CE - Sentencia 25000233600020190053901

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 25000233600020190053901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 25000233600020190053901 (70.890) Demandante: Consorcio Gisc – Fundasol Demandado: Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá y otro Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – criterio de indemnización de la responsabilidad precontractual / CARACTERIZACIÓN EN SEDE PRECONTRACTUAL – sus criterios difieren de algunas pautas fijad as por la jurisprudencia en materia de responsabilidad

extracontractual / CRITERIOS PARA INDEMNIZAR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

El actor reclama el reconocimiento y pago de perjuicios por pérdida de oportunidad en la etapa precontractual; pide la nulidad del acto de adjudicación por falsa motivación y del contrato celebrado.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 29 de septiembre de 2023, en la que el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 29 de septiembre de 2023, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda y condenó al pago de las costas procesales1:

2. El anterior proveído resolvió la demanda cuyas pretensiones, hechos relevantes

y fundamentos de derecho, son los siguientes:

Pretensiones

3. El 23 de julio de 20192 el Consorcio Gisc - Fundasol3 (en adelante el “Consorcio”, “Gisc-Fundascol” o simplemente “GF”), presentó demanda contra la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá (en adelante “SED” o la “Secretaría”) y

1 “PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandada, la suma equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda, que corresponden a la suma de $46.025.868. (…)”. 2 Fls. 1 a 37 del cuaderno 1, índice 2 de aplicativo SAMAI 3 Conformado por las sociedades Grupo IS Colombia S.A.S. y Fundación Acción Solidaria (Fundasol), la primera con el 60% de participación y la segunda con el 10%. Fls. 24 y 25, c. principal.Radicación: 25000233600020190053901 (70.890) Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho 2

Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

2

contra C&M Consultores S.A. –hoy S.A.S–, (en adelante “C&M”), con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas (se transcrib e de forma literal, incluyendo sus propios énfasis y eventuales errores):

“PRIMERA: Que se decrete la Nulidad de la Resolución No. 044 de 05 de marzo de 2019 por medio de la cual, la Secretaría de Educación del Distrito adjudicó el Proceso SED-CM-A-DBE-001-2019 al proponente C&M CONSULTORES S.A. , por pérdida de oportunidad, culpa incontrahendo y por haberse vulnerado los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, lo cual conlleva la violación de las normas de rango supra legal, así como las disposiciones jurídicas que integran el Estatuto de Contratación Estatal.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad absoluta del Contrato CO1.PCCNTR.877858 (Número del portal transaccional Secop 2 suscrito entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y C&M CONSULTORES S.A. , por haberse omitido el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad en el proceso SED-CM-A-DBE-001-2019, lo cual conlleva la violación de las normas de rango supra legal, así como las disposiciones jurídicas que integran el Estatuto de la Contratación Estatal.

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se restablezcan los

normas de rango supra legal, así como las disposiciones jurídicas que integran el Estatuto de la Contratación Estatal.

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se restablezcan los perjuicios económicos ocasionados a la sociedad aquí demandante por concepto de pérdida de oportunidad la suma de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($1.534.195.623.oo), Equivalente al 10% del valor del contrato, sin IVA, del Proceso SED-CM-A-DBE-001-2019, de conformidad con la oferta económica presentada que contemplaba el AU.

CUARTA: Que el valor total del anterior acápite se actualice desde la fecha de la presentación de la propuesta y sobre el monto histórico actualizado de acuerdo a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el DANE y la jurisprudencia que al respec to ha sentado el H. Consejo de Estado y hasta la fecha de terminación del proceso; se liquiden los intereses a la tasa del 1% mensual que equivale al doble del interés legal civil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, numeral 8, inciso 2 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario 679 de 28 de marzo de 1994.

QUINTA: Que se reconozca a favor del aquí demandante, la experiencia acreditada por la correcta ejecución del contrato, con el fin de ser incluida en el registro único de proponentes RUP, tal como en efecto habría ocurrido de haberse adjudicado el contrato si se hubiesen respetado los conductos legales.

la correcta ejecución del contrato, con el fin de ser incluida en el registro único de proponentes RUP, tal como en efecto habría ocurrido de haberse adjudicado el contrato si se hubiesen respetado los conductos legales.

SEXTA: Las sumas a las que resulte condenada la entidad demandada, devengarán intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria de la sentencia, conforme se señala en el inciso tercero del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

SÉPTIMA: Se condene a la parte demandada en costas y agencias en derecho” 4.

Hechos relevantes

4. El 4 de enero de 20195, la SED publicó el aviso de convocatoria del concurso de méritos SED-CM-A-DBE-001-2019 con el objeto de contratar la realización de la “interventoría técnica, financiera, administrativa y jurídica a los contratos y convenios celebrados para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar del

Distrito Capital”.

4 Fl. 10, c. principal. 5 Archivo en carpeta “documentos proceso de selección inter pae”, que reposa en USB a fl. 1, c. principal.Radicación: 25000233600020190053901 (70.890) Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho 3

5. De acuerdo con los numerales 5.2. y 5.2.4. del pliego de condiciones definitivo, el componente de apoyo a la industria nacional sería evaluado según el anexo 15, otorgando 10 puntos a los servicios de origen nacional.

5. De acuerdo con los numerales 5.2. y 5.2.4. del pliego de condiciones definitivo, el componente de apoyo a la industria nacional sería evaluado según el anexo 15, otorgando 10 puntos a los servicios de origen nacional.

6. En desarrollo de la evaluación 6, la SED acogió la observación formulada contra Gisc-Fundasol por indebido diligenciamiento del anexo 15, indicando que el Consorcio llenó la casilla que lo identificaba como proponente de origen nacional, pero también marcó “x” en el compromiso de incorporar personal nacional, como si se tratara de un oferente extr anjero. Así que en el informe final no se le otorgó puntaje por este componente.

7. Afirmó que el yerro al calificar su propuesta lo ubicó en el segundo lugar del orden de elegibilidad, al obtener 90 de los 100 puntos que le correspondían.

8. El 5 de marzo de 2019, se profirió la Resolución 044, mediante la cual se adjudicó el concurso de méritos a C&M Consultores, y el 29 de marzo siguiente se suscribió el contrato CO1.PCCNTR.877858. Actuaciones con las cuales “se le impidió participar en el sorteo, favoreciendo de forma inadecuada al adjudicatario del proceso y restándole la oportunidad al Consorcio, lo que implica un daño antijurídico que debe ser indemnizado por culpa in contrahendo”7.

Fundamentos de derecho

9. El Consorcio adujo el desconocimiento de los principios de la contratación estatal y de los arts. 1, 2, 6, 13, 29, 83, 84, 90, 209 y 367 de la Constitución Política; 1, 2 y

9. El Consorcio adujo el desconocimiento de los principios de la contratación estatal y de los arts. 1, 2, 6, 13, 29, 83, 84, 90, 209 y 367 de la Constitución Política; 1, 2 y 3 de la Ley 816 de 2003; 3, 23, 24 núm. 5 y 8, 25 núm . 15, 17; 26 núm. 6; 28, 29, 30 núm. 7 y 8 de la Ley 80 de 1993; 1618 al 1624 del Código Civil; y 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015. Planteó los siguientes argumentos:

10. (i) Indebida apreciación de la oferta respecto al ítem de apoyo a la industria nacional, pues la entidad se limitó a aspectos meramente formales y desechó que el ofrecimiento era de servicios nacionales de conformidad con la Ley 816 de 2013, el Decreto 1082 de 2015 y el núm. 5.2.4 del pliego de condiciones definitivo; indicó que tal condición se acreditaba únicamente por el origen del oferente, y cualquier confusión fue generada por el formato que elaboró la entidad, por tanto, se debieron aplicar las pautas de interpretación a favor de quien no dispuso su contenido.

11. (ii) Falsa motivación en el acto de adjudicación, al limitarse a evaluar un aspecto netamente formal de la propuesta y haberse negado a otorgarle los 10 puntos por apoyo a la industria nacional, solo por haber marcado la casilla que acreditaba la incorporación de recurso humano nacional en un 100% en el anexo 15, aun cuando,

netamente formal de la propuesta y haberse negado a otorgarle los 10 puntos por apoyo a la industria nacional, solo por haber marcado la casilla que acreditaba la incorporación de recurso humano nacional en un 100% en el anexo 15, aun cuando, para la época, el origen de la oferta se probaba con el certificado de existencia y representación legal del proponente que acreditaba su nacionalidad. Al estar probado el empate con el oferente que ocupó el primer lugar en la evaluación y su persistencia, el contrato se debió adjudicar por balota.

6 En la evaluación preliminar el Consorcio fue declarado jurídicamente “No habilitado”, y posteriormente subsanó, como adelante será reseñado. 7 Hecho décimo séptimo de la demanda, ídem.Radicación: 25000233600020190053901 (70.890) Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho 4

12. Adujo que el yerro en un formato no era razón para negar el puntaje por el factor de apoyo a la industria nacional. Cuestionó que no se hubiesen aplicado los arts. 28 de la Ley 80 de 1993 y 1624 del Código Civil, pues si el formulario era confuso debía interpretarse a su favor; añadió que la jurisprudencia del Consejo de Estado respalda la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en la evaluación de las ofertas 8.

13. Sostuvo que la entidad incurrió en culpa in contrahendo porque le imposibilitó acceder al sorteo para poder ser adjudicatario del contrato, lo que le ocasionó un daño cierto por pérdida de oportunidad, que debe ser indemnizado.

13. Sostuvo que la entidad incurrió en culpa in contrahendo porque le imposibilitó acceder al sorteo para poder ser adjudicatario del contrato, lo que le ocasionó un daño cierto por pérdida de oportunidad, que debe ser indemnizado.

14. De haberse evaluado correctamente habría obtenido la misma calificación del adjudicatario (100 puntos), y el empate debía resolverse bajo los criterios indicados en el art. 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y en el pliego de condiciones. Ante la persistencia del empate, la elección debió hacerse por sorteo a través de balota.

Contestación de la demanda9

15. La SED se opuso a lo pretendido. Como excepciones planteó la “Ausencia de los presupuestos necesarios para la prosperidad de la acción” , y la genérica. Señaló que el núm. 5.2.4. del pliego fue claro en que las personas jurídicas colombianas acreditarían su nacionalidad mediante el certificado de existencia y representación legal, debiendo presentar el anexo 15 debidamente diligenciado. Así que el oferente nacional debía marcar sólo la casilla respectiva, no como lo hizo el actor. Pidió tener en cuenta que las reglas del pliego fueron publicadas en debida forma, sin que se pueda alegar una ambigüedad no expresada en oportunidad.

16. C&M también se opuso al petitum. Esgrimió que no fue desvirtuada la legalidad del concurso ni la escogencia de la mejor oferta, pues el actor no cuestionó que aquella propuesta hubiese obtenido 100 puntos. Además, según el pliego, un mismo servicio no podía aplicar a los dos puntajes, es decir, al que se otorgaría a las ofertas

del concurso ni la escogencia de la mejor oferta, pues el actor no cuestionó que aquella propuesta hubiese obtenido 100 puntos. Además, según el pliego, un mismo servicio no podía aplicar a los dos puntajes, es decir, al que se otorgaría a las ofertas de origen nacional , y también a las extranjeras que contaran con la incorporación de personal colombiano, por lo que el error no fue netamente formal10. Propuso la excepción genérica.

17. Afirmó que, ante datos confusos en las ofertas el Consejo de Estado autoriza a no otorgar puntuación, tal como lo hizo la entidad.

Alegatos en primera instancia

8 Al efecto citó: Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2017, Rad. 250002326000-20050244901 (35459), M.P. Danilo Rojas Betancourth, ii) Subsección B, sentencia del 8 de febrero de 2012, Rad. 170012331-00019970803401 (20688), M.P. Ruth Stella Correa Palacio, iii) sentencia del 4 de febrero de 2010, Rad. 2500023260001994-0982701 (16540), M.P. Mauricio Fajardo Gómez, iv) sentencia del 19 de febrero de 1987, Rad. 4694, M.P., Julio César Uribe Acosta, reiterada en fallo del 19 de junio de 1998, Rad. 10.217, M.P. Ricardo Hoyos Duque, y v) sentencia del 12 de noviembre de 2014, Rad. 25000232600019961280901 (27986), M.P. Enrique Gil Botero. 9 La demanda fue admitida mediante auto del 24 de septiembre de 2020 (índice 4, SAMAI de primera instancia).

25000232600019961280901 (27986), M.P. Enrique Gil Botero. 9 La demanda fue admitida mediante auto del 24 de septiembre de 2020 (índice 4, SAMAI de primera instancia). El auto admisorio fue notificado personalmente a la demandada y al litisconsorte C&M Consultores S.A.S. mediante correo electrónico del 3/02/2021 (índice 11, SAMAI de primera instancia) 10 Señala que ofertó para obtener tanto los 10 puntos por servicios de origen nacional, como para obtener los 5 puntos cuando el 100% de recurso humano es nacional en la prestación del servicio de origen extranjero.Radicación: 25000233600020190053901 (70.890) Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho 5

18. Surtido el debate probatorio 11, al alegar de conclusión, el actor 12 reiteró los argumentos de la demanda. C&M Consultores13 subrayó que hay varios hechos no probados que impiden la prosperidad de las pretensiones, entre ello s que : (i) el Consorcio no expuso confusiones sobre el anexo 15 en el proceso de selección; (ii) no se probó que el análisis del comité evaluador fuera errado o desconociera el debido proceso (iii) no se demostró el empate, pues lo acreditado es que el GF optó por dos puntajes excluyentes, lo que impedía obtener calificación por apoyo a la industria nacional ; ( iv) no se probaron perjuicios dada la inasistencia de la demandante y del perito a la audiencia de pruebas, lo que dejó sin valor la pericia aportada para ello14.

industria nacional ; ( iv) no se probaron perjuicios dada la inasistencia de la demandante y del perito a la audiencia de pruebas, lo que dejó sin valor la pericia aportada para ello14.

19. La SED guardó silencio y el Ministerio Público no se pronunció.

Fundamentos de la providencia recurrida

20. El a quo negó las pretensiones de la demanda. Indicó que el Consorcio actuó contra los deberes de diligencia y cuidado al presentar el anexo 15, pues: (i) ante posibles confusiones sobre cómo llenar el formato, debió elevar observaciones en curso del proceso de selección, y (ii) el núm. 5.2.4. del pliego fijó las reglas para diligenciar tal anexo, y el oferente las obvió incurriendo en yerros.

21. Aclaró que otro de los oferentes cometió el mismo error y tampoco se le otorgó puntaje por ese requisito; sumado a que la SED no debía analizar el conjunto de la oferta e interpretar si era de origen nacional, pues esa claridad la daba el anexo 15; agregó que tampoco le correspondía hacer interpretaciones adicionales sobre los aspectos de la evaluación en desconocimiento del pliego de condiciones.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

22. El demandante pide revocar el fallo de primer grado y que se acceda a las pretensiones. Aduce que existen falencias en la valoración probatoria 15 y contradicciones argumentativas. Al respecto indica:

11 En audiencia inicial del 21 de junio de 2022, el a quo decretó las siguientes pruebas: 1) del demandante: A)

contradicciones argumentativas. Al respecto indica:

11 En audiencia inicial del 21 de junio de 2022, el a quo decretó las siguientes pruebas: 1) del demandante: A) Documentales: a) propuesta económica de GF, b) documento de constitución del consorcio y de sus integrantes, c) Resolución 044 del 5 de marzo de 2019, por medio de la cual se adjudicó el concurso de méritos, d) solicitud y constancia de conciliación extrajudicial, e) documentos del procedimiento de selección, f) copia de las ofertas: del actor, C&M, Consorcio Empresarial PAE y Unión Temporal Alimentación Escolar, que podrían consultarse en el SECOP II. B) Pericial: para la tasación de perjuicios económi cos causados al Consorcio GF por la no adjudicación del contrato. C) Oficios: a la SED para que allegara la oferta presentada por el demandante y por C&M Consultores, 2) de la SED: expediente administrativo del concurso de méritos SED-CM-A-DBE-001-2019; 3) de C&M Consultores: Poder y certificado de existencia y representación legal de la sociedad. 12 Índice 34 del aplicativo SAMAI de primera instancia. 13 Índice 35 del aplicativo SAMAI de primera instancia. 14 Fls. 1878 a 1888, 1915 a 1930 y 1931 a 1938, cuaderno 7, índice 2 del aplicativo SAMAI. 15 El actor señala que el a quo no advirtió la redacción confusa el pliego de condiciones, específicamente en el numeral 5.2.4., según el cual se indica que el puntaje de apoyo a la industria nacional se otorgaría a quien probara ser oferente de origen nacional a través del certificado de existencia y representación legal, pero luego,

numeral 5.2.4., según el cual se indica que el puntaje de apoyo a la industria nacional se otorgaría a quien probara ser oferente de origen nacional a través del certificado de existencia y representación legal, pero luego, menciona que este factor solo se calificaría teniendo en cuenta el anexo 15. Acorde con los documentos allegados con la oferta de GF, se podía evidenciar que sus integrantes, Grupo IS y Fundasol, eran de or igen nacional, acorde a sus certificados de existencia y representación legal, y el Tribunal obvió que acorde a la normatividad aplicable para el momento en que se surtió el proceso de selección, este documento bastaba para haberle asignado el puntaje por este factor.Radicación: 25000233600020190053901 (70.890) Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho 6

(i) El Tribunal pasó por alto que acorde a la definición de “servicios nacionales” del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 816 de 2003, para su acreditación bastaba que se tratara de personas jurídicas constituidas bajo la legislación colombiana. (ii) Con todo, como la redacción del numeral 5.2.4. del pliego resultaba confusa, el a quo debió determinar qué es un bien y servicio nacional, y de allí definir el puntaje de las ofertas. Al no hacerlo, se castigó a un proponente por errores de la entidad, y se privilegió lo formal sobre lo sustancial16.

(iii) Difiere de la afirmación del a quo de que los factores de evaluación no podían ser interpretados por la entidad, pues era un yerro que se gestó en el mismo pliego

y se privilegió lo formal sobre lo sustancial16.

(iii) Difiere de la afirmación del a quo de que los factores de evaluación no podían ser interpretados por la entidad, pues era un yerro que se gestó en el mismo pliego ocasionando la confusión del actor en el ofrecimiento de la industria nacional.

Trámite de segunda instancia

23. Conforme al art. 247.5 del CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar de conclusión. El Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

24. El problema jurídico que concentra la atención de la Sala se contrae a determinar si en el proceso de selección sub-lite hubo una indebida calificación de la propuesta del actor respecto del factor de apoyo a la industria nacional, y sus efectos frente a la escogencia realizada como fundamento del daño aducido.

Criterio de calificación de apoyo a la industria nacional - definición de bienes y servicios nacionales - evolución legal

25. El art. 21 de la Ley 80 de 1993 determinó que era deber de las entidades estatales garantizar la participación y prevalencia de oferentes de bienes y servicios de origen nacional en cualquier procedimiento de selección; por lo que, en “igualdad de condiciones para contratar, se preferirá la oferta de bienes y servicios de origen nacional”. A su vez, respecto de oferentes extranjeros que estuvieran en igualdad de condiciones indicó que se “preferirá aquel que contenga mayor incorporación de recursos humanos nacionales, mayor componente nacional y mejores condiciones para la transferencia tecnológica”.

26. El parágrafo primero del citado artículo, designó al gobierno nacional para definir

de condiciones indicó que se “preferirá aquel que contenga mayor incorporación de recursos humanos nacionales, mayor componente nacional y mejores condiciones para la transferencia tecnológica”.

26. El parágrafo primero del citado artículo, designó al gobierno nacional para definir qué debía entenderse por bienes y servicios de origen nacional y extranjero, junto con el diseño de mecanismos que facilitaran el conocimiento oportuno tanto de su oferta como de su demanda. En los arts. 10 y 11 del Decreto 679 de 1994 17 se

establecieron las siguientes definiciones:

16 Fl. 12, índice 41 del aplicativo SAMAI de primera instancia. 17 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993”.Radicación: 25000233600020190053901 (70.890) Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho 7

(i) Bienes de origen nacional: aquellos producidos en el país para los cuales el valor CIF de los insumos, materias primas y bienes intermedios importados, empleados para la elaboración de los bienes objeto de la contratación fueren igual o inferior al 60% del valor en fábrica de los bienes terminados ofrecidos. (ii) Servicios de origen nacional: son los prestados por empresas constituidas según la ley nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia.

27. Estas definiciones tuvieron especial relevancia luego de la entrada en vigencia de la Ley 816 de 200318, que estableció la obligación para las entidades públicas de adoptar criterios objetivos que permitieran apoyar la industria nacional –excluyendo

27. Estas definiciones tuvieron especial relevancia luego de la entrada en vigencia de la Ley 816 de 200318, que estableció la obligación para las entidades públicas de adoptar criterios objetivos que permitieran apoyar la industria nacional –excluyendo a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios –. Para ello, precisó el puntaje que debía asig narse a este componente: a) para proponentes que ofertaran bienes y servicios nacionales y aquellos que tuvieran trato nacional por acuerdo comercial entre Colombia y otros Estados, se asignaría un puntaje entre el 10% y 20%; y b) para proponentes extranjeros sin trato nacional, pero que ofrecían incorporar bienes o servicios colombianos en la ejecución del contrato, se debía asignar un puntaje entre el 5% y 10%. Esta norma aclaró que si la oferta del proponente extranjero estaba en igualdad de condiciones con la de uno nacional, se adjudicaría a este último.

28. La asignación de puntajes fue reglamentada mediante el Decreto 2473 de 2010, el cual remitió a la noción de bienes y servicios nacionales fijada en el Decreto 679 de 1994, manteniendo vigentes tales conceptos.

29. Estas definiciones, a su turno, se incluyeron en el art. 3 del Decreto 1510 de 201319, compilado posteriormente en el art. 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, norma que reiteró que los servicios nacionales se identificaban por el origen y constitución de la persona natural o jurídica que los prestara, sin elementos adicionales que modificaran tal identificación.

30. Bajo estas premisas, las empresas extranjeras que constituyeran personas

constitución de la persona natural o jurídica que los prestara, sin elementos adicionales que modificaran tal identificación.

30. Bajo estas premisas, las empresas extranjeras que constituyeran personas jurídicas bajo la ley Colombiana lograban obtener el puntaje más alto por apoyo a la industria nacional, sin que necesariamente utilizaran bienes y servicios del país para ejecutar los respectivos contratos.

31. En atención a esta problemática, y para dar cumplimiento a una de las acciones de mejora definida en el “Pacto por el Crecimiento y la Generación de Empleo del Sector de Industrias de la Construcción” (2019), se debía analizar la posibilidad de incluir el uso de bienes colombianos y/o un mínimo de mano de obra local en la definición de servicios nacionales en el Sistema de Compra Pública 20 con el fin de promover encadenamientos productivos de bienes nacionales, generar empleo, sustituir importaciones, promover la formalización empresarial y acercar de forma eficiente el mercado de compras públicas a las distintas empresas colombianas de manera directa o indirecta. Con estos objetivos se profirió el Decreto 680 de 202121.

18 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública”. 19 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”. 20 En línea con el documento CONPES 3866 del 8 de agosto de 2016. 21 En las consideraciones del citado Decreto se precisaron, entre otras, las siguientes:Radicación: 25000233600020190053901 (70.890) Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho 8

Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

8

32. El art. 1° de este reglamento modificó la definición del art. 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, y determinó que un servicio es considerado nacional 22 si, además del componente subjetivo de quien lo presta, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la entidad estatal contratante para el desarrollo de la actividad objeto del proceso de selección y/o contratación, o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda23.

33. Entre otras disposiciones, el Decreto 680 de 2021 (art. 2) incluyó los parámetros que deben tener en cuenta los entes públicos al adelantar procesos de selección para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del contrato: (i) el sector económico, los oferentes y toda la información adicional con la que cuente la entidad en la fase de planeación; (ii) el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto; y, (iii) la existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 200924

El pliego de condiciones y el proceso de selección

34. De acuerdo con el material probatorio, el 21 de enero de 2019 se publicó el pliego definitivo de condiciones del concurso de méritos SED-CM-A-DBE-001-2019; en su capítulo V se consagró lo referente a la ponderación de las propuestas y el puntaje por apoyo a la industria nacional.

definitivo de condiciones del concurso de méritos SED-CM-A-DBE-001-2019; en su capítulo V se consagró lo referente a la ponderación de las propuestas y el puntaje por apoyo a la industria nacional.

35. Para este componente se daría aplicación a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003, otorgando 10 puntos a las ofertas nacionales, y 5 a oferentes extranjeros que incorporasen bienes y servicios nacionales. La calificación por este factor otorgaba máximo 10 puntos.

“Que el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 definió como servicios nacionales aquellos prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombianá. Que no todos los Acuerdos Comerciales incluyen dentro de su cobertura a las Entidades Estatales y a las entidades descentralizadas del nivel departamental y municipal, que tienen una participación relevante en el total de Procesos de Contratación. Que algunos proponentes obtienen el puntaje relacionado con el estímulo a la industria nacional de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, sin que el mismo s

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