CE - Sentencia 54001233300020250004901

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Título
CE - Sentencia 54001233300020250004901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2025-00049-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO DE LA REFERENCIA Y,

EN SU LUGAR, DENIEGA LAS PRETENSIONES. LAS ACCIONADAS NO

VULNERARON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS. EL

JUZGADO SE ABSTUVO DE SANCIONAR, DE CONFORMIDAD CON LAS

PRUEBAS ALLEGADAS DENTRO DEL INCIDENTE DE DESACATO. LA

UARIV DIO CUMPLIMIENTO A LA ORDEN IMPARTIDA EN EL FALLO

DE TUTELA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 7 de marzo de 2025, mediante la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER 1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

1 En adelante el Tribunal.2

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2025-00049-01

ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

improcedente la solicitud de amparo.

1 En adelante el Tribunal.2

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2025-00049-01

ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora ISABEL ROPERO TORRADO, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerado s por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CÚCUTA 2 y la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV al proferir la primera de estas la providencia de 18 de febrero de 2025, por medio de la cual se abstuvo de sancionar por desacato al Director Técnico de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas dentro del trámite incidental identificado con el número único de radicación 54001-33-33-009-2020-00171-00 y, la segunda, al incumplir la orden de amparo impartida en la sentencia de 10 de septiembre de 2020, proferida dentro de la acción de tutela identificada con el mismo número de radicación.

2 En adelante el JUZGADO.3

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2025-00049-01

ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

I.2.- Hechos

2 En adelante el JUZGADO.3

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2025-00049-01

ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

I.2.- Hechos

Afirmó que, mediante sentencia de 10 de septiembre de 2020, el JUZGADO dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 2020-00171-00, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la actora y ordenó a la UARIV que, dentro del término de 48 horas a partir de la notificación de dicha sentencia, procediera a brindarle acompañamiento para el trámite que debía efectuar ante la entidad para el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

Refirió que, ante el incumplimiento de la UARIV, promovió incidente desacato contra la entidad , el cual fue conocido por el JUZGADO que, en providencia de 13 de febrero de 2024 , se abstuvo de sancionar al evidenciar actuaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela.

Relató que , ha iniciado en varias oportunidades incidente de desacato, en los cuales el JUZGADO se ha abstenido de sancionar mediante providencias de 26 de junio y 16 de octubre de 2024, y 20 de enero y 18 de febrero de 2025, al considerar que la UARIV ha4

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ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

de enero y 18 de febrero de 2025, al considerar que la UARIV ha4

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ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

realizado actuaciones tendientes a dar cumplimiento a la sentencia de 10 de septiembre de 2020.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, el JUZGADO desconoció los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, a través de los cuales ha mencionado no estar de acuerdo con el Método Técnico de Priorización, por ser vulnerador de los derechos a la igualdad y al debido proceso.

Alegó que el incidente de desacato no ha resultado ser un mecanismo constitucional efectivo para lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela, comoquiera que se le ha impedido acceder al reconocimiento y pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

Finalmente aseveró que tiene 66 años, por lo que se hace necesario que se dé un cumplimiento efectivo a la orden de tutela de 10 de septiembre de 2020 por parte de la UARIV.5

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I.3.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] 1. Se tutele el derecho constitucional fundamental evocados por la señora Isabel Ropero Torrado de 66 años de edad, consistente con el sentido del fallo de tutela con radicado

invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] 1. Se tutele el derecho constitucional fundamental evocados por la señora Isabel Ropero Torrado de 66 años de edad, consistente con el sentido del fallo de tutela con radicado 540013333009202000171, del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta.

2. Que se le ordene al Juzgado restablecer nuevamente el incidente de desacato con la finalidad de dar cumplimiento al fallo de tutela, sin perjuicio a las anteriores notificaciones a la

señora Isabel Ropero Torrado […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- El JUZGADO informó que ha fundamentado su decisión de abstenerse de iniciar el incidente de desacato en el hecho, según el cual, la UARIV ya le reconoció la indemnización administrativa por el hecho de desplazamiento forzado a la actora a través de la Resolución núm. 04102019 -995026 de 19 de marzo de 2021 ; además, en Oficio núm. 2025-0056448-1 de 14 de febrero de 2025 la UARIV le informó a la accionante que ya se encuentra la documentación completa, pero no se acredita ninguna situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad , por lo que la entrega no puede ser priorizada.6

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Adicionalmente, afirmó que la UARIV al contestar el incidente de desacato, informó que en noviembre de 2024 realizó nuevamente a la actora el método técnico de priorización , concluyendo que no se

Adicionalmente, afirmó que la UARIV al contestar el incidente de desacato, informó que en noviembre de 2024 realizó nuevamente a la actora el método técnico de priorización , concluyendo que no se cumplía con ninguno de los requisitos para materializar la entrega de la medida administrativa.

Aseguró que en varias oportunidades se le ha indicado a la actora que la orden emitida en la sentencia de 10 de septiembre de 2020, consiste en que la entidad le brindara acompañamiento sobre el trámite para el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa, no el pago de la misma; de tal forma que, atendiendo lo anterior, la UARIV ha brindado acompañamiento a la accionante, tan es así que en el año 2021 se le reconoció la indemnización y se ha realizado cada año el estudio de la priorización, sin que a la fecha esta haya sido posible.

En ese orden de ideas, advirtió que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, por lo que solicitó que se le desvincule del presente trámite.

I.4.2.- La UARIV afirmó que ha dado respuesta a cada una de las7

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peticiones presentadas por la actora de manera clara, precisa y de fondo, por lo que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, pues le ha brindado a toda la información relativa al estado de su solicitud, el procedimiento y el término para darle respuesta a las solicitudes.

Destacó que ha actuado dentro de los límites que impone el debido proceso administrativo, por lo que solicitó que se declare la carencia

de su solicitud, el procedimiento y el término para darle respuesta a las solicitudes.

Destacó que ha actuado dentro de los límites que impone el debido proceso administrativo, por lo que solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado o, en su defecto, se deniegue el amparo solicitado.

En ese mismo orden de ideas, solicitó que se le desvincule de la presente acción de tutela en virtud del régimen de competencias.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 7 de marzo de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia al considerar que no se sustentó la configuración de al menos una de las causales específicas, de tal forma que no se logró satisfacer los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia8

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judicial, comoquiera que de la decisión cuestionada no se advierte irregularidad alguna , en la medida en que las actuaciones se adelantaron con observancia al debido proceso.

Además, señaló que los fundamentos que motivaron la decisión del JUZGADO de dar por finalizado el incidente de desacato obedeció a que la UARIV acreditó el cumplimiento del fallo mediante la Resolución núm. 04102019 -995026 de 19 de marzo de 2021 y al realizar de manera periódica los criterios técnicos de priorización.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se

realizar de manera periódica los criterios técnicos de priorización.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo cual argumentó lo siguiente:

Señaló que no comparte la decisión del a quo, comoquiera que han pasado más de 9 años sin que se haya dado cumplimiento al fallo de tutela, a pesar de que cumple los requisitos para ser priorizada.

Alegó que el JUZGADO se ha abstenido de sancionar por desacato al director técnico de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas de9

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la UARIV, lo que ha hecho ineficiente tal mecanismo constitucional dispuesto para lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela.

Reiteró que la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto al método de priorización, el cual vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las víctimas.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa10

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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que tanto el JUZGADO como la UARIV, formularon petición de desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa

de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.11

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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida contra el JUZGADO y la UARIV, su vinculación al presente trámite se realizó en calidad de accionadas, razón por la que la Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales12

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los13

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requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de

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requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la

las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos14

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2025-00049-01

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fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.15

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del trámite incidental La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato o solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se16

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ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

constate una vulneración o una amenaza a los derechos fundamentales del sancionado”3.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia SU034 de 20184, esa Corporación señaló:

“[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

SU034 de 20184, esa Corporación señaló:

“[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

  1. La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
  1. Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas

(defectos).

  1. Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio […]”.

3 Cfr. Sentencia T-325 de 2015. 4 M.P. Alberto Rojas Ríos.17

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2025-00049-01

ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia 18 de febrero de 2025 proferida por el JUZGADO, por medio de la cual se abstuvo de sancionar por desacato al director técnico de Reparaciones de la Unidad para las

deje sin efecto la providencia 18 de febrero de 2025 proferida por el JUZGADO, por medio de la cual se abstuvo de sancionar por desacato al director técnico de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas de la UARIV dentro del trámite incidental identificado con el número único de radicación 2020-00171-00.

La controversia tiene origen en el presunto incumplimiento de la sentencia de 10 de septiembre de 2020 proferida por el JUZGADO, dentro la acción de tutela identificada con el número único de radicación 2020-00171-00, razón por la que promovió incidente de desacato contra la UARIV.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el TRIBUNAL que declaró improcedente la solicitud, al considerar que no se cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional, comoquiera que la parte actora no sustentó la ocurrencia de defecto alguno en el asunto.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión del a quo, para lo cual adujo que han transcurrido más de 9 años sin que18

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2025-00049-01

ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

se haya dado cumplimiento al fallo de tutela, a pesar de que cumple los requisitos para ser priorizada.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial dictada dentro de un trámite incidental ; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos deprecados.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentra ejecutoriada19

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ACTORA: ISABEL ROPERO TORRADO

En el caso sub lite, el trámite incidental que se cuestiona finalizó con la providencia de 1 8 de febrero de 2025, por medio de la cual el JUZGADO se abstuvo de sancionar por desacato, por lo que este requisito se encuentra cumplido.

(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los incidentes de desacato, en tanto a) no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no solicitó

requisito se encuentra cumplido.

(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los incidentes de desacato, en tanto a) no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no solicitó nuevas pruebas.

La actora alega que se debió s ancionar al director técnico de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas de la UARIV por incumplimiento de la orden de amparo, comoquiera que han transcurrido 9 años desde que se profirió la sentencia de 10 de septiembre de 2020, sin que se haya ac

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