CE - Sentencia 25000234100020240201901

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Título
CE - Sentencia 25000234100020240201901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 25000-23-41-000-2024-02019-01

Demandante: CORPORACIÓN MÉRITO PARA EL EMPLEO PÚBLICO

Demandados: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y

OTROS

Tema:

Acción de cumplimiento para la realización de concurso de méritos para la provisión de cargos en carrera al interior de superintendencias. Revoca fallo que accedió a las pretensiones de la demanda. No se encuentra demostrado en el proceso la apropiación pr esupuestal pertinente para realizar el concurso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por las Superintendencias Financiera y de Sociedades contra la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

de Sociedades contra la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

La Corporación Mérito para el Empleo Público, por conducto de su representante legal1, promovió acción de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997, en contra de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Superintendencia de Sociedades (SS), y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

1 Señor Luis Fernando Lozada Elizalde, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

PRIMERA: ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA y a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, para que den cumplimiento inmediato a los artículos 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 52 del Decreto Ley 775 de 2005, para lo cual se deberá ordenar a dichas entidades, dentro de los siguientes seis (6) meses

inmediato a los artículos 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 52 del Decreto Ley 775 de 2005, para lo cual se deberá ordenar a dichas entidades, dentro de los siguientes seis (6) meses -o el término que estime conveniente el Despacho-, convocar a concurso público de méritos TODAS las vacantes definitivas que existen este momento en las plantas de carrera administrativa de estas entidades.

SEGUNDA: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, para que dé cumplimiento adecuado a sus obligaciones de vigilancia del régimen específico

de carrera administrativa de las superintendencias, establecidas en los artículos 6, 14 y 52 del Decreto Ley 775/05, iniciando las respectivas investigaciones y actuaciones sancionatorias a los funcionarios competentes para adelantar los procesos de selección de la Superfinanciera y Supersociedades, por el presunto incumplimiento de los artículos 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 52 del Decreto Ley 775 de 2005, ya que dichas entidades no han adelantado recientemente concursos, gran parte de su planta está hace m ucho tiempo en vacancia definitiva y a que mantienen una situación irregular de nombramientos provisionales cuando dicha figura es excepcional y transitoria.2

1.2. Hechos

La solicitud de cumplimiento se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

Informó que al interior de la SFC no se ha adelantado concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera al interior de la entidad, pese a que cuenta con una

de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

Informó que al interior de la SFC no se ha adelantado concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera al interior de la entidad, pese a que cuenta con una planta de 10 02 empleados de los que 588 actualmente se encuentran ocupados en provisionalidad y solamente 271 son en carrera.

Indicó que en la SS actualmente se encuentran 616 cargos de carrera, de los cuales 265 actualmente están ocupados en esa modalidad y 312 bajo la figura de provisionalidad.

A su turno, precisó que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) informó que la SFC reportó un total de 778 vacantes, mientas que la SS indicó que tenía 458 vacantes.

Por su parte, relató que la CNSC adelantó varios concursos para provisión de cargos en carrera al interior de varias superintendencias, pero inexplicablemente no se incluyeron a la SFC y SS.

Explicó que la CNSC no ha impuesto sanción alguna a la SFC y la SS, por el desconocimiento de las disposiciones legales que rigen la carrera administrativa, pese a que las citadas entidades ni siquiera han realizado un concurso de méritos.

2 Transcripción original del texto con posibles errores.Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

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Indicó que, el 16 de septiembre de 2024, radicó escrito ante las accionadas, en la que solicitó el cumplimiento de los artículos 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 52 del Decreto 775 de 20053.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones

Por auto del 27 de noviembre de 2024, la magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, admitió la acción constitucional del asunto, y ordenó la notificación de las autoridades administrativas accionadas. Surtidas las notificaciones correspondientes, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.3.1.1. Ministerio Público

Para la Procuraduría General de la Nación resulta procedente acceder a lo pretendido por la parte actora, dado que las autoridades convocadas al proceso no han dado cumplimiento a las disposiciones que rigen la carrera administrativa. Por otro lado, sostuvo que:

No se compadece que las entidades del Estado mantengan la modalidad de nombramientos provisionales, propiciando clientelismo, amiguismo y nepotismo, en contravía a los principios de igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización del recurso humano al servicio de la administración pública, entre otros.

[…]

Así las cosas, es procedente ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil

contravía a los principios de igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización del recurso humano al servicio de la administración pública, entre otros.

[…]

Así las cosas, es procedente ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, y a la Superintendencia Finan ciera efectuar la convocatoria a concurso público abierto de las vacantes de los cargos de carrera administrativa, ocupados actualmente en provisionalidad, apartando desde este año la correspondiente disponibilidad presupuestal para la vigencia 2025, en el término y condiciones que señale la autoridad judicial, para evitar discrecionalidades y dilaciones que terminan generando amiguismo y clientelismo en la administración del talento humano de esa entidad, no siendo posible que una entidad no convoque a concurso tales cargos en desmedro del sistema de carrera administrativa, eje definitorio de nuestro estado social de derecho.

En sustento de lo anterior, trajo a colación fallos de la Corte Constitucional en los que se ha reprochado la figura del nombramiento en provisionalidad, pues tales escenarios cobijan prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.

3 Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional.Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

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1.3.1.2. Superintendencia de Sociedades

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1.3.1.2. Superintendencia de Sociedades

Precisó que desde el punto de vista constitucional y legal, en el caso de las superintendencias, se debe tener en cuenta que la autoridad llamada a la realización de los concursos es la CNSC.

Refirió que en el año 2022 se solicitó el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Pública, a efectos de destinar recursos para que la CNSC pudiese adelantar el proceso de provisión de vacantes definitivas a través de concurso de méritos.

Con base en lo anterior, explicó que actualmente se han adelantado diversas acciones para realizar el correspondiente concurso de méritos.

1.3.1.3. Comisión Nacional del Servicio Civil

Explicó que la parte actora no constituyó en renuencia en debida forma a la autoridad, toda vez que el escrito presentado por la parte accionante, mediante el cual se constituyó en renuencia, correspondió a una solicitud de información y no tuvo como finalidad conminar a la entidad al cumplimiento de un mandato.

Precisó que respecto al concurso de superintendencias que tuvo lugar hacía el año 2022, en el que no participaron la SFC y la SS, indicó que las autoridades manifestaron su intención de no par ticipar. Lo anterior, «[…] teniendo en cuenta que manifestaron, a esta Comisión Nacional la intención de realizar dentro del proceso de selección la prueba de curso -concurso en aras de garantizar que el conocimiento, experiencia y experticia de algunos fun cionarios puedan conservarse de tal manera que la capacidad técnica de la entidad no se vea

proceso de selección la prueba de curso -concurso en aras de garantizar que el conocimiento, experiencia y experticia de algunos fun cionarios puedan conservarse de tal manera que la capacidad técnica de la entidad no se vea reducida.»

Argumentó que las entidades del orden nacional, con ocasión del Decreto 051 de 2018, estableció el deber de apropiar los recursos pertinentes para la re alización de los concursos de méritos. Con base en lo anterior, manifestó que:

En este sentido, la CNSC mediante circular externa actualizó el aporte estimado por vacante para las entidades u organismos que comienzan su planeación a partir del 1º de enero de 2024, bajo un modelo de agrupación de vacantes, para una o varias entidades, deberán apropiar los recursos correspondientes por un valor estimado por vacante a proveer de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($4.696.402) MONEDA CORRIENTE.

[…]

Entidad Vacantes 4.0 Recaudo estimado Superintendencia Financiera de Colombia 751 $3.526.997.902Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

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Superintendencia de Sociedades 279 $1.310.296.158

1.3.1.4. Superintendencia Financiera de Colombia4

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Superintendencia de Sociedades 279 $1.310.296.158

1.3.1.4. Superintendencia Financiera de Colombia4

Como argumento de defensa, alegó que la norma que es invocada por la parte actora había caducado dado que el artículo 52 del Decreto 775 de 2005 había establecido un plazo para la realización de los concursos de méritos.

En segundo lugar, precisó que la entidad no cuenta con los r ecursos suficientes para realizar el correspondiente concurso de méritos, en torno a dicho aspecto precisó que:

En efecto, el rubro presupuestal apropiado por la Entidad para la vigencia fiscal 2025 contempla el denominado rubro por servicios de empleo, en el que se abarcan gastos para servicios de intermediación, servicio de selección de altos ejecutivos, servicio de selección y reclutamiento de empleados, servicio de gestión y colocación de empleos, entre otros y el mismo resultaría insuficiente para cu brir los costos de un eventual concurso, sin que sea posible apropiar más recurso en el corto plazo.

Luego obligar a las demandas al cumplimiento de una norma, sin que se cuente con las apropiaciones presupuestales para ello, es condenarlas perse al incumplimiento de un fallo judicial con las consabidas consecuencias que ello trae.

Finalmente, puso de presente que la entidad actualmente está adelantando un proceso interno de reestructuración con miras a la consecución de sus objetivos, por lo que refirió:

Es así como mediante oficio No. 2025012900 dirigido al Ministerio de Hacienda el Superintendente Financiero solicitó la autorización para el rediseño institucional que

por lo que refirió:

Es así como mediante oficio No. 2025012900 dirigido al Ministerio de Hacienda el Superintendente Financiero solicitó la autorización para el rediseño institucional que requiere la Entidad en el que se evidencia el análisis de la estructura actual, la distribución funcional de varias dependencias, la actualización de su mapa de proceso, los manuales de funciones, entre otros aspectos.

1.4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, profirió sentencia el 20 de marzo de 2025 en la que accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó a las demandadas que en el término de tres meses se lleve a cabo la convocatoria del concurso con el cual se dé la provisión de los empleos de carrera. Al respecto, indicó lo siguiente:

4 En el presente asunto, el a quo profirió sentencia de primera instancia el 13 de diciembre de 2024. No obstante, el 18 siguiente la SFC alegó la nulidad del proceso por indebida notificación, pues, no fue enterada del auto admisorio de la demanda. Conforme lo anterior, mediante proveído del 30 de enero de 2025 se declaró la nulidad del proceso y se ordenó la reconstrucción de la actuación, permitiendo a la autoridad el ejercicio de su derecho de defensa.Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

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Del marco normativo y fáctico expuesto la Subsección concluye que las accionadas tienen una obligación clara, expresa y exigible de convocar a concurso de méritos porque en sus plantas de personal existen cargos de carrera en vacancia definitiva. La Constitución, la Ley y el Decreto Ley 775 de 2005 son enfáticos en que el nombramiento en provisionalidad y el encargo son excepcionales, por lo cual, las vacantes definitivas deben ser provistas por empleados de carrera administrativa.

La Subsección resalta que el mandato constitucional de proveer los empleos por el sistema de méritos es permanente, no caduca o vence; además, no se puede favorecer la inoperancia de quién incumple, por el contrario, está probado que desde 2016 no se ha convocado a concurso.

De igual forma se resalta que la restructuración de la planta de personal que inició en 2024 y continuará durante el 2025 no es óbice para acatar el mandato de convocar a concurso de méritos para prove er los cargos de carrera que existen actualmente o se lleguen a crear, aplicando para el efecto los principios de economía, eficiencia, eficacia y celeridad.

En conclusión, se encuentra probado el incumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, por lo cual se ordenará a las SFC y SS que dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, convoquen al concurso de méritos para proveer los cargos de carrera en vacancia definitiva.

y exigible, por lo cual se ordenará a las SFC y SS que dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, convoquen al concurso de méritos para proveer los cargos de carrera en vacancia definitiva.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes por correo electrónico remitido el 27 de marzo de 2025.

1.5. Impugnaciones

La SS sostuvo que en asocio con la CNSC han desplegado diversas acciones enfocadas a disponer la apertura del concurso de méritos para la provisión de cargos en carrera al interior de la entidad.

Refirió que los costos estimados de la realización del concurso pueden verse afectados en razón al proceso de reestructuración que actualmente atraviesa la SFC.

Concluyó su intervención, indicando que, contrario a lo planteado por la accionante, no se presenta un incumplimiento de ningún mandato por parte de la entidad.

La SFC reiteró que la acción de cumplimiento en el presente caso era improcedente, por cuanto ha adelantado gestiones junto a la CNSC para verificar la eventual realización del concurso de méritos.

Por otro lado, reiteró que la acción conlleva un gasto que no se encuentra presupuestado. Lo anterior en razón a que:Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

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En el caso de la SFC, como se mencionó en la respuesta de la demanda, el rubro presupuestal apropiado por la Entidad para la v igencia fiscal 2025 contempla el denominado rubro por servicios de empleo, en el que se abarcan gastos para servicios de intermediación, servicio de selección de altos ejecutivos, servicio de selección y reclutamiento de empleados, servicio de gestión y co locación de empleos, entre otros y el mismo resultaría insuficiente para cubrir los costos de un eventual concurso, sin que sea posible apropiar más recurso en el corto plazo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por las accionadas contra la sentencia de primera instancia del 20 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las pr ovidencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de

por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento . Para lo cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

  • ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la s autoridades demandadas frente a la disposiciones invocadas como incumplidas?
  • ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente planteamiento:

  • ¿La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Superintendencia de Sociedades (SS), y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) se encuentran en la obligación de cumplir los artículos 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 52 del Decreto Ley 775 de 2005, y, como consecuencia de ello, obligadas a realizar el correspondiente concurso de méritos?Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

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2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i) naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y iii) el caso concreto.

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i) naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para h acer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes c onsagrados en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos , lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo ] (subrayado por fuera del texto).Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

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Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)5

mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)5

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecució n de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la a cción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último

existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquél la y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera,

5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

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quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante

quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la consti tución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento

reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fue rza material de ley o actos administrativos [6] (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimi ento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 7, ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición

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