CE - Sentencia 25000234100020240085302

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Título
CE - Sentencia 25000234100020240085302
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Radicado: 25000-23-41-000-2024-00853-02

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 25000-23-41-000-2024-00853-02

Demandante: ONG APOYO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA

QUIENES NOS PROTEGEN – ONG AFIPRO

Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA – SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

Tema:

Confirma decisión que accedió a pretensiones . Ejercicio de función reglamentaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República contra la sentencia del 5 de febrero de 2025 proferida por el T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , que accedió a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

el T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , que accedió a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

Con escrito radicado el 26 de abril de 2024, l a ONG Afipro, por conducto de su representante legal1, presentó acción de cumplimiento en los términos del artículo 86 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997, en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en lo sucesivo DAPRE, con miras a obtener el acatamiento de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 9 de la Ley 2195 de 20222.

Conforme lo anterior, formuló a título de pretensión lo siguiente:

1 Conforme el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y adosado con la demanda, el cargo es ocupado por la señora Martha Lucía Fernández Martínez. 2 Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparen cia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposicionesDemandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Radicado: 25000-23-41-000-2024-00853-02

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Se solicita se cumpla el artículo 9, parágrafo 2 de la Ley 2195 de 2022 expidiendo la

www.consejodeestado.gov.co

Se solicita se cumpla el artículo 9, parágrafo 2 de la Ley 2195 de 2022 expidiendo la correspondiente reglamentación mediante el acto administrativo en un término no mayor a 15 días y que copia del mismo me sea entregado, referente al Programa de transparencia y ética para las entidades sin ánimo de lucro.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

Mediante escrito remitido a través de correo electrónico el 3 de abril de 2024, la ONG Afipro radicó ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia, derecho de petición en el que solicitó el cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 9 de la Ley 2195 de 2022.

A la fecha de interposición del mecanismo constitucional, la accionada no dio respuesta alguna al citado escrito.

La norma sobre la cual versa el cumplimiento, tiene como objetivo que se reglamente lo atinente a los Planes de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, para establecer su aplicación a las entidades sin ánimo de lucro.

Refirió que la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá dictó la Circular 058 de 2022, en la que i mpartió « Instrucciones para la elaboración y presentación del programa de transparencia y ética empresarial.»

Dicha circular posteriormente fue modificada mediante la Circular 013 de 2023, en la que se consignó lo siguiente:

Esta entidad elevó consulta ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la

presentación del programa de transparencia y ética empresarial.»

Dicha circular posteriormente fue modificada mediante la Circular 013 de 2023, en la que se consignó lo siguiente:

Esta entidad elevó consulta ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República el día 18 de agosto de 2022 con respecto a los lineamientos contenidos en los programas de transparencia y ética empresarial, obteniendo respuesta el día 26 de agosto de 2022 en la cual informa que: (...) "se encuentra en el proceso de construcción de unos lineamientos mínimos que deben prever los programas de transparencia y ética empresarial" y recomienda "en el entretanto, avanzar tal y como lo señala el art ículo 9° en el sentido de ir determinando el contenido de los programas"(...).

Que a la fecha, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República no ha emitido los lineamientos mínimos con los que deben contar los Programas de Transparencia y Ética empresarial contemplados en el parágrafo segundo del artículo 9 de la Ley 2195 de 2022 con el fin de (...) "estandarizar las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo, de conformidad con lo establecido" (...)

En ese sentido, se tiene que, desde la fecha en que entró a regir la norma, y la promoción del mecanismo constitucional, han transcurrido más de dos años sin que se haya proferido la reglamentación echada de menos.Demandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Radicado: 25000-23-41-000-2024-00853-02

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1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

Para la accionante, el parágrafo 2° del artículo 9 de la Ley 2195 de 2022 contiene un mandato imperativo e inobjetable, el cual no es susceptible de otro mecanismo judicial de defensa y sobre el cual se constituyó en renuencia a la entidad encargada de su cumplimiento.

1.4. Admisión, notificación y contestación de la acción.

Mediante proveído del 9 de mayo de 2024, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , avocó el conocimiento del asunto y ordenó notificar al DAPRE.

Notificado el accionado 3, por conducto de apoderado judicial y dentro de la oportunidad procesal pertinente, contestó la demanda en la que solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.

Como primer punto, mencionó que la norma sobre la cual versa el cumplimiento establece la obligación en cabeza de varias entidades y no es del resorte exclusivo del DAPRE.

En segundo lugar, indicó que a la fecha se han desplegad o acciones encaminadas a la producción del decreto correspondiente, a través del cual se reglamente la norma de marras. En ese sentido, acotó lo siguiente:

En efecto, el deber de la expedición de los decretos surge en la competencia de los

la producción del decreto correspondiente, a través del cual se reglamente la norma de marras. En ese sentido, acotó lo siguiente:

En efecto, el deber de la expedición de los decretos surge en la competencia de los ministerios y/o departamentos administrativos que deben atender la obligación para que finalmente, junto con el Presidente de la República, conformando “Gobierno” puedan suscribir el Documento correspondiente. En el presente caso, es preciso decir que la Presidencia de la República tiene esa competencia en este momento, en coordinación con otras entidades, en relación con las normas que se estima incumplida, pero, que consideramos no se puede hablar de una negativa del Gobierno a cumplir la ley, pues las pruebas aportadas dan cuenta, repito, de toda la gestión que se ha adelantado y que no puede ser valorada como una renuencia del Gobierno a cumplir.

1.5. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , clausuró la primera instancia mediante sentencia del 5 de febrero de 20254, en la que accedió a las pretensiones de la acción constitucional y, en consecuencia, ordenó el acatamiento de la disposición incumplida en un término de 4 meses. Como fundamento de su decisión, explicó que:

3 Mediante Oficio No. 13984 del 17 de mayo de 2024, remitido a través de correo electrónico y al siguiente buzón: notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co 4 En el presente asunto, el 6 de junio de 2024 se había proferido una primera sentencia. No obstante, ésta fue dejada sin valor ni efecto dado que se declaró la nulidad del asunto por la falta de vinculación

4 En el presente asunto, el 6 de junio de 2024 se había proferido una primera sentencia. No obstante, ésta fue dejada sin valor ni efecto dado que se declaró la nulidad del asunto por la falta de vinculación de autoridades que tenían interés en las resultas del proceso.Demandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Radicado: 25000-23-41-000-2024-00853-02

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

De lo anterior, reconoce esta Sala que la entidad sobre la cual recae el cumplimiento del mandato contenido en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley 2195 de 2022, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia, ha venido avanzado en la reglamentación de la norma deprecada, y lo ha hecho en ejercicio de su deber funcional y en coordinación con las aut oridades de inspección, vigilancia y control de la rama ejecutiva.

Sin embargo, a pesar de las acciones adoptadas por la entidad para concretar la reglamentación de los lineamientos mínimos que deben contener los programas de transparencia y ética empresa rial, y aun cuando se avizora dicho avance, lo cierto es que el mandato de reglamentación consagrado en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley 2195 de 2022 ha sido omitido hasta la fecha.

Lo anterior, dado que dicho mandato se hizo exigible para el Depar tamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia, desde

2195 de 2022 ha sido omitido hasta la fecha.

Lo anterior, dado que dicho mandato se hizo exigible para el Depar tamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia, desde la entrada en vigencia de la norma, esto es desde el 18 de enero de 2022. En ese sentido, han transcurrido dos (2) años y cuatro (4) meses sin que se haya expedid o la reglamentación pertinente, razón por la cual esta Sala evidencia el incumplimiento del mandato de reglamentación contenido en la norma, más aún cuando esta Sala ha puesto de presente la procedencia de la acción de cumplimiento para exigir el ejercicio de la potestad reglamentaria pese a que no se establezca un plazo determinado para ejercer la respectiva potestad.

Conforme los anteriores argumentos, el a quo dispuso en la parte resolutiva de su providencia lo siguiente:

1º) Declárase el incumplimiento por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia, de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley 2195 de 2022, en consecuencia, ordénase al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia, en coordinación con las superintendencias y demás autoridades de inspección, vigilancia y control de la rama ejecutiva, que reglamente lo concerniente en la referida disposició n, en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta providencia.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo electrónico remitido el 13 de febrero de 2025.

1.6. Impugnación

notificación de esta providencia.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo electrónico remitido el 13 de febrero de 2025.

1.6. Impugnación

El DAPRE presentó escrito de impugnación contra la anterior decisión, en la que solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su alegato, precisó que el a quo no tuvo en cuenta los múltiples medios de prueba arrimados al proceso, los cuales dan cuenta de las actividades adelantadas por el DAPRE encaminadas a la producción del respectivo decreto que reglamente la norma objeto del asunto.

Por otro lado, la Super intendencia Financiera de Colombia reprochó que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la documental aportada en su momento, la cual daba cuenta de las múltiples acciones adelantadas por la Secretaría de Transparencia del DAPRE enfiladas al acatamiento del mandato.Demandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Radicado: 25000-23-41-000-2024-00853-02

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1.7. Trámite en segunda instancia

Por auto del 5 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador advirtió una posible nulidad en el trámite, dado que no fueron vinculadas autoridades que tendrían interés en las resultas del asunto, circunstancia por la cual fueron llamadas al proceso.

nulidad en el trámite, dado que no fueron vinculadas autoridades que tendrían interés en las resultas del asunto, circunstancia por la cual fueron llamadas al proceso.

En ese sentido, se ordenó notificar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Indu stria y Comercio, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y la Unidad de Información y Análisis Financiero

Lo anterior, po r cuanto la norma sobre la cual versa la acción constitucional no estableció la obligación de manera única y exclusiva en cabeza del DAPRE, sino que la misma indicó que serían: «Las superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia o control de la rama ejecutiva […]» las llamadas a atender el mandato.

Posteriormente, por auto del 15 de octubre de 2024, con base en el escrito presentado por las Superintendencias Financiera de Colombia, de Transporte y Nacional de Salud se declaró la nulidad del proc eso y se ordenó remitir el asunto al a quo para que se adoptara la medida de saneamiento correspondiente.

Con base en lo anterior, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, se presentaron intervenciones de las citadas autoridades en las que solicitaron que se nieguen las pretensiones de la demanda.

Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia precisó que ya se había acatado la disposición legal, pues se expidió la Circular Externa 008 del 16 de mayo

las que solicitaron que se nieguen las pretensiones de la demanda.

Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia precisó que ya se había acatado la disposición legal, pues se expidió la Circular Externa 008 del 16 de mayo de 2023, en la que imparte instrucciones relacionadas con el sistema de control interno de las entidades vigiladas.

Asimismo, enfatizó que ha participado de las mesas de trabajo realizadas por la Secretaría de Transparencia del DAPRE, realizando comentarios y aportes al proyecto de decreto reglamentario.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Salud, alegó que ha realizado varias actividades en torno al tema, tales como la expedición de la Circular Externa 2022151000000053-5 de 2022, mediante la cual se emiten lineamientos respecto al Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), y se modificaron las Circulares Externas 007 de 2017 y 003 de 2018 en lo relativo a la implementación de mejores prácticas organizacionales (Código de Conducta y de Buen Gobierno).

Finalmente, la Superintendencia de Transporte, refirió que ha adelantado acciones encaminadas al cumplimiento de la norma alegada por la parte actora, entre las que resaltó la elaboración de proyectos de actos administrativos. En igual sentido, refirióDemandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Radicado: 25000-23-41-000-2024-00853-02

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a su participación en las reuniones ordenadas por la Secretaría de Transparencia del DAPRE.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20115, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 5 de febrero de 2025 , dictada por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que accedió a las pretensiones del medio de control, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la cons titución en renuencia de l DAPRE de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse , si se cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse , si se cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 9 de la Ley 2195 de 2022 en el sentido que reglamente lo atinente a los lineamientos que deben contener los Programas de Transparencia y Ética Empresarial?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedencia; y, (iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual

5 Modificado por la Ley 2080 de 2021.Demandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Radicado: 25000-23-41-000-2024-00853-02

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sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los princip ios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artícu lo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume

ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 6(Subraya fuera del texto).

Sin embargo, para qu e la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)7.

b) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción.

c) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º).

6 Corte Constitucional, sentencia C -157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonel l y Hernando Herrera Vergara.

7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen

Hernando Herrera Vergara.

7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Radicado: 25000-23-41-000-2024-00853-02

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d) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

e) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercici o de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último

existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercici o de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8 .° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia al DAPRE antes de instaurar la demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”8.

A partir de lo anterior, se tiene por demostrado que el 3 de abril de 2024 la parte accionante radicó a través de correo electrónico dirigido al buzón contacto@presidencia.gov.co la constitución en renuencia.

A partir de lo anterior, se tiene por demostrado que el 3 de abril de 2024 la parte accionante radicó a través de correo electrónico dirigido al buzón contacto@presidencia.gov.co la constitución en renuencia.

8 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres CuervoDemandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Radicado: 25000-23-41-000-2024-00853-02

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Conforme con lo anterior, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la presente acción de cumplimiento, la parte demandante agotó en debida forma el requisito de renuencia.

2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

2.3.4. Normas que se pide cumplir

La parte actora pretende el cumplimiento del del parágrafo 2° del artículo 9 de la Ley 2195 de 2022, que dispone:Demandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

La parte actora pretende el cumplimiento del del parágrafo 2° del artículo 9 de la Ley 2195 de 2022, que dispone:Demandante: ONG Apoyo y fortalecimiento integral para quienes nos protegen Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Radicado: 25000-23-41-000-2024-00853-02

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LEY 2195 DE 2022

(enero 18)

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones

Artículo 9. Adiciónese el artículo 34-7 a la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 34-7. Programas de transparencia y ética empresarial. Las personas jurídicas sujetas a su inspección, vigilancia o control adoptarán programas de transparencia y ética empresarial que incluyan mecanismos y normas internas de auditoría.

Las respectivas superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia o control determinarán el contenido de los programas de transparencia y ética empresarial teniendo en cuenta criterios tales como el secto r, los riesgos del mismo, el monto de los activos, ingresos, el número de empleados y objeto social.

En el caso de las Pymes y Mipymes, se deberán establecer programas de acompañamiento para facilitar la elaboración e implementación de los programas de transparencia y ética empresarial, procurando que no generen costos o trámites adicionales para las mismas.

En el caso de las Pymes y Mipymes, se deberán establecer programas de acompañamiento para facilitar la elaboración e implementación de los programas de transparencia y ética empresarial, procurando que no generen costos o trámites adicionales para las mismas.

El incumplimiento de las instrucciones y órdenes que impartan las autoridades de inspección, vigilancia y control de la rama ejecutiva en materia de programas transparencia y ética empresarial dará lugar a la imposición de las sanciones que correspondan de conformidad con las normas aplicables por cada ente de inspección, vigilancia o control.

Parágrafo 1. En aquellas personas jurídicas en las que se tenga implementado un sistema integral de adm

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