CE - Sentencia 25000233600020200013401

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 25000233600020200013401
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2020-00134-01 (71471)

Actor: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Providencias dictadas en un proceso de reparación directa promovido por la muerte de un menor de edad, así como en cumplimiento de una orden de tutela de la Corte Constitucional / DAÑO - Se encuentra probada su causación, mas no su quantum / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Se acreditó que mientras las decisiones equivocadas de primera y segunda instancia del proceso primigenio estuvieron vigentes causaron una lesión patrimonial a la parte actora que no estaba en el deber jurídico de soportar - Las decisiones dictadas en cumplimiento del fallo de tutela, aunque se encuentran en firme a la fecha de presente providencia, esta Corporación no puede formular un reproche sobre el particular, ya que los cargos formulados en la presente demanda no tienen relación con la que decisión definitiva del conflicto / INDEMNIZACIÓN - Daño emergente - La entidad accionada pagará la totalidad del capital adeudado y actuali zado a la fecha de esta sentencia, siempre que se

cargos formulados en la presente demanda no tienen relación con la que decisión definitiva del conflicto / INDEMNIZACIÓN - Daño emergente - La entidad accionada pagará la totalidad del capital adeudado y actuali zado a la fecha de esta sentencia, siempre que se verifique que la parte actora no recuperó lo pagado con ocasión del asunto. En caso de acreditarse la recuperación de alguna suma de dinero, se deberá descontar.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 27 de septiembre de 2023, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I.SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora estima que, en las sentencias de primera y segunda instancia, y de reemplazo, proferidas en el marco del proceso de reparación directa que se tramitó por la muerte del menor Juan Andrés Palacio Asprilla, se incurrió en error judicial, dado que hubo indebida valoración probatoria y desconocimiento del precedente para calificar el perjuicio moral y los topes indemnizatorios a favor de los actores de ese asunto, aunado a que se ignoró lo dispuesto en la sentencia T -147 del 21 deRadicación número: 25000-23-36-000-2020-00134-01 (71.471)

Actor: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

2 mayo de 2020, dictada por la Corte Constitucional, referente a la compensación del

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

2 mayo de 2020, dictada por la Corte Constitucional, referente a la compensación del «pago injusto» que ya había asumido por la condena impuesta.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. El 12 de marzo de 20201, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios que sufrió por el supuesto error judicial contenido en las sentencias del 4 de diciembre de 2017 y del 12 de marzo de 2018, dictadas por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó y por el Tribunal Administrativo del Chocó, respectivamente, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 2016-00345-01.

Por lo anterior, solicitó que el reconocimiento y pago por daño emergente de las siguientes sumas (i) $1.223’425.394 y $2.777’650.000, pagadas en cumplimiento de los fallos mencionados; y (ii) $2.283’204.922, saldo pendiente por pagar y que suspendió la Corte Constitucional.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que el 29 de junio de 2016, el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Quibdó impuso medida de internamiento preventivo al menor Juan Andrés Palacio Asprilla y lo dejó a disposición del Centro Transitorio para Adolescentes del ICBF, sede Quibdó. Ese mismo día su cuerpo fue hallado sin vida y se dictaminó

de Quibdó impuso medida de internamiento preventivo al menor Juan Andrés Palacio Asprilla y lo dejó a disposición del Centro Transitorio para Adolescentes del ICBF, sede Quibdó. Ese mismo día su cuerpo fue hallado sin vida y se dictaminó que se trató de un homicidio por ahogamiento.

Como consecuencia, 86 personas formularon demanda de reparación directa contra el ICBF para que se les repararan los perjuicios acaecidos por tal hecho, «apelando a una relación de apego y cariño con el difunto y el dolor que les causó su muerte».

Mediante providencia del 4 de diciembre de 2017, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó accedió a las súplicas deprecadas y ordenó la indemnización del daño moral a favor de 54 personas, dentro de las que se hallaban padres, compañera permanente, hermanos, primos, tíos y amigos de la víctima directa, pese

1 Archivo 2 del expediente digital del Tribunal.Radicación número: 25000-23-36-000-2020-00134-01 (71.471)

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

3 a que respecto de muchos de aquellos «no se acreditó la condición» para proceder de conformidad y, además, los rubros asignados superaban los topes establecidos en la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre la materia.

El ICBF apeló esa determinación, oportunidad en la que cuestionó que no había lugar a calificar el hecho como una grave violación de derechos humanos, así como

en la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre la materia.

El ICBF apeló esa determinación, oportunidad en la que cuestionó que no había lugar a calificar el hecho como una grave violación de derechos humanos, así como que se incurrió en una indebida valoración probatoria frente a la prueba testimonial para demostrar la afectación concedida a quienes se encontraban en los niveles 3, 4 y 5 de parentesco y afinidad con la víctima directa.

A través de sentencia del 12 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó integralmente el proveído de primera instancia, bajo el entendido de que no hubo una valoración errada de la prueba testimonial que sirvió de base para reconocer el perjuicio moral y, en todo caso, el otorgamiento de montos superiores estaba previsto como una excepción por el precedente del Consejo de Estado.

El ICBF promovió una acción de tutela contra ambas autoridades judiciales, la cual fue despachada desfavorablemente el 12 de febrero y el 28 de marzo de 2019, en su orden, por las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado.

La Corte Constitucional se leccionó el asunto para revisión y suspendió el pago de la condena decretada y el cobro del proceso ejecutivo iniciado contra el ICBF.

En sentencia T -147 del 21 de mayo de 2020, la Corte Constitucional (i) dejó sin efectos los fallos de instancia expedidos en la controversia, por considerar que se configuraron los defectos fáctico y de desconocimiento de precedente judicial, en tanto no se demostró el daño moral de la compañera permanente y suegra del menor, sumado a que no se efectuó un análisis individual sobre las personas que

configuraron los defectos fáctico y de desconocimiento de precedente judicial, en tanto no se demostró el daño moral de la compañera permanente y suegra del menor, sumado a que no se efectuó un análisis individual sobre las personas que se encontraban en los niveles 3, 4 y 5 de consanguinidad y afinidad, para verificar la afectación de mayor intensidad y gravedad del perjuicio; y (ii) ordenó al Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó proferir sentencia de reemplazo, teniendo en cuenta el monto que el ICBF ya había cancelado por la condena, por lo que debía realizar las compensaciones.

El 19 de enero de 2021, el juzgado, de oficio, decretó varios interrogatorios de los demandantes y un dictamen pericial. El 26 de abril de 2021 expidió fallo de reemplazo, en el cual se condenó al ICBF al pago de la indemnización a favor de 54 personas, en relación con quienes se encontró acreditado el daño moral y seRadicación número: 25000-23-36-000-2020-00134-01 (71.471)

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

4 sustentó que los rubros superaban los topes fijados en la jurisprudencia por muerte, comoquiera que la víctima directa era un menor de edad, sujeto de especial protección constitucional, que resultó ahogado en las instalaciones de la entidad luego de intentar huir, se ocultó la verdad de los hechos y su extenso núcleo familiar

comoquiera que la víctima directa era un menor de edad, sujeto de especial protección constitucional, que resultó ahogado en las instalaciones de la entidad luego de intentar huir, se ocultó la verdad de los hechos y su extenso núcleo familiar pertenecía a una comunidad especial con enfoque diferencial, de la cual muchos se vieron obligados a salir del territorio.

1.2. Reforma

El 27 de julio de 20212, la parte actora reformó la demanda, en el sentido de agregar que el error judicial también se predicaba frente a la citada sentencia de reemplazo y que el valor a retornar ascendía a la suma de $4.001’075.394 « por el pago que había realizado a los beneficiarios de las condenas »; además, puso de presente que contra esa providencia interpuso apelación, por manera que, una vez resuelto, se debía valorar la decisión respectiva en esta controversia3.

1.3. Cargos

A juicio del ICBF, en las sentencias de primera y segunda instancia del asunto hubo defectos en la apreciación de los testimonios recaudados para probar el vínculo con la víctima directa y la afectación moral4 y, a propósito, su tasación superó los montos jurisprudenciales sin justificación5.

Asimismo, precisó que, en la providencia de reemplazo, se ignoraron los parámetros de la Corte Constitucional, habida cuenta de que, « de manera caprichosa », se recaudaron más elementos de juicio para superar la falta de prueba de la afectación moral de los parientes y amigos de la víctima directa, cuando se debía revisar la situación de cada uno, según las pruebas que militaban en el expediente6.

recaudaron más elementos de juicio para superar la falta de prueba de la afectación moral de los parientes y amigos de la víctima directa, cuando se debía revisar la situación de cada uno, según las pruebas que militaban en el expediente6.

2 Archivo 4 del expediente digital del Tribunal. 3 «Probado el error judicial dentro del proceso, se procederá a reintegrar al patrimonio del ICBF la suma que resulte de calcular de forma correcta los perjuicios morales que sufrieron los familiares de primer y segundo nivel de consanguinidad del menor Juan Andrés Palacios Asprilla, así como de la exclusión de los demás familiares que fueron incluidos en la indemnización sin el soporte probatorio correspondiente». 4 «Las declaraciones de los señores Luís Rimel Rentería, José Ernesto Córdoba Mosquera, Plinio Pino, José Ernesto Córdoba Mosquera y Carlos Mario Ibargüen, quienes no fueron imparciales en sus dichos. Además, el juez dictó auto de mejor proveer y decretó las declaraciones de parte (madre, padre, padrastro y hermano de la víctima) para probar el daño que no se había logrado probar». 5 «Los testimonios para imponer una condena por los familiares de los niveles 3 y 4, así como a los amigos, no contaban con la idoneidad suficiente para tener por acreditado los perjuicios». 6 «El Juzgado tenía 30 días para revisar cada uno de los testimonios que se habían practicado en el proceso judicial antes de que se dejaran sin efectos las sentencias; pero, el juzgado decidió incluir 7 nuevos

interrogatorios, los cuales debió valorar de la forma en que había sido ordenado por la tutela».Radicación número: 25000-23-36-000-2020-00134-01 (71.471)

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5 Tampoco se examinaron los documentos que envió el Juzgado Primero Penal para Adolescentes del Circuito de Quibdó sobre la muerte del menor7.

A esto agregó que se «omitió señalar el soporte probatorio por el cual se reconoce daño moral a los demandantes que se encuentran en los niveles 3, 4 y 5 »8 y ni siquiera hizo pronunciamiento alguno sobre « la tacha que se formuló por los testigos».

Finalmente, dedujo que no se demostraron los supuestos de la jurisprudencia civil para tener a la menor Miriam Teresa Rentería como compañera permanente de la víctima directa y ni se explicó la razón para ubicar a la madre de esta última en el primer nivel de consanguinidad 9, así como se pasó por alto descontar el dinero entregado para ejecutar las «sentencias anuladas»10.

2. Trámite en primera instancia

2.1. El 9 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público11.

2.2. La Nación - Rama Judicial indicó que el error judicial sólo se presenta cuando las providencias carecen de justificación o argumentación jurídica, lo que no sucede

demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público11.

2.2. La Nación - Rama Judicial indicó que el error judicial sólo se presenta cuando las providencias carecen de justificación o argumentación jurídica, lo que no sucede en este caso. Resaltó que el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó y el Tribunal Administrativo de Chocó realizaron el análisis adecuado de las pruebas y justificaron con amplitud los fundamentos de derecho de sus determinaciones, por manera que no había mérito para calificarlas de arbitrarias.

Igualmente, manifestó que el ICBF disponía de los recursos de ley para mostrar su desacuerdo con la sentencia de reemplazo, pero no lo hizo, por ende, no podía utilizar la demanda de error judicial para sacar provecho de su culpa12.

7 «De manera arbitraria y violatoria del derecho fundamental a la contradicción, defensa, y del principio de valoración conjunta de las pruebas, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó corrió traslado para alegar de conclusión única y exclusivamente sobre la prueba documental puesta a consideración en la audiencia por el término de 2 minutos». 8 «Y es que no resulta caprichoso esta exigencia, pues justamente el ICBF en sede de tutela, en el desarrollo de las audiencias de testimonios e interrogatorios de parte y finalmente en los alegatos de conclusión de este proceso, ha puesto de presente que las pruebas practicadas permiten identificar afectaciones muy puntuales, mas no la de “todos los demandantes” como muy ligeramente hace el Juzgado». 9 «Pues considero que un análisis riguroso y estricto del dicho de los interrogados, junto con la prueba documental de la historia de atención del menor, podía colegir fácilmente que el menor vivía con su señora

9 «Pues considero que un análisis riguroso y estricto del dicho de los interrogados, junto con la prueba documental de la historia de atención del menor, podía colegir fácilmente que el menor vivía con su señora madre y su hermana, mas no con su mujer». 10 «De manera puntual, la Corte Constitucional ordenó verificar el valor recibido por cada uno de los demandantes, de manera que la nueva sentencia a dictar identifique qué valor se compensa y/o se retorna al patrimonio público». 11 Archivo 2 del expediente digital del Tribunal. 12 Archivo 5 del expediente digital del Tribunal.Radicación número: 25000-23-36-000-2020-00134-01 (71.471)

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6 2.3. El 6 de marzo de 2024 se admitió la reforma de la demanda 13, oportunidad en la que la Rama Judicial presentó el mismo escrito de contestación14.

2.4. En auto del 26 de junio de 2023, el a quo precisó que no existía motivo para convocar a audiencia inicial, en razón de que dictaría sentencia anticipada. Por consiguiente, decretó e incorporó las pruebas documentales, fijó litigio y corrió el traslado para alegar de conclusión15.

2.5. La parte actora reiteró los argumentos que sustentan su tesis de error judicial y aclaró que se le debía reintegrar el excedente que resultara luego de calcular correctamente los perjuicios morales sufridos por los familiares que se hallan en los

2.5. La parte actora reiteró los argumentos que sustentan su tesis de error judicial y aclaró que se le debía reintegrar el excedente que resultara luego de calcular correctamente los perjuicios morales sufridos por los familiares que se hallan en los niveles 1 y 2 de consanguinidad con el menor Juan Andrés Palacios Asprilla. De igual manera, enfatizó en que la sentencia de reemplazo tampoco se cumplió la orden de la Corte Constitucional de realizar una valoración individual respecto de cada uno de los demandan tes para verificar el vínculo alegado y la afectación por la muerte del menor Palacios Asprilla16.

2.6. La Nación - Rama Judicial insistió en sus razones de defensa, mientras que el Ministerio Público guardó silencio17.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de septiembre de 2023, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas invocadas.

En primer lugar, subrayó que los fallos del 4 de diciembre de 2017 y del 12 de julio de 2018, dictados por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y por el Tribunal Administrativo de Chocó, fueron dejados sin efectos por la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-147 de 2020, por ende, no se podía calificar un error judicial, pues sus argumentos fueron removidos.

Sin embargo, resultaba viable examinar el caso como una falla en el servicio, la cual para su prosperidad condiciona a que se encuentre probado que, durante el tiempo en el que estuvieron vigentes los proveídos, causaron un daño que el ICBF no

Sin embargo, resultaba viable examinar el caso como una falla en el servicio, la cual para su prosperidad condiciona a que se encuentre probado que, durante el tiempo en el que estuvieron vigentes los proveídos, causaron un daño que el ICBF no estaba en el deber jurídico de soportar, situación que no sucedió en el sub lite.

13 Archivo 8 del expediente digital del Tribunal. 14 Archivo 11 del expediente digital del Tribunal. 15 Archivo 14 del expediente digital del Tribunal. 16 Archivo 18 del expediente digital del Tribunal. 17 Archivo 21 del expediente digital del Tribunal.Radicación número: 25000-23-36-000-2020-00134-01 (71.471)

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7 Lo anterior, por cuanto, aunque la condena impuesta por dichas autoridades fue pagada parcialmente por tal entidad, lo que reflejaba un daño, «no se podía asumir como perjuicio indemnizable, por razón a que, para la fecha de la reforma a la demanda, aún el proceso encontraba en curso, por no haberse cumplidos los tiempos para el surtimiento del recurso de apelación, respecto de la sentencia de reemplazo, que, de contera, no cualifica como decisión en firme» e impedía sostener que, en efecto, sufrió un detrimento de su patrimonio.

En segundo lugar, aclaró que la decisión de reemplazo mantuvo la condena contra el ICBF y, en lo atinente a la compensación ordenada por la Corte Constitucional,

que, en efecto, sufrió un detrimento de su patrimonio.

En segundo lugar, aclaró que la decisión de reemplazo mantuvo la condena contra el ICBF y, en lo atinente a la compensación ordenada por la Corte Constitucional, restó las costas procesales. En el fondo, explicó que se observaba un mayor análisis probatorio de la prueba testimonial, soporte de la acreditación del daño moral a favor de 54 personas, además de la justificación del reconocimiento indemnizatorio frente a cada uno de los niveles de parentesco y afinidad previstos por el Consejo de Estado y el aumento de los topes señalados como regla general.

Y, aunque en la reforma se adicionó el reproche contra ese proveído, « no comprendió la que desató la alzada contra la misma, comoquiera que aún el proceso se encontraba en curso», por tanto, no se cumplían los presupuestos exigidos para revisar un error judicial y, de contera, los cargos, máxime cuando «una providencia, bien puede ser modificada o revocada en virtud de los recursos (…); por ende, la responsabilidad del Estado por un yerro en una providencia judicial solo puede comprometerse a partir de que los jueces han decidido en definitiva el asunto»18.

4. Recurso de apelación

El ICBF interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, para lo cual formuló dos argumentos de reproche que agrupó así:

(i) «No es cierto que durante el tiempo que estuvieron vigentes las providencias de 4 de diciembre de 2017 y 12 de julio de 2018 no se hubiese probado un daño»:

Anotó que no se podía negar que sufrió una lesión patrimonial, en virtud de unas

4 de diciembre de 2017 y 12 de julio de 2018 no se hubiese probado un daño»:

Anotó que no se podía negar que sufrió una lesión patrimonial, en virtud de unas decisiones equivocadas, tal y como lo válido la Corte Constitucional, autoridad que reconoció que los jueces de la causa realizaron una indebida valoración probatoria de los testimonios disponibles para acreditar el daño moral de los demandantes del proceso de reparación directa con radicado 2016-00345-01, así como omitieron las

18 Archivo 22 del expediente digital del Tribunal.Radicación número: 25000-23-36-000-2020-00134-01 (71.471)

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

8 reglas jurisprudenciales sobre la cuantificación del mismo, razón suficiente para declarar la responsabilidad por error judicial.

Dijo que el error de hecho se produjo porque se le imprimió valor a unos testimonios que fueron contradictorios y dubitativos sobre aspectos básicos y emanaron de los mismos demandantes; y el error de derecho se concretó por la omisión de las reglas de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014, que previó para los niveles 1 y 2 prueba del estado civil o parentesco y para los niveles 3, 4 y 5 acreditar la relación afectiva, aunado a que no se trató de un caso de grave violación a los derechos humano s en el que el menor hubiera sido sometido a múltiples hechos delictivos como privación injustificada de la libertad o desaparición

violación a los derechos humano s en el que el menor hubiera sido sometido a múltiples hechos delictivos como privación injustificada de la libertad o desaparición forzada, para así otorgar una indemnización mayor a la establecida.

A ello agregó que dichas falencias resultaron tan notorias y contundentes para la Corte Constitucional que ordenó una nueva valoración de los medios probatorios obrantes en el expediente, pero el yerro persistió, tanto así que ni siquiera fueron objeto de mención en la sentencia de reemplazo, todo lo opuesto, para sostener la decisión equivocada se recolectaron más pruebas, aspecto que no estaba previsto y no se reflexionó sobre la compensación de la obligación previamente cancelada, por ende, el daño sí ti ene carácter de antijurídico debido a un pago injusto a personas que no debían ser beneficiarias de la condena.

(ii) «No es cierto que la sentencia de reemplazo haya cumplido con las cargas argumentativas exigidas y, mucho menos, que no se encuentre en firme»:

Puntualizó que, en el curso del presente medio de control, se le notificó la sentencia de reemplazo de primera instancia y, por consiguiente, en la reforma de la demanda también la enjuició, pues los desaciertos continuaron y nada se modificó sobre el pago injusto que había efectuado, a pesar de la orden del juez de tutela y que, de hecho, promovió un incidente de desacato.

Asimismo, comentó que apeló esa decisión; sin embargo, la parte actora de ese litigio desistió de las pretensiones indemnizatorias frente a todos los demandantes que se encontraban en los niveles 3, 4 y 5 de consanguinidad y afinidad, incluyendo

litigio desistió de las pretensiones indemnizatorias frente a todos los demandantes que se encontraban en los niveles 3, 4 y 5 de consanguinidad y afinidad, incluyendo las súplicas de la suegra y compañera permanente del menor Juan Andrés Palacios Asprilla, a lo que se accedió.

El ICBF esperaba que, con la decisión final se efectuará la compensación « que se había tornado obligatoria ante la exclusión de 70 demandantes», pero, en su criterio,Radicación número: 25000-23-36-000-2020-00134-01 (71.471)

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9 se ignoró ese deber, de ahí que pidió aclaración y adición del fallo sobre el reintegro de los dineros, solicitudes que se negaron, por ese motivo, luego interpuso recurso extraordinario de unificación, el cual no ha sido resuelto de fondo.

Explicó que, pese a que, en la actualidad, el proceso ordinario finiquitó y se siguen adelantando acciones judiciales y administrativas para recuperar lo pagado, lo único cierto e « irrefutable era que canceló una suma de dinero exorbitante por fallos judiciales que constituyeron error judicial y que la suma pagada en exceso por parte del ICBF no ha retornado al erario público»19.

5. Trámite en segunda instancia

En auto del 5 de julio de 2024, esta Corporación admitió el recurso de apelación y, como no se decretaron pruebas, el asunto ingresó para dictar sentencia20.

III. CONSIDERACIONES

En auto del 5 de julio de 2024, esta Corporación admitió el recurso de apelación y, como no se decretaron pruebas, el asunto ingresó para dictar sentencia20.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, entre otras, de «las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos». A su turno, el artículo 152.6 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, «de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales», cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV21.

En el caso bajo estudio, la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada norma22, por tal razón, esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el fallo del a quo.

2. Oportunidad

De conformidad con lo previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años

19 Archivo 27 del expediente digital del Tribunal. 20 Índice 4 de Samai. 21 Sin las modificaciones de la Ley 2080 de 2021. 22 La pretensión por daño emergente ascendió a $4.001’075.394. Para la fecha de presentación de la demanda,

esto es, 2020, 500 SMLMV equivalían a $438’901.500.Radicación número: 25000-23-36-000-2020-00134-01 (71.471)

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Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

10 «contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».

En los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por error judicial, el término de caducidad por regla general inicia a correr a partir del día siguiente de aquel en el que quedó ejecutoriada o en firme la providencia que supuestamente lo contiene, cuando con esta se concreta el daño y si la persona afectada hizo parte del proceso; no obstante, si el daño se produce o se materializa con posterioridad a la actuación judicial que le dio origen, la caducidad comienza a correr desde que el afectado pudo evidenciar su existencia o desde que este se manifiesta.

Atendiendo a las pretensiones de la demanda, se tiene que el ICBF solicitó el reconocimiento del perjuicio material por los aparentes errores judiciales cometidos en el proceso de reparación directa con radicado 2016 -00345-01 por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó y por el Tribunal Administrativo del Chocó, en los fallos de primera y segunda instancia del 4 de diciembre de 2017 y del 12 de

Primero Administrativo Oral de Quibdó y por el Tribunal Administrativo del Chocó, en los fallos de primera y segunda instancia del 4 de diciembre de 2017 y del 12 de marzo de 2018, respectivamente; y en las decisiones de reemplazo.

La Sala observa que, a través de la providencia T -147 del 21 de mayo de 2020, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en sede de tutela, revocó las dos primeras decisiones cuestionadas, por tal motivo, debido a ese pronunciamiento no se puede hablar de un « error jurisdiccional» propiamente dicho sobre los fallos enjuiciados, porque uno de los presupuestos para la configuración del error judicial es que estas se encuentren en firme23, cosa que no sucede en este caso. Entonces, como ya lo ha definido esta Corporación, lo correcto es tratar el asunto como una eventual falla genérica del servicio24, la cual, según la parte actora, se hizo evidente con ese pronunciamiento.

Así las cosas, dado que el fallo de tutela quedó en firme el 18 de junio de 2020 25, la caduc

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