CE - Sentencia 54001233300020180001001

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 54001233300020180001001
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 54001233300020180001001 (69868)

Demandante: JORGE ENRIQUE MALDONADO VARGAS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA

Tema: Declaración de alcalde en medio de comunicación sobre presencia de “salmonela” en establecimiento de comercio destinado al expendio de comidas. Afectación al “good will”.

Valor probatorio de los recortes de prensa. Requisitos para que un hecho lesivo sea i ndemnizable. No se acreditó un daño resarcible. No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 19 de diciembre de 2012, Jorge Enrique Maldonado Vargas constituyó el establecimiento de comercio “Rodizio P&A” ubicado en el municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander). Posteriormente, el 2 de diciembre de 2013, el diario “La Opinión” publicó la nota “Encuentran salmonela en varios restaurantes” en la

Cúcuta (Norte de Santander). Posteriormente, el 2 de diciembre de 2013, el diario “La Opinión” publicó la nota “Encuentran salmonela en varios restaurantes” en la que señaló que el alcalde del citado ente territorial “precisó” que “se había encontrado la bacteria salmonela, cuya presencia se encuentra en el tracto intestinal de las personas” y que “ se halló salmonela en el ‘Rodizio’ ¿Qué queda para las comidas que se expenden en los puestos callejeros?”. Por ello, en fecha2

Radicado: 54001232200020180001001 (69868)

Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

indeterminada, el señor Maldonado Vargas inició acciones penales y disciplinarias contra el burgomaestre.

El demandante, propietario del “Rodizio P&A”, considera que el municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander) es patrimonialmente responsable por la afectación al “good will” de su establecimiento de comercio pues estima que ello se debió a la declaración vertida por el alcalde del citado municipio que fue publicada en el diario “La Opinión”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 16 de febrero de 2016 1, Jorge Enrique Maldonado Vargas mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra del municipio de San José de Cúcuta (e n adelante el “municipio de Cúcuta”) para que se le declarara patrimonialmente responsable por la afectación al “good will” del establecimiento de comercio de su propiedad, luego de la

en contra del municipio de San José de Cúcuta (e n adelante el “municipio de Cúcuta”) para que se le declarara patrimonialmente responsable por la afectación al “good will” del establecimiento de comercio de su propiedad, luego de la declaración rendida por el alcalde de ese municipio que fue publicada e n el diario “La Opinión”.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar al ente territorial accionada a pagarle, por “perjuicios al good will”, la suma de 1677 SMLMV.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 19 de diciembre de 2012, Jorge Enrique Maldonado Vargas constituyó el establecimiento de comercio “Rodizio P&A” identificado con el registro mercantil No.00240444 y ubicado en la avenida Libertadores No. 10 – 121 del municipio de Cúcuta (Norte de Santander). Asimismo, que este tenía como actividad principal “el expendio a la mesa de comidas preparadas”.

1 Fl. 1 a 7, C.1.3

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Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

Señala que, en la edición del 2 de diciembre de 2013, el diario “La Opinión” publicó que el alcalde del citado ente territorial “precisó” que “se había encontrado la bacteria salmonela, cuya presencia se encuentra en el tracto intestinal de las personas” y que “se halló salmonela en el ‘Rodizio’ ¿Qué queda para las comidas que se expenden en los puestos callejeros?”.

bacteria salmonela, cuya presencia se encuentra en el tracto intestinal de las personas” y que “se halló salmonela en el ‘Rodizio’ ¿Qué queda para las comidas que se expenden en los puestos callejeros?”.

Destaca que, por lo anterior, el señor Maldonado Vargas inició acciones penales y disciplinarias contra Damaris Ramírez Lobo, entonces alcalde del municipio de Cúcuta.

El accionante, propietario del “Rodizio P&A”, considera que el municipio de Cúcuta es patrimonialmente responsable por la afectación al “good will” de su establecimiento de comercio pues considera que ello se debió a la declaración vertida por el alcalde del citado municipio que fue publicada en el diario “La Opinión”.

2. Contestaciones

El 10 de octubre de 20182, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó su notificación al ente territorial accionado y al ministerio público.

2.1. El municipio de Cúcuta 3 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que el extremo activo no acreditó la causación del daño alegado en la demanda. En sustento, afirmó que lo expuesto por el demandante carecía de respaldo probatorio pues, ningún medio de convicción pe rmitía constatar el menoscabo padecido. En esta oportunidad, no formuló excepciones.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 6 de febrero de 2020 4 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

2 Fl. 74, C. 1. 3 Fl. 83 a 87, C.1. 4 Fl. 237, C.1.4

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

2 Fl. 74, C. 1. 3 Fl. 83 a 87, C.1. 4 Fl. 237, C.1.4

Radicado: 54001232200020180001001 (69868)

Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

3.1. La parte demandante 5 y el municipio de Cúcuta 6 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.

3.2. El ministerio público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 16 de febrero de 20237, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó la causación del daño alegado en la demanda. Al efecto, afirmó que ninguna prueba de las decretadas y practicadas en el proceso permitía, siquiera inferir, la afectación al “good will” del establecimiento de comercio.

5. Recurso de apelación

El 7 de marzo de 20238, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 24 de abril de 20239 y admitido el 19 de mayo siguiente10.

5.1. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda. Además, manifestó que lo probado en el proceso permitió constatar la afectación al “good will” padecida por el establecimiento de comercio debido a las afirmaciones “deshonrosas” realizadas por el entonces alcalde del municipio de Cúcuta. En sustento, refirió que la víctima “no tenía la obligación legal de soportar

afirmaciones “deshonrosas” realizadas por el entonces alcalde del municipio de Cúcuta. En sustento, refirió que la víctima “no tenía la obligación legal de soportar el daño derivado de las afirmaciones realizadas por el entonces alcalde”.

5 Fl. 249 a 250, C.1. 6 Fl. 242 a 248, C.1. 7 Fl. 287 a 295, C.1. 8 Fl. 311 a 313, C.1. 9 Fl. 318, C.1. 10 Índice No. 25, SAMAI – Consejo de Estado.5

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Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA11, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia12.

7.1. El ministerio público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la de manda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un

Tribunal Administrativo de Norte de Santander, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la de manda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación13, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invo cado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

11 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.” 12 SAMAI, índice 8. 13 La pretensión de la demanda se estima en 1667 SMLMV.6

Radicado: 54001232200020180001001 (69868)

Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

Radicado: 54001232200020180001001 (69868)

Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa porque se reclama la reparación de un daño por unos hechos imputables al municipio de Cúcuta.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto pr ocesal y, por ende, ha de ser examinado de oficio15.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 16, estableció unos plazos para poder ejercer

14 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o

responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entid ad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de esta. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 15 “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratars e de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso decl ararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21093. 16“La caducidad es una institución jur ídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de

16“La caducidad es una institución jur ídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la7

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Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pret ende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 17, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requie ran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, e s un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002. 17 “(...) e l derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado

de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. Consejo de Estado, sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 6871-05.8

Radicado: 54001232200020180001001 (69868)

Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

como una sanción ipso iure18 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia19, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que el medio de control de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el presente asun to, se estima que el ejercicio del derecho de acción se ejerció en tiempo, toda vez que: i) el 2 de diciembre de 2013, el diario “La Opinión” publicó la noticia “Encuentran salmonela en comidas” en la que se señaló que el alcalde de

en tiempo, toda vez que: i) el 2 de diciembre de 2013, el diario “La Opinión” publicó la noticia “Encuentran salmonela en comidas” en la que se señaló que el alcalde de Cúcuta “precisó” que “ se halló salmonela en el ‘Rodizio’ ¿Qué queda para las comidas que se expenden en los puestos callejeros?”, lo cual, según lo narrado en la demanda, conllevó a una afectación al “good will” del establecimiento de comercio “Rodizio P&A”; ii) que el 3 de diciembre de 201520, el demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el 15 de febrero de 2016 21; y iii) que la demanda se presentó El 16

18 “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judic iales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. Consejo de Estado, sentencia del 30 de enero de 2013. 19 “(…) [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la

judicial”. Consejo de Estado, sentencia del 30 de enero de 2013. 19 “(…) [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud n egligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998. 20 Fl. 39, C.1. 21 Fl. 39, C.1.9

Radicado: 54001232200020180001001 (69868)

Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

de febrero de 2016 22, esto es, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

4.1. Jorge Enrique Maldonado Vargas es la persona sobre quien recae el interés jurídico que se debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa, ya que acreditó ser el propietario del establecimiento de comercio “Rodizio P&A”, el cual, según lo narrado en la demanda, sufrió una afectación al “good will” debido a

jurídico que se debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa, ya que acreditó ser el propietario del establecimiento de comercio “Rodizio P&A”, el cual, según lo narrado en la demanda, sufrió una afectación al “good will” debido a la declaración rendida por el alcalde de Cúcuta que fue publicada en el diario “La Opinión”.

4.2. El Municipio de Cúcuta está legitimado en la causa por pasiva ya que, la Secretaría de Salud de dicho ente territorial fue quien adelantó la visita técnica de estudios microbiológicos al establecimiento de comercio “Rodizio P&A” donde evidenció “presencia de coliformes totales y fecales” , lo cual motivó la declaración del alcalde que fue publicada en la edición del 2 de diciembre de 2012 del diario “La Opinión”. Asimismo, por ser la entidad a quien se le atribuye la causación del daño alegado en la demanda.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el sub – lite se causó un daño antijurídico consistente en la afectación al “good will” del establecimiento de comercio “Rodizio P&A” producto de la declaración rendida por el alcalde Cúcuta que fue publicada en el diario “La Opinión”.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.

22 Fl. 1 a 7, C.1.10

Radicado: 54001232200020180001001 (69868)

Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

Radicado: 54001232200020180001001 (69868)

Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 23 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el referido a s u atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daño s causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisp rudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros24.

doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisp rudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros24.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 16 de febrero

23 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.11

Radicado: 54001232200020180001001 (69868)

Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda. Además, sostuvo que lo probado en el proceso permitió constatar la afectación al “good will” sufrida por el establecimiento de comercio debido a las afirmaciones “deshonrosas” realizadas por el entonces alcalde del

en el escrito de la demanda. Además, sostuvo que lo probado en el proceso permitió constatar la afectación al “good will” sufrida por el establecimiento de comercio debido a las afirmaciones “deshonrosas” realizadas por el entonces alcalde del municipio de Cúcuta. En sustento, refirió que la víctima “no tenía la obligación legal de soportar el daño derivado de las afirmaciones realizadas por el entonces alcalde”.

En este sentido, y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de apelación contra el fallo proferido el 16 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 25 del Código General del Proceso, exclusivamente habr á lugar a resolverse los cargos formulados contra la decisión recurrida.

En vista de lo expuesto, a continuación, se analizará si en el sub examine se acreditó el daño alegado y, en el evento de hallarse configurado, si éste le es imputable al municipio de Cúcuta.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de señalar cuales son los hechos que se encuentran probados en el expediente, es menester poner de presente que los recortes de prensa serán valorados según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como

25 Artículo 328 . “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

valorados según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como

25 Artículo 328 . “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…) El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (…)”.12

Radicado: 54001232200020180001001 (69868)

Demandante: Jorge Enrique Maldonado Vargas

indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podrá llegar a constatar la certeza de los hechos26.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Está probado que Jorge Enrique Maldonado Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.197.169 es el propietario del establecimiento de comercio “Rodizio P&A”, identificado con el registro mercantil No. No.00240444 y ubicado en la avenida Libertadores No. 10 – 121 del municipio de Cúcuta (Norte de Santander). Asimismo, que este negocio tiene como actividad principal “el expendio

ubicado en la avenida Libertadores No. 10 – 121 del municipio de Cúcuta (Norte de Santander). Asimismo, que este negocio tiene como actividad principal “el expendio a la mesa de comidas preparadas”. De esta información da cuenta el correspondiente Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Cúcuta27.

7.1.2. Está acreditado que, en fecha indeterminada, la Secretaría de Salud Pública de Cúcuta llevó a cabo una visita técnica de estudios microbiológicos al establecimiento de comercio “Rodizio P&A” en la que evidenció “presencia de coliformes totales y fecales” . De esta información da cuenta copia auténtica de la certificación del 22 de enero de 2023, suscrita por el Subsecretaría de Despacho – Área de Gestión de Salud Pública del municipio de Cúcuta28.

7.1.3. Se demostró que, en la edición del 2 de diciembre de 2013 publicada por el diario “La Opinión” se señaló que el alcalde de Cúcuta “precisó” que “se había encontrado la bacteria salmonela, cuya presencia se encue ntra en el tracto intestinal de las personas” y que “ se halló salmonela en el ‘Rodi

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