CE - Sentencia 25000233600020130214702

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 25000233600020130214702
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025). Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Demandantes: PARROQUIA SANTA LUCÍA Y OTRO Demandados: MUNICIPIO DE CHÍA (CUNDINAMARCA) Y OTROS Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DAÑO POR CONSTRUCCIÓN Síntesis del caso: la alcaldía municipal de Chía (Cundinamarca) concedió en favor de la sociedad CA San Miguel SA unas licencias para construcción de un centro comercial al lado de la Parroquia Santa Lucía de Chía que le causó a esta última una serie de daños estructurales. La parte actora estima que le asiste responsabilidad patrimonial extracontractual a la entidad territorial, a la constructora y al establecimiento comercial porque desconocieron las normas urbanísticas que las obligaban a proteger el patrimonio histórico y arquitectónico. La sentencia de primera instancia será modificada para explicitar que se accede parcialmente a las súplicas de la demanda. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (índice 34 SAMAI1) en contra de la sentencia proferida el 27 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A (índice 34 SAMAI2) que dispuso: “PRIMERO: NEGAR las

(índice 34 SAMAI1) en contra de la sentencia proferida el 27 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A (índice 34 SAMAI2) que dispuso: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia (…).” (índice 34 SAMAI3 - negrillas y mayúsculas fijas del texto original)4. 1 Archivo “ed_c02_cd09folio451expedientedigital”. 2 Archivo “ed_c02_cd09folio451expedientedigital”. 3 Archivo “ed_c02_cd09folio451expedientedigital”. 4 La Sala pone de presente que, en la sentencia impugnada el a quo en la parte motiva declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del municipio de Chía (Cundinamarca) y la sociedad CA San Miguel SA, sin embargo, en la parte resolutiva dispuso denegar las pretensiones de la demanda porque no se acreditó los perjuicios reclamados por la parte actora.Expediente 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Actor: Parroquia Santa Lucía y otro Reparación directa Apelación sentencia

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I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito radicado el 6 de diciembre de 2013 (índice 34 SAMAI5), la Parroquia Santa Lucía de Chía (Cundinamarca) y la congregación religiosa Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia6 a través de apoderado judicial promovieron demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en contra del municipio de Chía (Cundinamarca), la sociedad CA San Miguel SA y el Centro Artesanal Santa Lucía de Chía (índice 34 SAMAI7) con las siguientes súplicas: “PRIMERO: Que se declare a las demandadas MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA, la sociedad CA SAN MIGUEL SA y CENTRO ARTESANAL SANTA LUCÍA DE CHÍA PROPIEDAD HORIZONTAL y/o CENTRO COMERCIAL SANTA LUCÍA DE CHÍA, responsables de los daños y perjuicios causados a mis representados, con la construcción del Centro Artesanal Santa Lucía, con la expedición de sus correspondientes licencias de construcción y sus modificatorias, con la no revocación de tales licencias, con la no imposición de las respectivas sanciones a los constructores, con el levantamiento de la suspensión de tal obra, con la expedición de las licencias de construcción y sus licencias modificatorias, y la no revocatoria de tales licencias. SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a las demandadas MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA, la sociedad CA SAN MIGUEL SA, y CENTRO ARTESANAL SANTA LUCÍA DE CHÍA PROPIEDAD HORIZONTAL y/o CENTRO COMERCIAL SANTA LUCÍA DE CHÍA, al pago de los perjuicios materiales causados, así: Daño Emergente: 1. El valor de la obra civil

SA, y CENTRO ARTESANAL SANTA LUCÍA DE CHÍA PROPIEDAD HORIZONTAL y/o CENTRO COMERCIAL SANTA LUCÍA DE CHÍA, al pago de los perjuicios materiales causados, así: Daño Emergente: 1. El valor de la obra civil de reparación de los daños causados al Templo de la Parroquia Santa Lucía de Chía, que es de $406.142.713 a fecha del 12 de junio de 2013, según PRESUPUESTO GENERAL REPARACIONES IGLESIA SANTA LUCÍA DE CHÍA, elaborado por el ingeniero IVÁN ALBERTO RIVERA RAMÍREZ, especialista en patología de estructuras y en evaluación de vivienda sísmica, miembro del Grupo de Inspección de Edificaciones del Departamento de Prevención y Atención de Emergencias - DEPAE de Bogotá, o el valor de la obra civil de reparación de los daños causados a la iglesia Santa Lucía de Chía que se demuestre dentro del proceso, valor este que deberá ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, al tenor de lo previsto por el último inciso del artículo 187 de la Ley 1437 de 2001. 2. El valor económico del detrimento o desmejora patrimonial del Templo de la Parroquia Santa Lucía de Chía, como Monumento Cultural, de Conservación Arquitectónica, Histórico y Religioso del municipio de Chía, 5 Folio 40 del archivo “ed_c01_01demanda”.

6 De conformidad con el artículo 8 del Decreto 782 de 1995 las parroquias y las comunidades religiosas tienen personería jurídica. 7 Archivo “ed_c01_01demanda”.Expediente 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Actor: Parroquia Santa Lucía y otro Reparación directa Apelación sentencia

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causado con la construcción del Centro Artesanal Santa Lucía de Chía y que fue permitida por la Alcaldía de Chía Cundinamarca, sin aislamientos laterales, esto es, contra el mismo templo. 3. Honorarios de abogado. Para poder perseguir y obtener el pago de los perjuicios causados, mi representado debió contratar al abogado RUBÉN DARÍO DE JESÚS MUÑETÓN GÓMEZ para llevar a cabo demanda de reparación directa, previa conciliación prejudicial, con quien se convino un pago inicial de $15.000.000 al otorgamiento del poder para el inicio de todo lo atinente a la demanda, la suma de $10.000.000 a la celebración de audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, una cuota de éxito equivalente al 10% de la indemnización de perjuicios que se obtenga en caso de conciliación ante la Procuraduría y una cuota de éxito equivalente al 10% de la indemnización de perjuicios que se obtenga con el proceso. 4. Honorarios de ingeniero. Para poder determinar los daños causados y asistencia técnica mi representada debió contratar al ingeniero IVÁN ALBERTO RIVERA RAMÍREZ, a quien pagó la suma de $4.000.000, conforme a recibo de pago de fecha 12 de octubre de 2011 (…).” (índice 34 SAMAI8 - negrillas y mayúsculas fijas del texto original). 2. Hechos Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: 1)

En los años 2010 y 2011, la alcaldía municipal de Chía (Cundinamarca) concedió en favor de la constructora CA San Miguel SA unas licencias de construcción para la edificación del Centro Artesanal Santa Lucía sobre unos inmuebles colindantes a la Parroquia Santa Lucía de Chía -patrimonio histórico y arquitectónicoubicada en el predio identificado con el número catastral 010000330003000. 2) El 11 de julio de 2011, la Parroquia Santa Lucía informó al municipio de Chía que no le fue notificado el trámite administrativo de otorgamiento de las licencias y que la constructora no le comunicó la ejecución de la obra, de modo que solicitó que se realizara una inspección inmediata al proyecto para que se verificaran las condiciones técnicas y de seguridad para evitar daños en el templo. 3) El 1° de agosto de 2011, la entidad territorial ordenó la suspensión de la edificación porque en una inspección administrativa se observó lo siguiente: “al realizar el cotejo de los planos aprobados con la construcción actual se evidencian diez columnas de más que no aparecen en los planos aprobados inicialmente. Se corrieron tres columnas limítrofes con la iglesia que modifican la estabilidad de la estructura sin informar a planeación y tampoco figuran en los planos reportados 8 Folios 10 y 11 del archivo “ed_c01_01demanda”.Expediente 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Actor: Parroquia Santa Lucía y otro Reparación directa Apelación sentencia

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para su nueva modificación” (índice 34 SAMAI9). 4) El 12 de septiembre de 2011, la Parroquia Santa Lucía solicitó al municipio de Chía la revocatoria directa de las licencias de construcción, no obstante, este requerimiento fue resuelto negativamente, y el 14 de septiembre de 2011 se decidió levantar parcialmente la orden de suspensión de la obra. 5) La construcción del Centro Artesanal Santa Lucía de Chía causó una serie de daños estructurales a la Parroquia Santa Lucía entre los que se destacan grietas, infiltraciones de agua, rotura de vitrales y tejados10, de manera que hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la sociedad CA San Miguel SA porque i) no garantizó la estabilidad estructural de la parroquia; ii) vulneró las normas de aislamiento; iii) pese a que las licencias de construcción exigían que las cubiertas del centro artesanal debían coincidir con los de los inmuebles colindantes para conservar la memoria arquitectónica, ello no se cumplió; y iv) los inmuebles sobre los cuales se hizo la edificación del centro comercial fueron demolidos sin la respectiva licencia. 6) Igualmente, se debe declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual del municipio de Chía porque i) no revocó las licencias de construcción y, en esa medida, desconoció el plan de ordenamiento territorial que le imponía la obligación de proteger el patrimonio histórico y arquitectónico; ii) a pesar de que en la inspección administrativa se observó que la constructora no cumplió con los parámetros de los planos previamente aprobados, no la sancionó; iii) consintió los actos ilegales de la constructora; y iv) las licencias de construcción fueron expedidas con violación de las normas de carácter urbanístico (índice 34 SAMAI11)12. 3. Contestación de las

aprobados, no la sancionó; iii) consintió los actos ilegales de la constructora; y iv) las licencias de construcción fueron expedidas con violación de las normas de carácter urbanístico (índice 34 SAMAI11)12. 3. Contestación de las entidades demandadas Por auto del 17 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A admitió la demanda (índice 34 SAMAI13) y ordenó la notificación personal de los representantes legales de las entidades demandadas. 9 Folio 6 del archivo “ed_c01_01demanda”. 10 En la demanda la parte actora puso de presente que los daños estructurales fueron calculados por el ingeniero civil Iván Alberto Rivera Ramírez mediante un informe técnico que se aporta al expediente. 11 Archivo “ed_c01_01demanda”. 12 La Sala advierte que frente a la demandada Centro Artesanal Santa Lucía de Chía, la parte actora no expuso fundamentos que sustenten su responsabilidad patrimonial extracontractual en el daño alegado. 13 Archivo “ed_c01_05autoadmisorio”.Expediente 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Actor: Parroquia Santa Lucía y otro Reparación directa Apelación sentencia

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  1. Mediante escrito radicado el 19 de agosto de 2014, el Centro Artesanal Santa Lucía de Chía se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que i) hay lugar a declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la parte actora, porque no demostró ser la titular del inmueble supuestamente afectado; ii) es pertinente declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva porque no ejecutó la obra ni es la propietaria de la misma; iii) la parte demandante pretende controvertir los actos expedidos en el marco de un procedimiento administrativo que culminó con la expedición de unas licencias de construcción, de modo que debió interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; iv) los actos administrativos expedidos por la alcaldía municipal de Chía gozan de presunción de legalidad; v) los daños en la estructura de la Parroquia Santa Lucía de Chía existían con anterioridad a la construcción del centro artesanal; y vi) se debe declarar la caducidad del medio de control judicial porque la demanda fue presentada por fuera del término legal (índice 34 SAMAI14). 2) A través de memorial presentado el 19 de agosto de 2014, la sociedad CA San Miguel SA igualmente se opuso a los requerimientos de la parte actora por estimar que i) las licencias de construcción del Centro Artesanal Santa Lucía de Chía gozan de presunción de legalidad; ii) las grietas de la Parroquia Santa Lucía de Chía se originaron con antelación a la edificación del centro comercial; iii) la obra se construyó de conformidad con las disposiciones expuestas en las licencias que fueron expedidas por el municipio de Chía (Cundinamarca); y iv) la entidad territorial no desconoció las normas urbanísticas porque el plan de ordenamiento territorial de Chía (Cundinamarca) permitía la construcción de edificaciones junto a la parroquia (índice 34 SAMAI15). 3) Por medio de escrito

de Chía (Cundinamarca); y iv) la entidad territorial no desconoció las normas urbanísticas porque el plan de ordenamiento territorial de Chía (Cundinamarca) permitía la construcción de edificaciones junto a la parroquia (índice 34 SAMAI15). 3) Por medio de escrito diligenciado el 19 de agosto de 2014, el municipio de Chía manifestó su desacuerdo con las peticiones de la demanda, porque i) mediante comunicación del 10 de septiembre de 2008 se informó a la parte actora sobre el otorgamiento de las licencias de construcción del centro artesanal para que hiciera valer sus derechos; ii) la demanda de reparación directa no se presentó dentro de los dos (2) años siguientes a la causación del supuesto daño alegado; iii) las licencias de construcción se emitieron conforme a los parámetros del plan de ordenamiento territorial de Chía (Cundinamarca); y iv) la decisión de levantar la medida que ordenó la suspensión de la obra se tomó por las recomendaciones

14 Archivo “ed_c01_16contestaciondelademanda”. 15 Archivo “ed_c01_17contestaciondelademanda”.Expediente 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Actor: Parroquia Santa Lucía y otro Reparación directa Apelación sentencia

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técnicas efectuadas por un arquitecto y el ingeniero civil de la Secretaría de Planeación (índice 34 SAMAI16). 4. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en providencia del 27 de mayo de 2021 declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del municipio de Chía (Cundinamarca) y la sociedad CA San Miguel SA, no obstante, negó los perjuicios solicitados por la parte actora porque, a su juicio, no fueron acreditados (índice 34 SAMAI17); como argumentos de la decisión expuso lo siguiente: 1) En el expediente se demostró que la Parroquia Santa Lucía sufrió “daños en la fachada, estructurales, en las cubiertas y tejados, en los vitrales, en los enchapes de piedra, en la cimentación, etc.” (índice 34 SAMAI18) como consecuencia de la edificación del Centro Artesanal Santa Lucía de Chía, daños que fueron demostrados con i) el informe técnico expedido por el ingeniero civil Iván Alberto Rivera Ramírez quien realizó verificaciones de campo y pruebas de laboratorio, así como también con su declaración técnica19; ii) el testimonio del señor Ovidio Quintero en la condición de representante legal de la parroquia para la época de los hechos quien, “depuso sobre los daños ocasionados al templo, haciendo mención a los vitrales, al taponamiento de la luz natural, las fisuras, las grietas, los daños a los techos, a la canal que recogían las lluvias, al cimiento de la Iglesia Santa Lucía de Chía, a bajantes que

descargaban las aguas lluvias, a las rejas que cubrían las ventanas, la generación de humedades, la colocación de vigas” (índice 34 SAMAI20); y iii) la declaración del sacerdote Wilson Artunduaga quien refirió que previamente a la construcción del centro artesanal la parroquia no presentaba las mencionadas afecciones. 2) Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual del municipio 16 Archivo “ed_c01_17contestaciondelademanda”. 17 Archivo “ed_c02_cd09folio451expedientedigital”. 18 Folio 17 del pdf “sentencia” del archivo “ed_c02_cd09folio451expedientedigital” 19 En relación con la declaración del señor Iván Alberto Rivera Ramírez, el a quo destacó lo siguiente: “Digamos los daños sobre la pared colindante, sí son consecuencia de la construcción, indudablemente, la inestabilidad del suelo de la Iglesia, sí es como consecuencia de la construcción, el retiro del sobre ancho de la cimentación, sí es como consecuencia de la construcción, el cerramiento de los vitrales, sí es como consecuencia de la construcción, el retiro de las canales y el daño de los tejados, sí es como consecuencia de la construcción hay una confidencia de inclinación por arrastre hacia el lado donde está la construcción” (folio 16 del pdf “sentencia” del archivo “ed_c02_cd09folio451expedientedigital”). 20 Folio 16 del pdf “sentencia” del archivo “ed_c02_cd09folio451expedientedigital”Expediente 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Actor: Parroquia Santa Lucía y otro Reparación directa Apelación sentencia

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de Chía porque i) expidió las licencias de construcción del Centro Artesanal Santa Lucía de Chía, pese a las irregularidades en el diseño presentado por la constructora, pues, de conformidad con el plan de ordenamiento territorial su altura no podía superar un (1) piso y se debían respetar los patios existentes en los inmuebles sobre los que se edificó para no perjudicar el patrimonio arquitectónico, lo que no ocurrió en este caso concreto; ii) no revocó las licencias de construcción ni impuso sanciones aun cuando la sociedad constructora vulneró la normatividad urbanística; iii) no le exigió a la constructora los aislamientos contemplados en las normas de sismo resistencia NSR 98, de modo que transgredió el Decreto 33 de 1998; y iv) permitió la construcción del centro artesanal a pesar de las afectaciones que le traería a la parroquia que es patrimonio histórico y arquitectónico. 3) Igualmente, hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la sociedad CA San Miguel SA debido a que i) derribó los inmuebles sobre los cuales construyó el Centro Artesanal Santa Lucía de Chía sin contar con la respectiva licencia de demolición; ii) a la edificación le adicionaron diez (10) columnas las cuales no estaban contempladas en los planos y no contaban con la aprobación de la oficina de planeación municipal; y iii) corrió tres (3) columnas limítrofes con el templo que modificaron la estabilidad del mismo, sin contar con la aprobación legal21. 4) Sin embargo, en cuanto a los perjuicios solicitados por la parte actora, estos fueron negados con fundamento en los siguientes argumentos: a) No es pertinente reconocer una indemnización por los honorarios del abogado que tramitó el presente medio de control judicial de reparación directa porque no se aportó el contrato de prestación de servicios profesionales ni los comprobantes de pago. b) Tampoco

fundamento en los siguientes argumentos: a) No es pertinente reconocer una indemnización por los honorarios del abogado que tramitó el presente medio de control judicial de reparación directa porque no se aportó el contrato de prestación de servicios profesionales ni los comprobantes de pago. b) Tampoco hay lugar a otorgar una indemnización por los honorarios del ingeniero civil Iván Alberto Rivera Ramírez quien dictaminó los daños causados con la construcción del Centro Artesanal Santa Lucía de Chía, pues, aun cuando se aportó una factura que da cuenta que este solicitó el cobró por la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), ello no es suficiente para acreditar que, en efecto, se realizó el pago. 21 Es preciso advertir que el a quo manifestó que, en caso de imponerse una condena a las entidades declaradas responsables, cada una deberá asumir el 50% de la misma.Expediente 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Actor: Parroquia Santa Lucía y otro Reparación directa Apelación sentencia

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c) La parte demandante solicitó una indemnización por la “desmejora patrimonial” de la Parroquia Santa Lucía de Chía, aunque el ingeniero civil Iván Alberto Rivera Ramírez en su informe técnico manifestó que había lugar a reconocer el valor de seiscientos sesenta y cinco millones de pesos ($665.000.000) por “pérdida de valor del inmueble”, lo cierto es que su afirmación no cuenta con algún soporte. d) Por otro lado, la parte actora pidió que se le reconociera el valor de la obra civil necesaria para reparar los daños estructurales sufridos en el tempo de la parroquia, para lo cual aportó un presupuesto realizado por el ingeniero civil Iván Alberto Rivera Ramírez quien tasó la obra civil en la suma de cuatrocientos seis millones ciento cuarenta y dos mil setecientos trece mil pesos ($406.142.713), sin embargo, no se probó que ese dinero salió del patrimonio de la parte actora, además, no hay certeza que las cantidades de obra y los materiales allí relacionados fueron efectivamente utilizados para llevar a cabo la restauración. 5. Recurso de apelación El 7 de julio de 2021, la parte demandante interpuso recurso de apelación (índice 34 SAMAI22) en el que manifestó que su inconformidad únicamente se centra en la indemnización de perjuicios y el porcentaje a la cual fueron condenadas las entidades demandadas, los argumentos expuestos en la impugnación se resumen así: 1) En relación con los honorarios del abogado que tramitó el presente medio de control de reparación directa, el a quo no tuvo en cuenta que el contrato de prestación de

servicios profesionales celebrado con aquel sí fue aportado al expediente, en este se convino que le sería pagada la suma de quince millones de pesos ($15.000.000) al otorgamiento del poder y diez millones de pesos ($10.000.000) a la celebración de la audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, valores que fueron efectivamente cancelados el 27 de noviembre de 2013 y 6 de diciembre de 2013. Igualmente, se debe tener en cuenta que en el referido negocio jurídico se acordó la cancelación en favor del abogado del 10% de los perjuicios que se llegaren a reconocer en el presente proceso, de modo que esta suma debe ser determinada en la sentencia de segunda instancia. 22 Archivo “ed_c02_cd09folio451expedientedigital”.Expediente 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Actor: Parroquia Santa Lucía y otro Reparación directa Apelación sentencia

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  1. La cancelación de los honorarios del ingeniero civil Iván Alberto Ramírez se encuentra demostrado con el recibo de pago del 12 de octubre de 2011. 3) Las obras civiles de reparación de la Parroquia Santa Lucía a la fecha no se han llevado a cabo, lo cual obedece a la decisión de posponer dichas intervenciones hasta que se resuelva la demanda con el fin de evitar que la reparación elimine la evidencia física de los daños ante alguna prueba que se llegare a decretar de oficio23; de todas maneras, su valor sí fue acreditado con i) la “oferta de evaluación económica y presupuesto de las obras de reparaciones locativas” realizada el 12 de junio de 2013 por el ingeniero civil Iván Alberto Rivera Ramírez, ii) el informe técnico de diciembre de 2011 efectuado por el referido ingeniero en el que se hizo el estudio de los daños estructurales, lo mismo que con su declaración técnica; estos documentos demuestran las obras que se deben realizar al templo cuyo costo es de cuatrocientos seis millones ciento cuarenta y dos mil setecientos trece pesos ($406.142.713). 4) Aunque el a quo estableció que en caso de imponerse una condena a las entidades declaradas responsables cada una deberá asumir el 50% de la misma, lo cierto es que el municipio de Chía (Cundinamarca) debe pagar el 90% de los perjuicios porque el mismo tribunal señaló que por ser la primera autoridad municipal, policiva y urbanística tenía la obligación de proteger su patrimonio histórico y arquitectónico. 5) A pesar de que el a quo encontró acreditaba

la responsabilidad patrimonial extracontractual de la parte demandada, en la parte resolutiva del fallo se dispuso “negar las pretensiones de la demanda”, lo que genera una incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la decisión. Ello es distinto a la negativa del reconocimiento de los perjuicios solicitados, que constituye precisamente el motivo de impugnación, en consecuencia, debe declararse expresamente en la parte resolutiva la responsabilidad de las demandadas. 23 La Sala advierte que, en todo caso, el apoderado judicial de la parte actora en el recurso de apelación manifestó lo siguiente: “por eso los Padres estaban esperando las resultas del presente proceso, pero me han manifestado que por la sentencia de primera instancia de fecha 27 de mayo de 2021 aquí impugnada y el paso de ocho (8) años que lleva el proceso, están estudiando el ir haciendo las reparaciones del templo que puedan, y continuar seguir adelante con el proceso en búsqueda de que se reconozca la indemnización de los perjuicios solicitada con las pretensiones de la demanda” (folio 25 pdf “apelación”).Expediente 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Actor: Parroquia Santa Lucía y otro Reparación directa Apelación sentencia

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6. Actuación surtida en segunda instancia En providencia del 29 de octubre de 2021 (índice 3 SAMAI) se admitió el recurso de apelación formulado por la parte actora y el 18 de enero de 2022 (índice 10 SAMAI) ingresó el expediente al despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el artículo 247 numeral quinto de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) la competencia del ad quem, 3) análisis de la impugnación, 4) conclusión y, 5) condena en costas. 1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión Presentada la demanda de manera oportuna24, corresponde a la Sala determinar únicamente si hay lugar a reconocer en favor de la accionante los perjuicios solicitados en la demanda y el porcentaje de la condena entre quienes integran la parte demandada, pues, el daño alegado y la declaratoria de responsabilidad 24 El Consejo de Estado en auto del 7 de febrero de 2018 (índice 34 SAMAI - archivo “ed_c02_04otrosactuacionesapelacionauto”)

confirmó la decisión adoptada en audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA celebrada el 8 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A que negó la excepción de caducidad del medio de control propuesta por la parte demandada en los siguientes términos: “(…) En el sub judice, se estableció que el hecho generador del presunto daño se materializó el 14 de septiembre de 2011, y el literal i) numeral 2 del artículo 164 del CPACA establece que la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño es decir que la caducidad comenzó a correr desde el 15 de septiembre de 2011 -día siguiente al de la ocurrencia de los hecho dañoso-, y vencía en un principio el 15 de septiembre de 2013. También se tiene demostrado que el apoderado de la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, pues obra en el expediente constancia de la solicitud de conciliación presentada ante la Procuraduría 132 para Asuntos Administrativos, convocando al municipio de Chía y otros, donde se indica que la misma se presentó el 13 de septiembre de 2013, declarándose fallida el 5 de diciembre del mismo año y en la misma fecha se expidió la respectiva constancia. Es decir que la caducidad se interrumpió faltando tres (3) días para que operara, teniendo en cuenta que dicho término se suspende tanto el día que se solicita la conciliación, como el día en que se expide la constancia, reanudándose al

día siguiente. Como consecuencia de lo anterior, el término de caducidad se suspendió desde el 13 de septiembre hasta el 5 de diciembre de 2013, por consiguiente, se reanudó el conteo el 6 de diciembre de 2013 y los tres días restantes para que operara la caducidad se cumplían el 8 de diciembre de 2013, sin embargo, como era día festivo, se toma como fecha el día hábil siguiente, es decir el 9 de diciembre de 2013. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa fue presentada el 6 de diciembre de 2013 y que los términos se suspendieron en razón de la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por el apoderado judicial del demandante; es evidente que de conformidad con los argumentos expuestos previamente, el medio de control de reparación directa no se encuentra caducado”.Expediente 25000-23-36-000-2013-02147-02 (67.497) Actor: Parroquia Santa Lucía y otro Reparación directa Apelación sentencia

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patrimonial extracontractual del municipio de Chía (Cundinamarca) y la sociedad CA San Miguel SA no fue objeto de recurso de apelación por la parte interesada. En ese sentido, se modificará la decisión de primera instancia para en su lugar i) declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de municipio de Chía (Cundinamarca) y la sociedad CA San Miguel SA, ii) condenar en abstracto para que mediante incidente se calcule el valor de las obras de reparación de los daños estructurales causados a la Parroquia Santa Lucía y, iii) negar

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