CE - Sentencia 25000233600020210033601
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000233600020210033601
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
Demandante: Jaime Harold Jaramillo Estrada y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error judicial / DAÑO ANTIJURÍDICO – no se demostró en el presente caso / ERROR DE HECHO POR INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA – no se configuró, pues las sentencias acusadas hicieron una valoración probatoria adecuada y jurídicamente atendible.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de enero de 2024, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Se demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación – Rama Judicial, por los perjuicios causados a Jaime Harold Jaramillo Estrada, como consecuencia del error judicial en el que incurrieron el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de la misma ciudad, en las providencias del 29 de abril de 2016 y el 15 de noviembre
del error judicial en el que incurrieron el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de la misma ciudad, en las providencias del 29 de abril de 2016 y el 15 de noviembre de 2019, respectivamente, a través de las cuales se declaró la extinción de dominio respecto de la suma de 150.000 dólares de Estados Unidos de América que le había sido incautada al ahora actor.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
Demandante: Jaime Harold Jaramillo Estrada y otros
Demandada: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación Directa
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ANTECEDENTES
La demanda
3. En escrito1 presentado el 4 de agosto de 2021, Jaime Harold Jaramillo Estrada y otros2, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación–Rama Judicial, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios3 irrogados, como consecuencia de los supuestos errores judiciales en los que, en su criterio, incurrieron el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, en las sentencias del 29 de abril de 2016 y del 15 de noviembre de 2019, respectivamente.
4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:
1 Documento denominado “1_REPARTOYRADICACION_001DEMANDACONAN(.PDF) NroActua 1” en el índice electrónico 002 de Samai. 2 Janneth Viviana Puertas Valencia, Valeria Jaramillo Puerta y Natacha Jaramillo Gaviria (en calidad
en el índice electrónico 002 de Samai. 2 Janneth Viviana Puertas Valencia, Valeria Jaramillo Puerta y Natacha Jaramillo Gaviria (en calidad de cónyuge e hijas, respectivamente, de Jaime Harold Jaramillo Estrada). Se aclara que la última de las mencionadas fue adicionada como demandante a través de un escrito de reforma a la demanda. 3 A continuación, la transcripción literal de las pretensiones declarativas y de condena consignadas en la reforma del escrito inicial (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “PRIMERA: Declarar Administrativa y Extracontractualmente Responsable a la Nación -Rama Judicialen Cabeza del Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Administrativa, con Ocasión al Daño Antijurídico, materializado en la Providencia de Primer y Segundo Grado debidamente ejecutoriada, dentro del proceso de ex tinción de dominio Radicado N -1100131-20002-2015-0004401.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, Ordenar la Nación -Rama Judicial-en Cabeza del Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Administrativa, la devolución y entrega de los US 150.000 dólares americanos indebidamente incautados al Sr. Jaime Harold Jaramillo Estrada el día 22 de noviembre de 2006.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, Condenar a la Nación-Rama Judicialen Cabeza del Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Administra tiva, a pagar a los demandantes, las siguientes sumas de dinero como indemnización de perjuicios morales sufridos.
AA la Victima JAIME HAROLD JARAMILLO ESTRADA, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la sentencia.
AA la Victima JAIME HAROLD JARAMILLO ESTRADA, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la sentencia. BA la Esposa del Actor, Sra. Janneth Viviana Puertas Valencia, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la sentencia. CA la hija del Actor, Señorita Valeria Jaramillo Puerta, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoría de la sentencia. DA la hija del Actor, Señorita NATACHA JARAMILLO ESTRADA, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de la ejecutoria de la sentencia. Las cantidades anteriormente mencionada, hacen razón al plano psíquico interno de los individuos, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia del detrimento patrimonial y perdido de oportunidad, que en el caso concreto afecto ostensiblemente al núcleo familiar del demandante, ya que supone que con la indemnización de perjuicios morales se ajusta a las reglas de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado.
CUARTO: Condenar a la Nación-Rama Judicial-en Cabeza del Consejo Superior de la JudicaturaDirección Administrativa, a Pagar las Costas Procesales y Agencias en Derecho”.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
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Demandada: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación Directa
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Demandante: Jaime Harold Jaramillo Estrada y otros
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Referencia: Reparación Directa
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5. El 22 de noviembre de 2006, Jaime Harold Jaramillo Estrada fue “detenido” en un puesto de control de la Policía en instantes en los que se movilizaba en un automóvil por la vía que de Palmira conduce a Cali; después de una requisa, los uniformados encontraron que portaba la suma de 150.000 dólares de Estados Unidos de América -en adelante USD-, dinero que le fue incautado.
6. A t ravés de la Resolución 074 del 30 de noviembre de 2007, el Fiscal Sexto Especializado en Extinción de Dominio de Cali ordenó la apertura formal del trámite de extinción de dominio respecto del monto anteriormente mencionado. Se dijo que, desde el 30 de nov iembre de 2007 hasta el 6 de febrero de 2015, “ el proceso administrativo sancionatorio estuvo sin resolver sobre la entrega del dinero incautado”, razón por la que el señor Jaramillo Estrada radicó una acción de tutela en contra de la Fiscalía General de l a Nación, que se tramitó bajo el radicado 76001220400020150006300 y que fue declarada improcedente.
7. El 29 de abril de 2016, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre la suma incautada a Jaime Harold Jaramillo Estrada; decisión que fue confirmada en sede de apelación, el 15 de noviembre de 2019, por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de esa misma ciudad. En ambas instancias, los funcionarios judiciales argumentaron
Jaramillo Estrada; decisión que fue confirmada en sede de apelación, el 15 de noviembre de 2019, por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de esa misma ciudad. En ambas instancias, los funcionarios judiciales argumentaron que no medió prueba que diera cuenta del origen lícito de dicho dinero.
8. En criterio de la parte actora, la Fi scalía 24 Especializado de Cali vulneró el “debido proceso administrativo sancionatorio ” porque incumplió los términos establecidos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 8, 9, 10 y 13 de la Ley 793 de 2002, referentes a la “caducidad de la acción administrativa sancionadora del agente estatal”.
9. Al tiempo, denunció que las decisiones del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá adolecían d e error judicial, principalmente por la falta de valoración de algunos medios de convicción que daban cuenta de que una fracción del dinero incautado provenía de la venta de un inmueble que heredó el señor Jaramillo Estrada y el resto correspondía a los in gresos que generaba como comerciante informal de productos de cuero en Colombia y Guatemala. También manifestó que no existía prueba que sustentara el hecho de que la tenencia de los dólares era ilícita y/o que Jaime Harold Jaramillo Estrada hacía parte de alguna estructura criminal, por lo que debía tenerse en cuenta que la potestad sancionadora delRadicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
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Estado no podía basarse “ en meras conjeturas ” y que la presunción de inocencia del señor Jaramillo Estrada se mantuvo incólume en todo momento.
10. Indicó qu e, a lo sumo, el actor incurrió en una infracción aduanera de tipo cambiario por no declarar el ingreso de una moneda extranjera a Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario, pero que ello no significaba automáticamente que la proc edencia de la divisa en cuestión era ilícita ni mucho menos que el Estado reclamara su propiedad por medio de la acción de extinción de dominio.
Trámite de primera instancia
11. Previa inadmisión de la demanda el 4 de octubre de 20214, esta fue subsanada el 14 de octubre siguiente 5, oportunidad en la que la parte actora precisó que únicamente perseguía la responsabilidad estatal por “los errores judiciales instrumentalizados en la sentencia de primera y segunda instancia” proferidas, respectivamente, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá , con lo que excluyó de esta litis cualquier pretensión por un eventual “ defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el trámite del proceso de extinción de dominio No. 1100131-200002-2015-00044-01”6.
4 Se precisa que el Tribunal Administrativo inadmitió la demanda por varias razones -no se allegó el escrito radicado ante la Procuraduría General de la Nación para iniciar trámite conciliatorio como
4 Se precisa que el Tribunal Administrativo inadmitió la demanda por varias razones -no se allegó el escrito radicado ante la Procuraduría General de la Nación para iniciar trámite conciliatorio como requisito previo para demandar, la falta de claridad de la estimación razonada de la cuantía, entre otras-, entre ellas, “a fin de establecer (…) con claridad la causa pretendi”, por lo que solicitó precisión sobre “si se pers[eguía] la declaratoria de responsabilidad de la parte demandada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el trámite del proceso de extinción de dominio No. 1100131-200002-2015-00044-01 o por errores judiciales instrumentalizados en las sentencias de primera y segunda instancia que se profirieron dentro de aquél (…) [o] por las dos circunstancias”. Documento denominado “28_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_006202100336AutoInad_ 24_20240801115233845.pdf” en el índice electrónico 002 de Samai. 5 Al respecto, la parte actora aseguró: “ la pretensión en nuestro caso trata sobre errores judiciales instrumentalizados en la Sentencia de Primera y Segunda instancia proferidas (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio)”. Documento denominado “31_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_00920211014SubsanaDe_27_ 20240801115234330.pdf ” en el índice electrónico 002 de Samai. 6 En cualquier caso, no sobra decir que aunque en la demanda se indicó que la Fiscalía 24 Especializado de Cali vulneró el “debido proceso administrativo sancionatorio” porque incumplió los términos establecidos en la Ley referentes a la “caducidad de la acción administrativa sancionadora
Especializado de Cali vulneró el “debido proceso administrativo sancionatorio” porque incumplió los términos establecidos en la Ley referentes a la “caducidad de la acción administrativa sancionadora del agente estatal”, esta entidad no fue demandada en el sub lite, sino únicamente la Rama Judicial.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
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12. El 16 de diciembre de 20217 fue admitido por el Tribunal a quo el escrito inicial, el que, el 24 de enero de 2022, se reformó a través de un memorial que presentó la parte actora8, con el propósito de adicionar a una demandante -Natacha Jaramillo Gaviria, quien alegó la calidad de hija de Jaime Harold Jaramillo Estrada-.
13. La Rama Judicial contestó la demanda 9. Señaló que fue la Fiscalía General quien adelantó de oficio el trámite de extinción de dominio en contra de Jaim e Harold Jaramillo Estrada y realizó el acto de privación del poder dispositivo de USD 150.000 de propiedad del actor ; luego, la eventual responsabilidad reclamada radicaba exclusivamente en esa entidad -la Fiscalía-, que no fue demandada en el sub lite.
14. Indicó que no se podía perder de vista que en la acción de extinción de dominio la carga de la prueba radicaba en Jaime Harold Jaramillo Estrada, quien nunca pudo acreditar cuál era la procedencia del monto que portaba el día de los hechos.
15. Argumentó que no hubo error jurisdiccional en las providencias atacadas, pues
la carga de la prueba radicaba en Jaime Harold Jaramillo Estrada, quien nunca pudo acreditar cuál era la procedencia del monto que portaba el día de los hechos.
15. Argumentó que no hubo error jurisdiccional en las providencias atacadas, pues estuvieron ajustadas a derecho, fueron debidamente sustentadas y se encuentran respaldadas por un análisis probatorio adecuado.
16. Con fundamento en lo anterior, formuló excepciones que denominó: “ falta de legitimación en la causa por pasiva ”; “culpa exclusiva de la víctima ”; “ausencia de causa pretendi” e “inexistencia de daño antijurídico”.
17. El 16 de mayo de 2022, el a quo admitió la reforma de la demanda e integró a Natacha Jaramillo Gaviria como demandante 10. Este último escrito fue contestado por la Rama Judicial el 8 de junio de 2022 11, oportunidad en la que solicitó que se declarara la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial no solo en relación con Natacha Jaramillo Gaviria
7 Documento denominado “ 33_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_011202100336AdmiteDd_ 29_20240801115234736” en el índice electrónico 002 de Samai. 8 Documento denominado “ 38_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_01620220124ReformaDe_ 34_20240801115235408.pdf” en el índice electrónico 002 de Samai. 9 Documento denominado “ 45ED_EXP TRIBUN_02320220608ContestaR(.pdf)” en el índice electrónico 002 de Samai. 10 Documento denominado “ 42_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_020202100336AutoAdmi
9 Documento denominado “ 45ED_EXP TRIBUN_02320220608ContestaR(.pdf)” en el índice electrónico 002 de Samai. 10 Documento denominado “ 42_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_020202100336AutoAdmi _38_20240801115237111.pdf” en el índice electrónico 002 de Samai. 11 Documento denominado “ 45_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_02320220608 ContestaR_41_20240801115237611.pdf” en el índice electrónico 002 de Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
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-integrada en la reforma - sino también respecto de Janneth Viviana Puertas Valencia y Valeria Jaramillo Puerta.
18. El 19 de septiembre de 2022, el Tribunal Administ rativo declaró probada la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial respecto de Natacha Jaramillo Gaviria, Janneth Viviana Puertas Valencia y Valeria Jaramillo Puerta, después de advertir que dicho tr ámite solo fue convocado por Jaime Harold Jaramillo Estrada, y no por las referidas señoras12; dijo que lo expuesto “resulta[ba] violatorio del derecho de defensa de la Rama Judicial” y que, como consecuencia, debían ser excluidas de este proceso como demandantes. Tal determinación no fue objeto de recursos.
19. El 27 de octubre de 2022 se realizó la audiencia inicial. El 30 de enero de 2023 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Procurador para emitir
demandantes. Tal determinación no fue objeto de recursos.
19. El 27 de octubre de 2022 se realizó la audiencia inicial. El 30 de enero de 2023 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Procurador para emitir concepto. El demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
Sentencia de primera instancia
20. Mediante sentencia del 24 de enero de 2024 13, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
21. Explicó, en primer lugar, que la Ley 793 de 2002 dispone, expresamente, que la acción de extinción de dominio procede cuando existe un incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lícito del mismo; disposición normativa que permite concluir que la carga de la prueba recaía en el ahora demandante.
22. Al respecto, aclaró que en el proceso primigenio el señor Jaramillo Estrada no acreditó el origen lícito de sus recursos, porque: 1) los ingresos reportados en sus declaraciones de renta de los años gravables 2001 y 2002 fueron significativamente bajos; 2) los extractos bancarios de 2003 y 2004 no reflejaron un flujo de dinero que justificara el monto encontrado en su poder; 3) aunque aportó un certificado de tradición y libertad de un inmueble que heredó de su madre y vendió posteriormente
12 Documento denominado “ 48_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_026202100336AutoDeci_44_ 20240801115237955.pdf” en el índice electrónico 002 de Samai.
12 Documento denominado “ 48_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_026202100336AutoDeci_44_ 20240801115237955.pdf” en el índice electrónico 002 de Samai. 13 Documento denominado “16ED_EXP TRIBUN_039Sentencia1_I nstan(.pdf)” en el índice electrónico 002 de Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
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-en 2005 - por $12’970.000, dicho negocio ju rídico tampoco justificaba la suma incautada y 4) la declaración de Juan de Dios Guerrero era insuficiente en punto de desentrañar el origen lícito de USD 150.000 .
23. En línea con lo anterior, resaltó que las decisiones proferidas tanto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá como por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá no incurrieron en error judicial alguno; por el contrario, que en ambas instancias se hizo un análisis detallado del material probatorio, que incluyó los documentos, las certificaciones y declaraciones presentadas por el demandante, así como investigación que adelantó la Fiscalía General por los hechos en cuestión.
24. Decidió no condenar en costas, después de razonar que no e xistía prueba indicativa “de que la contraparte incurrió en gastos o expensas [y/o] que la parte actora hubiere actuado de forma temeraria o con abuso del derecho”.
Recurso de apelación
25. Inconforme con la decisión anterior, el demandante formuló recurso de
actora hubiere actuado de forma temeraria o con abuso del derecho”.
Recurso de apelación
25. Inconforme con la decisión anterior, el demandante formuló recurso de apelación14, en el que insistió en la configuración de un error de hecho. Señaló que contrario a lo que indicó el a quo, las providencias proferidas en el curso del proceso con radicado 11001 -31-20-002-2015-00044-01 no le otorgaro n valor probatorio a los documentos que justificaban el incremento patrimonial que experimentó y que permitían, al tiempo, descartar cualquier vínculo con fuentes ilícitas. En concreto, mencionó el certificado de defunción de la madre del señor Jaramillo E strada y el certificado de tradición número 01 -N55393, en los que constaba que adquirió un bien inmueble vía herencia intestada que vendió posteriormente, así como diversas pruebas documentales que daban cuenta de su actividad como comerciante informal.
26. Cuestionó la conclusión del Tribunal a quo según la cual ni el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ni la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá omitieron analizar ninguna prueba, pero “ el hecho de hacer una relación de actividades de investigación, y cruzar información, con las pruebas aportadas al proceso, no quiere decir que se analizó, o que se realizó un examen crítico de las pruebas con explicación razonada, pues fundamenta sus
14 Documento denominado “18ED_EXP TRIBUN_04120240206RecursoDe(.pdf)” en el índice electrónico 002 de Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
Demandante: Jaime Harold Jaramillo Estrada y otros
electrónico 002 de Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
Demandante: Jaime Harold Jaramillo Estrada y otros
Demandada: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación Directa
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conclusiones en apreciaciones subjetivas, en tanto se aparta de la realidad fáctica y jurídica de lo acontecido ”. Esbozó que, en términos probatorios, no bastaba con citar y/o enlistar los medios de convicción, sino que se debían tener en cuenta todos los hechos y circunstancias qu e rodearon los acontecimientos investigados y que fueron ignorados por los jueces de instancia al momento de concluir que el actor debía perder su derecho de dominio respecto de una suma de dinero que le pertenecía, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna.
Trámite de la segunda instancia
27. Mediante auto de 17 de septiembre de 2024, el despacho ponente admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante15.
28. Durante el término de traslado para alegar de conclusión, el apoderado de la Rama Judicial16 solicitó que se confirmara la sentencia objeto de apelación y manifestó estarse a los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
29. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y pasiva y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, la Sala
lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y pasiva y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, la Sala procede a decidir la segunda instancia de la presente litis.
30. Se precisa que la comprobación del presupuesto de agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial se efectuó teniendo en cuenta que como único demandante figura Jaime Jaramillo Gaviria, pues, el 19 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo excluyó de esta litis a Natacha Jaramillo Gaviria, Janneth Viviana Puertas Valencia y Valeria Jaramillo Puerta 17, después de evidenciar que dicho trámite no fue convocado por estas señoras.
15 Índice electrónico 004 de Samai. 16 Documento denominado “52_MemorialWeb_Alegatos-DESCORRERECURSO202(.pdf) NroActua 10” en el índice electrónico 002 de Samai. 17 En cualquier caso, no sobra decir que Natacha Jaramillo Gaviria, Janneth Viviana Puertas Valencia y Valeria Jaramillo Puerta no contaban con legitimación en la causa por activa, en la medida en que no fueron parte de la relación jurídico procesal -proceso primigenioque se definió a través de las sentencias cuestionadas, razón por la que no contaban interés legítimo para demandar en el presente juicio de reparación Sobre lo anterior, en los eventos en los que se depreca laRadicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
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El objeto del recurso de apelación y problemas jurídicos a resolver
31. En esta instancia, a la Subsección le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos expuestos contra la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo que se trate de situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa.
32. En ese orden, de los argumentos de apelación planteados por la parte actora se desprende que el problema jurídico principal a resolver consiste en determinar: ¿en las sentencias del 29 de abril de 2016 y/o del 15 de noviembre de 2019 , proferidas, respectiv amente, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá se configuró un error de hecho por la falta de valoración de algunas pruebas documentales que justificaban un increm ento patrimonial para la época de los hechos?; por último, la Subsección abordará la imposición de la condena en costas en esta instancia.
33. Con las precisiones que anteceden, se procede a analizar el caso concreto.
Relación de hechos probados relevantes para resolver la controversia18
34. Como ruta para el análisis de los aspectos que delimitan el problema jurídico, se considera pertinente reconstruir las circunstancias que rodearon el caso bajo examen.
35. El 30 de noviembre de 2006, el Fiscal 6° Especializado de Cali (Valle) profirió la
se considera pertinente reconstruir las circunstancias que rodearon el caso bajo examen.
35. El 30 de noviembre de 2006, el Fiscal 6° Especializado de Cali (Valle) profirió la Resolución N-074, a través de la cual se explicó lo siguiente:
responsabilidad del Estado con fundamento en el título de imputación por error judicial, esta Subsección ha determinado que quienes están legitimados para acudir a reclamar el daño son aquellos que: (i) gozan de la calidad de parte en el proceso que dio lugar a la providencia contentiva del supuesto yerro o, (ii) frente a quienes la sentencia y sus efectos está llamada a ser exigible, dado que son ellos, como parte de la relación procesal, las personas sobre las que el error judicial se proyecta como una afrenta a sus derechos de acceso a la administración de justi cia y tutela judicial efectiva, que son los derechos que cimientan la pretensión indemnizatoria que se persigue a través de este título de imputación de responsabilidad. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Te rcera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 18 Se aclara que aunque obran otros elementos probatorios que fueron allegados a este proceso, no resulta indispensable que la Sala se refiera a los mismos, pues esta instancia se ceñirá a lo resuelto en el fallo apelado y a los argumentos del recurso de apelación.Radicación: 25000-23-36-000-2021-00336-01 (71.587)
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36. i) Que el grupo de control telemático del Cuerpo Técnico de Investigación informó que, el 22 de noviembre de 2006, recibió una llamada telefónica, en la que un anónimo indicó que ese día, a las 21:00 horas, llegaría al aeropuerto “Alfonso Bonilla Aragón” un vuelo procedente de Guatemala, en el que viajaba una persona -con unas características determinadas - que " transportaba dólares en un doble fondo".
37. ii) Que los investigadores del CTI se desplazaron hasta las dependencias del referido aeropuerto, donde identificaron a ese sujeto -con las características suministradas en la llamada -, quien después de realizar los trámites migratorios y de aduana, abordó un automóvil y tomó la vía que de Palmira conduce a Santiago de Cali; acto seguido, el CTI le solicitó apoyo a los miembros de la Policía Nacional que efectuaban, en ese momento, una requisa rutinaria en esa misma carretera.
38. iii) Que a las 22:15 horas, en el puesto de control de la Policía Nacional fue revisado el vehículo en el que se movilizaba esa p ersona, quien se identificó como Jaime Harold Jaramillo Estrada; diligencia en la que se pudo constatar que portaba en una maleta con doble fondo con la suma de USD 150.000, la cual le fue incautada.
39. iv) Que, por estos hechos, el 24 de noviembre de 2006, se compulsaron copias a la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de Cali, para que iniciara el
incautada.
39. iv) Que, por estos hechos, el 24 de noviembre de 2006, se compulsaron copias a la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de Cali, para que iniciara el trámite de la Ley 793 de 2002.
40. En esa decisión, la Fiscalía 6° Especializada de Cali (Valle), como medida cautelar, decretó el embargo y la suspensión del poder dispositivo de los USD 150.000 incautados, y determinó que éstos permanecerían en custodia en el Banco de la Republica a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, después de razonar que: “ hasta e [se] momento no se ha [bía] acreditado el origen y/o procedencia de los dólares (…) y conforme a la prueba allegada podría estarse frente a la est
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