CE - Sentencia 25000233600020230022801
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000233600020230022801
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error judicial / DAÑO ANTIJURÍDICO – No se demostró en el presente caso. Para su configuración la providencia debe estar desprovista de una justificación o argumentación razonable.
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 23 de mayo de 2024, mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Se pretende la declaratoria de responsabilidad de la Nación -Rama Judicial, por el supuesto error judicial contenido en la sentencia del 26 de julio de 2021, dictada
por la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia; en criterio del actor, se debió casar la sentencia del 19 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y, en consecuencia, ordenar el reintegro de César Augusto Montero González a las Empresas Públicas de Neiva ESP.
ANTECEDENTES
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y, en consecuencia, ordenar el reintegro de César Augusto Montero González a las Empresas Públicas de Neiva ESP.
ANTECEDENTES
3. En escrito1 presentado el 9 de mayo de 20232, César Augusto Montero González, por conducto de apoderado judicial, demandó en reparación directa a la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios3 a él irrogados, como consecuencia del supuesto error judicial en el que,
1 Demanda a folios 1 a 26 del documento denominado “ 015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN” del expediente digital, que obra en Samai. 2 Según el d ocumento denominado “ 016ED_EXP TRIBUN_4_ALDESPACHO_2023228 ” del expediente digital, que obra en Samai. 3 A continuación, la transcripción literal de las declaraciones y condenas consignadas en el escrito inicial (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “PRIMERA: DECLARAR que la NACIÓN-RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, es administrativamente responsable por los daños antijurídicos ocasionados con violación al derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29), libre acceso a la administración de justicia (C.P., Arts. 228 y 229), derecho a la igualdad y no discriminaci ón C.P., art. 13) en armonía con los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, garantías judiciales (Art. 8), Derecho a Indemnización por daños del Estado (Art. 10),
art. 13) en armonía con los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, garantías judiciales (Art. 8), Derecho a Indemnización por daños del Estado (Art. 10), protección judicial (art. 25), derechos económicos sociales y c ulturales (Art. 26); por ERROR JURISDICCIONAL en que incurrió la SALA LABORAL DE DESCONGESTIÓN No. 4 de la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA al proferir la sentencia de casación SL - 3262/2021, Rad. 82348Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
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a su juicio, incurrió la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 26 de julio de 2021.
4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:
5. El señor Montero González interpuso demanda ordinaria laboral en contra de las Empresas Públicas de Neiva ESP, lugar donde laboró entre el 28 de abril de 2011 y el 28 de diciembre de 2012, en el cargo de “ profesional especializado nivel 3, grado 28, líder de acciones judiciales” . La referida demanda, identificada con el radicado 11001310500920080063000, tenía el propósito de que se le reintegrara al cargo que ocupaba al momento de su despido “ unilateral y sin justa causa ”, así como el pago de los emolume ntos laborales a que hubiera lugar -salarios,
radicado 11001310500920080063000, tenía el propósito de que se le reintegrara al cargo que ocupaba al momento de su despido “ unilateral y sin justa causa ”, así como el pago de los emolume ntos laborales a que hubiera lugar -salarios, prestaciones sociales, cotizaciones a la seguridad social y vacaciones dejadas de percibir, con sus respectivos aumentos legales y/o convencionales -.
6. El conocimiento de la demanda en primera instancia le correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, autoridad judicial que, mediante providencia del 16 de septiembre de 2015, desestimó las pretensiones , decisión que fue confirmada, el 19 de junio de 2018, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva.
7. Contra la última de las sentencias indicadas , César Augusto Montero González presentó recurso extraordinario de casación. El 26 de julio de 2021, la Sala Laboral
de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la referida providencia.
8. A juicio del actor, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en error judicial, por cuanto: i) cometió un defecto fáctico al omitir un “estudio de fondo” de las pruebas legalmente aportadas al expediente, “ lo [que] condujo a
[que] afirmar[a] como conclusión que el cargo de profesional especializado, nivel 3 grado 28, líder de acciones judiciales desapareció de la planta de personal”, pese a que considera que ello nunca ocurrió; en este punto, refirió que el análisis del documento denominado “Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional” y del
grado 28, líder de acciones judiciales desapareció de la planta de personal”, pese a que considera que ello nunca ocurrió; en este punto, refirió que el análisis del documento denominado “Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional” y del Acuerdo 002 del 12 de diciembre de 2012, expedido por la Junta Directiva de Empresas Públicas de Neiva, permitían concluir que dicho cargo se tercerizó y
(26 de julio de 2021) dentro del proceso ordinario laboral de CÉSAR AUGUSTO MONTERO
GONZÁLEZ contra EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, E.S.P.
SEGUNDA: A TITULO DE REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO, CONDENAR a la NACIÓNRAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA a pagar al demandante el daño ocasionado por el error jurisdiccional, que para este preciso caso, equivaldría al valor que le habría podido corresponder por concepto de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, cotizaciones a la seguridad social y demás beneficios laborales legales y convencionales, pasados como futuros, si se hubiese ordenado el reintegro al cargo que ocupaba para la fecha del despedido, como ocurrió en otros dos casos exactamente iguales; condena que estimamos en suma superior a los cuatro mil ciento setenta y dos millones seiscientos setenta y tres mil dieciocho pesos ($4.172.673.018.00)”.
[Se precisa que en el acápite denominado “ estimación razonada de la cuantía ”, se solicitó: i) por concepto de “salarios y prestaciones sociales dejados de percibir”, la suma de $2.086’336.509,00 y
[Se precisa que en el acápite denominado “ estimación razonada de la cuantía ”, se solicitó: i) por concepto de “salarios y prestaciones sociales dejados de percibir”, la suma de $2.086’336.509,00 y ii) por “pérdida de la opción del reintegro y el poder haber continuado laborando hasta obtener la pensión de jubilación”, el monto $2.086’336.509,00, en favor del demandante].Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
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nunca se suprimió , y ii) obró en contravía del principio de igualdad, toda vez que dos compañeras de trabajo del actor, simultáneamente, tramitaron procesos por los “mismos hechos, derechos y medios probatorios” y que en éstos la Corte Suprema de Justicia casó las sentencias del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neivaque negaban las pretensiones laboralesy, como consecuencia, ordenó el reintegro de estas personas, lo cual evidencia “un acto abiertamente discriminatorio por parte de una misma corporación judicial”.
Trámite relevante en primera instancia
9. Mediante proveído del 10 de mayo de 2023 4, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda. El 17 de octubre siguiente, el a quo advirtió que el escrito inicial no había sido contestado y fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial 5. El 19 de octubre de 2023, la
octubre siguiente, el a quo advirtió que el escrito inicial no había sido contestado y fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial 5. El 19 de octubre de 2023, la apoderada de la Rama Judicial interpuso recurso de reposición en contra del auto del 17 de octubre de 2023, al considerar que no se le allegó copia de la demanda ni de sus anexos, pese a que así lo disponía el artículo 199 del CPACA, por lo que “se entendió que no se trataba de la notificación personal del auto admisorio de la demanda”; subsidiariamente, propuso incidente de nulidad por indebida notificación6. El 3 de noviembre de 20237, el referido Tribunal decidió no reponer el auto del 17 de octubre de esa anualidad, así como negar la solicitud de nulidad presentada por la entidad demandada; las consideraciones expuestas se sintetizan a pie de página8.
10. En la audiencia inicial el magistrado conductor del proceso fijó el litigio en torno a las circunstancias fácticas que estaban en controversia, a saber, si “i) las decisiones judiciales a través de las cuales sí se accede al reintegro de dos trabajadoras eran en idéntica situación a la planteada por el demandante; ii) los defectos atribuidos a la sentencia SL-3262/2021, Rad. 82348, entre otros el fáctico, por omitir un estudio de fondo del Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional y el Acuerdo 002 del 12 de diciembre de 2012 de la Junta Directivas de Empresas Públicas de Neiva”. En esa misma diligencia, después de que el a quo decretara los
4 Documento denominado “017ED_EXP TRIBUN_5_AUTOADMITEDEMANDAp ” del expediente
Públicas de Neiva”. En esa misma diligencia, después de que el a quo decretara los
4 Documento denominado “017ED_EXP TRIBUN_5_AUTOADMITEDEMANDAp ” del expediente digital, que obra en Samai. 5 Documento denominado “019ED_EXP TRIBUN_008_AUTOFIJAFECHApdf” del expediente digital, que obra en Samai. 6 Documento denominado “ 056ED_EXP TRIBUN_002_RECIBEMEMORIALES.pdf ” del expediente digital, que obra en Samai. 7 Documento denominado “026ED_EXP TRIBUN_023_AUTOQUERESUELVEp” del expediente digital, que obra en Samai. 8 1) El a quo no repuso la decisión en cuestión, porque: 1.1) en el auto que admitió la demanda se dispuso expresamente que no era procedente realizar el traslado de la demanda y de sus anexos, en atención a lo previsto en el artículo 6 y el parágrafo del artículo 9 de l Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020; 1.2) la citada providencia fue notificada por estado y personalmente por correo electrónico el 23 de mayo de 2023; 1.3) la apoderada de la entidad demandada manifestó conocer el auto que admitió la demanda, lo que evidenciaba que el mensaje de notificación personal sí había sido entregado al buzón electrónico para notificaciones judiciales de la Rama Judicial, y 1.4) la demandada, pese a conocer del auto que admitió la demanda, no interpuso recurso, por lo q ue en firme esta decisión, se surtió el traslado para contestar el escrito inicial. 2) A su vez, el Tribunal negó la solicitud de nulidad, porque el auto del 10 de mayo de 2023, a través
firme esta decisión, se surtió el traslado para contestar el escrito inicial. 2) A su vez, el Tribunal negó la solicitud de nulidad, porque el auto del 10 de mayo de 2023, a través del cual se admitió la demanda, se encontraba en firme, y de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 133 del CGP: “las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente”.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
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medios de convicción allegados por la parte actora, se indicó que, ante la ausencia de pruebas por practicar, se concedería el término de dos días para que la Rama Judicial informara por escrito si tenía alguna contradicción frente a los medios de convicción decretados y/o si era necesario fijar fecha para la audiencia de pruebas, advirtiendo que, de no haber manifestación, se continuaría con el trámite procesal correspondiente.
11. La Rama Judicial presentó un memorial en el que no se refirió a los medios de convicción decretados ni a la necesidad de practicar una audiencia de pruebas, pero aprovechó la oportunidad para consignar sus argumentos de defensa.
12. Señaló que la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses del señor Montero González no configuraba un daño antijurídico, por cuanto para ello se requería demostrar el error en que incurrió el funcionario judicial; a lo que agregó que la decisión acusada fue debidamente motivada y contenía una apreciación
señor Montero González no configuraba un daño antijurídico, por cuanto para ello se requería demostrar el error en que incurrió el funcionario judicial; a lo que agregó que la decisión acusada fue debidamente motivada y contenía una apreciación razonada de las pruebas allegadas al expediente, por lo que en el sub-lite no se configuraban los requisitos para declarar la responsabilidad del Estado.
13. Enfatizó en que el reintegro del ahora demandante al cargo que desempeñaba en las Empresas Públicas de Neiva ESP era “improcedente”, debido a la supresión de este empleo; agregó que esto último obedeció a una depuración en la planta de personal de la referida ESP, que se realizó por las dificultades financieras que atravesaba. Dijo que, en cualquier caso, el señor Montero González fu e debidamente indemnizado por su despido sin justa causa.
14. Mencionó que, por disposición de la sentencia C -037 de 1996, el título de imputación de error judicial no procedía en contra de decisiones proferidas por las Altas Cortes, pues ello equivaldría a “ reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros superiores ”, con lo cual se comprometería la seguridad jurídica, pilar esencial del Estado de Derecho.
15. El 12 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca prescindió de la audiencia de pruebas y corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, oportunidad en l a que intervino la parte demandante 9, haciendo énfasis en los argumentos expuestos en su demanda. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
oportunidad en l a que intervino la parte demandante 9, haciendo énfasis en los argumentos expuestos en su demanda. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
La sentencia de primera instancia
16. Mediante sentencia del 23 de mayo de 2024 10, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Las razones expuestas para arribar a dicha conclusión fueron las
siguientes:
9 Documento denominado “ 045ED_EXP TRIBUN_042RECIBEMEMORIAL_AL” del expediente digital, que obra en Samai. 10 Documento denominado “ 048ED_EXP TRIBUN_045SENTENCIA_1220230 ” del expediente digital, que obra en Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
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17. 1) Indicó que la parte actora alegó como “daño” los “ salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, cotizaciones a la seguridad social y demás beneficios laborales legales y convencionales, pasados como futuros, dejados de percibir”, y que éste no se probó; al respecto, mencionó que obraba un documento titulado “liquidación de pretensiones de la demanda” en el que se afirmó que el demandante, en el 2012, devengaba mensualmente la suma de $4’400.000, pero que no se aportó certificación salarial u otra prueba que corroborara dicho monto.
“liquidación de pretensiones de la demanda” en el que se afirmó que el demandante, en el 2012, devengaba mensualmente la suma de $4’400.000, pero que no se aportó certificación salarial u otra prueba que corroborara dicho monto.
18. 2) Concluyó que no se configuraron los requisitos para declarar la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, dado que la decisión del 26 de julio de 2021 estuvo debidamente motivada y contenía una apreciación razonada de las pruebas allegadas al e xpediente. Explicó que, en la sentencia acusada, la Corte Suprema de Justicia hizo énfasis en la imposibilidad física de ordenar el reintegro de César Augusto Montero González, en atención a la restructuración de la planta de personal de las Empresas Públicas de Neiva y la consecuente supresión del cargo que ocupaba -el de profesional especializado, nivel 3, grado 28, líder de acciones judiciales -, lo que encontró fundamento en el documento denominado “estudio técnico de fortalecimiento institucional” . Agregó que la afirmación consistente en que dicho cargo se tercerizó, y no se suprimió, era una “apreciación subjetiva de la parte actora que carec[ía] de fundamento”.
19. Expresó que, aunque en los procesos interpuestos por Elsa Patricia Muñoz y Fanny Peña Javela se accedió a sus respectivos reintegros a la planta de personal de las Empresas Públicas de Neiva, “ no e[ra] dable considerar que se vulneró el derecho a la igualdad del actor” , puesto que los empleos que ocupaban dichas señoras eran distintos al de César Augusto Montero González, en tanto que la
de las Empresas Públicas de Neiva, “ no e[ra] dable considerar que se vulneró el derecho a la igualdad del actor” , puesto que los empleos que ocupaban dichas señoras eran distintos al de César Augusto Montero González, en tanto que la primera de ellas era “asistente nivel 5 grado 24 del nivel técnico”, cargo que estaba incluido en diferentes dependencias, aunado a que era madre cabeza de familia para la fecha en que se dio por terminado su contrato de trabajo y la segunda era “asistente nivel 5 grado 24, en la dependencia de pagaduría” y este empleo no presentó cambio o modificación alguna.
20. 3) Finalmente, condenó en costas al demandante, para lo cual fijó las agencias en derecho en la suma de “$125’180.190”, atendiendo a que debían calcularse “entre el 3% y el 7.5% de lo pedido”.
El recurso de apelación
21. La parte actora interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la sentencia del 23 de mayo de 2024, con los argumentos que se sintetizan a
continuación11:
22. 1) Explicó que acreditó el daño que alegó, pues en la Resolución 719 de 2012 figuraba cuál era el salario que devengaba César Augusto Montero González para el momento de los hechos.
11 Documento denominado “ 049ED_EXP TRIBUN_046_MemorialWeb_Recu.pdf” , del expediente digital, que obra en Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
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23. 2) Insistió en que se configuró un error jurisdiccional en la sentencia acusada.
Al respecto: i) explicó que no se analizaron integralmente los cargos de casación que alegó el actor, pues en uno de ellos alegó siete errores de hecho en que incurrió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y la Corte Suprema de Justicia solo se refirió a dos de ellos y ii) que hubo una deficiente valoración probatoria del documento denominado ” estudio técnico de fortalecimiento institucional ”, lo que condujo a que la Corte Suprema de Justicia concluyera erróneamente que el cargo de “profesional especializado, nivel 3, grado 28, líder de acciones judiciales ” había sido suprimido de la planta de personal, cuando dicho empleo fue tercerizado; además, que no tuvo en cuenta que quedaron vigentes nueve cargos de esas mismas características y que Empresas Públicas de Neiva no demostró cuáles criterios de diferenci ación tuvo en cuenta para determinar las personas que continuarían vinculadas y las que serían despedidas. Llamó la atención, además, en las “ arbitrariedades [e] ilegales insinuadas en dicho estudio técnico” , que pretendía la no aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo y que la consideró como la “ mayor amenaza para la empresa ”; afirmaciones que debieron ser rechazadas de plano por la Corte Suprema de Justicia como “ juez en un Estado
Social de Derecho”.
pretendía la no aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo y que la consideró como la “ mayor amenaza para la empresa ”; afirmaciones que debieron ser rechazadas de plano por la Corte Suprema de Justicia como “ juez en un Estado Social de Derecho”.
24. Reiteró que los procesos ordinarios laborales presentados por Elsa Patricia Muñoz y Fanny Peña Javela tenían idénticas pretensiones que el interpuesto por César Augusto Montero González , y que ellas habían sido despedidas en las “mismas condiciones, el mismo día y por la misma razón que el aquí demandante”; todo lo que implicaba una violación al derecho fundamental a la igualdad frente a la ley.
25. 3) Finalmente, cuestionó la fijación de las agencias en derecho en la suma de $125’180.190, porque “resulta[ba] exorbitante y atenta[ba] contra el libre acceso a la Administración de Justicia”, por lo que solicitó la reducción de dicho monto. Aclaró que, aunque en la demanda se fijaron preliminarmente las pretensiones en la suma de $4.172’673.018, las agencias en derecho debían tasarse conforme a las “condenas proferidas”.
Trámite relevante en segunda instancia
26. En auto del 17 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación 12. En el término para alegar de conclusión, la s partes y el Ministerio Público guardaron silencio13.
CONSIDERACIONES
27. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por
27. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por
12 Documento denominado “ 056Autoqueadmite_71586ADMITEAPELACION.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 13 Índice 10 de Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
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activa y por pasiva y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, procede la Sala a decidir la segunda instancia de la presente litis.
Problemas jurídicos a resolver
28. Previo a determinar los aspectos sobre los cuales se pronunciará la Sala, es necesario precisar que las providencias proferidas por las Altas Cortes -como la que aquí se acusapueden incurrir en eventuales errores jurisdiccionales. Si bien en la Sentencia C-037 de 199614 se indicó que “en principio” esto no resultaba posible, lo cierto es que, con posterioridad , tanto la Corte Constitucional15 como el Consejo de Estado16 han precisado que el artículo 90 de la Constitución Política no excluye a ninguna autoridad pública de ser responsable patrimonialmente, y ello incluye a todos los órganos y corporaciones constitucionalmente constituidas, incluidas las Altas Cortes; ademá s que el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispuso explícitamente que toda persona tiene derecho a ser
todos los órganos y corporaciones constitucionalmente constituidas, incluidas las Altas Cortes; ademá s que el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispuso explícitamente que toda persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de error judicial. Así pues, esta jurisdicción ha sido enfática, en reiteradas oportunidades17, en que la regla fijada en la Sentencia C-037 de 1996 no la vincula actualmente.
29. Sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar que no existe contradicción alguna entre la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, pues ambas corporaciones coinciden en que el análisis de responsabilidad por error jurisdiccional contra las providencias proferidas por las altas cortes debe ser riguroso y su procedencia es excepcional, en los eventos en que se advierta la configuración de un error de hecho -para el Consejo de Estado-18 o una vía de hecho -para la Corte Constitucional-19, derivados de una indebida apreciación o valoración
14 Providencia que profirió la Sala Plena de la Corte Constitucional al hacer el control previo y automático del proyecto de la Ley Estatutaria. 15 Corte Constitucional, C-038 de 2006. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2024, exp. 70.680; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2024, exp. 70.680; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, exp. 52.091; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2022, exp. 67.570. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subs ección C. sentencia del 6 de marzo de 2013, exp. 24.841. 18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 26 de marzo de 2014, expediente 30.300 C.P. Enrique Gil Botero. 19 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. Al respecto, se señaló en esta providencia: “ Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente viol atoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas
ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley -, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
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probatoria, una falta de aplicación de la norma o una indebida aplicación de la misma.
30. Una vez precisado lo anterior, en esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos concretos expuestos contra la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia.
31. En ese orden, de los argumentos de apelación planteados por la parte actora se desprende que los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: 1)¿se reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, contenido en la sentencia del 26 de julio de 2021, proferida por la Sala Laboral de
Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia?, y 2) ¿procede la reducción de las agencias en derecho fijadas por el a quo ?; por último, se abordará la
Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia?, y 2) ¿procede la reducción de las agencias en derecho fijadas por el a quo ?; por último, se abordará la imposición de la condena en costas en esta instancia . Con las precisiones que anteceden, procede esta Sala a analizar el caso concreto.
Relación de hechos probados relevantes para resolver la controversia20
32. Se considera pertinente reconstruir las circunstancias que rodearon el caso bajo examen.
33. - César Augusto Montero González estuvo vinculado a las Empresas Públicas de Neiva ESP en el cargo de “profesional especializado, nivel 3, grado 28” desde el 28 de abril de 2011, fecha en la que, además, se afilió al sindicato de trabajadores de esa entidad –denominado SINTRA EPN -, por lo que “ goza[ba] de todos los beneficios convencionales y estatutarios que implica[ba] [dich]a vinculación”21.
34. - En septiembre de 2012, la Fundación Creamos Colombia presentó ante las Empresas Públicas de Neiva ESP el documento denominado “Estudio Técnico – Fortalecimiento institucional”, a través del cual propuso una nueva estructura interna y organizacional de la entidad, bajo fundamentaciones conceptuales y técnicas y la determinación de que estaba “haciendo valer los prin
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