CE - Sentencia 25000233600020180094601

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 25000233600020180094601
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayode dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00946 (69763)

Actor: JOSÉ GABRIEL BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO – Lesiones y pérdida de bienes de transportistas, en el marco del “paro camionero” de 2016 / FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL DEBER DE PROTECCIÓN – Se acredita cuando se formula una petición en ta l sentido o sea evidente el riesgo / TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DEL SERVICIO - El Estado debe disponer de los medios que razonablemente estén a su alcance.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación presentados por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en contra de la sentencia del 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Se pretende la responsabilidad de las entidades accionadas por una supuesta omisión en el deber de protección, que habría facilitado el ataque sufrido por los

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Se pretende la responsabilidad de las entidades accionadas por una supuesta omisión en el deber de protección, que habría facilitado el ataque sufrido por los señores Yuver Albercio Acosta Cárdenas y José Gabriel Bohórquez Mogollón durante su tránsito por una vía nacional, el 14 de julio de 2016, en el marco del paro camionero.

ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2018 1, los señores José Gabriel Bohórquez Mogollón 2 y Yuver Albercio Acosta Cárdenas 3, presentaron

1 Demanda visible a folios 4-20 del cuaderno principal. 2 Junto con este demandante acudió su cónyuge, la señora Marly Yaneth Vásquez Galeano, y sus hijos, Samuel Bohórquez Vásquez y José Luis Bohórquez López. Poder folio 1 y 2. 3 Junto con este demandante acudió su cónyuge, la señora Rosa Milena Amado Uribe, y sus hijos, los menores Julieth Cristina Acosta Amado y Ángel David Acosta Amado. Poder folio 3.2

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00946 (69763)

Actor: JOSÉ GABRIEL BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE TRASPORTE Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

demanda de reparación directa en contra de La Nación -Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa -Ejército Nacional -Policía Nacional y el Departamento

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

demanda de reparación directa en contra de La Nación -Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa -Ejército Nacional -Policía Nacional y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), con el fin de que se les declarara patrimoni almente responsables por las lesiones personales y los perjuicios materiales sufridos por los referidos señores el 14 de julio de 2016, cuando fueron atacados en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca, mientras se desplazaban desde Paipa, Boyacá, hacia Bogotá, en medio de una protesta nacional conocida como “el paro camionero”4.

1.2. Los hechos que motivaron la demanda fueron los siguientes: A partir del 4 de junio de 2016, y durante ese mes y el siguiente, el gremio de transportadores adelantó un paro nacional que generó bloqueos en varias vías del país. En ese contexto, la Presidencia de la República y los Ministerios de Defensa, Transporte, Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural, emitieron comunicados públicos sobre el curso de las negociaciones con los manifestantes. Los bloqueos tuvieron especial intensidad en la vía que de Sogamoso (Boyacá) conduce a Bogotá. El 14 de julio de 2016, los señores José Gabriel Bohórquez Mogollón y Yuver Albercio Acosta Cárdenas, luego de consultar el estado de las carreteras a través de la línea #767 del Instituto Nacional de Vías, emprendieron un viaje desde el municipio de Sotaq uirá, Boyacá, hacia Bogotá, con el propósito de transportar un

Albercio Acosta Cárdenas, luego de consultar el estado de las carreteras a través de la línea #767 del Instituto Nacional de Vías, emprendieron un viaje desde el municipio de Sotaq uirá, Boyacá, hacia Bogotá, con el propósito de transportar un cargamento de tomates de propiedad del primero de los mencionados, en el camión de placas TGS-126, perteneciente al segundo. Se afirmó que, aunque gozaron de acompañamiento de la fuerza pública hasta el peaje Albarracín 5 y advirtieron presencia militar en las carreteras del

4 Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se solicitaron las siguientes indemnizaciones: (i) Para el señor Yuver Albercio Acosta Cárdenas, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, con base en una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, un total de $465’985.686, y, por daño emergente, $52’000.000 derivado de la pérdida total del vehículo con placas TGS-126, más $3’000.000 por gastos adicionales. También se pidió el reconocimiento de perjuicios fisiológicos, morales y daño a la vida en relación, todos cuantificados en más de 100 SMLMV. Para cada uno de los integrantes de su grupo familiar, esto es, su cónyuge y sus dos hijos, el equivalente a 100 SMLMV por perjuicios morales. (ii) Al señor José Gabriel Bohórquez Mogollón, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, con base en una pérdida de capacidad laboral del 40.72%, un total de $98’232.920, y, por daño emergente, $28’759.000 por la pérdida total de la mercancía transportada (tomates).

de lucro cesante, con base en una pérdida de capacidad laboral del 40.72%, un total de $98’232.920, y, por daño emergente, $28’759.000 por la pérdida total de la mercancía transportada (tomates). También se pidió el reconocimiento de perjuicios fisiológicos, morales y daño a la vida en relación, todos cuantificados en más de 100 SMLMV. Para cada uno de los integrantes de su grupo familiar, esto es, su cónyuge y sus dos hijos, el equivalente a 100 SMLMV por perjuicios morales. 5 Peaje ubicado en la carretera que une Cundinamarca y Boyacá, en los límites entre los dos departamentos.3

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Actor: JOSÉ GABRIEL BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE TRASPORTE Y OTROS

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departamento de Boyacá, no ocurrió lo mismo en Cundinamarca. Al llegar al municipio de Villapinzón, en horas de la noche, los demandantes fueron atacados con piedras por manifestantes, lo que produjo el volcamiento del vehículo en el que viajaban, acciden te que les ocasion ó graves lesiones físicas y psiquiátricas, así como la pérdida total del automotor y la carga. Según valoraciones médicas y conceptos periciales, el señor Yuver Albercio Acosta Cárdenas sufrió una pérdida de capacidad laboral del 60.31% y el señor José Gabriel Bohórquez Mogollón del 40.72%. La parte actora sostuvo que las entidades demandadas debían responder

Cárdenas sufrió una pérdida de capacidad laboral del 60.31% y el señor José Gabriel Bohórquez Mogollón del 40.72%. La parte actora sostuvo que las entidades demandadas debían responder patrimonialmente por una falla en el servicio, en tanto omitieron mantener la presencia militar en un tramo identificado como de riesgo, brindaron información inexacta sobre las condiciones de seguridad en la vía y promovieron el tránsito de carga bajo la promesa de una protección institucional que, a su juicio, nunca se materializó.

2. La respuesta de las entidades accionadas6

2.1. La Policía Nacional 7 se opuso a las pretensiones de la demanda y, como mecanismos de defensa, propuso las excepciones que denominó “ inexistencia de una omisión, falta o falla en el servicio ” y “ hechos exclusivos y determinantes de terceras personas”. Frente a la primera, afirmó que el día de los hechos la seguridad en las vías fue garantizada mediante dispositivos de escolta, y que los demandantes decidieron “libremente movilizarse sin integrarse a una caravana ”, pese a que los riesgos eran conocidos “ por todos los habitantes del territorio nacional ” y más por los demandantes, quienes hacían parte del gremio. En relación con la segunda excepción, sostuvo que el ataque fue ejecutado por personas “ totalmente ajenas a la entidad ”, y que no era razonable exigir a la administración una protección absoluta, pues resultaba “ imposible prever el sitio exacto de una vía [del orden nacional] en el que iban a salir vándalos” a atacar los vehículos. 2.2. El DAPRE8 también se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que

nacional] en el que iban a salir vándalos” a atacar los vehículos. 2.2. El DAPRE8 también se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que dentro de sus funciones no estaban las relacionadas con la prestación de servicios de seguridad ni con el mantenimiento del orden público, por lo que estimó que

6 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda el 23 de octubre de 2018 (folios 24-26 c-principal), decisión que se notificó de manera electrónica a las entidades accionadas, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 7 Folio 43-47 c-principal. 8 Folios 59-71 c-principal.4

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Actor: JOSÉ GABRIEL BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN Y OTROS

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carecía de legitimación en la causa por pasiva. Afirmó que los hechos ocurrieron por la acción de terceros completamente ajenos a la entidad y que los demandantes, a pesar de conocer los riesgos derivados del paro camionero, decidieron movilizarse de forma independiente, sin integrarse a las caravanas escoltadas por la Fuerza Pública. Añadió que este acompañamiento formaba parte de una estrategia oficial de protección colectiva y que, según sus registros, no fueron objeto de ataques, a diferencia de quienes decidieron circular por su cuenta. Concluyó que no podía exigirse al Estado una garantía absoluta de seguridad frente a eventos imprevisibles y fuera de su control operativo.

diferencia de quienes decidieron circular por su cuenta. Concluyó que no podía exigirse al Estado una garantía absoluta de seguridad frente a eventos imprevisibles y fuera de su control operativo. 2.3. El Ejército Nacional9 alegó la excepción de “ausencia de una falla en el servicio”. Señaló que la vigilancia y protección de las carreteras no constituye parte esencial de su misionalidad, sino una función complementaria asignada únicamente en zonas con presencia de grupos armados organizados. Afirmó que no era posible mantener cobertura militar constante a lo largo de todas las vías, menos aún frente a un paro nacional que se extendió por más de un mes. Resaltó, además, que los propios demandantes reconocieron haber contado con acompañamiento durante la mayor parte del trayecto, por lo que, si al llegar a un sector detectaron ausencia de presencia militar, debieron detenerse, solicitar apoyo e informar a las autoridades, atendiendo al contexto de alteración del orden público.

2.4. El Ministerio de Transporte se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que los daños alegados no le eran imputables, dado que no tiene funciones relacionadas con la vigilancia ni el mantenimiento del orden público en las vías del país. Manifestó que tampoco existía nexo de causalidad entre su actuación y los perjuicios que, se afirmó, fueron causados como consecuencia del paro camionero de 2016.

Como sustento normativo, señaló que el Decreto 87 de 2011 fija como función del Ministerio la formulación de políticas en materia de transporte y tránsito, más no la garantía del orden público o la seguridad en las vías nacionales, departamentales o municipales. En ese sentido, concluyó que tales atribuciones corresponden a otras

Ministerio la formulación de políticas en materia de transporte y tránsito, más no la garantía del orden público o la seguridad en las vías nacionales, departamentales o municipales. En ese sentido, concluyó que tales atribuciones corresponden a otras entidades del Estado, dotadas de personería jurídica, autonomía administrativa y capacidad para responder directamente por sus actuaciones.

9 Folio 77-80 c-principal.5

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00946 (69763)

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3. La sentencia de primera instancia10

3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 21 de octubre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda 11. La parte resolutiva es la siguiente:

Primero: Declarar la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación -Ministerio de Transporte y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Segundo: Declarar la responsabilidad extracontractual y solidaria de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional y del Ejército Nacional por los daños derivados del accidente sufrido por los señores José Gabriel Bohórquez Mogollón y Yuver Albercio Acosta Cárdenas, el 14 de julio de 2016.

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, condenar a la NaciónMinisterio de Defensa -Armada Nacional (sic) a adoptar las siguientes

de 2016.

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, condenar a la NaciónMinisterio de Defensa -Armada Nacional (sic) a adoptar las siguientes medidas indemnizatorias a favor de la parte demandante:

3.1. Por lucro cesante consolidado, pagar al señor Yuver Albercio Acosta Cárdenas la suma de noventa millones quinientos ochenta y seis mil doscientos treinta y nueve pesos con cincuenta centavos ($90’586.239,50)

3.2. Por lucro cesante futuro, pagar al señor Yuver Albercio Acosta Cárdenas la suma de ciento ochenta y cuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos con tres centavos ($184.689.941,03)

3.3. Por lucro cesante consolidado, pagar al señor José Gabriel Bohórquez Mogollón la suma de treinta y seis millones ochocientos ochenta y seis mil setecientos dieciséis pesos con setenta y dos centavos ($36.886.716,72)

3.4. Por lucro cesante futuro, pagar al señor José Gabriel Bohórquez Mogollón la suma de sesenta y cinco millones quinientos diecisiete mil quinientos sesenta pesos con doce ($65.517.560,12)

3.5. Por el daño emergente, pagar al señor José Gabriel Bohórquez Mogollón la suma que eventualmente se obtenga mediante trámite incidental y conforme los parámetros fijados en la parte considerativa iniciativa del interesado, ya que por este rubro la condena se profiere en abstracto.

3.6. Por los perjuicios morales, pagar las siguientes sumas de dinero a los demandantes:

iniciativa del interesado, ya que por este rubro la condena se profiere en abstracto.

3.6. Por los perjuicios morales, pagar las siguientes sumas de dinero a los demandantes:

10 El 17 de septiembre de 2019, se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, oportunidad en la que se agotaron las etapas previstas en la norma en comento (f. 137 -143 cprincipal y Cd. No. 3). El recaudo probatorio se llevó a cabo según se dejó constancia en audiencia de pruebas del 28 de enero de 2021, y una vez culminada la práctica de pruebas, en la misma diligencia se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en su lugar, se ordenó la presentación de alegatos de conc lusión por escrito (f. 175 -180 c-principal y Cd. No. 4).. En esta oportunidad procesal, la parte actora reiteró los fundamentos de hecho y de derecho planteados en la demanda (f. 219-227 c-principal). Las entidades accionadas replicaron los argumentos de defensa expuestos en cada una de las contestaciones y pidieron que se negaran las pretensiones de la demanda (184-191, 194-199, 210-214 y 251-259 c-principal). El Ministerio Público conceptuó fuera del lapso previsto por la ley procesal. 11 Folios 261-284 c-principal.6

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00946 (69763)

Actor: JOSÉ GABRIEL BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE TRASPORTE Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Demandante Calidad

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Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE TRASPORTE Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Demandante Calidad acreditada Indemnización SMLV Yuver Albercio Acosta Cárdenas Víctima directa Cien (100) Rosa Milena Amado Cónyuge Cien (100) Julieth Cristina Acosta Amado Hijo Cien (100) Ángel David Acosta Amado Hijo Cien (100) José Gabriel Bohórquez Mogollón Víctima directa Ochenta (80) Marly Yaneth Vázquez Galeano Cónyuge Ochenta (80) Samuel Bohórquez Vázquez Hijo Ochenta (80) José Luis Bohórquez López Hijo Ochenta (80)

3.7. Por daño a la salud, pagar al señor Yuver Albercio Acosta Cárdenas la suma de doscientos (200) smlmv. 3.8. Por daño a la salud, pagar al señor José Gabriel Bohórquez Mogollón la suma de ochenta (80) smlmv.

Cuarto: Negar las demás pretensiones de la demanda. 3.2. El daño, como primer elemento de responsabilidad, se acreditó con lo consignado en las historias clínicas12, los informes periciales de lesiones no fatales proferidos por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses 13, y los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá 14 allegados al plenario. Se estableció que los

señores José Gabriel Bohórquez Mogollón y Yuver Albercio Acosta Cárdenas

los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá 14 allegados al plenario. Se estableció que los señores José Gabriel Bohórquez Mogollón y Yuver Albercio Acosta Cárdenas sufrieron múltiples lesiones a raíz del volcamiento del vehículo en el que se desplazaban, en hechos ocurridos en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca, y que, como consecuencia, ambos vieron reducida su capacidad laboral de forma significativa, en un 40.72% y 60.31%, respectivamente. En relación con la propiedad y destrucción de la carga de tomate del señor José Gabriel Bohórquez Mogollón, el tribunal explicó que en el expediente obra una orden de compra fechada el 14 de julio de 2016, identificada con el número 57, a nombre del mencionado actor y firmada por Fredy Naranjo, en la que se relacionan distintas variedades de tomate distribuidas en 447 canastillas 15. Además, los reportes noticiosos allegados al proceso registraron que el vehículo siniestrado trasladaba tomates16. Por último, en atención a la naturaleza perecedera de la mercancía, el a quo consideró razonable concluir que el volcamiento del camión ocasionó su pérdida total.

12 Historias clínicas obrantes a folios 128-370 c-pruebas no. 1 y 371-783 c-pruebas No. 2. 13 Informe pericial de clínica forense del señor José Gabriel Bohórquez Mogollón obrante a folio 30 c-pruebas No. 1, y el de Yuver Albercio Acosta Cárdenas obrante a folios 31 c-pruebas No. 1.

13 Informe pericial de clínica forense del señor José Gabriel Bohórquez Mogollón obrante a folio 30 c-pruebas No. 1, y el de Yuver Albercio Acosta Cárdenas obrante a folios 31 c-pruebas No. 1. 14 Dictamen de José Gabriel Bohórquez Mogollón obrante a folios 27 -29 c-pruebas No. 1, y el de Yuver Albercio Acosta Cárdenas obrante a folios 33-35 c-pruebas No. 1. 15 Folios 14-15 c-pruebas No. 1. 16 Folios 7-13 y 18-21 c-pruebas No.1.7

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00946 (69763)

Actor: JOSÉ GABRIEL BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE TRASPORTE Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

En cuanto al camión de placas TGS -126, que el señor Yuver Albercio Acosta Cárdenas afirmó tener como propio, el a quo explicó que no se acreditó su titularidad con un documento idóneo, como lo exige la Ley 769 de 2002 para este tipo de bienes. Aunque se allegó un contrato de compraventa suscrito el 6 de agosto de 201417 y algunas declaraciones extrajudiciales 18 -las cuales carecen de valor probatorio al no haber sido ratificadas -, no se aportó la respectiva licencia de tránsito, por lo que no se probó la propiedad. Además, en cuanto a la supuesta destrucción del vehículo, la única prueba disponible era un informe policial manuscrito y parcialmente ilegible 19, que reportó daños totales en la cabina y la

tránsito, por lo que no se probó la propiedad. Además, en cuanto a la supuesta destrucción del vehículo, la única prueba disponible era un informe policial manuscrito y parcialmente ilegible 19, que reportó daños totales en la cabina y la carrocería a raíz del volcamiento; no obstante, dicho informe no tiene el valor probatorio para generar plena convicción sobre la pérdida total del automotor, por cuanto no provenía de un perito ni se acreditaron las competencias técnicas del agente que lo suscribió. Sumado a lo anterior, al verificar la información en el portal del Registro Único Nacional de Tránsito con el número de chasis CMB04475, se advirtió que el vehículo con placas TGS -126 contaba con seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente hasta 2 023, identificado con la póliza número 15156700014230, y con revisión técnico-mecánica al día, respaldada por el certificado número 161430026; lo que refuerza la conclusión de que no fue acreditada la pérdida del bien. 3.2. En cuanto al juicio de imputación, el a quo concluyó que el daño alegado por los demandantes le resultaba atribuible a la Policía Nacional y al Ejército Nacional, por ser los encargados del control del orden público en el lugar de los hechos. A partir del material probatorio, consideró demostrado qu e existía un contexto de perturbación grave del orden, frente al cual el Gobierno nacional había ordenado reforzar la presencia de la fuerza pública y adoptar medidas para proteger a los transportadores de c arga, especialmente mediante caravanas escoltadas. Sin embargo, a pesar de haberse dispuesto controles en la vía entre Boyacá y Bogotá,

reforzar la presencia de la fuerza pública y adoptar medidas para proteger a los transportadores de c arga, especialmente mediante caravanas escoltadas. Sin embargo, a pesar de haberse dispuesto controles en la vía entre Boyacá y Bogotá, los demandantes transitaron sin acompañamiento oficial por un tramo considerado de alto riesgo. Según el Tribunal, esta omisión resultó determinante, pues se trataba de personas que, por su actividad de transportistas, estaban expuestas a ataques, y la estrategia de protección no se aplicó con la rigurosidad exigida. Consideró que no se trataba de exigir una presencia militar constante a lo largo de toda la vía, sino de aplicar con rigor la estrategia de caravanas que las propias

17 Folio 34-35 pruebas No. 1. 18 Folio 49-58 c-pruebas No. 1. 19 Folios 23-25 pruebas No. 18

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Actor: JOSÉ GABRIEL BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE TRASPORTE Y OTROS

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autoridades habían anunciado como mecanismo de protección. Permitir que un vehículo de carga se desplazara de forma aislada, en un contexto de alteración del orden, configuró una falla del servicio por omisión en el deber de protección. 3.3. En relación con el DAPRE y el Ministerio de Transporte, el a quo declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva. Respecto de la primera entidad, indicó que no tenía funciones de protección o vigilancia en las vías, ni siquiera en contextos

3.3. En relación con el DAPRE y el Ministerio de Transporte, el a quo declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva. Respecto de la primera entidad, indicó que no tenía funciones de protección o vigilancia en las vías, ni siquiera en contextos excepcionales como el paro camionero, y que la orden presidencial de militarizar las carreteras no implicaba obligaciones directas para esa entidad. En cuanto a la segunda, señaló que la sola consulta a la línea #767 no permitía atribuirle responsabilidad ni derivar un deber funcional incumplido.

3.4. Finalmente, el a quo reconoció los perjuicios que se transcribieron al inicio de este acápite y se abstuvo de condenar en costas, al considerar que la prosperidad de la demanda fue parcial, tanto en relación con los sujetos responsables como respecto de los rubros indemnizato rios reconocidos, conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 365 del CGP.

5. Los recursos de apelación20

5.1. La Policía Nacional21 cuestionó la sentencia de primera instancia por considerar que incurrió en un error al atribuirle responsabilidad por omisión del deber de protección. Afirmó que se desplegaron todas las medidas posibles para garantizar la seguridad vial durante el paro ca mionero, entre ellas, la conformación de caravanas escoltadas por la Fuerza Pública, estrategia que permitió el tránsito seguro de más de 24.000 vehículos sin que se registraran ataques. Sostuvo que los demandantes decidieron de forma libre y voluntaria mo vilizarse por fuera de esas caravanas, sin que mediara instrucción, permiso o recomendación de la entidad para hacerlo. Rechazó que existiera una obligación legal de impedir el tránsito independiente de

demandantes decidieron de forma libre y voluntaria mo vilizarse por fuera de esas caravanas, sin que mediara instrucción, permiso o recomendación de la entidad para hacerlo. Rechazó que existiera una obligación legal de impedir el tránsito independiente de los transportadores, o de incorporar individualmente a cada vehículo en una caravana, pues –según indicó– esa carga resultaría desproporcionada e imposible de cumplir. En su criterio, los hechos obedecieron a un ataque aislado e imprevisible, ejecutado por terceros no identificados, lo que excluye la falla del servicio. Finalmente, se opuso al reconocimiento de los perjuicios, por considerar

20 Los recursos de apelación fueron admitidos por esta Corporación el 26 de mayo de 2023 (f. 314 c-principal). No hubo lugar a dar traslado para alegar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247-5 del del CPACA -modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021-. 21 Folio 294-287 c-principal.9

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00946 (69763)

Actor: JOSÉ GABRIEL BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE TRASPORTE Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

que no fueron probados, que algunos montos fueron calculados erradamente y que la supuesta pérdida de la mercancía no fue acreditada con medios de prueba idóneos. 5.2. El Ejército Nacional 22 afirmó haber cumplido con la orden presidencial de militarizar las vías durante el paro camionero de 2016, mediante el despliegue de

idóneos. 5.2. El Ejército Nacional 22 afirmó haber cumplido con la orden presidencial de militarizar las vías durante el paro camionero de 2016, mediante el despliegue de pelotones, la instalación de cinco puntos de control sobre la vía Bogotá -Villapinzón y la organización de más de 1600 caravanas que garantizaron la movilidad de cerca de 25.000 vehículos. Insistió en que sus acciones estuvieron limitadas por la capacidad operativa disponible y que no era posible, ni exigible, una presencia militar constante en cada tramo del recorrido. Sostuvo que la responsabilidad no podía imputársele por un hecho aislado, imprevisible y ejecutado por terceros ajenos a la institución, y que los propios demandantes reconocieron haber contado con acompañamiento durante gran parte del trayecto. A su juici o, si al llegar a un punto determinado no había presencia militar, debieron detenerse y solicitar apoyo, lo cual no hicieron. Añadió que no existe prueba de que los demandantes hubieran pedido escolta ni de que el Ejército se hubiera negado a brindarla. Fi nalmente, advirtió que no era jurídicamente admisible trasladar a la entidad la responsabilidad derivada de una decisión voluntaria y riesgosa de los afectados, por lo que solicitó la revocatoria del fallo y el rechazo total de las pretensiones.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. En virtud del numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 201123, los tribunales administrativos conocen en primera instancia de los procesos de reparación directa en los que la cuantía exceda de 500 SMMLV 24, cuya apelación le corresponde

administrativos conocen en primera instancia de los procesos de reparación directa en los que la cuantía exceda de 500 SMMLV 24, cuya apelación le corresponde tramitarla al Consejo de Estado, según el artículo 150 ejusdem25.

22 Folio 300-304 c-principal. 23 Régimen procesal aplicable a la demanda radicada el 6 de septiembre de 2016. 24 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) “6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 25“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”.10

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00946 (69763)

Actor: JOSÉ GABRIEL BOHÓRQUEZ MOGOLLÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE TRASPORTE Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

1.2. En el presente asunto la parte actora solicitó en favor del señor Yuver Albercio Acosta Cárdenas un total de $465’985.686 por concepto de lucro cesante , suma que supera26 la exigida por la norma para el efecto, de ahí que el conocimiento en primera instancia le correspondiera al a quo.

2. El objeto de la impugnación y el alcance del estudio

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