CE - Sentencia 25000232600020040078002

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Título
CE - Sentencia 25000232600020040078002
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN TERCERA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 25000232600020040078001 (71.644)

Demandantes: Castro Tcherassi S.A y otros Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: CLÁUSULA COMPROMISORIA Y POTESTADES PÚBLICAS - La inclusión de una cláusula compromisoria en el contrato de obra garantizado no implicaba que el IDU perdiera la potestad de declarar la ocurrencia del riesgo cubierto por el amparo de estabilidad la o bra / AMIGABLE COMPOSICIÓN - su función no se limita a resolver un aspecto técnico; también comprende la deducción de las consecuencias que de este se deriven. Esto obedece a que entre sus facultades está la de precisar el estado y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico / DEBIDO PROCESO - Esta garantía no solo se predica del contratista, sino también de todos los interesados con legitimación para intervenir en la actuación administrativa contractual, incluyendo a la aseguradora que expide la póliza destinada a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de aquel / PRUEBA DE LA CAUSA DEL DAÑO EN OBRAS PÚBLICAS - Si bien la existencia del nexo causal entre dos eventos no puede probarse por regla general de manera directa, sí puede establecerse mediante inferencias. En consecuencia, el objeto de la prueba se centra en la generalización

del nexo causal entre dos eventos no puede probarse por regla general de manera directa, sí puede establecerse mediante inferencias. En consecuencia, el objeto de la prueba se centra en la generalización empírica que vincula las evidencias de un hecho determinado —como el uso de relleno fluido o el espesor de la losa— con la ocurrencia de otro evento —como la aparición de baches o fisuras— / MODIFICACIÓN DEL DISEÑO - si el Consorcio Constructor se apartaba de los parámetros de diseño y esa desviación era la causa de los deterioros que presentó la obra una vez concluida, el daño le era imputable / PRINCIPIO INDEMNIZATORIO Y AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA - La inclusión del porcentaje de AIU en el presupuesto utilizado para determinar el valor de las obras de reparación de las losas —base para cuantificar el perjuicio— no implicaba indemnizar un lucro cesante.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 22 de enero de 2015 y la complementaria del 7 de febrero de 2024, dictadas por el Trib unal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

La controversia versa sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el IDU hizo efectivo el amparo de estabilidad de una obra. La entidad adoptó esta decisión ante las fallas presentadas en las losas de pavimento. El contratista que construyó la obra y la aseguradora que expidió la póliza solicitaron la nulidad de tales actos, el restablecimiento de sus derechos y la reparación de los perjuicios causados por su expedición.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

construyó la obra y la aseguradora que expidió la póliza solicitaron la nulidad de tales actos, el restablecimiento de sus derechos y la reparación de los perjuicios causados por su expedición.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. En la sentencia del 22 de enero de 2015, se resolvió lo siguiente1:

“PRIMERO: DECLÁRESE no próspera la excepción denominada “Genérica”, alegada por el demandado INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU dentro de la demanda acumulada número 250002326000200401731 -01, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este fallo.

1 La transcripción es literal e incluye errores.Radicación: 25000232600020040078001 (71.644)

Actor: Castro Tcherassi y Cía. Ltda. y otros

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Referencia: Controversias contractuales

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SEGUNDO: NIÉGUESE las pretensiones de la demanda acumulada número 250002326000200401731-01, promovida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. – CONFIANZA contra el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, teniendo en cuenta lo estudiado en este proveído.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia LIQUÍDENSE por Secretaría los gastos del proceso. Devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial”2.

proceso. Devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial”2.

2. En cumplimiento de lo ordenado por esta Corporación en auto del 29 de agosto de 20223, el Tribunal dictó una sentencia complementaria el 7 de febrero de 2024, en la

que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: Niéguense las pretensiones de la demanda [promovida por las sociedades Castro Tcherassi y Cía. Ltda. y Equipo Universal y Cía. Ltda. en c ontra del IDU, bajo el proceso con radicado 250002326000200400780 -01], conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada, por Secretaría, liquídense los gastos del proceso, devuélvase los remanentes a la accionante, déjense las constancias que sean necesarias y archívese”4.

3. Las anteriores providencias estudiaron dos demandas: la presentada en el proceso 2004-00780-01 por las sociedades Castro Tcherassi y Cía. Ltda. y Equipo Universal y Cía. Ltda., que integraban un consorcio con la misma denominación (en adelante, el “Consorcio Constructor”), y la promovida por la Compañía Aseguradora de Fianzas

2 Cuad ppal., pp. 556-557. 3 En la sentencia del 22 de enero de 2015 (numeral 5.1), el Tribunal Administrativo resolvió lo siguiente sobre la demanda presentada por el Consorcio Constructor: “PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado

3 En la sentencia del 22 de enero de 2015 (numeral 5.1), el Tribunal Administrativo resolvió lo siguiente sobre la demanda presentada por el Consorcio Constructor: “PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de la referencia por falta de jurisdicción y de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de la demanda principal con el radicado número 250002326000200400780 -01, promovida por el contratista CONSORCIO CASTRO TCHERASSI & CÍA LTDA. y EQUIPO UNIVERSAL Y CÍA LTDA. contra el contratante, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU ante la existencia de cláusula compromisoria celebrada entre las partes dentro del Contrato de Obra Número 089 del 23 de febrero de 2000. / SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y estando en firme esta providencia, por Secretaría ENVIAR el expediente al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., para lo de su cargo y señalar que, para todos los efectos, se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la demanda ante esta Jurisdicción, es decir el día 20 de abril de 2004. / TERCERO: SEÑALAR el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, para que las partes inicien el trámite de integración del correspondiente Tribunal de Arbitramento”. Sin embargo, en providencia del 29 de agosto de 2022, el Despacho del Consejero Ponente adoptó la siguiente decisión: “PRIMERO: REVOCAR la providencia del 22 de enero de 2015 proferida por el

Arbitramento”. Sin embargo, en providencia del 29 de agosto de 2022, el Despacho del Consejero Ponente adoptó la siguiente decisión: “PRIMERO: REVOCAR la providencia del 22 de enero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C., en relación con la declaratoria de nulidad por falta de jurisdicción y competencia frente al proceso con radicación No. 2004-00780. / SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente al Tr ibunal de origen, quien deberá decidir de fondo, en sentencia complementaria, la demanda presentada bajo el proceso con radicado No. 2004 -00780. / TERCERO: ORDENAR que una vez proferida la sentencia complementaria y vencido el término para que las partes s e pronuncien frente a la decisión adoptada, el expediente sea enviado a esta Corporación para resolver sobre los recursos que se concedan, incluido el que ya interpuso Confianza S.A. / CUARTO: Sin condena en costas”. Esta decisión se sustentó en que: (i) las partes renunciaron tácitamente a la cláusula compromisoria, extinguiendo el pacto arbitral por mutuo disenso; (ii) la jurisprudencia que posteriormente negó la posibilidad de renuncia tácita no era aplicable retroactivamente; (iii) la nulidad de lo actuado constituye una irregularidad procesal que se declara en un auto, no en una sentencia; y (iv) para garantizar el derecho a la doble instancia, el Tribunal debía emitir un pronunciamiento de fondo en sentencia complementaria. (Samai CE [20040078001], Índice 38). 4 Samai Tribunal, Índice 373, p. 35.Radicación: 25000232600020040078001 (71.644)

[20040078001], Índice 38). 4 Samai Tribunal, Índice 373, p. 35.Radicación: 25000232600020040078001 (71.644)

Actor: Castro Tcherassi y Cía. Ltda. y otros

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Referencia: Controversias contractuales

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S.A. (en adelante, “Confianza”) en el proceso 2004-01731, acumulado al primero5. Sus pretensiones, hechos relevantes y fundamentos jurídicos se sintetizan a continuación. Demanda del proceso principal

4. El Consorcio Constructor solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 14321 de 2003, mediante la cual el IDU declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra e hizo efectiva la garantía de cumplimiento, y de la Re solución 4038 de 2004, que la confirmó (pretensiones 1ª y 2ª). Pidió que se declare que no era responsable de las fallas de la obra que el IDU le atribuyó en dichas resoluciones, por lo que no procedía hacer efectiva la garantía (pretensión 3ª). Como consecuencia de lo anterior, reclamó que, en caso de haberse efectuado el pago del siniestro, se ordene al IDU su devolución y se le condene a pagar los perjuicios ocasionados al contratista por la expedición de los actos demandados (pretensiones 4ª y 4ª bis). Finalmente, solicitó la liquidación de intereses moratorios sobre las sumas reclamadas y que se ordene al IDU el pago de la condena conforme al artículo 177 del CCA, junto con las costas procesales (pretensiones 5ª a 8ª)6.

liquidación de intereses moratorios sobre las sumas reclamadas y que se ordene al IDU el pago de la condena conforme al artículo 177 del CCA, junto con las costas procesales (pretensiones 5ª a 8ª)6.

5. Como sustento fáctico de sus pretensiones, expuso que en diciembre de 1998 el Distrito Capital celebró un contrato de consultoría con la firma Steer Davies & Gleave

(en adelante, “Steer Davies”), para elaborar los estudios y diseños de las obras de infraestructura a ejecutar sobre la Avenida Caracas, incluidas las adecuaciones para la operación del sistema de transporte masivo TransMilenio.

6. El 23 de febrero de 2000, el IDU y el Consorcio Constructor celebraron el contrato

de obra 089 para ejecutar, sobre la Avenida Caracas —entre la calle 6ª y la calle 80— , la rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y la adecuación de las calzadas centrales para la operación de TransMilenio. El valor del contrato se estimó en $33.501’273.786.

7. Para el seguimiento técnico de las obras, el IDU y el Consorcio Ingetec –PIV–La Viabilidad (en adelante, el “Interventor”) suscribieron el contrato de interventoría 126 de 2000. Por otra parte, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Consorcio Constructor tomó un seguro de cumplimiento con la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A, que amparó la estabilidad de la obra.

8. La ejecución del contrato de obra 089 comenzó el 23 de marzo de 2000. Las obras finalizaron el 7 de febrero de 2001 y fueron recibidas provisional mente el 7 de marzo

8. La ejecución del contrato de obra 089 comenzó el 23 de marzo de 2000. Las obras finalizaron el 7 de febrero de 2001 y fueron recibidas provisional mente el 7 de marzo siguiente por el IDU y el Interventor, fecha desde la cual corrió el período de garantía de un año. Durante ese término, el IDU remitió al Consorcio Constructor una lista de defectos constructivos y encomendó al Interventor la supervisión de las reparaciones, que se realizaron entre el 8 de marzo y el 5 de julio de 2002. En paralelo con las reparaciones cubiertas por la garantía contractual, se ejecutaron obras para subsanar

5 En auto del 12 de mayo de 2010, se resolvió lo siguiente: “ Decrétese la acumulación del proceso 200401731 Magistrado ponente Juan Carlos Garzón Martínez, al proceso 2004-0780 que cursa en este Despacho, para ser tramitados en un mismo procedimiento, y decididos en una misma sentencia”. Cuad 55, p. 65. 6 La demanda del Consorcio Constructor, presentada el 20 de abril de 2004 (Cuad. 44, p. 435), fue reformada el 9 de agosto del mismo año (Cuad. 44, pp. 150 -197). La síntesis de la demanda corresponde a la versión reformada.Radicación: 25000232600020040078001 (71.644)

Actor: Castro Tcherassi y Cía. Ltda. y otros

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Referencia: Controversias contractuales

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daños en las zonas de paraderos de TransMilenio, cuyo origen, s egún el contratista, no le era imputable.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Referencia: Controversias contractuales

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daños en las zonas de paraderos de TransMilenio, cuyo origen, s egún el contratista, no le era imputable.

9. El 19 de diciembre de 2002, el IDU y el Consorcio Constructor suscribieron el acta n.º 43 de liquidación del contrato. En ella acordaron acudir a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para resolver las diferencias sobre las causas de los daños en las losas adyacentes a los paraderos de TransMilenio. Además, se dejó consignado que la entidad solicitaría un estudio técnico a la Universidad Nacional de Colombia, en virtud del convenio celebrado entre el IDU y dicha institución universitaria para la evaluación de las obras amparadas con pólizas vigentes.

10. En agosto de 2003, la Universidad Nacional entregó el estudio técnico sobre el origen de las fallas. El 30 de diciembre de ese año, el IDU expidió la Resolución 14321, mediante la cual: (i) declaró la ocurrenci a del riesgo cubierto por el amparo de estabilidad de la obra de la póliza expedida por Confianza, (ii) hizo efectiva esta garantía por $7.762’055.404 y (iii) dispuso que el pago de esa suma se realizara dentro del mes siguiente a la firmeza del acto administrativo. La decisión se sustentó en que, según el estudio del ente universitario, la causa de los daños en la Avenida Caracas fue la “modificación al diseño” no aprobada por el IDU, consistente en utilizar relleno fluido como material de nivelación de la estructura de pavimento —y no solo en

según el estudio del ente universitario, la causa de los daños en la Avenida Caracas fue la “modificación al diseño” no aprobada por el IDU, consistente en utilizar relleno fluido como material de nivelación de la estructura de pavimento —y no solo en actividades de bacheo—, así como en un deficiente proceso constructivo en el sellado de las juntas.

11. El 30 de enero de 2004, el Consorcio Constructor interpuso recurso de reposición contra la Resolución 14321 de 2003. Mediante la Resolución 4038 del 26 de marzo de 2004, el IDU desestimó el recurso y confirmó íntegramente su decisión.

12. En los fundamentos jurídicos de la demanda, el Consorcio Constructor formuló cuatro cargos de nulidad contra tales resoluciones.

13. En primer lugar, sostuvo que el IDU carecía de competencia para expedirlas, dado que la cláusula 50 del contrato establecía un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, pero la entidad decidió unilateralmente la controversia mediante acto administrativo. En esta línea, explicó que las causas de las fallas en la troncal de la

Avenida Caracas eran idénticas tanto en las zonas de los paraderos del sistema TransMilenio como en aquellas sin tales estructuras, por lo que la controversia debía someterse al conocimiento de un tercero especializado: el amigable componedor designado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

14. En segundo lugar, sostuvo que las resoluciones fueron falsamente motivadas por tres razones: (a) la causa de las fallas no fue la utilización del relleno fluido ni los defectos en el proceso constructivo de las juntas, sino el reducido espesor de las losas,

14. En segundo lugar, sostuvo que las resoluciones fueron falsamente motivadas por tres razones: (a) la causa de las fallas no fue la utilización del relleno fluido ni los defectos en el proceso constructivo de las juntas, sino el reducido espesor de las losas, las infiltraciones de agua provenientes de los paraderos diseñados y construidos por otros contratistas, y la falta de mantenimiento de sellos y juntas; (b) no se produjo una modificación de las diseños, pues los suministrados por el IDU contemplaba n el uso del relleno fluido para actividades de nivelación; y, (c) la entidad aprobó la utilización de ese material en el procedimiento constructivo.Radicación: 25000232600020040078001 (71.644)

Actor: Castro Tcherassi y Cía. Ltda. y otros

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Referencia: Controversias contractuales

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15. En tercer lugar, sostuvo que las resoluciones se expidieron con violación de normas superiores, en particular del artículo 83 de la Constitución Política y del artículo 28 de la Ley 80 de 1993, al desconocer el principio de buena fe. Precisó que el uso del relleno fluido como material de nivelación de la estructura de pavimento se contempló no solo para las obras de la Avenida Caracas, sino también para las de la Autopista

Norte, la Calle 13 y la vía a La Calera. Por ello, sostuvo que cuestionar la utilización de dicho material, autorizado por el IDU en el plan de manejo de tránsito y en las especificaciones técnicas del contrato, implicaba venir contra los actos propios y desconocer el principio de buena fe.

16. Finalmente, sostuvo que las resoluciones se expidieron con desconocimiento del

especificaciones técnicas del contrato, implicaba venir contra los actos propios y desconocer el principio de buena fe.

16. Finalmente, sostuvo que las resoluciones se expidieron con desconocimiento del derecho de defensa, pues se negó la práctica del dictamen p ericial solicitado por el Consorcio Constructor para controvertir el estudio técnico elaborado por la Universidad

Nacional. Contestación de la demanda del proceso principal

17. El IDU se opuso a la prosperidad de las pretensiones y sostuvo que el mecanismo de solución de controversias previsto en la cláusula 50 del contrato —que contemplaba la intervención de un conciliador y la eventual conformación de un tribunal arbitral — no resultaba aplicable para hacer efectiva la garantía. Afirmó que, en este caso, debía observarse lo previsto en las condiciones generales de la póliza de seguro, las cuales exigían la expedición de un acto administrativo por la entidad estatal asegurada.

Añadió que en el acta 43 de liquidación parcial del contrato, las partes únicament e convinieron someter a la Sociedad Colombiana de Ingenieros las diferencias relativas a la causa de las fallas en las zonas de paraderos de TransMilenio. En línea con ello, precisó que esas fallas en la estructura de pavimento no motivaron la declaratoria del siniestro ni se incluyeron en la cuantificación de la pérdida7.

18. Sostuvo que no se vulneraron las normas superiores que consagran el principio de buena fe. Explicó que el IDU no aprobó durante la ejecución del contrato el uso de relleno fluido como m aterial de nivelación. Precisó que, conforme a los estudios y especificaciones elaborados por Steer Davies, ese material podía emplearse en

de buena fe. Explicó que el IDU no aprobó durante la ejecución del contrato el uso de relleno fluido como m aterial de nivelación. Precisó que, conforme a los estudios y especificaciones elaborados por Steer Davies, ese material podía emplearse en actividades de bacheo, pero no se autorizó su uso para la nivelación de la estructura donde se instalaron las losas de concreto, pues en ellas se determinó la utilización de material granular. Añadió que el plan de manejo de tránsito, citado por el Consorcio Constructor, no constituía un documento destinado a fijar especificaciones técnicas ni procedimientos constructivos.

19. Precisó que el pago de las cantidades de relleno fluido empleadas por el contratista, así como la autorización de mayores volúmenes, no configuraban una modificación consentida del diseño, sino únicamente la remuneración de las actividades ejecutadas. Añad ió que ni ese pago ni el recibo de la infraestructura liberaban al contratista de su deber de responder por la calidad y estabilidad de la obra.

Destacó que, en su condición de profesional conocedor de la lex artis, el contratista está sometido a un régime n especial de responsabilidad, y que el artículo 2060.3 del

7 Cuad. 44, pp. 71-140.Radicación: 25000232600020040078001 (71.644)

Actor: Castro Tcherassi y Cía. Ltda. y otros

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Referencia: Controversias contractuales

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Código Civil lo hace responsable de las fallas de la obra, sin que la conducta del IDU consistente en ordenar el pago del relleno fluido lo exonere de responsabilidad.

Referencia: Controversias contractuales

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Código Civil lo hace responsable de las fallas de la obra, sin que la conducta del IDU consistente en ordenar el pago del relleno fluido lo exonere de responsabilidad.

20. Sostuvo que las resolucione s se motivaron debidamente, pues el estudio de la Universidad Nacional estableció que el diseño de las cubiertas de las estaciones, las cuales vertían las aguas lluvias hacia las calzadas de TransMilenio, no fue determinante en la aparición de los deterior os. Indicó que la causa residió en la decisión del Consorcio Constructor de apartarse del diseño al emplear relleno fluido como material para la conformación de la base de las losas de pavimento en concreto, cuya condición de material erodable comprometía la estabilidad de la estructura.

Señaló que el espesor de las losas tampoco originó las fallas, dado que cumplía con el criterio de fatiga y resultaba idóneo para garantizar la durabilidad prevista en las especificaciones. Añadió que el Interventor concluyó que las deficiencias no obedecían a la falta de mantenimiento de la infraestructura.

21. Finalmente, adujo que las resoluciones se expidieron garantizando el debido proceso, pues la Resolución 4038 de 2004 —mediante la cual se negó el decreto y la práctica del dictamen pericial — resolvió el recurso reposición presentado por el contratista, el cual debía decidirse de plano conforme al artículo 56 del CCA.

22. En el auto admisorio de la demanda del proceso principal se ordenó vincular a Confianza como litisconsorte necesario del Consorcio Constructor 8. En su escrito de intervención, Confianza manifestó su coadyuvancia a las pretensiones, aportó

22. En el auto admisorio de la demanda del proceso principal se ordenó vincular a Confianza como litisconsorte necesario del Consorcio Constructor 8. En su escrito de intervención, Confianza manifestó su coadyuvancia a las pretensiones, aportó documentos y solicitó la práctica de testimonios, sin formular pretensiones propias ni cargos de nulidad adicionales9.

Demanda del proceso acumulado

23. Confianza solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones 14321 de 2003 y 4038 de 2004 (pretensión 1ª). Pidió, a título de restablecimiento del derecho, que se declare que no estaba obligada a pagar suma alguna derivada de la decisión que hizo efectivo el amparo de estabilidad de la obra y que, en caso de haberse efectuado el pago al momento de la sentencia, se ordene la devolución de la suma indexada junto con intereses moratorios o corrientes (pretensiones 2ª y 3ª). Finalmente, solicitó que se condene al IDU al pago de los perjuicios ocasionados por la expedición de los actos demandados y al de las costas procesales (pretensiones 4ª y 5ª)10.

24. En subsidio de las anteriores pretensiones, pidió que se declare la nulidad del artículo 2º de la Resolución 14321 de 2003, mediante el cual se ordenó hacer efectiva la garantía por $7.762’055.404, así como la nulidad parcial de la Resolución 4038 de 2004 en cuanto confirmó esa decisión (pretensiones 1ª y 2ª). Solicitó, como restablecimiento del derecho, que se declare que no estaba obligada a pagar esa suma y que, de haberse efectuado el pago al momento de la sentencia, se ordene su

2004 en cuanto confirmó esa decisión (pretensiones 1ª y 2ª). Solicitó, como restablecimiento del derecho, que se declare que no estaba obligada a pagar esa suma y que, de haberse efectuado el pago al momento de la sentencia, se ordene su devolución —total o par cial—, junto con los intereses moratorios o corrientes (pretensiones 3ª y 4ª). Finalmente, pidió que se condene al IDU al pago de los

8 Cuad. 44, p. 58. 9 Cuad. 44, pp. 141-147. 10 Cuad. 43, pp. 2-26.Radicación: 25000232600020040078001 (71.644)

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Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Referencia: Controversias contractuales

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perjuicios derivados de la expedición de los actos demandados y al de las costas procesales (pretensiones 5ª y 6ª).

25. Como sustento fáctico de sus pretensiones, hizo referencia a hechos coincidentes con los relatados en la demanda del proceso principal.

26. En los fundamentos de derecho de la demanda, afirmó que las Resoluciones 14321 de 2003 y 4038 de 2004 se expidieron con infracción de las siguientes normas

superiores:

27. Los artículos 29 de la Constitución Política, 1602 del Código Civil y 70 de la Ley 80 de 1993, así como la cláusula 50 del contrato, dado que las partes habían convenido mecanismos alternativos de solución de controversias, incluido el arbitraje; sin embargo, el IDU resolvió unilateralmente la controversia sobre la causa de los daños

80 de 1993, así como la cláusula 50 del contrato, dado que las partes habían convenido mecanismos alternativos de solución de controversias, incluido el arbitraje; sin embargo, el IDU resolvió unilateralmente la controversia sobre la causa de los daños en las losas de concreto de la troncal de la Avenida Caracas.

28. Los artículos 29 de la Constitución Política y 35 del CCA, pues el IDU basó sus decisiones en el estudio técnico de la Universidad Nacional sin vincular a Confianza al procedimiento administrativo ni permitirle controvertir su contenido.

29. Los artículos 1045, 1054 y 1072 del Código de Comercio, porque los daños en las losas de concreto no eran atribuibles a una modif icación del diseño por parte del Consorcio Constructor ni a deficiencias en el procedimiento constructivo, sino a otros factores: (a) deficiencias de los diseños suministrados por el IDU; (b) los defectos de otras estructuras, como los paraderos; (c) las i nstrucciones impartidas por la entidad sobre la forma de adelantar los trabajos; y (d) la inadecuada operación y mantenimiento de la infraestructura.

30. El artículo 1602 del Código Civil, porque el IDU promovió el uso del relleno fluido y contempló su apli cación en la nivelación de las calzadas dentro de las especificaciones técnicas, así como en el plan de manejo de tránsito. Añadió que la entidad no objetó ese uso, sino que autorizó mayores cantidades del material y dispuso su pago.

31. Los artículos 1077, 1088 y 1090 del Código de Comercio, ya que la cuantificación

entidad no objetó ese uso, sino que autorizó mayores cantidades del material y dispuso su pago.

31. Los artículos 1077, 1088 y 1090 del Código de Comercio, ya que la cuantificación de la pérdida se fundamentó exclusivamente en el estudio de la Universidad Nacional, que la estimó con base en los costos directos de demolición de losas, retiro del relleno fluido y su reemplaz o por mezcla asfáltica, incluyendo un AIU del 25%. Señaló que, para extender la cobertura del amparo de estabilidad al lucro cesante o al valor de reposición o reemplazo del bien asegurado, se requería una estipulación expresa.

Contestación de la demanda del proceso acumulado

32. El IDU se opuso a la prosperidad de las pretensiones y sostuvo que, en la expedición de las resoluciones no se infringieron normas de jerarquía superior 11.

Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda principal frente a tres aspectos: (i) la inaplicabilidad del mecanismo contractual de resolución de controversias para la declaratoria del siniestro, (ii) la imputabilidad de las fallas de la

11 Cuad. 43, pp. 34-73.Radicación: 25000232600020040078001 (71.644)

Actor: Castro Tcherassi y Cía. Ltda. y otros

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Referencia: Controversias contractuales

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obra al contratista y (iii) la ausencia de autorización para emplear rell eno fluido como material de nivelación.

33. También sostuvo que no se desconoció el artículo 29 de la Constitución Política, porque Confianza tuvo oportunidad de conocer y controvertir el estudio de la

material de nivelación.

33. También sostuvo que no se desconoció el artículo 29 de la Constitución Política, porque Confianza tuvo oportunidad de conocer y controvertir el estudio de la Universidad Nacional, derecho ejercido mediante el recurso de reposición interpuesto contra el act o administrativo que hizo efectiva la garantía. Agregó que tampoco se infringieron los artículos 1077, 1088 y 1090 del Código de Comercio, dado que el amparo de estabilidad cubría a la entidad frente a los perjuicios derivados del deterioro de las obras qu e impidieran su servicio, lo que obligaba a Confianza a asumir los costos totales de la reparación. Precisó, además, que en la cuantificación de la pérdida no se incluyó lucro cesante, pues el AIU correspondía al c

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