CE - Sentencia 25000233600020160173703
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000233600020160173703
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-36-000-2016-01737-03 (71.426)
Actores: LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA Y SOCIEDAD
VIALES Y OBRAS PÚBLICAS COLOMBIA SA
(INTEGRANTES DEL CONSORCIO PROVIALES )
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Síntesis del caso: e ntre las partes se suscribió un contrato estatal cuyo objeto fue la construcción de los paraderos y señalización del Sistema Integrado de Transporte Público SITP en el Distrito Capital de Bogotá; el contratista demanda la declaración de incumplimiento del IDU porque no realizó el último pago del precio pactado equivalente al 5% del total ejecutado, asimismo, dio lugar a una mayor permanencia en obra por el hecho de suspender en varias oportunidades la ejecución del contrato , realizó retenciones en la fuente en exceso y no recibió oportunamente la señalización retirada de las vías públicas por el contratista ni pagó el valor del bodegaje que por ese hecho se causó; también pretende la liquidación judicial del contrato . Por otra parte, el IDU llamó en garantía a Transmilenio SA con el fin de que reintegre el valor de la condena
se causó; también pretende la liquidación judicial del contrato . Por otra parte, el IDU llamó en garantía a Transmilenio SA con el fin de que reintegre el valor de la condena obligación que deriva del convenio suscrito entre ellos para la gestión y financiación de las obras del SITP en el Distrito Capital . Se decide n los recursos de apelación interpuestos por todas las partes en contra de la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en forma total, a las del llamamiento en garantía.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por las partes y por el llamado en garantía en contra de la sentencia de 31 de enero de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar la configuración de desequilibrio económico del contrato con ocasión a las suspensiones 1 y 2 del contrato 019 de 2012 suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el Consorcio Proviales, conforme lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Liquidar judicialmente el contrato de obra 19 de 2012 suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el Consorcio2
Expediente: 25000-23-36-000-2016-01737-03 (71.426) Demandantes: Luis Orlando Pulido García y sociedad Viales y Obras Públicas SA
(integrantes del Consorcio Proviales) Controversias contractuales
Proviales, estableciendo que el IDU debe pagar al CONSORCIO PROVIALES, la suma de quinientos ochenta y tres millones cincuenta y
(integrantes del Consorcio Proviales) Controversias contractuales
Proviales, estableciendo que el IDU debe pagar al CONSORCIO PROVIALES, la suma de quinientos ochenta y tres millones cincuenta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos con noventa y nueve centavos ($583.053.762,99), por las razones aquí expuestas.
TERCERO: La Empresa de Transporte para el Tercer Milenio – Transmilenio S.A., en su calidad de llamado en garantía, deberá reembolsar la suma anterior al Instituto de Desarrollo Urbano, en virtud del contrato 020 de 2001.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
QUINTO: Sin condena en costas, conforme decantó en el anterior considerando.
SEXTO: Ejecutoriada liquídense por Secretaría los gastos de proceso, y devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados dichos remanentes, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial.
SEPTIMO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de esta Subsección ARCHÍVESE el expediente dejando las constancias del caso. (fls. 28 y 29 sentencia de primera instancia índice 114 SAMAI tribunal – mayúsculas fijas y negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 26 de agosto de 2016 (fl. 20 demanda, índice 2 SAMAI), el señor Luis Orlando Pulido García y la sociedad Viales y Obras
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 26 de agosto de 2016 (fl. 20 demanda, índice 2 SAMAI), el señor Luis Orlando Pulido García y la sociedad Viales y Obras Públicas Colombia SA , integrantes del Consorcio Proviales , a través de apoderado judicial constituido por cada uno de sus representantes legales, promovieron demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales en contra del Instituto de Desarrollo Urbano IDU , con el fin de obtener las siguientes súplicas:
“2. PRETENSIONES
2.1 DECLARATIVAS
Que se declare que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en razón a sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones, y en calidad de contratante, incumplió el contrato de obra No. 19 de 2012, cuyo objeto era: realizar, a precios unitarios, las obras requeridas para la3
Expediente: 25000-23-36-000-2016-01737-03 (71.426) Demandantes: Luis Orlando Pulido García y sociedad Viales y Obras Públicas SA
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construcción de paraderos, señales y obras civiles para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en Bogotá DC, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, en espe cial lo dispuesto en el anexo técnico (capítulo 4°) la propuesta presentada por el contratista el 19 de julio de 2012 y los apéndices del pliego de condiciones, los cuales hacen parte del contrato.
dispuesto en el anexo técnico (capítulo 4°) la propuesta presentada por el contratista el 19 de julio de 2012 y los apéndices del pliego de condiciones, los cuales hacen parte del contrato.
2.2. CONSECUENCIALES
PRIMERO: Que se ordene a pagar a favor del demandante y en contra de la entidad demandada, la suma de trescientos diecinueve millones ciento setenta y dos mil doscientos tres pesos ($319.172.203), por concepto de pago final de conformidad al contrato de obra No. 19 de
2012.
SEGUNDO: Que se ordene a pagar a favor del demandante y en contra de la entidad demandada, la suma de trescientos sesenta y seis millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos quince pesos ($366.386.815), por concepto de mayor permanencia en obra, derivado por la extensión del plazo del contrato.
TERCERO: Que se ordene a pagar a favor del demandante y en contra de la entidad demandada, la suma de veinticuatro millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos ($24.544.342), por concepto de devolución de retenciones mal aplicadas por el contratante.
CUARTO: Que se ordene a pagar a favor del demandante y en contra de la entidad demandada, la suma de doscientos ochenta millones setecientos siete mil veinte pesos ($280.707.020), por concepto de reembolso de gastos de bodegaje originado por causas imputables al contratante.
QUINTO: Que se ordene a pagar a favor del demandante y en contra de la entidad demandada, por concepto de daños y perjuicios, los intereses moratorios a la tasa que se contemple como máxima que para
contratante.
QUINTO: Que se ordene a pagar a favor del demandante y en contra de la entidad demandada, por concepto de daños y perjuicios, los intereses moratorios a la tasa que se contemple como máxima que para tales efectos certifique la entidad competente, desde la fecha efectiva de la causación de hechos que soportan las pretensiones contenidas en los numerales primero al cuarto del libelo demandatorio.
SEXTO: Que se ordene a pagar a favor del demandante y en contra de la entidad demandada, las sumas de dinero que se ocasionen por el presente proceso tales como agencias en derecho, costas y costos que se prueben.
SÉPTIMO: Declarado el incumplimiento por parte del contratante y el pago efectivo de las pretensiones expuestas, ordenar la liquidación del contrato, expedición de certificaciones y actualización en las bases de datos correspondiente que permita acreditar la experiencia en el presente contrato” (fl. 7 demanda, índice 2 SAMAI expediente digitalmayúsculas sostenidas originales).4
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2. Hechos
El sustento fáctico de las referidas pretensiones es, en síntesis, el siguiente:
- Previa escogencia del contratista a través de licitación pública, entre las partes se suscribió un contrato cuyo objeto fue la construcción de los paraderos y señalización del Sistema Integrado de Transporte Público SITP en el Distrito
- Previa escogencia del contratista a través de licitación pública, entre las partes se suscribió un contrato cuyo objeto fue la construcción de los paraderos y señalización del Sistema Integrado de Transporte Público SITP en el Distrito Capital de Bogotá, financiado con recurso s de Transmilenio SA, con un plazo de ejecución de siete (7) meses a partir del 14 de noviembre de 2012 , por un valor total de $7.277.681.777 y AUI del 27,5437%, de los cuales el 5% correspondía a la utilidad.
- El contrato fue suspendido por treinta ( 30) días por el hecho de que Transmilenio SA no había definido las artes gráficas de la señalización (pendiente el 89% de estas) , la cual fue ampliada luego por veinte (20) días más por ausencia de recursos económicos para adicionar el contrato de interventoría ; en ambas oportunidades el contratista dejó a salvo la posibilidad de reclamar los mayores costos generados por estas suspensiones.
- El 1 de agosto de 2013 , las partes acordaron prorrogar el contrato por un término de tres ( 3) meses y 15 (quince) días ; el 18 de noviembre de 2013 se pactó una nueva prórroga por 15 (quince) días adicionales, sin renuncia del contratista a reclamar; posteriormente reclamó el reconocimiento de los mayores costos generados por la extensión del plazo, peticiones que fueron negadas por el IDU, por lo cual se pretende en la demanda el reconocimiento de los costos generados por la mayor permanencia en obra.
- El 10 de octubre de 2014, la entidad contratante recibió a satisfacción las obras
el IDU, por lo cual se pretende en la demanda el reconocimiento de los costos generados por la mayor permanencia en obra.
- El 10 de octubre de 2014, la entidad contratante recibió a satisfacción las obras y el contratista dejó constancia de que las señales de tránsito retiradas durante los trabajos quedaron almacenadas en una bodega las cuales fueron recibidas por el IDU el 10 de marzo de 2015 ; sin embargo, la entidad no realizó el último pago del contrato, no pagó el bodegaje de las mencionadas señales y realizó en forma indebida retenciones a cada pago durante la ejecución cuyos valores pretende la parte contratista que le sea n reconocidos.5
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3. Contestación de la demanda
En la oportunidad procesal concedida para el efecto , el Instituto de Desarrollo Urbano (contestación IDU.pdf, índice 2 SAMAI) se opuso parcialmente a las súplicas de la demanda con los argumentos que a continuación se resumen:
- El contratista aceptó las particularidades de la contratación contenidas en el pliego de condiciones y en el contrato, entre ellas la cláusula de precio en la cual se estipuló que el valor pactado incluía todos los costos directos e indirectos de las obras, incluidos los imprevistos.
- El consorcio no realizó observaciones al momento de la suscripción de las suspensiones y prórrogas contractuales; por el contrario, en estas últimas se hizo
las obras, incluidos los imprevistos.
- El consorcio no realizó observaciones al momento de la suscripción de las suspensiones y prórrogas contractuales; por el contrario, en estas últimas se hizo constar que “no generan costos adicionales al IDU” , lo cual constituye renuncia expresa a cualquier reclamación derivada de estas; por su parte, no hubo observación ni salvedad del contratista en el acta de terminación del contrato y de recibo final de obra.
- Los componentes de gestión ambiental, social, planes de manejo de tráfico y señalización se pactaron a precio global y la finalidad de las prórrogas fue permitir el cumplimiento de las actividades pendientes por lo cual no generan derecho a un restablecimiento económico en favor del contratista.
- El valor reclamado como último pago se le adeuda al contratista y corresponde a la forma de pago acordada según el memorando STEST 20173460 193993 suscrito por la dirección técnica de construcción del IDU.
- El pagador de todas las obligaciones dinerarias derivadas del contrato es Transmilenio SA, por lo cual es el responsable por los descuentos realizados; la actuación del IDU consistía en tramitar ante aquella entidad las cuentas de cobro del contratista.6
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- La pretensión de gastos de bodegaje es procedente y se le adeudan al contratista $124.785.857 por tal concepto.
(integrantes del Consorcio Proviales) Controversias contractuales
- La pretensión de gastos de bodegaje es procedente y se le adeudan al contratista $124.785.857 por tal concepto.
- No hay lugar al reconocimiento de intereses de mora porque los pagos debían realizarse dentro de los 45 días siguientes a la radicación de las órdenes de pago con los anexos correspondientes , lo cual no ocurrió.
- El contratista ha sido renuente a suscribir el acta de liquidación del contrato la cual corresponde adoptar con saldo en favor de este por la suma de
$455.793.494.
4. Llamamiento en garantía
El IDU llamó en garantía a la Empresa de Transporte para el Tercer MilenioTransmilenio SA (llamamiento en garantía.pdf índice 2 SAMAI) con el fin de que “se declare responsable y condene (…) por el pago de la indemnización del posible perjuicio si llegare a demostrarse, o el reembolso total o parcial del pago que tuviera que hacer el IDU, en el evento de existir sentencia condenatoria en contra de la entid ad” (fl. 2 llamamiento índice 2 SAMAI), toda vez que , en virtud del convenio interadministrativo número 20 de 2001 suscrito entre estas la entidad llamada es la encargada de realizar los pagos derivados del contrato y es la dueña de la obra. El llamamiento fue admitido y se dispuso la vinculación de Transmilenio SA , quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y del llamamiento (contestaciones/contestaciontrasnmileno.pdf índice 2 SAMAI) con apoyo en las razones que a continuación se sintetizan:
de Transmilenio SA , quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y del llamamiento (contestaciones/contestaciontrasnmileno.pdf índice 2 SAMAI) con apoyo en las razones que a continuación se sintetizan:
- Transmilenio SA solo tenía la condición de pagador de las obligaciones derivadas del contrato, sin facultades de dirección de la actividad contractual , de modo que, solo es responsable por el manejo presupuestal y del cumplimiento de las órdenes de pago expedidas por el IDU , quien debía autorizar cualquier pago al contratista, lo cual hizo.
- La construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura del sistema Transmilenio le corresponde al IDU quien suscribe en forma directa los contratos7
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tendientes a cumplir con dicha competencia , por ende, la llamada no hace parte del contrato de obra ni es la llamada a responder por su cumplimiento ni es garante de los daños causados por la inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales.
- En virtud del convenio número 20 de 2012 suscrito con el IDU, Transmilenio SA no participa en la ejecución de los contratos ni es responsable de est a y solo tiene a su cargo el “manejo presupuestal y (…) los pagos a los contratistas” (fl. 188 contestaciones/contestacióntransmilenio.pdf índice 2 SAMAI) , sin ser responsable o garante de los daños causados por la conducta contractual del
IDU.
188 contestaciones/contestacióntransmilenio.pdf índice 2 SAMAI) , sin ser responsable o garante de los daños causados por la conducta contractual del IDU.
5. La sentencia de primera instancia
El 31 de enero de 2024 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C dictó sentencia en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, con sustento en lo siguiente:
- La demanda fue oportunamente presentada toda vez que el término debía contabilizarse desde el vencimiento del término para liquidar el contrato , lo cual ocurrió el 3 de junio de 2015 (el plazo contractual expiró el 3 de diciembre de 2014), mientras que la demanda se presentó el 26 de agosto de 2016, esto es, dentro de los dos (2) años siguientes.
- El equilibrio contractual se rompió con ocasión de las suspensiones 1 y 2 del contrato porque generaron una mayor permanencia en obra por parte del contratista que no fue reconocida y la ausencia de salvedades en el momento en que estas fueron acordadas no le impide al contratista reclamar sus efectos económicos según la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado ( sentencia de 27 de julio de 2023, exp. 39.121 MP Guillermo Sánchez Luque) .
- Las suspensiones del contrato tuvieron como causa hechos atribuibles a la contratante porque no definió las artes gráficas de la señalización que debía8
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instalar el contratista y, luego, no adicionó oportunamente el contrato de interventoría por ausencia de recursos económicos.
- El contratista aportó una certificación de un auditor externo en la cual relacionó el valor de los mayores costos en los cuales incurrió con ocasión de las suspensiones del contrato las cuales demuestran las sumas erogadas que ascienden a $87.461.672,91 , pues, dichas documentales no fueron tachadas ni controvertidas en el curso del proceso por lo cual está incólume la presunción de veracidad que las reviste.
- N o hay lugar a reconocer suma alguna por mayor permanencia en obra derivada de las prórrogas contractuales porque al momento de suscribirlas se acordó que no generarían sobrecostos para el IDU.
- Transmilenio SA reconoció en una mesa de trabajo adelantada el 14 de julio de 2016 que los pagos al contratista no debieron ser objeto de deducciones, sin embargo, “si bien se advierte un error en deducción realizada por TRANSMILENIO no es menos cierto que para devolución de deducciones, el contratista tiene una carga ente el órgano de control fiscal (impuestos) que debe ejercer en pro de la efectiva devolución de di chas deducciones, situación que no encuentra acreditada como agotada por el contratista. En esta secuencia la pretensión elevada será denegada.” (fl. 25 sentencia de primera instancia índice 114 SAMAI tribunal).
encuentra acreditada como agotada por el contratista. En esta secuencia la pretensión elevada será denegada.” (fl. 25 sentencia de primera instancia índice 114 SAMAI tribunal).
- El pago por concepto de bodegaje hacía parte del objeto contractual y le correspondía asumirlo al contr atista, además, el valor del arrendamiento de una casa bodega entre junio y julio de 2013 por la suma de $3.800.000 fue incluido en los sobrecostos reconocidos por la mayor permanencia durante las suspensiones del contrato; “quiere significarse que, la Sala no niega el reconocimiento del rembolso de bodegaje reclamado por el accionante, sino el monto independiente que por tal concepto la activa pretende le sea reembolsado, así mismo, no como un asunto externo o adicional al c ontrato, sino como una suma integral al mismo, debidamente establecida por auditor externo y9
Expediente: 25000-23-36-000-2016-01737-03 (71.426) Demandantes: Luis Orlando Pulido García y sociedad Viales y Obras Públicas SA
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reconocido en acápite de sobrecostos por mayor permanencia en obra” (fl. 25 sentencia de primera instancia índice 114 SAMAI tribunal).
- Las partes no discuten que el contratista no ha recibido el valor final de l acta final del contrato correspondiente al 5% del valor total del contrato por lo cual hay lugar a reconocerlo en cuantía equivalente a $ 319.172.203.
- No hay lugar a reconocer intereses de mora sobre las sumas reconocidas porque no hay prueba de que el contratista radicó las correspondientes facturas;
lugar a reconocerlo en cuantía equivalente a $ 319.172.203.
- No hay lugar a reconocer intereses de mora sobre las sumas reconocidas porque no hay prueba de que el contratista radicó las correspondientes facturas; además, el pago final del contrato quedó sujeto a la suscripción del acta de liquidación del contrato por lo cual no hay mora de pagarlo porque el contrato no ha sido liquidado.
- De conformidad con lo expuesto, la liquidación judicial del contrato incluyó lo
siguiente:
Valor inicial del contrato: $7.277.681.777
Valor pagado al contratista: $6.957.920.169
Pendiente por pagar: $319.172.203
Desequilibrio por suspensiones del contrato: $87.461.672
Descuento por imprevistos: $49.157.8991
Saldo en favor del contratista: $357.475.976
- La referida suma fue actualizada con el IPC desde junio de 2015 (cuando debió liquidarse el contrato) hasta la fecha del fallo de primera instancia, para un total en favor del contratista de $583.053.762.
- Transmilenio SA está obligado a reembolsarle al IDU la totalidad de las sumas que pague por concepto de la liquidación del contrato en virtud de las obligaciones derivadas del convenio interadministrativo número 020 de 2001 suscrito entre estas en el cual se acordó un esquema de cooperación en el cual los pagos los realizaría la sociedad anónima y las suspensiones del contrato le son imputables a esta debido a que son “imputables a TRANSMILENIO, a saber, a) TRANSMILENIO S.A aún no había definido la totalidad las artes gráficas de
los pagos los realizaría la sociedad anónima y las suspensiones del contrato le son imputables a esta debido a que son “imputables a TRANSMILENIO, a saber, a) TRANSMILENIO S.A aún no había definido la totalidad las artes gráficas de
1 Esta deducción se aplicó porque ese fue el valor previsto en el contrato para imprevistos y sin otra motivación.10
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las señales a instalar en el quinto y sexto mes y b) TRANSMILENIO S.A., no contaba con recursos para adicionar el contrato de interventoría correspondiente a solicitud de prórroga por 3.5 meses.” (fl. 29 sentencia de primera instancia índice 114 SAMAI).
- No hay lugar a imponer condena en costas de la instancia porque la demanda no carece de fundamento legal en los términos del artículo 188 del CPACA según fue reformado por la Ley 2080 de 2021.
6. Los recursos de apelación
En la oportunidad legal, las partes y el llamado en garantía apelaron y sustentaron sus precisas inconformidades con la sentencia en la forma que se resume a continuación:
6.1 Parte demandante
La apelación del consorcio demandante (índice 121 SAMAI tribunal es parcial y se contrae a los siguientes aspectos:
- Debe reconocerse el valor de la mayor permanencia en obra derivada de las prórrogas 1 y 2 del contrato; la expresión contenida en estas según la cual estas
se contrae a los siguientes aspectos:
- Debe reconocerse el valor de la mayor permanencia en obra derivada de las prórrogas 1 y 2 del contrato; la expresión contenida en estas según la cual estas “no generan costos adicionales al IDU” no constituye renuncia del derecho a reclamar toda vez que su alcance era únicamente dejar constancia de que el acto no implicaba ordenación del gasto por parte de la contratante; así lo manifestó el contratista expresamente en la comunicación de 15 de agosto de 2013 en la cual dejó a salvo la posibilidad de reclamar en los siguientes términos:
“Cualquier comentario o inquietud adicional que surja con respecto a la suscripción de la presente prórroga. Hemos entregado a la Entidad el Otrosí No. 1 por medio del cual se prorroga el término de ejecución del contrato 019 entre el IDU y el Consorcio Proviales, en el cual se incluye el Parágrafo de la Cláusula No. 1 en el cual se incluye el siguiente texto: ‘La presente prorroga no genera costos adicionales al IDU’.
No obstante haberlo firmado, nos permitimos hacer la salvedad de que se ha procedido de dicha forma en atención a la explicación dada11
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(integrantes del Consorcio Proviales) Controversias contractuales
por esa Entidad, que ha indicado que debido a que al momento de la firma del mencionado documento no se han allegado a la Entidad la justificación de los costos por la mayor permanencia en obra no es
Controversias contractuales
por esa Entidad, que ha indicado que debido a que al momento de la firma del mencionado documento no se han allegado a la Entidad la justificación de los costos por la mayor permanencia en obra no es procedente estimar el valor adicional del contrato y que estos serán reconocidos una vez se produzcan y se constaten.
Lo anterior no puede desconocer entonces las afirmaciones reiteradas que se incluyeron en las actas de suspensión, documentos que hacen parte de la actuación y ejecución contractual y la ponen en contexto, en las cuales hemos expuesto que (i) las causas del retraso en la ejecución del contrato han sido ajenas al Consorcio y (ii) por lo tanto se generan costos de mayor permanencia en obra, que deberán ser reconocidos por la Entidad, a más tardar, al momento de la liquidación del contrato con base en los documentos de soporte que se alleguen.”
- El interventor del contrato reconoció que el reconocimiento por mayor permanencia estaba sujeto a aquello que se lograra acreditar efectivamente , según lo señaló en la comunicación número 083 -279-2013; estos sobrecostos quedaron efectivamente demostrados en el proceso con las certificaciones del auditor externo del Consorcio Proviales.
- El tribunal erró al apreciar el material probatorio del proceso en relación con los gastos de bodegaje reclamados; en la demanda se reclamó el valor del bodegaje causado durante todo el tiempo en el cual el contratista asumió el depósito de la señalización retirada durante la ejecución del contrato y no solo durante los meses de junio y julio de 2013 cuando operaron las suspensiones del contrato; los costos asumidos por este concepto quedaron debidamente
depósito de la señalización retirada durante la ejecución del contrato y no solo durante los meses de junio y julio de 2013 cuando operaron las suspensiones del contrato; los costos asumidos por este concepto quedaron debidamente acreditados en el proceso con la cuenta de cobro por dichos conceptos y el comprobante de egreso correspondiente.
- Las retenciones realizadas a los pagos parciales recibidos por el contratista no eran procedentes ya que no fueron acordadas, el IDU retuvo el 10% de cada pago, para garantizar, supuestamente, el pago del 5% del valor del contrato que se realizaría en el momento del recibo final de las obras y el 5% adicional que quedaría como saldo a pagar con la liquidación del contrato; sin embargo, al momento de exigir el pago del 5% del valor del contrato la entidad contratante practicó nuevamente retenciones por este concepto.12
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(integrantes del Consorcio Proviales) Controversias contractuales
- No era procedente la deducción por imprevistos por la suma de $49.157.899 ; el tribunal no justificó debidamente dicha deducción ; el AUI constituye un costo indirecto y variable que forma parte del precio del contrato, esto es, corresponde a la remuneración libremente acordada por las partes y está dirigida a cubrir el alea normal de este , por ende, no existía sustento legal ni contractual para deducir la mencionada suma.
- Las sumas reconocidas en favor del contratista deben indexarse desde el
a la remuneración libremente acordada por las partes y está dirigida a cubrir el alea normal de este , por ende, no existía sustento legal ni contractual para deducir la mencionada suma.
- Las sumas reconocidas en favor del contratista deben indexarse desde el momento en que venció el plazo para liquidar el contrato (julio de 2014); lo contrario implicaría que la entidad se beneficie de su propia culpa por el hecho de no liquidar oportunamente el negocio.
6.2 Instituto de Desarrollo Urbano
El IDU apeló (índice 119 SAMAI) por las razones que seguidamente se exponen:
- El contratista estaba obligado a dejar expresa salvedad al momento de suscribir las suspensiones y prórrogas del contrato, así como también en las actas de terminación y de recibo final del contrato y no lo hizo , como sustento de lo cual citó
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