CE - Sentencia 25000232600020050069402

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 25000232600020050069402
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Radicación: 25000-23-26-000-2005-00694 02 (71.060) Demandante: Distrito Capital de Bogotá -Secretaría de Hacienda Demandados: Carmenza Saldías Barreneche y otros Referencia: Repetición CCA Temas: ACREDITACIÓN DEL PAGO – Pago por consignación de condenas judiciales a cargo de entidades / Depósito judicial a cargo del juzgado competente – Ley 179 de 1994 y artículos 1657 y 1658 del Código Civil – El valor de la condena debe ponerse a disposición del beneficiario. 1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 2 de noviembre de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO 2. Se pretende la declaratoria de responsabilidad de los señores Carmenza Saldías Barreneche, Clara Esperanza Salazar Arango y Henry Rodríguez Sosa por la condena impuesta a la entidad demandante en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Jaime Hernando Cortés Casas, quien no fue incorporado en la nueva planta de personal de la Secretaría de Hacienda. 3. En la demanda se afirma que al referido señor se le informó que mediante Decreto 034 de 1997 se suprimió el cargo de profesional especializado grado 16 que ocupaba en dicha entidad -lo cual no era ciertoy, por esa razón, fue que él optó por el pago de una indemnización. ANTECEDENTES 4. En escrito

le informó que mediante Decreto 034 de 1997 se suprimió el cargo de profesional especializado grado 16 que ocupaba en dicha entidad -lo cual no era ciertoy, por esa razón, fue que él optó por el pago de una indemnización. ANTECEDENTES 4. En escrito presentado el 7 de marzo de 20051, el Distrito Capital de Bogotá, a través de apoderado judicial, demandó en repetición a los señores Carmenza Saldías Barreneche, Clara Esperanza Salazar Arango y Henry Rodríguez Sosa, con el fin de que se declare su responsabilidad y consecuencialmente se les ordene reintegrar la suma de dinero que dicha entidad tuvo que pagar, en virtud

1 Folio 40 del cuaderno de primera instancia.Radicación: 250002326000200500694 02 (71.060) Actor: Bogotá Distrito Capital -Secretaría de Hacienda Demandado: Carmenza Saldías Barreneche y otros Referencia: Repetición 2

2 de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 25000-23-25-000-1997-44247-012. 5. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente: 6. Mediante Decreto 034 de 1997, suscrito por la alcaldesa mayor encargada de Bogotá, se modificó la planta de personal de la Secretaría de Hacienda Distrital y se determinó, entre otras cosas, la supresión del cargo que ocupaba el señor Jaime Hernando Cortés Casas, quien se desempeñaba como profesional especializado grado 16, desde el 25 de mayo de 1987, inscrito en carrera administrativa. 7. Por esta razón, el referido señor promovió un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de que se anulara el Decreto 034 de 1997 y se ordenara su reintegro a la entidad. 8. El proceso fue tramitado bajo el radicado 25000-23-25-000-1997-44247-01 y su conocimiento le correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, en sentencia del 27 de agosto de 1999, accedió a las súplicas de la demanda3. 9. En providencia del 24 de agosto de 2001, la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la declaratoria de nulidad del Decreto 034 de 1997, con fundamento en que se incurrió en las causales de desviación de poder y falsa motivación, debido a que, en realidad, no se suprimió el cargo que ocupaba el actor, sino que, por el contrario, se crearon dos con la misma denominación, al punto que se dispuso la vinculación de otros funcionarios que no estaban escalafonados, con lo que se desconoció el derecho de preferencia que tenía el

2 La pretensiones se transcriben de forma literal, con posibles errores incluidos: “Que CARMENZA SALDÍAS BARRENECHE, CLARA ESPERANZA SALAZAR ARANGO y HENRY RODRIGUEZ SOSA, identificados como quedó establecido anteriormente, son civilmente responsables, como consecuencia de la conducta gravemente culposa por Desviación de Poder, que dio origen a la condena impuesta contra Bogotá, D.C., en razón a la declaratoria de nulidad del decreto 034 del de enero de 1997 en cuanto dejaron de incorporar en la nueva planta de personal al señor JAIME HERNANDO CORTES CASAS identificado con la C.C. N° 19.252.801 de Bogotá en el cargo de Profesional Especializado Grado 16. 2. Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a los demandados al pago de la suma de dinero a que hubiere lugar, y que Bogotá, D. C., canceló al señor JAIME HERNANDO CORTES CASAS. 3. Que la sentencia que ponga fin al presente proceso reúna los requisitos exigidos por los artículos 68 del C. C. A. y 488 del C. P. C., es decir, que en ella conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a fin de que preste mérito ejecutivo. 4. Que el valor de la condena aquí señalada se actualice con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) según certifique el DANE, para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del C. C. A. 5. Que se condene en costas a los demandados”. 3 Lo anterior, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): “PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Decreto 034 del 17 de enero de 1997, expedido por el alcalde mayor de

condene en costas a los demandados”. 3 Lo anterior, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): “PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Decreto 034 del 17 de enero de 1997, expedido por el alcalde mayor de Bogotá en cuanto dejó de incorporar en la nueva planta de personal al señor Jaime Hernando Cortés Casas en el cargo de profesional especializado grado 16. SEGUNDO: ORDENAR al Distrito Capital – Santa Fe de Bogotá – Secretaría de Hacienda reintegrar al señor Jaime Hernando Cortés Casas al mismo cargo que ocupaba o a otro de similar categoría perteneciente al régimen de carrera administrativa. TERCERO: CONDENAR al Distrito Capital – Santa Fe de Bogotá – Secretaría de Hacienda a pagar al señor Jaime Hernando Cortés Casas todos los salarios, prestaciones y demás emolumentos laborales dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación hasta el día que sea reintegrado al servicio activo”. Folio 149 y 150 del cuaderno de anexos.Radicación: 250002326000200500694 02 (71.060) Actor: Bogotá Distrito Capital -Secretaría de Hacienda Demandado: Carmenza Saldías Barreneche y otros Referencia: Repetición

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demandante, a quien se le comunicó la eliminación de su empleo y por eso optó por el pago de la indemnización4. 10. A través de la Resolución 130 del 22 de abril de 2002 se ordenó el cumplimiento de la sentencia del 24 de agosto de 2001 y mediante la Resolución 719 del 30 de diciembre de 2003 se reconoció la suma de $74’894.101 en favor del señor Cortés Casas. 11. Por lo anterior, se tramitó “la orden de pago n.° 1667, relación de giro 131918 de diciembre de 2003” y, según la certificación expedida por la tesorería de la secretaría de hacienda distrital, “el 26 de abril de 2004 se realizó el giro efectivo a fin de dar cumplimiento a las sentencias mencionadas el día 22 de enero de 2004, mediante consignación en el Banco Agrario Depósitos Judiciales”. 12. De acuerdo con la parte actora, los señores Carmenza Saldías Barreneche, Clara Esperanza Salazar Arango y Henry Rodríguez Sosa, quienes se desempeñaban como secretaria de Gabinete Grado 28, jefe de unidad Grado 21 de la Unidad de Personal y director distrital de presupuesto de la Secretaría de Hacienda para la época de los hechos, respectivamente, deben ser declarados responsables, a título de culpa grave, porque siendo de su competencia, “no le dieron tratamiento preferencial al señor Jaime Hernando Cortés Casas”, incurriendo en una violación manifiesta e inexcusable de la Ley 27 de 1992 y el Acuerdo 12 de 19875. Trámite relevante en primera instancia 13. Mediante proveído del 10 de octubre de 20126, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avocó conocimiento del presente asunto y, en auto del 2 de diciembre de 20147, admitió la demanda. 4 “PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de agosto de

proveído del 10 de octubre de 20126, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avocó conocimiento del presente asunto y, en auto del 2 de diciembre de 20147, admitió la demanda. 4 “PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido por el señor Jaime Hernando Cortés Casas contra el Distrito Capital – Santa Fe de Bogotá – Secretaría de Hacienda. SEGUNDO: ADICIONAR el numeral tercero de la providencia para expresar que de las sumas que resulten a favor del señor Jaime Hernando Cortés Casas se descontará lo pagado por concepto de indemnización por supresión del cargo, debidamente indexado como se señala en la parte motiva de esta providencia”. Folio 134 del cuaderno de anexos. 5 Se deja constancia que la imputación de responsabilidad en contra de los tres demandados se hizo de forma genérica en los términos así consignados. 6 El conocimiento del asunto inicialmente le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca; sin embargo, en virtud del Acuerdo PSAA06-3345 de 2006, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el proceso se remitió a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá (reparto). El proceso le fue asignado al Juzgado 21 Administrativo del Circuito de esa ciudad y, luego, en atención a las medidas de descongestión adoptadas en los Acuerdos PSAA10-6455 del 3 de febrero de 2010 y PSAA7080 del 27 de agosto de 2018, al Juzgado 8 Administrativo de Descongestión

del circuito de Bogotá, el cual dictó sentencia el 15 de marzo de 2012. Remitido el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que conociera del recurso de apelación interpuesto contra dicha providencia, la referida autoridad, mediante auto del 10 de octubre de 2012, declaró la nulidad de todo lo actuado, con excepción de las pruebas que se practicaron, por cuanto la competencia para conocer de las demandas de repetición, en vigencia del CCA, se determina de acuerdo con el criterio de conexidad consagrado en el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, tal y como se expuso en el auto del 11 de diciembre de 2007, proferido por esta Corporación. Como consecuencia de lo anterior, se avocó el conocimiento del asunto y se inadmitió la demanda con el propósito de que se allegaran los siguientes documentos: (i) certificación que demuestre las fechas de vinculación y retiro del señor Jaime Hernando Cortés Casas (ii) y prueba que dé cuenta del pago de la condena impuesta, con certificación en la que se disponga que se recibió a satisfacción con firma del beneficiario. Folios 289 a 291 del cuaderno del Consejo de Estado. 7 En contra del auto del 10 de octubre de 2012 se interpuso recurso de apelación y, a su vez, se allegó escrito de subsanación, informando que frente a la prueba del pago “es realmente el bancoRadicación: 250002326000200500694 02 (71.060) Actor: Bogotá Distrito Capital -Secretaría de Hacienda Demandado: Carmenza Saldías Barreneche y otros Referencia: Repetición

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14. La señora Clara Esperanza Salazar Arango contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Señaló que no fue ella, sino la alcaldesa mayor encargada de Bogotá quien expidió el Decreto 034 de 1997 y que su actuación, como jefe de personal de la Secretaría de Hacienda, se limitó simplemente a comunicarle al señor Cortés Casas su retiro, concediéndole el derecho legal de “optar por indemnización o reincorporación”. 15. Afirmó que para el proceso de reestructuración de la entidad se suscribió un contrato de prestación de servicios con el señor Jairo Elías Rincón Pachón, cuyo objeto consistió, entre otros, en elaborar los proyectos de actos administrativos para la incorporación del personal a la nueva planta y asistencia técnica durante el proceso, por lo que no podía endilgársele responsabilidad alguna y, menos aún, calificar su actuación como dolosa o gravemente culposa. 16. Agregó que, en todo caso, la demandante no acreditó el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho al señor Cortés Casas, dado que solo se aportaron documentos indicativos de que se hizo un depósito judicial8. 17. El curador ad litem de la señora Carmenza Saldarriaga formuló como argumentos de defensa los siguientes: (i) improcedencia de la acción de repetición contra su representada, por cuanto no suscribió el Decreto 034 de 1997, sino que fueron los señores Clara Eugenia Silva, alcaldesa encargada, Henry Sosa Prieto, secretario de hacienda encargado y Sonia Vanin Tello, en su momento,

directora del Departamento del Servicio Civil, (ii) falta de integración del contradictorio, porque la demanda no se formuló contra todos los que firmaron el acto, pese a que así lo determinó el comité de conciliación de la Secretaría de Hacienda y (iii) ausencia de responsabilidad, con fundamento en que la señora Saldarriaga “nada tuvo que ver con el Decreto 034 de 1997”9. 18. El señor Henry Rodríguez Sosa no contestó la demanda10. 19. Concluido el período probatorio11, mediante proveído del 18 de julio de 202212, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público quien certifica el pago. Retiro o entrega de ese título, de manera que solicito profiera auto de mejor proveer para que dicho establecimiento bancario certifique fecha, persona a quien se lo entregó y puso a disposición el valor del depósito judicial (…). De igual modo, sirva oficiar a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que certifique si se hizo entrega del citado título de depósito judicial”. La apelación fue declarada desierta mediante providencia del 16 de septiembre de 2014. En firme lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda el 2 de diciembre de 2014 y frente a los documentos requeridos en el auto de inadmisión indicó lo siguiente: “no son considerados aspectos de procedibilidad y su esencia es de carácter probatorio, a los cuales se les emitirá el valor al momento de proferir una decisión de fondo. Por lo tanto, así no se hayan aportado procederá el despacho a resolver sobre la admisión de la demanda”. Folios 326 y 327 del cuaderno del Consejo de Estado. 8 Folios 372 a 282 del cuaderno del Consejo de Estado. 9 Índice 71 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 10 Folio 353 del cuaderno del

de la demanda”. Folios 326 y 327 del cuaderno del Consejo de Estado. 8 Folios 372 a 282 del cuaderno del Consejo de Estado. 9 Índice 71 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 10 Folio 353 del cuaderno del Consejo de Estado. índice 76 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 11 En auto del 28 de febrero de 2022 se abrió el proceso a pruebas. En dicha providencia se decretaron como pruebas las aportadas por las partes y, en atención a lo dispuesto en el artículo 209 del CCA, se prescindió del período probatorio, porque no había lugar a la práctica de pruebas. Las partes guardaron silencio. 12 Índice 81 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación: 250002326000200500694 02 (71.060) Actor: Bogotá Distrito Capital -Secretaría de Hacienda Demandado: Carmenza Saldías Barreneche y otros Referencia: Repetición

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para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad en la que las partes reiteraron lo expuesto a lo largo del proceso. 20. El Ministerio Público no emitió concepto. Sentencia de primera instancia 21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 2 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda. 22. Indicó que, si bien se acreditó que el Distrito Capital de Bogotá -Secretaría de Haciendaresultó condenado a pagar una indemnización como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 034 de 1997, lo cierto es que no se demostró el cumplimiento de la obligación. 23. Señaló que cuando el pago se realiza mediante depósito judicial, en atención a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 179 de 1994, en concordancia con los artículos 1657 y 1658 del C.C., la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que para que éste se repute válido la entidad no solo tiene que allegar la constancia de consignación a órdenes de la autoridad judicial que dictó la sentencia, sino que debe acreditar que envió y entregó la oferta de pago al beneficiario o su apoderado, así como también que les remitió el oficio informando que dejaba dicho depósito a disposición del primero de los mencionados. 24. Refirió que, en el caso concreto, la parte actora no acreditó el envío ni la recepción de tales documentos, pues se limitó a aportar el depósito judicial por valor de $53’980.073 realizado el 24 de enero de 2004 a órdenes

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, dentro del proceso 25000-23-25-000-1997-44247-01, cuya cifra ni siquiera correspondía con lo pedido en la demanda ($74’894.101), por lo que dicho requisito del medio de control de repetición no estaba configurado. 25. Advirtió que, incluso, una de las razones por las que se inadmitió la demanda obedeció a que no se allegó prueba del pago; sin embargo, en el escrito de subsanación solo se aportó la copia del depósito judicial, sin anexar las pruebas que dieran cuenta de que tanto la oferta de pago como el dinero fue puesto a disposición del beneficiario13. Recurso de apelación 26. El Distrito Capital de Bogotá -Secretaría de Haciendainterpuso recurso de apelación en el que señaló que el pago de la condena se acreditó con las Resoluciones 130 y 719 del 22 de abril de 2002 y 30 de diciembre de 2003, respectivamente, y el certificado expedido por el jefe de Pagaduría de la Dirección Distrital de Tesorería, según la cual se realizó una consignación en el Banco Agrario el 22 de enero de 2004. 27. Aseguró que, si bien la carga de la prueba de los hechos que se alegan le corresponde a la interesada, debía tenerse en cuenta que cuando el medio probatorio no lo tiene quien lo necesita o se encuentra en poder de un tercero, 13 Índice 89 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación: 250002326000200500694 02 (71.060) Actor: Bogotá Distrito Capital -Secretaría de Hacienda Demandado: Carmenza Saldías Barreneche y otros Referencia: Repetición

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como en este caso, el Banco Agrario, el juez podía decretarlos de oficio o a petición de parte, pues era necesario esclarecer el asunto objeto de la controversia. 28. Como respaldo de lo anterior, afirmó que, en el escrito de subsanación de la demanda, siendo consciente de que la prueba del pago no estaba en poder de la entidad demandante, se pidió que se requiriera al Banco Agrario, dado que “realmente es quien certifica el pago, retiro o entrega del título” y aunque en el auto que dispuso la admisión se indicó que por tratarse de un aspecto probatorio en su momento sería considerado, el Tribunal de primera instancia “olvidó primero que se le advirtió donde estaba la prueba y segundo las facultades oficiosas que procedían para esclarecer el tema, pues, de otra manera, ya se había preestablecido el sentido del fallo, porque el funcionario y las partes sabían que la prueba no podía ser aportada por la parte actora”14. Trámite relevante de segunda instancia15 29. En auto del 20 de junio de 202416 se admitió el recurso de apelación y, en proveído del 14 de agosto de ese año17 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto, oportunidad procesal en la que la entidad demandante y el apoderado de la señora Clara Esperanza Salazar Arango reiteraron lo expuesto a lo largo del proceso. 30. El Ministerio Público no se pronunció al respecto. CONSIDERACIONES 31. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala se pronunciará sobre el recurso de apelación interpuesto, relacionado con la acreditación presupuesto procesal del pago de la condena. 32. Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los demás presupuestos: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en

se pronunciará sobre el recurso de apelación interpuesto, relacionado con la acreditación presupuesto procesal del pago de la condena. 32. Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los demás presupuestos: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y por pasiva y verificados los requisitos de la demanda en forma. Objeto del recurso de apelación y problema jurídico para resolver la controversia 33. A efecto de resolver la alzada le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos específicos presentados en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa18. 14 Índice 94 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 15 El 8 de febrero de 2024 se ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado, lo cual tuvo lugar el 19 de marzo de ese año. Índice 100 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca e índice 1 de SAMAI del Consejo de Estado. 16 Índice 3 de SAMAI del Consejo de Estado. 17 Índice 11 de SAMAI del Consejo de Estado. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, exp. 21060. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10Radicación:

250002326000200500694 02 (71.060) Actor: Bogotá Distrito Capital -Secretaría de Hacienda Demandado: Carmenza Saldías Barreneche y otros Referencia: Repetición

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34. La Subsección parte por señalar que la existencia de la condena impuesta por la Sección Segunda del Consejo de Estado al Distrito Capital de Bogotá -Secretaría de Hacienda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado 25000-23-25-000-1997-44247-01 no es objeto de discusión, lo que se debate es el cumplimiento de dicha obligación, por lo que el problema jurídico a resolver es: ¿si en el sub lite se encuentra demostrado que la entidad demandante realizó el pago de la condena impuesta en la sentencia del 27 de agosto de 1999 mediante depósito judicial?. En caso de que se encuentre acreditado dicho requisito, se establecerá si los demandados dieron lugar con su conducta al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado y si dicho comportamiento puede catalogarse como gravemente culposo. El pago de la condena19 35. Según el artículo 162620 del C.C., el pago es el cumplimiento efectivo de la prestación21 y, de conformidad con el artículo 165622 del mismo código, para que éste sea válido no se requiere del consentimiento del acreedor, se puede realizar aún contra su voluntad, mediante pago por consignación. 36. De lo expuesto se desprende que, ante la renuencia o no comparecencia del acreedor, el deudor tiene la opción de acudir a la consignación para extinguir su de noviembre de 2017, exp. 5406. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. C.P. Danilo Rojas Betancourth. 19 Se precisa que el pago de la condena hace parte de los elementos objetivos para la procedencia del juicio de responsabilidad civil en sede de repetición. 20 “Artículo 1626. Definición de pago. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”. 21 Dado

Betancourth. 19 Se precisa que el pago de la condena hace parte de los elementos objetivos para la procedencia del juicio de responsabilidad civil en sede de repetición. 20 “Artículo 1626. Definición de pago. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”. 21 Dado que no existe norma especial que defina las formas de extinguir las obligaciones de las entidades públicas, para efectos de la aplicación de la figura jurídica de la solución o pago efectivo, se acude a las normas civiles que regulan dicho modo liberatorio de la obligación. En ese sentido, se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 5 de diciembre de 2006, exps. 31835 y 28238. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En la última de estas providencias se indicó lo siguiente: “En efecto, sobre la importancia de acreditar el pago en el juicio de repetición y su prueba, la Sala estima oportuno realizar las siguientes precisiones: El artículo 1625 del Código Civil establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por lo tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago, modo de extinción de la obligación entendido como la ejecución total de la prestación debida. Es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor

a través de la materialización de una prestación de dar, hacer o no hacer. Y, respecto de esta relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que ‘Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta’. O sea, que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional. En otras palabras, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma y el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo que, aplicado en el caso en concreto, para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición se materializa en el deber, por parte de una entidad pública de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima. Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil, en consonancia con el artículo 1757 ibídem, se concluye que corresponde a la entidad demostrar el pago y, en virtud de esa carga, aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso, que permitan al juez llegar a la veracidad de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por una conciliación aprobada judicialmente”. 22 “Artículo 1656. Validez del pago por consignación. Para que el pago sea válido no es menester que se haga con el consentimiento del acreedor; el pago es válido aún contra la voluntad del acreedor, mediante la consignación”.Radicación: 250002326000200500694 02 (71.060) Actor: Bogotá Distrito Capital -Secretaría de Hacienda Demandado: Carmenza Saldías Barreneche y otros

consignación”.Radicación: 250002326000200500694 02 (71.060) Actor: Bogotá Distrito Capital -Secretaría de Hacienda Demandado: Carmenza Saldías Barreneche y otros Referencia: Repetición

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obligación; sin embargo, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Subsección, para que ello ocurra deben cumplirse unos requisitos, los cuales para el caso del pago por consignación judicial de sentencias por parte de las entidades públicas se encuentran “en el artículo 65 de la Ley 179 de 1994, en concordancia con los artículos 1657 y 1658 del C.C.”23. 37. La primera de las referidas disposiciones normativas señala lo que se cita a continuación: “Artículo 65. Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de éstos (…). Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de que trata este artículo y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario o apoderado, según el caso, no se causarán intereses. Si transcurridos 20 días el interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la cuenta de depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o tribunal y a favor de él o los beneficiarios” (se destaca). 38. A su turno, los artículos 1657 y 1658 del C.C. estipulan lo siguiente: “Artículo 1657. Definición de pago por consignación. La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, y con las formalidades necesarias, en manos de una tercera persona”. “Artículo 1658.

Requisitos del pago por consignación. La consignación debe ser precedida de oferta; y para que ésta sea válida, reunirá las circunstancias que requiere el artículo 1658 del Código Civil: 1a.) Subrogado por el art. 13, Ley 95 de 1890. El nuevo texto es el siguiente: Que sea hecha por una persona capaz de pagar. 2a.) Que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir el pago, o a su legítimo representante. 3a.) Que, si la obligación es a plazo, o bajo condición suspensiva, haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición. 4a.) Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido. 5a.) Que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho al acreedor, y expresando, además, lo que el mismo deudor debe, con inclusión de los intereses vencidos, si los hubiere, y los demás cargos líquidos; y si la

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