CE - Sentencia 25000233600020190081301
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000233600020190081301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
Actor: JUAN MANUEL VEGA LEÓN Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑO DERIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Fallo dictado en un proceso laboral ordinario / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Se ciñe a los cargos formulados por el recurrente contra el fallo del a quo / ERROR JUDICIAL - No se demostró en el sub lite.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 27 de julio de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO
En criterio de los actores, le asiste responsabilidad patrimonial al extremo pasivo, a título de error judicial, por cuanto la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario laboral que se adelantó contra la sociedad Aerorepública S.A., a pesar de que reconoció que en esa decisión se vulneró la ley sustancial.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
de segunda instancia del proceso ordinario laboral que se adelantó contra la sociedad Aerorepública S.A., a pesar de que reconoció que en esa decisión se vulneró la ley sustancial.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
En escrito del 26 de noviembre de 2019, los señores Juan Manuel Vega León e Hilda Inés Carrascal Borrero, quienes actúan en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan José Vega Carrascal, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial, a fin de que se les indemnicen los perjuicios que sufrieron por el presunto error jurisdiccional cometido en la sentencia del 26 deRadicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
Actor: JUAN MANUEL VEGA LEÓN Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
2 abril de 2017, dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso laboral ordinario con radicado 2005-00675.
Por lo anterior, pidieron que se les reconociera y pagara (i) por lucro cesante, la suma de $160’708.231 a favor del directo afectado y determinada por el ingreso que dejó de percibir desde que se produjo el despido sin justa causa hasta la fecha del fallo de primera instancia de la controversia laboral que ordenó su reintegro; (ii) por daño emergente, la suma de $850’827.079 para el señor Juan Manuel Vega León, derivada de la mensualidad devengada durante la orden de reintegro y la fecha de
fallo de primera instancia de la controversia laboral que ordenó su reintegro; (ii) por daño emergente, la suma de $850’827.079 para el señor Juan Manuel Vega León, derivada de la mensualidad devengada durante la orden de reintegro y la fecha de radicación de l a presente demanda, así como 200 y 100 SMLMV para él y su esposa, debido a las deudas y créditos en los que incurrieron para atender los gastos propios y del hogar; y (iii) por daño moral y afectación a la vida de la relación, 100 y 150 SMLMV para cada uno de los actores, dada la congoja que representó el resultado del asunto.
Como fundamento fáctico de la demanda se adujo que el 6 de mayo de 1993, la sociedad Aerorepública S.A. vinculó mediante un contrato a término indefinido al señor Juan Manuel Vega León en el cargo de piloto comercial, este vínculo laboral finalizó el 13 de noviembre de 2004, por voluntad del empleador.
El aquí demandante instauró demanda laboral, porque estimó que fue despedido sin justa causa.
En proveído del 29 de agosto de 2007, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá ordenó a Aerorepública S.A. reintegrar al actor al cargo que desempeñaba y la condenó al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de finalización del contrato, decisión que fue apelada por la sociedad.
A través de sentencia del 12 de abril de 2010, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
A través de sentencia del 12 de abril de 2010, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con la anterior providencia, el afectado interpuso recurso extraordinario de casación y cuestionó que el juez de segundo grado no aplicó el contenido del artículo 25 del Decreto Ley 2351 de 1965, que regula una especial protección para los trabajadores cobijados por la negociación colectiva de trabajo. Además, vulneró los artículos 304 y 305 del CPC, pues “lo decidido no corresponde ni con los hechos, ni con las pretensiones aducidas en la demanda”.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
Actor: JUAN MANUEL VEGA LEÓN Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
3 Mediante decisión del 26 de abril de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resaltó que el tribunal se equivocó al revocar la sentencia de primer grado sin entrar a examinar el recurso de apelación presentado, por lo que el cargo resultaba fundado; sin embargo, se abstuvo de casar la providencia, en vista de que “se arriba al mismo resultado, pero por otras razones”.
A juicio de la parte actora, en la decisión que culminó el asunto laboral se incurrió en error judicial, pues si se declaró probado el único cargo del recurso de casación en la modalidad de violación directa de la ley sustancial, lo correcto era “ quebrar la sentencia del tribunal” y, de paso, ordenar el reintegro del trabajador a su cargo, tal
en error judicial, pues si se declaró probado el único cargo del recurso de casación en la modalidad de violación directa de la ley sustancial, lo correcto era “ quebrar la sentencia del tribunal” y, de paso, ordenar el reintegro del trabajador a su cargo, tal como lo había definido el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá; no obstante, se resolvió “no casar la sentencia”.
Sostuvo que el artículo 99 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social solo le permite al órgano de cierre examinar los cargos formulados en la demanda de casación, lo que aquí se omitió, en tanto fue más allá, al punto de que “controvierte una prueba existente”. Es decir, desbordó el límite de su competencia y, como consecuencia, “incurre en error inexcusable con una decisión que saca del ámbito jurídico la sentencia del tribunal por la configuración de la causal 1 del artículo 87 del CSL y no la casa, pero por otros motivos que no tienen relación con la violación directa sustancial alegada”. Así, adujo que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en una vía de hecho1.
2. Trámite en primera instancia
2.1. El 22 de enero 2020, el a quo inadmitió la demanda, porque no se estimó la cuantía del proceso ni se aportó copia de la sentencia del 12 de septiembre de 2010, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá2.
Una vez subsanada la demanda 3, en auto del 21 de abril de 2021, se admitió la misma y se dispuso su notificación a la demandada y al Ministerio Público4.
Bogotá2.
Una vez subsanada la demanda 3, en auto del 21 de abril de 2021, se admitió la misma y se dispuso su notificación a la demandada y al Ministerio Público4.
1 Archivo 8 del expediente digital. 2 Archivo 9 del expediente digital. 3 Archivo 15 del expediente digital. 4 Archivo 3 del expediente digital.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
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4 2.3. La Rama Judicial manifestó que no había lugar a calificar de errónea la decisión enjuiciada, por el contrario, se advertía que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en aras de la lealtad procesal y la debida administración de justicia, encontró que no eran aceptables los argumentos con los que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bog otá revocó la sentencia de primera instancia, pero que no podía pasar por alto que en el proceso ordinario laboral sí se configuró una justa causa para la desvinculación del actor.
Lo anterior, por cuanto, según la carta de finalización de la relación laboral, era palmario que el despido se motivó en que el aspirante no superó a satisfacción las dos pruebas en el simulador de vuelo realizadas en días distintos, de las cuales debía superar al menos una, prerrequisito para que la Aeronáutica Civil le renovara la licencia de piloto comercial y pudiera continuar ejerciendo su cargo ; hecho que llevaba al mismo resultado, esto es, “negar las pretensiones de la demanda”.
debía superar al menos una, prerrequisito para que la Aeronáutica Civil le renovara la licencia de piloto comercial y pudiera continuar ejerciendo su cargo ; hecho que llevaba al mismo resultado, esto es, “negar las pretensiones de la demanda”.
Desde su perspectiva, no se podía concluir que la sentencia del 26 de abril de 2017 hubiera sido irregular, porque el título de imputación elevado se configuraba siempre que las decisiones estuvieran carentes de justificación o argumentación jurídica, lo que no sucedió en el sub lite.
Agregó que era evidente que la parte actora estaba utilizando el presente medio de control para revivir estadios procesales ya ejecutoriados y así obtener una nueva instancia “donde se corrijan las situaciones que se dieron por causa de quien hoy demanda”.
Por último, describió que no se adjuntaron elementos de convicción relacionados con los perjuicios invocados, de manera que, en el caso hipotético de predicar un error judicial, no se podría deducir indemnización alguna5.
2.4. El 14 de febrero de 2022, en virtud de que no existían excepciones previas por resolver o pruebas por practicar, se prescindió de la audiencia inicial, se fijó el litigio6 y se anunció que se dictaría sentencia anticipada7.
5 Archivo 8 del expediente digital. 6 Señaló que se centraba en analizar si la entidad accionada era responsable del daño alegado por los actores por el aparente error judicial contenido en la sentencia del 26 de abril de 2017, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de J usticia, la cual resolvió no casar el fallo
los actores por el aparente error judicial contenido en la sentencia del 26 de abril de 2017, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de J usticia, la cual resolvió no casar el fallo del 12 de abril de 2010, expedido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral con radicado 2005 -00675. En caso de probarse lo anterior, se revisaría si se probaron los perjuicios. 7 Archivo 23 del expediente digital.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
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2.5. El 22 abril siguiente se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto 8, etapa en la que los actores reseñaron literalmente los hechos y fundamentos del escrito inicial 9, mientras que la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
3. Sentencia de primera instancia
Por medio de fallo del 27 de julio de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, en la medida en que no se acreditó el error judicial en el que supuestamente incurrió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con la sentencia del 26 de abril de 2017.
Al respecto, explicó que el artículo 99 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone que cuando la Corte encuentre justificada alguna de las
26 de abril de 2017.
Al respecto, explicó que el artículo 99 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone que cuando la Corte encuentre justificada alguna de las causales del recurso extraordinario de casación, está facultada para decidir sobre el pleito. Asimismo, el precedente judicial tanto de esa Corporación como de la Corte Constitucional validan el hecho de realizar un análisis de fondo para emitir decisión que se ajuste a la realidad fáctica del asunto.
En ese contexto, subrayó que el alto tribunal al conocer el cargo presentado por el recurrente se encontraba habilitado para verificar las pruebas del proceso ordinario, pues el mismo se fundamentó en la falta de aplicación del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, que tuvo como ingrediente normativo observar si con el retiro del actor se probó una justa causa para el despido, la que, para en el caso concreto, no se encontró acreditada.
Entonces, desde su perspectiva, la Corte Suprema de Justicia al avizorar que el accionante no contaba con licencia para ejercer como piloto comercial, no tenía argumento alguno para casar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y expedir una decisión distinta a la que negó las súplicas de la demanda laboral.
8 Archivo 25 del expediente digital. 9 Archivo 27 del expediente digital.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
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6 Finalmente, condenó en costas a la parte demandante y liquidó como agencias en
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6 Finalmente, condenó en costas a la parte demandante y liquidó como agencias en derecho la suma de $15’527.67410.
4. Recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, para lo cual sostuvo que el a quo olvidó que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social determina taxativamente los motivos del recurso extraordinario de casación, dentro de los cuales se contempla la violación de la ley sustancial: por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.
Bajo ese derrotero, no resultaba ajustado respaldar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando decidió revisar aspectos adicionales al cargo único que se le propuso por la falta de aplicación del artículo 25 del Decreto Ley 2351 de 1965.
Discutió que había lugar a efectuar un análisis probatorio, siempre que se hubiera propuesto la causal que se relaciona con “ el error de hecho cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular y judicial”; empero, el recurrente no cuestionó ese punto. Por tanto, a su modo de ver, dado que “la sentencia del tribunal fue aniquilada, la corte solo podía confirmar el fallo en los términos de la causal, mas no reemplazar al juez de segunda instancia”.
Insistió en que esa Corporación adoptó una postura contradictoria, “ ya que las razones son la base de la resolución final que se adopte y claramente para el caso,
mas no reemplazar al juez de segunda instancia”.
Insistió en que esa Corporación adoptó una postura contradictoria, “ ya que las razones son la base de la resolución final que se adopte y claramente para el caso, la consideración hecha en el sentido de casar la sentencia del tribunal era el de su quebrantamiento para que desapareciera del mundo jurídico, pero luego, resue lve lo contrario, afirmando, que no casa por otras razones” , lo que desconoce el principio de congruencia.
Finalmente, refutó la imposición de la condena en costas, puesto que la presente demanda se instauró para “ reclamar un derecho legítimo y obtener una correcta administración de justicia, y la misma ha sido clara y transparente, con una base argumentativa debidamente sustentada en legalidad y derecho”11.
10 Archivo 33 del expediente digital. 11 Archivo 35 del expediente digital.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
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5. Trámite en segunda instancia
El 4 de marzo de 2024, esta Corporación admitió el recurso de apelación12 y, como no se decretaron pruebas, el asunto ingresó para dictar sentencia.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “ las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos”13.
El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “ las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos”13.
A su turno, el artículo 152.6 de dicho estatuto normativo dispone que los tribunales administrativos conocerán, en primera instancia, entre otros asuntos, “ de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales” 14, cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV.
En el presente asunto, la pretensión mayor superó la cuantía señalada15, razón por la cual esta Corporación es competente para conocer la alzada interpuesta contra la sentencia del a quo.
2. Oportunidad
De conformidad con el numeral 2, literal i, del artículo 164 del CPACA, el medio de control de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
En los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por error judicial, el término de caducidad inicia a correr a partir del día siguiente de aquel en el que
12 Archivo 24 del expediente digital. 13 Sin la modificación de la Ley 2080 de 2021. 14 Ibidem. 15 A la fecha de presentación de la demanda -2019500 SMLMV equivalían a $414’058.000. La
12 Archivo 24 del expediente digital. 13 Sin la modificación de la Ley 2080 de 2021. 14 Ibidem. 15 A la fecha de presentación de la demanda -2019500 SMLMV equivalían a $414’058.000. La pretensión por daño emergente supera $850’827.079.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
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8 quedó ejecutoriada o en firme la providencia que supuestamente lo contiene, cuando con esta se concreta el daño y si la persona afectada hizo parte del proceso; no obstante, si el daño se produce o se materializa con posterioridad a la actuación judicial que le dio origen, la caducidad comienza a correr desde que el afectado pudo evidenciar su existencia o desde que este se manifiesta16.
En el sub judice, la parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios derivados del supuesto error judicial contenido en la sentencia del 26 de abril de 2017, dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, decisión que cobró ejecutoria el 13 de septiembre de ese año17.
De este modo, el término para acudir ante esta jurisdicción se extendió hasta el 14 de septiembre de 2019, pero el 26 de agosto de esa anualidad se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, esto es, cuando faltaban 19 días para que operara la caducidad y la constancia de no conciliación se expidió el 20 de noviembre de
de conciliación extrajudicial, esto es, cuando faltaban 19 días para que operara la caducidad y la constancia de no conciliación se expidió el 20 de noviembre de
201918. Siendo así, desde el día siguiente a esa fecha se reanudó el plazo restante, el cual se cumplió el 9 de diciembre de 2019 y, dado que la demanda se radicó el 26 de noviembre de ese año19, resulta oportuna.
3. Análisis de fondo
3.1. Hechos probados
La Subsección enunciará los hechos que se encuentran probados, en atención a las únicas pruebas que obran en el plenario.
- El señor Juan Manuel Vega León demandó a la sociedad Aerorepública S.A. para que se declarara la existencia del contrato de trabajo a término indefinido desde el 16 de mayo de 1993 hasta el 13 de noviembre de 2004, el cual finalizó por voluntad del empleador -sin justa causa -, con pleno desconocimiento del debido proceso y del fuero circunstancial. Como consecuencia, pidió que se restablecieran todas las condiciones laborales que tenía, incluyendo los derechos convencionales.
Subsidiariamente, solicitó el pago de la indemnización por despido injusto, en los términos del laudo arbitral del 23 de junio de 1998, más los intereses moratorios.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de abril de 2020, expediente 59.096, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 17 Fl. 34 del archivo 4 del expediente digital. 18 Fl. 1 del archivo 1 del expediente digital.
sentencia del 24 de abril de 2020, expediente 59.096, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 17 Fl. 34 del archivo 4 del expediente digital. 18 Fl. 1 del archivo 1 del expediente digital. 19 Archivo 8 del expediente digital.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
Actor: JUAN MANUEL VEGA LEÓN Y OTROS
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Como fundamento de su petitum, narró, en esencia, que laboró para la enjuiciada en las fechas citadas en el cargo de piloto; que fue despedido por no aprobar la prueba de simulador de vuelo, pero esto se debió a la falla de maniobrabilidad que presentó el mismo; que fue llamado a desc argos y luego lo despidieron; que, en cumplimiento del trámite convencional, con el sindicato solicitó la revisión del caso y la reconsideración de la decisión, previo concepto del comité disciplinario que no se obtuvo, en vist a de que la empresa no esperó a que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, designara su representante; que la aerolínea ratificó su decisión el 26 de noviembre de 2004; que la etapa de arreglo colectivo inició el 30 de julio de 2004 y culminó sin acuerdo el 18 de agosto de 2004; que el laudo fue proferido el 9 de febrero de 2005 y recurrido ante la Corte Suprema de Justicia, sin que se hubiera resuelto la impugnación, de suerte que fue despedido cuando estaba en desarrollo el conflicto colectivo, por lo que gozaba de fuero20.
que se hubiera resuelto la impugnación, de suerte que fue despedido cuando estaba en desarrollo el conflicto colectivo, por lo que gozaba de fuero20.
- De acuerdo con el acta de la audiencia del 29 de agosto de 2007, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá condenó a la demandada a reintegrar al actor al cargo del cual fue despedido y al pago de los salarios dejados de devengar, incluyendo las 50 horas garantizada s de vuelo e incrementos convencionales, además del pago de las prestaciones compatibles con el reintegro.
Tal autoridad arguyó que las pruebas técnicas que se le practicaron al actor para evaluar las aptitudes y continuar desempeñándose como piloto tuvieron fallas, por tal motivo, éstas no se podían tener en cuenta para soportar el despido con justa causa. Agregó que, según el artículo 25 del Decreto Ley 2351 de 1965, era ineficaz el despido durante el trámite de conflicto colectivo. Ahora, como el actor se encontraba en un proceso de pliego de condiciones, no era procedente el retiro del servicio con indemnización, de ahí que procedía el reintegro21.
- En sentencia del 12 de abril de 2010, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó la providencia de primera instancia y absolvió a la demandada de las súplicas incoadas por el actor.
20 Según lo que se sintetizó en la sentencia de casación, en concordancia con las demás providencias dictadas a lo largo del proceso laboral ordinario. 21 Fls. 13 - 34 del archivo 4 del expediente digital.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
dictadas a lo largo del proceso laboral ordinario. 21 Fls. 13 - 34 del archivo 4 del expediente digital.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
Actor: JUAN MANUEL VEGA LEÓN Y OTROS
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10 Para edificar la decisión, precisó que, en el marco de un proceso previo de fuero sindical, el señor Juan Manuel Vega León había interpuesto una acción de tutela contra una determinación del mismo tribunal, mediante la cual se señaló que no tenía la calidad de aforado, y la Corte Constitucional, en sede de revisión, ordenó al Tribunal Superior del Distrito de Bogotá expedir un nuevo fallo dada la configuración del respectivo fuero.
Afirmó que, en cumplimiento de la solicitud de amparo, en sentencia del 6 de marzo de 2008 se dispuso “condenar a la demandada a reintegrar al demandante al cargo que venía desempeñando y al pago de los salarios dejados de percibir por causa del despido desde el 13 de noviembre de 2004 hasta el día en que efectivamente se produzca el reintegro, incluyendo los aumentos legales o convencionales que se generen”.
Conforme a lo anterior, consideró que no había lugar a realizar el estudio del asunto laboral individual, en razón a que la pretensión de reintegro ya había sido acogida en cumplimiento del fallo judicial mencionado. Esto se lee:
(…) Los efectos jurídicos que se pudieran producir con la presente providencia, ya se encuentran superados por las consecuencias generadas en el proceso
en cumplimiento del fallo judicial mencionado. Esto se lee:
(…) Los efectos jurídicos que se pudieran producir con la presente providencia, ya se encuentran superados por las consecuencias generadas en el proceso especial de Fuero Sindical, y la posterior acción de tutela, que a la postre ordenaron el reintegro del señor Juan Manuel Vega a su puesto de trabajo a partir del día del despido, con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde esa fecha hasta el día de su reintegro efectivo.
Esta situación, vista de así, impide pronunciarnos sobre las inconformidades de los apelantes, pues no tendría sentido pronunciarse de fondo si en primer lugar tanto en aquel proceso especial presente, el resultado perseguido por el actor es exactamente el mismo -corno es el ser reintegrado a la empresa demandada.
Añadió que era inocuo pronunciarse sobre la apelación puesto que, si se confirmaba la decisión del juzgado, esto es, ordenar el reintegro, era un efecto que ya estaba satisfecho y rebasado por la acción especial de fuero sindical, pero aun, si del estudio del recurso de la demandada no observaba razón para la prosperidad de sus alegatos y se ordenaba revocar el fallo del inferior, avalando el despido unilateral de la empresa, los efectos jurídicos de la providencia seguirían siendo inanes, pues el objeto pr incipal del actor a obtener el reintegro se satisfizo con el proceso de fuero sindical; además, el reintegro ya se había materializado22.
22 Fls. 27 - 38 del archivo 1.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
Actor: JUAN MANUEL VEGA LEÓN Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
22 Fls. 27 - 38 del archivo 1.Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00813-01 (70.742)
Actor: JUAN MANUEL VEGA LEÓN Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
11 - El señor Juan Manuel Vega León radicó recurso extraordinario de casación contra la determinación anterior, con apoyo en el siguiente cargo:
(...) Cargo único: Acuso la sentencia impugnada por violación directa de la Ley sustancia, en la modalidad de falta de aplicación del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, situación que condujo a la violación de los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil (violación de medio).
En lo atinente a la demostración del cargo, enfatizó en que el tribunal inaplicó el artículo 25 del Decreto Ley 2351 de 1965. Para el impugnante, al margen de hechos y pruebas, era claro que el planteamiento jurídico giraba en torno a determinar si se reunían las condiciones especiales de que trata la norma, para, en su defecto, ordenar la protección invocada y reconocida por el juez de primera instancia.
En términos semejantes, consideró que se vulneraron los artículos 304 y 305 del CPC “por ausencia de motivación” , en tanto el tribunal se limitó a enunciar una decisión favorable al demandante que fue tomada en un proceso especial de fuero sindical distinto y que implicó su reintegro, para afirmar, sin fundamento legal, que el pronunciamiento que en este proceso ord inario se debía emitir era innecesario, lo cual podría equivaler a un fallo inhibitorio y constitutivo de una denegación de
sindical distinto y que implicó su reintegro, para afirmar, sin fundamento legal, que el pronunciamiento que en este proceso ord inario se debía emitir era innecesario, lo cual podría equivaler a un fallo inhibitorio y constitutivo de una denegación de justicia. Así, destacó que, a pesar de este razonamiento, a lo sumo se debía revocar la orden de reintegro, pero reconocer los rubros salariales y prestacionales pedidos, porque el restablecimiento del contrato y todas las condiciones laborales eran diferentes23.
- En sentencia del 26 de abril de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la providencia de segunda instancia. Los fundamentos de esa decisión se transcriben in extenso24:
(…) Tiene razón la censura al criticarle al tribunal el que no se hubiere pronunciado de fondo sobre los temas objeto de impugnación en la segunda instancia, toda vez que el reintegro obtenido a través de un proceso de fuero sindical no enerva la pretens
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