CE - Sentencia 25000233600020190029501
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000233600020190029501
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00295-01 (70.865) Actor: Aldemar Bautista Otero y otros Demandado: Procuraduría General de la Nación y otros Medio de control: Reparación directa
Temas: MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE - La fuente o el origen del daño es lo que determina el medio de control idóneo para desatar la controversia / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Mecanismo idóneo cuando el daño se deriva de un acto administrativo sancionatorio que se considera ilegal proferido en el marco de un proceso disciplinario / REVOCATORIA DIRECTA – Mecanismo de autocontrol que ejerce la administración en el marco de un procedimiento administrativo, mediante el cual revisa sus propias decisiones y su finalidad es evitar hacia el futuro la consolidación del daño causado, no resarcir los perjuicios producidos durante la vigencia del acto que fue revocado / ARTÍCULO 127 DE LA LEY 734 DE 2002 – Dispone que ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas / CARGA PROCESAL DEL AFECTADO CON LOS EFECTOS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO EN FIRME - No puede omitir el deber de cuestionar su legalidad bajo la expectativa de que la administración revoque en algún
acciones contencioso-administrativas / CARGA PROCESAL DEL AFECTADO CON LOS EFECTOS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO EN FIRME - No puede omitir el deber de cuestionar su legalidad bajo la expectativa de que la administración revoque en algún momento su determinación / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTR OL DE REPARACIÓN DIRECTA - Si después de los cuatro meses regulados en la ley para ejercer el control judicial de un acto administrativo, el interesado no lo hizo, en modo alguno lo habilita para demandar en reparación directa.
Procede la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia anticipada a través de la cual se declaró probada la excepción de caducidad.
Se solicita la reparación de los perjuicios causados con la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos impuesta al demandante en el marco de un proceso disciplinario.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida el 3 de agosto de 2022, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la caducidad de la demanda instaurada el 22 de abril de 20191 por los señores Aldemar Bautista Otero
(sancionado), Claudia Patricia Galán Su árez (cónyuge), Andrea Carolina Bautista Barrera (hija), Aura Otero de Bautista (madre), María Nelsy y German Orlando Bautista Otero (hermanos), contra la Procuraduría General de la Nación, el Distrito Capital de Bogotá -Personería Distrital de Bogotá- y el Hospital El Tunal E.S.E. Los
Bautista Otero (hermanos), contra la Procuraduría General de la Nación, el Distrito Capital de Bogotá -Personería Distrital de Bogotá- y el Hospital El Tunal E.S.E. Los
1 SAMAI: Expediente digital: “ED_EXPTRIBUN_2ADMISIONDELADE(.zip) NroActua 2”, página 1.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00295-01 (70.865)
Actor: Aldemar Bautista Otero y otros
Demandado: Distrito Capital de Bogotá D.C. y otros Medio de control: Reparación directa
2
demandantes s olicitaron que se d eclarara patrimonialmente responsables a l as demandadas por los perjuicios causados con ocasión de una sanción impuesta al primero de los mencionados en el marco de un proceso disciplinario , la cual fue objeto de revocatoria directa.
2. Como consecuencia , solicitaron el reconocimiento de (i) $220’000.000, por concepto de daño emergente, correspondiente a los gastos en que incurrieron por las gestiones profesionales surtidas en defensa del sancionado; (ii) $1.668’000.458 a título de lucro cesante, por salarios dejados de percibir como gerente del Hospital El Tunal E.S.E. y docente, durante el tiempo que estuvo vinculado al proceso ; (iii) $3.765’547.936, por la afectación al buen nombre, suma que se obtiene de multiplicar el salari o que percibía el sancionado desde que se revoc ó la sanción hasta su expectativa de vida y, (iv) el valor equivalente a quinientos (500) SMLMV para el señor Aldemar Bautista Otero y cien (100) SMLMV para cada uno de los
hasta su expectativa de vida y, (iv) el valor equivalente a quinientos (500) SMLMV para el señor Aldemar Bautista Otero y cien (100) SMLMV para cada uno de los demás demandantes, por concepto de perjuicios morales.
3. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal
fueron, los siguientes:
4. En el año 2005, el señor Aldemar Bautista Otero se desempeñaba como gerente del Hospital El Tunal E.S.E. y docente en diversas universidades. En ejercicio de sus funciones como gerente suscribió los Contratos 202 del 11 de mayo y 434 del 26 de octubre de 2006, que tuvieron como objeto la construcción del quinto piso del hospital, así como la ampliación de los pisos tres y cuatro del mismo . Debido a presuntas irregularidades en el trámite de tales contratos se inició una investigación disciplinaria en contra del demandante y otros funcionarios.
5. Mediante Resolución del 10 de octubre de 2008, la Personería Distrital de Bogotá sancionó con destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por trece (13) años al señor Bautista Otero por incurrir en la conducta descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 2. Contra esta decisión , el señor Aldemar Bautista Otero y otros disciplinados interpusieron recurso de apelación.
6. El 30 de septiembre de 2011, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa resolvió la alzada , en el sentido de confirmar la sanción impuesta contra los señores Aldemar Bautista Otero, Jaime Mora Torres y Javier
Vigilancia Administrativa resolvió la alzada , en el sentido de confirmar la sanción impuesta contra los señores Aldemar Bautista Otero, Jaime Mora Torres y Javier Humberto Carrillo Gallego. Este último instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las decisiones proferidas en e l citado proceso disciplinario y, a través de sentencia del 19 de febrero de 2015, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de las mencionadas resoluciones, al tiempo que condenó a la Personería Distrital de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación a cancelar a título de restablecimiento del derecho, los sueldos, primas, bonificaciones, cesantías y demás derechos económicos laborales dejados de
2 “ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00295-01 (70.865)
Actor: Aldemar Bautista Otero y otros
Demandado: Distrito Capital de Bogotá D.C. y otros Medio de control: Reparación directa
3
percibir por el señor Carillo Gallego durante los seis (6) meses que duró suspendido del cargo.
7. El señor Aldemar Bautista Otero , con sustento en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, solicitó la revocatoria directa de las decisiones por medio de las
del cargo.
7. El señor Aldemar Bautista Otero , con sustento en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, solicitó la revocatoria directa de las decisiones por medio de las cuales se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general, petición que fue negada bajo el argumento de que aqu élla solo surtía efectos para la persona que obró como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derech o; sin embargo, el 7 de marzo de 2017, la Personería Distrital de Bogotá profirió la Resolución 258, por medio de la cual revocó -de oficiola providencia sancionatoria del 10 de octubre de 2008 y la que la confi rmó respecto de los señores Aldemar
Bautista Otero y Jaime Mora Torres.
8. Mediante Resolución 018 del 30 de marzo de 2017, el alcalde mayor de Bogotá
D.C., como nominador del cargo de gerente del Hospital El Tunal E.S.E. , dio cumplimiento al acto administrativo , declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución que ordenó ejecutar la sanción disciplinaria y emitió las comunicaciones correspondientes. Desde esa fecha quedó sin efectos la sanción que le había sido impuesta al actor.
Fundamentos de derecho
9. En la demanda se afirmó que dicha sanción fue contraria a derecho, en tanto que no se soportó en pruebas válidas y conclusivas que permitieran establecer su responsabilidad y ni siquiera la existencia de los hechos por los que se le acusaba, lo que motivó su revocatoria directa y generó un daño antijurídico, pues desde que fue suspendido provisionalmente hasta que la Alcaldía profirió la Resolución 018 del
lo que motivó su revocatoria directa y generó un daño antijurídico, pues desde que fue suspendido provisionalmente hasta que la Alcaldía profirió la Resolución 018 del 30 de marzo de 2017, dejó de percibir el salario como gerente del Hospital El Tunal E.S.E. y la remune ración derivada de su actividad pedagógica; al lado de lo cual aseguró que no fue posible volver a vincularse laboralmente, pues su nombre perdió todo reconocimiento y se le señalaba de ser una persona deshonesta y no confiable para ejercer cargos públicos, así como para otras actividades.
10. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que las entidades demandadas habían incurrido en una falla en la prestación del servicio, en tanto que no capacitaron ni realizaron actos de control al momento de elegir a los operadores con jurisdicción disciplinaria, quienes adelantaron el proceso con negligencia y no realizaron un esfuerzo serio en las gestiones de investigación, medidas con las que se hubiera podido evitar el daño causado a la parte actora3.
La defensa
11. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que los documentos aportados demostraban que la parte actora era plenamente consciente de que el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho, pues así lo confesó en uno de los
3 SAMAI: Expediente digital: “ED_EXPTRIBUN_1DEMANDAYPODER20(.zip) NroActua 2”.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00295-01 (70.865)
Actor: Aldemar Bautista Otero y otros
Demandado: Distrito Capital de Bogotá D.C. y otros
Actor: Aldemar Bautista Otero y otros
Demandado: Distrito Capital de Bogotá D.C. y otros Medio de control: Reparación directa
4
escritos de tutela presentados por estos mismos hechos. De igual manera, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado al resolver las impugnaciones contra los fallos de tutela de primera instancia resaltaron que el accionante tenía otros mecanismos de defensa y que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que la tutela estuviera a llamada a sustituir los procesos ordinarios idóneos cuando hubiese operado el fenómeno de caducidad . Asimismo, e l P rocurador Judicial que conoció de la solicitud de conciliación prejudicial manifestó que el asunto no e ra conciliable, por cuanto la vía procesal adecuada era la de nulidad y restablecimiento del derecho y se encontraba caducada. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones que denominó: (i) indebida escogencia de la acción; (ii) caducidad; (iii) culpa exclusiva de la víctima e, (iv) inexistencia del derecho pretendido4.
12. La Personería Distrital de Bogotá contestó la demanda de manera extemporánea.
13. En relación con el Hospital El Tunal E.S.E., en el auto admisorio de la demanda se indicó que no resultaba ne cesario vincularlo como parte pasiva , por cuanto el daño cuya indemnización se reclamaba no había sido causado por esa entidad y, en esa medida, carecía de legitimación en la causa por pasiva5.
Alegatos de conclusión
14. Mediante auto del 22 de marzo de 2022 , el Tribunal determinó que dictaría
en esa medida, carecía de legitimación en la causa por pasiva5.
Alegatos de conclusión
14. Mediante auto del 22 de marzo de 2022 , el Tribunal determinó que dictaría sentencia anticipada y ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión 6. La parte demandante sostuvo que la controversia no giraba en torno a la nulidad de un os actos administrativos, dado que no existían porque fueron revocados directamente por la administración, de ahí que resultara improcedente exigirle su control judicial, pues la sanción se tornó en antijurídica una vez fue revocada7. A su turno, la Personería de Bogotá
D.C. precisó que la expedición de la resolución que ordenó la revocatoria de los fallos disciplinarios se adoptó de manera oficiosa en aplicación de los derechos de igualdad y prevalencia del derecho sustancial y no porque los sancionados no
4 SAMAI: Expediente digital: “ED_EXPTRIBUN_4CONTESTADEMANDAA(.zip) NroActua”. 5 SAMAI: Expediente digital “ED_EXPTRIBUN_2ADMISIONDELADE(.zip) NroActua 2”. Mediante auto del 10 de mayo de 2021, el Tribunal resolvió una solicitud de nulidad formulada por la Sub Red Integrada de Servicios De Salud Sur E.S.E., en la cual invocó la causal contemplada en el artículo 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, que atañe a la no práctica en legal forma, de la notificación del auto admisorio. En esa providencia se señaló que: “Revisado el auto pro ferido el 13 de diciembre de 2019, se advierte que si bien el DISTRITO
del Proceso, que atañe a la no práctica en legal forma, de la notificación del auto admisorio. En esa providencia se señaló que: “Revisado el auto pro ferido el 13 de diciembre de 2019, se advierte que si bien el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL inicialmente fue demandando, en el proveído de calificación, numeral 4.4, se determinó que no era necesario integrar el contradictorio con este demandante… “(…) “Comoquiera que la E.S.E. Hospital El Tunal no fue integrada la controversia, y la demanda se admitió solamente contra la PERSONERÍA DE BOGOTÁ y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se concluye que Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, no tiene legitimación para presentar la nulidad en tanto a lo ser extremo pasivo, no debía notificársele auto admisorio alguno, concluyendo su falta de legitimación para solicitar la nulidad” (SAMAI: Expediente digital: “8AUTOQUEDENIEGANULIDAD”. 6 En esa providencia, el a quo indicó que la situación fáctico procesal del presente asunto se subsumía en la causal tercera (3) del artículo 182A del CPACA, por avizorar probada la excepción de caducidad como consecuencia de la indebida escogencia del medio de control, motivo por el c ual corrió traslado para alegar de conclusión, por diez (10) días comunes para los extremos procesales y al Ministerio Público, en aplicación del precitado de lo dispuesto en el precitado artículo (SAMAI: Expediente digital: “12_AUTOQUECONCEDETERMINOPARAALEGATOSDECONCLUSION.pdf”).
precitado de lo dispuesto en el precitado artículo (SAMAI: Expediente digital: “12_AUTOQUECONCEDETERMINOPARAALEGATOSDECONCLUSION.pdf”). 7 SAMAI: Expediente digital: “14_RECIBEMEMORIALES_ALEGATOSCONCLUSION.pdf”.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00295-01 (70.865)
Actor: Aldemar Bautista Otero y otros
Demandado: Distrito Capital de Bogotá D.C. y otros Medio de control: Reparación directa
5
hubiesen tenido la misma oportunidad de cuestionar la legalidad de esos actos administrativos, pues las consecuencias procesales y la privación de sus efectos económicos encontraban como única causa la actitud pasiva del demandante frente a las providencias sancionatorias, pues de haber ejercido la acción de nulidad y restablecimiento del derecho oportunamente, la decisión que en sede contenciosa benefició a uno de los afectados, los hubiera cobijado a todos8.
15. La Procuraduría General de la Nación como demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio9.
La decisión del Tribunal
16. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 182A de Ley 1437 de 2011, el Tribunal a quo consideró probada la excepción de caducidad, como consecuencia de la indebida escogencia del medio de control, motivo por el cual emitió sentencia anticipada en la que expresó que la pretensión indemnizatoria por el daño antijurídico derivado de la destitución e inhabilidad general debía decidirse a través de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues si bien las decisiones de
emitió sentencia anticipada en la que expresó que la pretensión indemnizatoria por el daño antijurídico derivado de la destitución e inhabilidad general debía decidirse a través de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues si bien las decisiones de las cuales provenían los perjuicios alegados fueron objeto de revocatoria directa, ello no modificaba el origen del daño, postura que sustentó en la jurisprudencia del Consejo de Estado, conforme a la cual, quien no demand a la ilegalidad de un acto administrativo del que se deriva un perjuicio a través del medio de control idóneo, no puede pretender, una vez ha sido objeto de revocatoria directa, demandar por medio de la reparación directa con el propósito de salvar los efectos de la caducidad. Por lo anterior, adecuó el trámite de la demanda al procedente.
17. Agregó que podía decidir el asunto dada la prorrogabilidad de la competencia, pues si bien de conformidad con el artículo 18 del Decreto -ley 2288 de 1989, las Secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentran distribuidas por especialidades en razón de la materia o asunto objeto de la controversia y el del sub examine no se encontraba expresamente asignado a la Sección Tercera de esa corporación, lo cierto era que cuando la falta de competencia deriva ba del criterio de la especialidad o la materia -factor objetivo - y las partes guarda ban silencio, como ocurrió en este caso, la competencia se prorrogaba conforme lo dispuesto en los artículos 16 y 139 del CGP.
18. Luego, analizó la oportunidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y encontró probada la excepción de caducidad, toda
los artículos 16 y 139 del CGP.
18. Luego, analizó la oportunidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y encontró probada la excepción de caducidad, toda vez que el acto administrativo que confirmó la sanción de destitución e inhabilidad del señor Aldemar Bautista Otero para ejercer cargos públicos se le notificó el 21 de noviembre de 2011 y la demanda se promovió el 22 de abril de 2019 , es decir, 7 años después, por lo que resultaba evidente su extemporaneidad10.
8 SAMAI: Expediente digital: “13_RECIBEMEMORIALES_ALEGATOSCONCLUSION.pdf”. 9 Expediente digital: índice 51. 10 Expediente digital: “16_SENTENCIA.pdf”.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00295-01 (70.865)
Actor: Aldemar Bautista Otero y otros
Demandado: Distrito Capital de Bogotá D.C. y otros Medio de control: Reparación directa
6
II. EL RECURSO INTERPUESTO
19. La parte actora calificó de ilegal la decisión de primera instancia, por cuanto: (i) modificó las pretensiones y el medio de control ya definido en la demanda; por tanto, la adecuación efectuada implicó la violación al debido proceso, toda vez que no tuvo oportunidad de debatir ese planteamiento y, por esa misma razón, resultaba improcedente la prorrogabilidad de la competencia; (ii) el fundamento fáctico de la demanda y las pruebas aportadas demostraban que solo a partir del momento en que se reconoció por parte de la Administración -en desarrollo de la actividad
improcedente la prorrogabilidad de la competencia; (ii) el fundamento fáctico de la demanda y las pruebas aportadas demostraban que solo a partir del momento en que se reconoció por parte de la Administración -en desarrollo de la actividad inherente al poder de control que ejerce sobre sus propios actos - que los fallos disciplinarios eran irregulares y profirió la resol ución contentiva de la revocatoria directa, pudo advertir que la sanción disciplinaria que le fue impuesta no fue ajustada a derecho y que el daño causado era antijurídico e indemnizable; por ende, el medio de control procedente era el de reparación direct a y la caducidad debía contabilizarse desde que se le notificó el acto de revocatoria y, (iii) la exigencia de demandar los actos administrativos que impusieron la sanción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento constituía una obligación de imposible cumplimiento, dada su inexistencia; además, no había una norma que estableciera como presupuesto para ejercer la reparación directa , la obligación de demandar la nulidad del acto administrativo revocado11.
20. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 12. El Ministerio Público guardó silencio13. Sin perjuicio de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación -en calidad de demandadase pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y aseguró que no era viable contabilizar el término de caducidad a partir del
perjuicio de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación -en calidad de demandadase pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y aseguró que no era viable contabilizar el término de caducidad a partir del momento en que se le notificó la resolución por medio de la cual se revocaron los fallos disciplinarios , en la medida en que los daños que se reclaman no se configuraron en ese momento, sino con la notificación y ejecutoria de la decisión que confirmó la sanción disciplinaria y que permaneció vigente hasta su decaimiento14.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
21. De cara a lo decidido por el Tribunal y las razones que soportan el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el objeto de análisis en esta instancia se circunscribe a determinar si el medio de control de reparación directa es procedente
11 SAMAI: Expediente digital: “18_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION.pdf”. 12 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 1º de febrero de 2023, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma. Artículo 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación co ntra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: “(…) “5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos
proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: “(…) “5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual conc ederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla fuera del texto). 13 SAMAI: índice 11. 14 SAMAI: índice 10.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00295-01 (70.865)
Actor: Aldemar Bautista Otero y otros
Demandado: Distrito Capital de Bogotá D.C. y otros Medio de control: Reparación directa
7
para solicitar la indemnización de perjuicios causados con la sanción disciplinaria impuesta al señor Bautista Otero, que a la postre fue objeto de revocatoria directa. Una vez establecido el cauce procesal correspondiente, se procederá a verificar la oportunidad de la demanda y si es viable resolver de fondo el asunto.
Lo pretendido por la parte demandante y la causa que lo sustenta
22. A partir de una correcta interpretación de las pretensiones y los hechos probados en el proceso, los perjuicios que la parte demandante solicita le sean resarcidos, devienen d el acto administrativo que confirmó la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos; de modo que al ser este acto el origen del daño alegado, el cual además calificó de ilegal, debió
devienen d el acto administrativo que confirmó la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos; de modo que al ser este acto el origen del daño alegado, el cual además calificó de ilegal, debió demandarse su nulidad y el correlativo restablecimiento del derecho bajo los presupuestos del medio de control correspondiente –art. 138 del CPACA–.
23. Sobre la base de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–, se ha señalado que la procedencia del medio de control se encuentra determinada por la génesis del daño en que se fundamenta la causa petendi y, en ese sentido corresponde al criterio para determinar la vía procesal para reparar los daños generados por la administración, lo que determina, a su vez, el plazo dispuesto por el legislador para instaurar la respectiva demanda.
24. Existen diferentes medios o vías de acceso a la jurisdicción que se determinan, en lo que respecta a su ejercicio -se insiste-, por la fuente u origen del daño causado.
Como dichos medios están prestablecidos y definidos ex ante, su elección no está sujeta a la discrecionalidad de la parte actora. Contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, el hecho de que en la demanda se haya invocado como adecuado el medio de control de reparación directa para conocer del asunto y que en el auto admisorio, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia, luego de exponer las distintas posturas que se han planteado en relación con la procedencia o no de la reparación directa cuando se revoca un acto administrativo que generó perjuicios, se avocara el conocimiento, no impide que el juez pueda
luego de exponer las distintas posturas que se han planteado en relación con la procedencia o no de la reparación directa cuando se revoca un acto administrativo que generó perjuicios, se avocara el conocimiento, no impide que el juez pueda volver sobre este asunto.
25. Como lo ha reiterado esta Sala, al momento de dictar sentencia le corresponde al operador judicial analizar los presupuestos procesales que le permitan decidir de fondo el asunto, entre ellos la caducidad, para lo cual es imprescindible definir en primer lugar la acción o vía procesal idónea , pues son aspectos que no pueden ni deben entenderse saneados o clausurados, ya que se trata de elementos procesales que resultan ineludibles, tal como lo dispone el artículo 187 del CPACA 15; máxime, si se tiene en cuenta que, en este caso, dichos aspectos fueron alegados en la contestación de la demanda de la Procuraduría General de la Nación y fueron objeto de decisión por el a quo, lo cual provocó el debate que se analiza en esta instancia.
15 “ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00295-01 (70.865)
Actor: Aldemar Bautista Otero y otros
Demandado: Distrito Capital de Bogotá D.C. y otros Medio de control: Reparación directa
8
Actor: Aldemar Bautista Otero y otros
Demandado: Distrito Capital de Bogotá D.C. y otros Medio de control: Reparación directa
8
26. En línea con lo anterior, el artículo 171 del CPACA impone al juez el deber de examinar detalladamente el libelo para descubrir la voluntad real del demandante, con base en el contenido y finalidad de las pretensiones y del objeto mismo de la demanda y adecuarla al cauce procesal correspondiente , de manera que pueda resolverse de fondo la controversia planteada, siempre y cuando no se identifique algún supuesto que impida seguir conociendo del proceso, como lo sería, por ejemplo, la caducidad del medio de control.
27. En cualquier caso, mediante auto del 22 de marzo de 2022, el Tribunal a quoprevio a dictar sentencia anticipada - les advirtió a las partes sobre la configuración de la excepción de caducidad dada la indebida escogencia del medio de control, providencia que les fue notifica da y en la cual se les otorgó un término para pronunciarse sobre ello y alegar de conclusión -párrafo 14-; además, vía apelación la parte demandante también cuesti ona lo relacionado con la formulación extemporánea de la demanda; de ahí que carezca de suste nto el argumento planteado en la impugnación, según el cual los demandantes no tuvieron la oportunidad de controvertir lo concerniente a la adecuación de la acción judicial y la configuración de la caducidad.
28. En términos generales, si la causa del daño radica en la supuesta ilegalidad de un acto administrativo –que no sea de naturaleza contractual –, el medio de control
configuración de la caducidad.
28. En términos generales, si la causa del daño radica en la supuesta ilegalidad de un acto administrativo –que no sea de naturaleza contractual –, el medio de control procedente será el de nulidad y restablecimiento del derecho; pero si la causa se concreta en un hecho, en una omisión, en una opera ción administrativa o en la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, el medio de control que deberá ejercerse es el de reparación directa.
29. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado qu e la reparación directa también resulta ser la vía procesal adecuada, entre otros casos, cuando los perjuicios se deri
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.