Demandante: David Fernando Prieto Ayala

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Administrativo Transitorio de Bogotá al correo electrónico: gestión.documental@minjusticia.gov.co, y con copia oculta a la dirección electrónica: cjpovedaabogados@gmail.com, en la que solicitaba se le informara la dirección de correo electrónico o la dirección física del Juzgado, para efectos de radicar memoriales e impulsos procesales en el medio de control Nro. 11001-33-35008-2022-00263-00. La mencionada petición fue planteada en los siguientes términos: «David Fernando Prieto Ayala , identificado como aparece al pie de mi firma en calidad de demandante del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho número 11001333500820220026300; por medio del presente, me permito radicar el memorial, conforme a lo siguiente:

1. Solicito acceso a los documentos que hacen parte del expediente de la referencia Mi petición se fundamenta en el hecho que por reparto correspondió el despacho 404

Administrativo Transitorio de Bogotá.»3.

conforme a lo siguiente:

1. Solicito acceso a los documentos que hacen parte del expediente de la referencia Mi petición se fundamenta en el hecho que por reparto correspondió el despacho 404

Administrativo Transitorio de Bogotá.»3. 2.2. Sostuvo que, a la fecha de presentación de esta acción de tutela, no ha recibido respuesta de fondo a su petición.

3. Fundamentos de la acción El señor David Fernando Prieto Ayala considera que el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Bogotá vulneró su derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política al no proferir respuesta que resolviera en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la solicitud que envió el 12 de diciembre de 2024.

Añadió que, la existencia de otro medio de defensa no implica que esta acción de tutela sea improcedente. Como sustento de este argumento citó las sentencias T526 de 1992 de la Corte Constitucional.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 3 de marzo de 20254, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A admitió la acción de tutela interpuesta por el señor David Fernando Prieto Ayala contra el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Bogotá y el Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá

(conforme al artículo 4° del Acuerdo PCSJA25 -12255 del 24 de enero de 2025) . En la misma providencia se requirió a las autoridades accionadas para que allegaran el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-008-2022-00263-00; se solicitó al Juzgado Treinta y

la misma providencia se requirió a las autoridades accionadas para que allegaran el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-008-2022-00263-00; se solicitó al Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral de Bogotá que informara la existencia de esta acción constitucional a los intervinientes del mencionado medio de control; y se dispuso a efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá, Sección Segunda5, a través de la juez Lady Stefanía Gacha Guzmán rindió informe manifestado, en primer lugar, que el correo electrónico de ese despacho es: j601admtranbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y que mediante Acuerdo PCSJA2312068 del 16 de mayo de 2023 el Consejo Superior de la Judicatura dispuso el uso obligatorio del aplicativo «SAMAI», único canal para la recepción de memoriales, solicitar el acceso virtual de expedientes, copias, entre otros trámites. Añadió que realizó la búsqueda del medio de control del señor Prieto Ayala como usuario externo, y encontró que este se encuentra cargado en el

3 Samai, índice 2. Esta cita fue tomada de los anexos que el accionante adjuntó al escrito de tutela. 4 Samai, índice 4. Expediente Nro. 25000-23-15-000-2025-00117-00. 5 Samai, índice 8. Expediente Nro.25000-23-15-000-2025-00117-00.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00117-01

Demandante: David Fernando Prieto Ayala

5 Samai, índice 8. Expediente Nro.25000-23-15-000-2025-00117-00.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00117-01

Demandante: David Fernando Prieto Ayala

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 aplicativo Samai desde el 12 de febrero de 2024 (fecha en la que se registró que el Juzgado de origen era el Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá), de donde se pueden descargar las piezas procesales. Por tal motivo, indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Señaló que los juzgados transitorios son creados por el Consejo Superior de la Judicatura con la finalidad de descongestionar la carga procesal de los órganos jurisdiccionales permanentes. Para ello se establece una carga procesal, un nivel de producción, especialidad, jurisdicción y plazo de funcionamiento como ocurre con ese despacho judicial, encargado de conocer los procesos por reclamaciones salariales y prestacionales de la Rama Judicial y entidades con régimen similar, de ahí que el juez que es nombr ado en ese despacho debe ser distinto cada año para no generar conflicto de intereses, lo que conlleva «el cambio de empleados judiciales que operan en el Juzgado y la alteración del orden de llegada de los procesos hecho en los años anteriores.». Realizó un recuento de las seis medidas transitorias que se han creado desde el año 2019 identificando los titulares, su duración, y los siguientes acuerdos de creación así:

▪ Acuerdo PCSJA19-11331 del 02 de julio de 2019

Realizó un recuento de las seis medidas transitorias que se han creado desde el año 2019 identificando los titulares, su duración, y los siguientes acuerdos de creación así:

▪ Acuerdo PCSJA19-11331 del 02 de julio de 2019 ▪ Acuerdo PCSJA20-11482 del 30 de enero de 2020 ▪ Acuerdo PCSJA20-11573 del 24 de junio de 2020 ▪ Acuerdo PCSJA21-11738 del 05 de febrero de 2021 ▪ Acuerdo PCSJA22-11918 del 02 de febrero de 2022 ▪ Acuerdo PCSJA22-12001 de 03 de octubre de 2022 ▪ Acuerdo PCSJA23-12034 del 17 de enero de 2023 ▪ Acuerdo PCSJA2312055 del 31 de marzo de 2023 ▪ Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024. Resaltó que para el año 2024 se establecieron cinco juzgados transitorios para Bogotá los cuales funcionaron desde el 5 de febrero hasta el 13 de diciembre de 2024, fungiendo como Juez 404 Transitorio el doctor Joseph Francisco Márquez Narváez. Indicó que para el año 2025 se crearon cinco juzgados administrativos transitorios en Bogotá (Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025) que entraron en funcionamiento el 3 de febrero de 2025 y estarán hasta el 12 de diciembre de 2025. Señaló que con Acuerdo Nro. 003 del 10 de febrero de 2025 la presidencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la designó como Juez 601 Administrativa Transitoria del Circuito de Bogotá; tomó posesión con Acta Nro.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca la designó como Juez 601 Administrativa Transitoria del Circuito de Bogotá; tomó posesión con Acta Nro. 063; y con Oficio Nro. CSJBTOP25-136 del 10 de febrero el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá estableció que le correspondía conocer los procesos que se originaron en los Juzgados Administrativos de Bogotá Séptimo a Catorce. Manifestó que los juzgados transitorios están conformados por un juez, un sustanciador, un profesional universitario y un secretario, quienes «tendrán a su cargo, a la fecha y para el caso en particular MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) procesos, y deberán cumplir con una meta de treinta (30) sentencias mensuales.». Añadió que inició labores el 20 de febrero de 2025 y que para el 10 de marzo de 2025 recibió 1993 procesos conformados por demandas radicadas entre los años 2009 y 2024, «de los cuales 223 se encuentran para calificar, 181 para dictar sentencia y 1.589 para otros trámites procesales».Radicado: 25000-23-15-000-2025-00117-01

Demandante: David Fernando Prieto Ayala

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Frente al medio de control Nro. 11001-33-35-008-2022-00263-00 señaló que ingresó a ese despacho junto con los 1993 procesos, encontrándose para estudiar su admisión y ubicándose en el turno Nro. 622 para ser conocido. Por

ingresó a ese despacho junto con los 1993 procesos, encontrándose para estudiar su admisión y ubicándose en el turno Nro. 622 para ser conocido. Por lo que, indicó que si se le diera un trámite diferencial a este caso se alteraría de manera injustificada los turnos del proceso. Añadió que, para la fecha en la que el señor Prieto Ayala radicó su petición (12 de diciembre de 2024) no se encontraba nombrada, ni ese despacho había sido creado, por lo que no puede verificar o refutar lo manifestado por el actor. Resaltó que la metodología que utiliza para conocer de los casos es por turnos, en el orden cronológico de ingreso, conforme a los artículos 63A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024, artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 4 del Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025, pues de esta forma se evita tener criterios subjetivos para evacuar los asuntos. Adujo que «una vez el proceso indagado se encuentre en el turno para ser conocido, esta Instancia de forma célere le dará el trámite que en derecho corresponda.», pues si bien el artículo 121 del Código General del Proceso establece que no podrá transcurrir un lapso superior a un año para dictar sentencia de primera instancia, lo cierto es que al no haber sido creado ese juzgado de forma definitiva está sujeto a las interrupciones anuales de hasta 3 meses o más, por lo que no es posible establecer que existe una dilación injustificada. Indicó que si llegara a conocer el medio de control pasando por alto los turnos, no se estarían cumpliendo las siguientes causales de alteración de turnos: «(i)

lo que no es posible establecer que existe una dilación injustificada. Indicó que si llegara a conocer el medio de control pasando por alto los turnos, no se estarían cumpliendo las siguientes causales de alteración de turnos: «(i) seguridad nacional, (ii) cuando se vea amenazado el patrimonio público, (iii) exista grave violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, (iv) cuando se vean afectados los derechos fundamentales de una persona que se encuentre en circunstancias críticas de debilidad manifiesta, (v) cuando el asunto guarde una relación directa con la condición del sujeto de especial protección constitucional, y/o (vi) cuando el atraso exceda los límites constitucionalmente tolerables». Por ello mencionó que ese despacho no debe asumir la responsabilidad por el tardío conocimiento del medio de control de otros jueces, sumado a la no continuidad de la medida transitoria. Por último, dijo que una vez llegue el turno del mencionado proceso será conocido. Junto con la contestación allegó: (i) el enlace de consulta del proceso en Samai, (ii) la constancia de envío del expediente desde el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Bogotá, (iii) captura de pantalla de la consulta del proceso Nro. 11001 -33-35-008-2022-00263-00 en el aplicativo Samai, (iv) copia del Acuerdo PCSJA25 -12255 del 24 de enero de 2025, (v) el Acuerdo Nro. 003 de 10 de febrero de 2025 (nombramiento en provisionalidad). 4.3. El Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Bogotá y el Juzgado Treinta Uno Administrativo de Bogotá guardaron silencio a pesar de haber sido notificados en debida forma6.

4.3. El Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Bogotá y el Juzgado Treinta Uno Administrativo de Bogotá guardaron silencio a pesar de haber sido notificados en debida forma6.

5. Providencia impugnada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en sentencia del 13 de marzo de 2025 7 declaró improcedente la acción de tutela en relación con el derecho fundamental de petición y amparó el derecho de acceso a la administración de justicia ordenando al Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá que proveyera sobre la admisión o rechazo de la demanda, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del fallo.

6 Samai, índice 6 y 7. Expediente Nro.25000-23-15-000-2025-00117-00. 7 Samai, índice 11. Expediente Nro.25000-23-15-000-2025-00117-00.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00117-01

Demandante: David Fernando Prieto Ayala

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Previo a realizar el estudio del caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca procedió a desvincular de esta acción constitucional al Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Bogotá, pues si bien el actor dirigió la acción contra esta autoridad, lo cierto era que ese Juzgado estuvo en funcionamiento hasta el 13 de diciembre de 2024, de conformidad con el Acuerdo PCSJA24 -12140 del 30 de enero de 2024,

cierto era que ese Juzgado estuvo en funcionamiento hasta el 13 de diciembre de 2024, de conformidad con el Acuerdo PCSJA24 -12140 del 30 de enero de 2024, pues para el año 2025 se crearon los juzgados 601, 602, 603, 604 y 605 (Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025) a partir del 30 de febrero y funcionarán hasta el 12 de diciembre de esta anualidad. En el caso concreto el a quo indicó que al realizar la consulta en el aplicativo Samai, del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35008-2022-00263-00 observó que el Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá es la autoridad que tiene a cargo el mencionado proceso. Indicó que, el derecho de petición no debe utilizarse para impulsar procesos, pues en el ordenamiento legal existen términos y oportunidades para hacer las solicitudes tendientes a la defensa de esos intereses, de ahí que esta acción es improcedente para la protección del derecho de petición dado que no se enmarca dentro de las actuaciones administrativas propias del Juzgado, por el contrario el contenido de la solicitud se relaciona con el acceso a las piezas procesales, lo cual corresponde a una solicitud del proceso judicial. De otro lado explicó que, si bien el actor en el escrito de tutela mencionó de forma muy somera que el proceso no ha tenido avances significativos, lo cierto es que existe una mora judicial injustificada pues el expediente fue sometido a reparto desde el 14 de julio de 2022 y, hasta la fecha, han transcurrido 2 años y 7 meses sin que se haya resuelto sobre la admisibilidad o rechazo de la demanda. Esto a

desde el 14 de julio de 2022 y, hasta la fecha, han transcurrido 2 años y 7 meses sin que se haya resuelto sobre la admisibilidad o rechazo de la demanda. Esto a pesar de que los Juzgados Transitorios previos han proferido dos autos, el primero del 28 de agosto de 2023, mediante el cual se inadmitió la demanda y el, segundo, del 30 de mayo de 2024, en el cual se realizó un requerimiento previo. De ahí que el tiempo transcurrido excede el plazo razonable para resolver sobre los aspectos iniciales del proceso, vulneran do así el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Afirmó que la demora de más de 2 años en resolver sobre la admisión o rechazo de la demanda pone en evidencia una dilación que afecta la confianza en la administración de justicia. Señaló que no es correcto el argumento de la transitoriedad y cambio anual de titular del despacho que planteó la accionada para justificar la mora, dado que la responsabilidad del impulso de los procesos y la correcta tramitación de los mismos recae en el funcionario judicial actual que ejerce las funciones jurisdiccionales «sin importar la responsabilidad de la mora en que hayan incurrido los funcionarios que estuvieron a cargo del proceso en el pasado y no cumplieron debidamente con sus funciones.», pues a pesar de la transitoriedad del juzgado se tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los plazos procesales y la debida administración de justicia de los procesos bajo su conocimiento. Por lo anterior, el Tribunal amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia por mora judicial injustificada y ordenó a la accionada proveer sobre la admisión o rechazo de la demanda.

6. Impugnación

Por lo anterior, el Tribunal amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia por mora judicial injustificada y ordenó a la accionada proveer sobre la admisión o rechazo de la demanda.

6. Impugnación Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Bogotá impugnó 8 el fallo de primera instancia, reiterando los planteamientos que expuso en su contestación, y añadió los

siguientes argumentos:

8 Samai, índice 15. Expediente Nro. 25000-23-15-000-2025-00117-00.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00117-01

Demandante: David Fernando Prieto Ayala

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó de oficio el derecho al acceso a la administración de justicia, tras considerar que ese Juzgado tenía la obligación de garantizar el cumplimiento de los plazos procesales de los expedientes a su cargo, pese a la transitoriedad de esos juzgados, a los problemas estructurales de congestión judicial y a que el medio de control Nro. 11001 -33-35008-2022-00263-00 se encuentra en el turno Nro. 622. Indicó que contrario a la postura del Tribunal, ese Juzgado desde que inició sus labores el 20 de febrero de 2025 ha procurado salvaguardar los derechos de los usuarios, tan es así que «los resultados del mes que lleva operando este Juzgado lo han

Indicó que contrario a la postura del Tribunal, ese Juzgado desde que inició sus labores el 20 de febrero de 2025 ha procurado salvaguardar los derechos de los usuarios, tan es así que «los resultados del mes que lleva operando este Juzgado lo han demostrado con estadísticas impecables, pues a la fecha y pese al corto tiempo de ejecución, un (1) mes y once (11) días, se han conocido un aproximado de 134 procesos de los más de mil que tie ne a su cargo, profiriendo a la fecha 60 sentencias y 240 autos.». Esto teniendo en cuenta que ese Juzgado opera solamente con un juez, un profesional universitario, un oficial mayor y un secretario, sumado a que tiene una carga total de 1993 procesos y que estudia los procesos en orden de radicación y antigüedad, conforme al artículo 4 del Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025, en consonancia con el artículo 63 A, de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024 y el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. Por lo que, pretender que se dé trámite a todos los procesos no es posible por el «limitado equipo de trabajo y las metas exigidas mensuales, pues implicaría conocer un aproximado diario de 27 procesos, formula (sic) que resulta inadecuada si quiera para un Juzgado o Tribunal Permanente, los cuales cuentan con el doble o triple de personal.». Mencionó que, si bien el Tribunal reconoció la sobrecarga del juzgado, determinó la existencia de una mora judicial injustificada al haber transcurrido 2 años y 7 meses sin que se hubiera resuelto sobre la admisibilidad o rechazo del medio de control,

Mencionó que, si bien el Tribunal reconoció la sobrecarga del juzgado, determinó la existencia de una mora judicial injustificada al haber transcurrido 2 años y 7 meses sin que se hubiera resuelto sobre la admisibilidad o rechazo del medio de control, sin embargo, no tuvo en cuenta las cuatro medidas transitorias interrumpidas, los diferentes titulares de ese despacho, la suspensión de su funcionamiento por 3 o 4 meses, lo que justifica la dilación. Como fundamento citó la sentencia SU -179 de 2021. Dijo que el proceso Nro. 11001-33-35-008-2022-00263-00 ingresó a ese despacho el 20 de febrero de 2025, es decir hace 1 mes y 11 días, lo que evidencia que ese expediente no ha durado un periodo de 2 años y 7 meses sin trámite en ese despacho. Resaltó que no es su deber alterar los turnos establecidos para conocer de los procesos, ya que de hacerlo se contraría la ley, el acuerdo de creación de los Juzgados Transitorios, la jurisprudencia (sentencia del 28 de marzo de 2019. Exp. 11001-03-25-000-2013-00608-00), encaminando esta actuación a un prevaricato. Mencionó que tampoco se encuentra acreditado el requisito de la inmediatez, pues la demanda fue presentada en el 14 de julio de 2022, y es hasta el año 2025, que presentó a la acción constitucional, lo que demuestra que el accionante está acudiendo a esta acción para impulsar su proceso ordinario. Finalmente indicó que en este caso no se encuentra demostrada la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la priorización respecto de los otros 621

acudiendo a esta acción para impulsar su proceso ordinario. Finalmente indicó que en este caso no se encuentra demostrada la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la priorización respecto de los otros 621 procesos, como tampoco se demostró que el actor es un sujeto de especial protección. Por ello solicitó que la decisión de primera instancia sea revocada y que se le permita continuar con el orden de los turnos establecidos para conocer los procesos. Como anexos a su impugnación allegó: (i) la constancia de envío del 20 de febrero de 2025 del expediente desde la Oficina de Sistemas de los Juzgados Administrativos de Bogotá al Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá, (ii) la constancia de envío del expediente desde el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Bogotá, (iii) copia del acta de posesión del 17 de febrero de 2025, (iv) el Acuerdo Nro. 003 de 10 de febrero de 2025 (nombramiento en provisionalidad), (v) copia del Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00117-01

Demandante: David Fernando Prieto Ayala

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 9, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 9, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herram ientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico Le corresponde a la Sala analizar los argumentos planteados por el Juzgado 601

Administrativo Transitorio de Bogotá en el escrito de impugnación para determinar si le asistió razón a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para conceder el amparo del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, por considerar que existe una tardanza en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 1100133-35-008-2022-00263-00, debido a que no se ha resuelto sobre la admisión o rechazo de la demanda, pese a que han transcurrido 2 años y 7 meses desde que el expediente fue sometido a reparto (14 de julio de 2022); circunstancia que excede el plazo razonable para resolver sobre los aspectos iniciales del proceso.

3. La mora judicial y la noción de plazo razonable Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona tiene

Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona tiene derecho a «un debido proceso público sin dilaciones injustificadas». La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se configura cuando: «(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad p rocesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora»10. Con base en lo anterior, se puede afirmar que el sólo incumplimiento de un término establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo, se ha insistido en que dadas las condiciones que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a negligencia11. Debe decirse entonces que, la mora judicial corresponde al incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su cargo.

Debe decirse entonces que, la mora judicial corresponde al incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su cargo.

9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto». 10 Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2006. 11 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R. Radicado: 11001-03-15-000-2

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