CE - Sentencia 25000234100020240169401
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000234100020240169401
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS Radicación núm.: 25000-23-41-000-2024-01694-01
Demandante: ALEXANDER BELTRÁN PRECIADO
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia de 8 de mayo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. El señor Alexander Beltrán Preciado , en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos , present ó demanda contra el Ministerio de Educación Nacional , con el propósito de obtener la salvaguarda del derecho colectivo establecido en el literal j) del artículo 4°1 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.
2. El demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Se declara que los demandados, a través de su negligencia o inacción, han permitido la vulneración de los derechos colectivos de los niños, niñas y adolescentes al no garantizar su derecho a la desconexión escolar, en consecuencia:
“[…] Se declara que los demandados, a través de su negligencia o inacción, han permitido la vulneración de los derechos colectivos de los niños, niñas y adolescentes al no garantizar su derecho a la desconexión escolar, en consecuencia:
1. Declaración de la vulneración de los derechos colectivos a la desconexión escolar, el descanso, la recreación, el deporte y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes: Se solicita al juez que declare que la imposición de tareas escolares fuera del horario académico por parte de los demandados infringe los derechos colectivos de los niños, niñas y adolescentes a la desconexión escolar, el descanso,
1 “[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: […] j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; […]”. 2 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.2
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado
la recreación, el deporte y el desarrollo integral, tal como lo establecen las normas nacionales e internacionales sobre derechos de la infancia y la adolescencia.
2. se ordene que los accionados deberá (sic) imponer a los colegios y centros educativos la Implementación de medidas para proteger los derechos, de los niños, niñas y adolescentes en consecuencia Se (sic) exige al Ministerio de Educación Nacional y a las entidades competentes que creen e implementen medidas efectivas
educativos la Implementación de medidas para proteger los derechos, de los niños, niñas y adolescentes en consecuencia Se (sic) exige al Ministerio de Educación Nacional y a las entidades competentes que creen e implementen medidas efectivas para garantizar el derecho de los estudiantes a la desconexión escolar, al descanso, la recreación y el deporte, tal como lo establecen las l eyes nacionales e internacionales.
3. se (sic) ordene que (sic) los accionados, la implementación de programas de sensibilización y formación continua para docentes y personal educativo, enfocados en la importancia de respetar los derechos de los estudiantes al descanso, la recreación y el deporte, y en la correcta aplicación de las nuevas directrices.
4. Monitoreo y Seguimiento de Cumplimiento de la Sentencia: se ordene crear una comisión veedora, compuesta por el demandante de la presente acción popular para que vigile el eficiente cumplimiento de esta sentencia donde se establezca un sistema de monitoreo y seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de la sentencia y asegurar que las medidas adoptadas por las autoridades competentes sean efectivas y perdurables en el tiempo.
5. Solicitud de facultades ultra y extra petita: Se solicita al juez que haga uso de sus facultades ultra y extra petita, es decir, que pueda tomar decisiones que no hayan sido expresamente solicitadas por las partes, siempre que sean necesarias para hacer justicia y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
6. Que se decrete la recompensa más alto (sic) que otorga la ley, al momento de proferirse la sentencia según lo estipula el Articulo (sic) 1005 del Código Civil para que esta Acción Popular sea aún más ejemplarizante.
6. Que se decrete la recompensa más alto (sic) que otorga la ley, al momento de proferirse la sentencia según lo estipula el Articulo (sic) 1005 del Código Civil para que esta Acción Popular sea aún más ejemplarizante.
7. Que se condene en costas procesales a las que haya lugar su señoría, incluyendo agencias en derecho en virtud del artículo 365 C.G.P; pues la aplicación del Código de Procedimiento Civil se permite en aspectos no regulados (según el artículo 44 de la Ley 472 de 1998. […]”3. (Negrilla del texto).
3. Refirió que en Colombia la matrícula educativa asciende a 9.729.968 estudiantes, distribuidos entre los niveles de preescolar, básica, media y superior, con jornadas académicas que oscilan entre cinco y ocho horas diarias. A ello se suma el tiempo de despl azamiento hacia y desde los establecimientos educativos, que puede extenderse en promedio dos horas más, lo cual incrementa significativamente la carga horaria total de los menores.
4. Señaló que los colegios utilizan la asignación de tareas como método pedagógico para reforzar los conocimientos impartidos en clase, práctica que, a su juicio, genera una carga académica desproporcionada.
5. Adujo que los niños se ven abrumados por la cantidad de trabajos, maquetas y actividades que deben realizar ; y los padres deben invertir tiempo, recursos y esfuerzo adicional para apoyarlos en el cumplimiento de tales exigencias.
3 Cfr. Índice del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “1ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.3
3 Cfr. Índice del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “1ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.3
Radicación núm. 25000-23-41-000-2024-01694-01
Demandante: Alexander Beltrán Preciado
6. Manifestó que, como consecuencia de esa sobrecarga, solo el 8% de los niños en Colombia practica n deporte fuera del horario escolar, cifra muy inferior al 48% registrado en países como el Reino Unido. Según datos del Senado, apenas 1.500 menores hacen parte del sistema de reservas deportivas, reflejando la escasa promoción del deporte y la recreación en el país.
7. Expuso, desde su experiencia como padre de deportistas, que los menores que practican actividades de alto rendimiento se ven forzados a desistir por la cantidad de tareas impuestas por los colegios. En muchos casos, quienes representan a sus instituciones en torneos o competencias reciben calificaciones bajas por ausencias justificadas, lo que los obliga a elegir entre el estudio y el deporte.
8. Afirmó que el Ministerio de Educación Nacional mantiene una actitud pasiva frente a los abusos de algunos colegios que imponen tareas fuera del horario académico, permitiendo que se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la desconexión escolar, al descanso, la recreación y la participación en actividades deportivas y culturales.
9. Argumentó que la vida de los menores no puede reducirse al estudio, pues el ocio, el juego y el deporte son componentes esenciales de su desarrollo integral. La sobrecarga académica genera estrés, ansiedad, agotamiento físico y trastornos del
9. Argumentó que la vida de los menores no puede reducirse al estudio, pues el ocio, el juego y el deporte son componentes esenciales de su desarrollo integral. La sobrecarga académica genera estrés, ansiedad, agotamiento físico y trastornos del sueño, afectando su bienestar emocional, la dinámica familiar y la economía de los hogares.
10. Indicó que no existe disposición legal que obligue a los colegios a dejar tareas, siendo el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia los que definen su pertinencia. Sin embargo, la falta de regulación ha permitido que la práctica se generalice.
11. Señaló que, según estudios realizados por la Universidad de La Sabana en 2019 y la Universidad Pedagógica Nacional en 2021, la sobrecarga de tareas escolares provoca estrés, ansiedad y bajo rendimiento en los estudiantes, y no existen pruebas claras de que estas tareas aporten beneficios educativos. Además, recordó que entre 2020 y 2021 se promovieron campañas y propuestas de ley para restringir el número de tareas escolares, pero no se lograron avances concretos debido a la falta de intervención por parte del Estado.
12. Precisó que la carga de trabajo escolar reduce el tiempo libre necesario para el descanso, el juego y la recreación, elementos fundamentales para el desarrollo físico, emocional y social de los menores.
13. Sostuvo que la Corte Constitucional ha reconocido el derecho a la desconexión laboral y que este principio también debe aplicarse a los niños, niñas y adolescentes, ya que el tiempo libre es fundamental para su desarrollo integral.4
Radicación núm. 25000-23-41-000-2024-01694-01
laboral y que este principio también debe aplicarse a los niños, niñas y adolescentes, ya que el tiempo libre es fundamental para su desarrollo integral.4
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado
I.2. Actuación procesal en primera instancia
14. El magistrado sustanciador de primera instancia, mediante auto de 10 de octubre de 2024, admitió la demanda y ordenó la notificación a las partes , a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado4. Además, ordenó que se informara a los miembros de la comunidad.
15. Por auto de 13 de noviembre de 20245, negó la medida cautelar solicitada por el actor popular.
16. El 12 de febrero de 2025 6 llevó a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento dispuesta en el artículo 27 de la Ley 472, la cual se declaró fallida por no haber ánimo conciliatorio. En la misma providencia d ecretó las pruebas del proceso.
17. El 26 de febrero de 20257 el a quo celebró la audiencia de pruebas.
18. Por auto de 23 de abril de 2025 8, declaró cerrada la etapa probatoria y ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.
I.3. Contestación de la demanda
I.3.1. Ministerio de Educación Nacional9
19. El ministerio se opuso a las declaraciones y condenas solicitadas , con fundamento en las excepciones de “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”, “[…] Improcedencia de la acción por falta de individualización y concreción en
19. El ministerio se opuso a las declaraciones y condenas solicitadas , con fundamento en las excepciones de “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”, “[…] Improcedencia de la acción por falta de individualización y concreción en la presunta vulneración de los derechos colectivos presuntamente amenazados […]” y “[…] Excepción genérica […]”.
20. Explicó que su función se limita a diseñar la política sectorial y expedir la reglamentación general para la prestación del servicio educativo, mientras que la administración, vigilancia y control de los establecimientos educativos corresponden a las entidades territoriales certificadas, en virtud del modelo de descentralización consagrado en la Ley 715 de 21 de diciembre de 200110.
21. Precisó que los departamentos y municipios reciben directamente los recursos del Sistema General de Participaciones y asumen la responsabilidad por la gestión del personal docente y la organización del servicio educativo. De allí que las
4 Cfr. Índice 10 del expediente digital de primera instancia. 5 Cfr. Índice 16 del expediente digital de primera instancia. 6 Cfr. Índice 27 del expediente digital de primera instancia. 7 Cfr. Índice 39 del expediente digital de primera instancia. 8 Cfr. Índice 57 del expediente digital de primera instancia. 9 Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia. 10 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.5
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.5
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado
actuaciones u omisiones de los colegios oficiales no pueden trasladarse al Gobierno Nacional, pues ello desconocería el principio de autonomía administrativa y financiera de las entidades territoriales.
22. Recordó que la Ley 115 de 8 de febrero de 199411 reconoce la autonomía escolar como principio rector del sistema educativo, permitiendo a las instituciones organizar sus planes de estudio, métodos de enseñanza y actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos generales del Min isterio. Así, cada colegio define, en su Proyecto Educativo Institucional y Manual de Convivencia, la pertinencia de las tareas o actividades académicas, conforme a sus condiciones y objetivos pedagógicos.
23. Aclaró que la familia y la sociedad también comparten la responsabilidad de la educación de los niños , niñas y adolescentes, conforme a los artículos 67 y 68 de la Constitución y a los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 115 de 1994 . Por tanto, el acompañamiento en las tareas y el fomento del aprendizaje fuera del aula son funciones que involucran activamente a los hogares y a la comunidad educativa.
24. En cuanto al concepto de “[…] desconexión escolar […]”, señaló que el ordenamiento jurídico no lo define, y advirtió que podría interpretarse de manera contraria a los fines de la educación.
24. En cuanto al concepto de “[…] desconexión escolar […]”, señaló que el ordenamiento jurídico no lo define, y advirtió que podría interpretarse de manera contraria a los fines de la educación.
25. Explicó que las tareas, cuando se planean pedagógicamente, fortalecen la autonomía, la disciplina y el pensamiento crítico del estudiante, integrando los saberes adquiridos con experiencias cotidianas y familiares. Su pertinencia depende del equilibrio ent re el propósito, el tiempo asignado y la capacidad del alumno, lo cual debe revisarse dentro de la propia institución.
26. Informó que el ministerio promueve programas de formación docente orientados a la actualización pedagógica, la innovación educativa y la inclusión, con el fin de fortalecer la calidad del aprendizaje y la práctica docente. Por lo tanto, no existe evidencia de una vulneración generalizada de l derecho colectivo invocad o y, en caso de presentarse situaciones particulares, deben atenderse en el marco del gobierno escolar y los mecanismos previstos en el manual de convivencia.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
27. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de mayo de 2025 12, amparó el derecho colectivo establecido en el literal j) del artículo 4° de la Ley 472 , vulnerado por el
Ministerio de Educación Nacional.
11 “[…] Por la cual se expide la Ley General de Educación […]”. 12 Cfr. Índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “8ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.6
12 Cfr. Índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “8ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.6
Radicación núm. 25000-23-41-000-2024-01694-01
Demandante: Alexander Beltrán Preciado
28. Explicó que ese debate judicial giraba en torno al concepto de “[…] desconexión escolar […]”, entendido como el derecho de los estudiantes a disfrutar de tiempo libre sin la carga de culminar deberes académicos fuera de la jornada regular. Para el a quo la sobrecarga de tareas escolares fuera del horario de clases afecta directamente su bienestar, limita su participación en actividades físicas y recreativas, incide en el cansancio, el bajo rendimiento académico y en el abandono de la práctica deportiva.
29. Complementó que la asignación excesiva de deberes fuera del horario académico limita el tiempo disponible para la práctica deportiva, la convivencia familiar y las actividades lúdicas. Las tareas, lejos de fomentar el aprendizaje significativo, pueden incidir negativamente en la salud física y emocional de los estudiantes, según los informes técnicos del Ministerio del Deporte y de la
Universidad Pedagógica Nacional.
30. Puso de presente que la autonomía escolar, consagrada en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, no constituye un poder absoluto que permita a las instituciones educativas imponer cargas académicas desproporcionadas.
31. Mencionó que la autonomía permite a los centros educativos definir metodologías, planes de estudio y estrategias pedagógicas, pero debe ejercerse
educativas imponer cargas académicas desproporcionadas.
31. Mencionó que la autonomía permite a los centros educativos definir metodologías, planes de estudio y estrategias pedagógicas, pero debe ejercerse dentro de los límites que impone la Constitución y la ley, en especial cuando están en juego los derechos prevalentes de los menores. Por lo tanto, el Estado no puede renunciar a su función de vigilancia y control bajo el argumento de respetar la autonomía institucional.
32. Indicó que los derechos de los niños a la educación, la recreación, la participación y el libre desarrollo de la personalidad reconocidos por el artículo 44 de la Constitución Política y la Observación General 17 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, son prevalentes. En consecuencia, toda práctica educativa debe orientarse a garantizar el equilibrio entre el estudio y el tiempo libre, evitando que las obligaciones académicas se conviertan en una forma de restricción de sus libertades esenciales.
33. Adicionó que el Ministerio de Educación Nacional incumplió su deber de inspección y vigilancia, al no establecer lineamientos nacionales sobre la cantidad y naturaleza de las tareas escolares. Esta omisión constituye una falla en el servicio público educativo, puesto que el Estado tiene la obligación de orientar a los centros escolares para garantizar la calidad y el bienestar de los estudiantes.
34. Consideró “[…] como probadas las afirmaciones realizadas por el actor popular en la demanda (pues no fueron controvertidas por el accionado: Ministerio de Educación Nacional), consistentes en que aquellos niños, niñas y adolescentes que permanecen 7 u 8 horas en el colegio y llegan a casa alrededor de las 4 de la tarde
en la demanda (pues no fueron controvertidas por el accionado: Ministerio de Educación Nacional), consistentes en que aquellos niños, niñas y adolescentes que permanecen 7 u 8 horas en el colegio y llegan a casa alrededor de las 4 de la tarde para alimentarse e ir a practicar de manera cotidiana un deporte hasta las 9 o 10 de la noche, por lo general, presentan problemas académicos o desgaste físico y7
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado
mental al retornar a su hogar para desarrollar nuevas actividades extracurriculares después de esa hora denominadas tareas y, finalmente, en una significativa proporción pueden terminar retirándose de la práctica deportiva […]”.
35. Destacó que no existen políticas específicas para los estudiantes con talentos deportivos, lo que significa que actualmente no existen herramientas efectivas para apoyarlos. Además, los mecanismos vigentes, como el registro en el Sistema de Matrícula (SIMAT), resultan insuficie ntes para permitir ajustes que hagan posible equilibrar las obligaciones académicas con la práctica deportiva o cultural.
36. Reconoció que el Ministerio de Educación Nacional ha promovido la práctica física mediante los Juegos Intercolegiados. Además, el ministerio suscribió un memorando de entendimiento con el Ministerio del Deporte en 2023. Sin embargo, estos instrumentos son insuficientes, pues se concentran en el entorno escolar y no regulan la relación entre los deberes académicos y las actividades extracurriculares.
37. Mencionó que la Ley 181 de 18 de enero de 199513, “[…] impone la carga al
regulan la relación entre los deberes académicos y las actividades extracurriculares.
37. Mencionó que la Ley 181 de 18 de enero de 199513, “[…] impone la carga al Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes (hoy Ministerio del Deporte) y los entes territoriales de propiciar el desarrollo de la educación extraescolar de la niñez y la juventud […]”.
38. Concluyó que un sistema educativo que impone cargas académicas excesivas desconoce los fines esenciales de la educación como derecho fundamental y servicio público orientado al desarrollo pleno de la persona.
39. Con fundamento en lo anterior, el tribunal resolvió:
“[…] PRIMERO. - NIÉGASE la prosperidad de las excepciones propuestas por el Ministerio de Educación Nacional.
SEGUNDO.- DECLÁRASE la vulneración del derecho colectivo a la prestación eficiente del servicio público a la educación por parte del Ministerio de Educación Nacional.
En consecuencia, se dispone:
Conformar una mesa de trabajo dirigida por el Ministerio de Educación Nacional, e integrada por el Ministerio del Deporte, un representante del Comité Olímpico Colombiano, un representante de la Federación Colombiana de Deporte Especial, un representante de dos (2) ligas deportivas a elección del Ministerio del Deporte, un representante de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, un representante de la Universidad Pedagógica Nacional y la parte actora quien representará a los padres de familia y para ese propósito deberá asistirse de las organizaciones respectivas.
El propósito principal será establecer lineamientos y criterios generales que en el marco de la autonomía escolar permita a los niños, niñas y adolescentes gozar del
de familia y para ese propósito deberá asistirse de las organizaciones respectivas.
El propósito principal será establecer lineamientos y criterios generales que en el marco de la autonomía escolar permita a los niños, niñas y adolescentes gozar del derecho al descanso, a la recreación y al tiempo libre, por fuera del horario escolar.
13 “[…] Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. […]”.8
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Adicionalmente, encontrar una línea convergente entre la práctica de actividades deportivas de niños, niñas y adolescentes y las tareas en casa.
Para tal propósito, el Ministerio de Educación Nacional, deberá informar con destino al Tribunal dentro del mes siguiente a la notificación de este fallo, las personas que participarán en la mesa de trabajo ordenada.
Adicionalmente, la mesa de trabajo deberá sesionar por primera vez dentro de los dos meses siguientes a la notificación de esta sentencia y una vez finalizada la misma, deberá presentarse por parte del Ministerio de Educación Nacional un informe sobre el avance de la misma, con los soportes correspondientes.
TERCERO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO.- NO CONDENAR en costas.
QUINTO.- En firme esta providencia, por Secretaría, ENVÍESE copia de la misma al Registro Público Centralizado de Acciones Populares y de Grupo, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y archívese el expediente, previas las
QUINTO.- En firme esta providencia, por Secretaría, ENVÍESE copia de la misma al Registro Público Centralizado de Acciones Populares y de Grupo, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y archívese el expediente, previas las constancias y anotaciones del caso. […]”. (Negrilla y subrayado del texto).
III. RECURSO DE APELACIÓN
40. El Ministerio de Educación Nacional en el escrito de 29 de mayo de 2025 14, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se declaren probadas las excepciones propuestas y se condene en costas procesales al demandante. Explicó que no se demostró la transgresión de los derechos colectivos amparados y que los conflictos educativos se deben resolver conforme a los mecanismos internos de cada institución, con respeto a la autonomía escolar y a la descentralización administrativa del sistema educativo.
41. Argumentó que el tribunal valoró erróneamente las pruebas al presumir que el ejercicio de la autonomía escolar conduce a la sobrecarga académica de los estudiantes. Por el contrario, las instituciones educativas, en lugar de afectar el bienestar de los niñ os, han fortalecido la oferta de actividades complementarias y deportivas dentro del currículo.
42. Señaló que el amparo contiene una generalización infundada sobre el sistema educativo nacional que se fundamenta en las circunstancias individuales del demandante, lo cual desconoce la diversidad institucional y la autonomía de cada establecimiento educativo.
43. Refirió que dicha autonomía, conforme al artículo 77 de la Ley 115 de 1994, no es absoluta ni arbitraria, sino una herramienta para adecuar los métodos y
establecimiento educativo.
43. Refirió que dicha autonomía, conforme al artículo 77 de la Ley 115 de 1994, no es absoluta ni arbitraria, sino una herramienta para adecuar los métodos y contenidos educativos al contexto institucional. Específicamente, las instituciones educativas deben garantizar el descanso, la recreación y la vida cultural en el marco de del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
14 Cfr. Índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “4ED_Apelacion(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.9
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado
44. Puso de presente que las entidades territoriales tienen funciones de inspección y vigilancia sobre los establecimientos educativos. En caso de evidenciar una carga excesiva de tareas o vulneración de derechos, corresponde a las secretarías de educación eje rcer control y adoptar medidas correctivas dentro de sus competencias.
45. Citó, a modo de ejemplo, las experiencias reportadas por la Universidad Pedagógica Nacional, donde colegios distritales de Bogotá establecieron acuerdos con ligas y clubes deportivos para armonizar la carga académica y la práctica del deporte, protegiendo así los derechos al descanso y la recreación. Estas estrategias permitieron equilibrar los tiempos escolares con las actividades extracurriculares.
46. Puso de presente que el experto Jack Escorcia en su declaración mencionó la articulación entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría de Educación Distrital mediante el programa de Tiempo Escolar Complementario
46. Puso de presente que el experto Jack Escorcia en su declaración mencionó la articulación entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría de Educación Distrital mediante el programa de Tiempo Escolar Complementario
(TEC). Este pr ograma amplió las oportunidades educativas en deporte, arte, música, ciencia y tecnología, promoviendo la formación integral.
47. Destacó que la educación inicial no contempla tareas domiciliarias, conforme a la línea técnica y pedagógica establecida por la propia entidad. Por tanto, no puede hablarse de una vulneración estructural o generalizada de derechos en esa etapa educativa. Aunado a ello, el Memorando de Entendimiento suscrito en 2023 entre los ministerios de Educación y Deporte, y el documento de orientaciones técnicas de 2015 para la atención de estudiantes con talentos excepcionales, demuestran el compromiso institucional con el desarrollo integral de los estudiantes.
IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
48. Mediante auto de 20 de junio de 202515, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Educación Nacional.
49. A través de auto de 26 de septiembre de 2025 16, se admitió el recurso de apelación, se prescindió del traslado para alegar de conclusión, y s e informó al Ministerio Público que se encontraba habilitado para emitir concepto en la presente causa.
50. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
Ministerio Público que se encontraba habilitado para emitir concepto en la presente causa.
50. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
15 Cfr. Índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “5ED_AutoConcede(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”. 16 Cfr. Índice 4 del expediente digital del Consejo de Estado.10
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
51. De conformidad con lo establecido en los artículos 37 de la Ley 472, 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201117 y 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201918, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.
V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos
52. El accionante atribuyó al Ministerio de Educación Nacional la vulneración de l derecho colectivo al acceso a los servicios púb
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