CE - Sentencia 66001233300020200044902

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 66001233300020200044902
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)

Demandante: NOHELIA RIVERA DE RINCÓN Y OTROS

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Temas: CAÍDA AL INTERIOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEREIRA / Rama Judicial – funcionaria de la Fiscalía General de la Nación - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Cumplimiento a cargo del empleador – INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO – Soporte probatorio / RESPONSABILIDAD POR LA PROPIEDAD DE EDIFICIOS ABIERTOS AL PÚBLICO – Imposibilidad de establecer el lugar concreto de los hechos – Ausencia de prueba sobre la entidad responsable del mantenimiento y la seguridad: Rama Ju dicial o Fiscalía General de la Nación

1. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, la Rama Judicial y la llamada en garantía contra la sentencia del 25 de abril de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Según la demanda, el 29 de agosto de 2017, la señora Nohelia Rivera de Rincón, en su calidad de funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, se encontraba en

SÍNTESIS DEL CASO

2. Según la demanda, el 29 de agosto de 2017, la señora Nohelia Rivera de Rincón, en su calidad de funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, se encontraba en el Palacio de Justicia de Pereira, y, al descender por unas escaleras, se resbaló, lo que le generó graves lesiones y posterior pérdida de capacidad laboral, hechos que motivan su solicitud de reparación en contra de la accionada.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 14 de noviembre de 2019 1, los señores Nohelia Rivera de Rincón, Jaime de Jesús Rincón, Paula Andrea Rincón Rivera, Bertha Cecilia Sánchez de Rivera 2, Guillermo Rivera Sánchez, Luz Elena Rivera Sánchez, José David Rivera Sánchez, María Olady Rivera Sánchez y Gloria María Rivera Sánchez 3, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación - Rama Judicial4, con el fin de que se les indemnicen los perjuicios a ellos irrogados como consecuencia del accidente que sufrió la primera de las citadas el 29 de agosto de 2017, en el Palacio de Justicia de Pereira, en su calidad de funcionaria de la Fiscalía

1 El expediente digital obra en la plataforma Samai del Tribunal Administrativo de Risaralda. Folio 24 del archivo 3 del expediente digital. Índice 6 de Samai. 2 En su calidad de esposo, hija y madre de la señora Nohelia Rivera de Rincón, respectivamente. Los demás accionantes invocaron la condición de hermanos de la última de las citadas. 3 A través de apoderado. En adelante accionantes, demandantes, parte actora y/o parte accionante.

Los demás accionantes invocaron la condición de hermanos de la última de las citadas. 3 A través de apoderado. En adelante accionantes, demandantes, parte actora y/o parte accionante. 4 En adelante la accionada, la demandada, la apelante y/o la entidad.Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424) Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros

Demandada: Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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General de la Nación. Al respecto, formularon las siguientes pretensiones (transcritas en su tenor literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de digitación):

“1. Declárese administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por los daños y perjuicios causados a los actores por las lesiones padecidas por la señora Nohelia Rivera de Rincón (…).

2. Como consecuencia de la anterior declaración se condene a las demandadas a pagar a los actores los perjuicios que se detallen a continuación y en la cuantía que se determina. 2.1. Lucro cesante: [$1.556’390.695]

Se pagará a favor de la señora Nohelia Rivera de Rincón.

Se determinará con fundamento en las bases y la cuantía que resulte del acervo probatorio demostrado en el proceso, correspondiente a la pérdida de su capacidad laboral.

Para su liquidación se tendrá en cuenta los factores que han sido acogidos por la jurisprudencia nacional respecto a la base salarial y demás emolumentos como

probatorio demostrado en el proceso, correspondiente a la pérdida de su capacidad laboral.

Para su liquidación se tendrá en cuenta los factores que han sido acogidos por la jurisprudencia nacional respecto a la base salarial y demás emolumentos como prestaciones sociales y la expectativa de vida de la víctima.

La indemnización comprenderá dos períodos:

2.1.1.1 Lucro cesante consolidado o vencido -Indemnización debida.

Se estimará desde la fecha de la ocurrencia de los hechos objeto de demanda hasta la fecha de la sentencia.

2.1.1.2. Lucro cesante futuro o anticipado -Indemnización futura-.

Se liquidará desde la fecha de la sentencia hasta el término de vida probable de la víctima.

2.2. Perjuicios morales

Estos perjuicios los presume la jurisprudencia para la víctima y su familia, en razón del parentesco (…), y se pagarán a los actores (…) de la siguiente manera:

2.2.1 NOHELIA RIVERA DE RINCÓN 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2.2 JAIME DE JESÚS RINCÓN 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2.3 PAULA ANDREA RINCÓN RIVERA 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2.4 BERTHA CECILIA SÁNCHEZ DE RIVERA 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2.5. GUILLERMO RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2.6. LUZ ELENA RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales

2.2.5. GUILLERMO RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2.6. LUZ ELENA RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2.2.7. JOSÉ DAVID RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2.8 MARÍA OLADY RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2.9 GLORIA MARÍA RIVERA DE SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2.3. Daño a la saludRadicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424) Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros

Demandada: Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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Por este concepto se solicitan a favor de la señora Nohelia Rivera de Rincón, el

equivalente a DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES

VIGENTES.

2.4. Daño a Bienes Constitucionalmente protegidos.

Se pagarán a los actores (…) de la siguiente manera:

2.4.1 NOHELIA RIVERA DE RINCÓN 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.4.2 JAIME DE JESÚS RINCÓN 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.4.3 PAULA ANDREA RINCÓN RIVERA 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

vigentes.

2.4.2 JAIME DE JESÚS RINCÓN 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.4.3 PAULA ANDREA RINCÓN RIVERA 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.4.4 BERTHA CECILIA SÁNCHEZ DE RIVERA 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.4.5. GUILLERMO RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.4.6. LUZ ELENA RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.4.7. JOSÉ DAVID RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.4.8 MARÍA OLADY RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.4.9 GLORIA MARÍA RIVERA DE SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes”5.

4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se indicaron los siguientes:

5. El 29 de agosto de 2017, la señora Nohelia Rivera de Rincón se desempeñaba como fiscal local de Dosquebradas, fecha para la cual sufrió una caída en el Palacio de Justicia de Pereira, cuando descendía por las escaleras que conectaban la Torre A con la zona de fiscalías, en las cuales había una sustancia resbalosa. Además, el área carecía de barandas y de señalización e iluminación adecuada.

6. Frente al referido suceso, fue diligenciado el formato de investigación de accidentes de trabajo establecido en la Resolución 1401 de 2007 por el Ministerio

área carecía de barandas y de señalización e iluminación adecuada.

6. Frente al referido suceso, fue diligenciado el formato de investigación de accidentes de trabajo establecido en la Resolución 1401 de 2007 por el Ministerio de Protección Social, en el que se consignaron las siguientes causas: i) falta de atención a las condiciones del piso o los barandales; ii) ausencia de señalización; iii) área resbalosa; e iv) iluminación inadecuada.

7. Como consecuencia de lo anterior, la accionante citada padeció varias contusiones y fracturas, razón por la que acudió a la Clínica y estuvo incapacitada por 6 meses, reincorporándose con limitaciones funcionales. A raíz del incidente tuvo una pérdida de capacidad laboral del 50.09%.

Fundamentos jurídicos

5 Folios 5 a 9 del archivo 1 del expediente digital.Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424) Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros

Demandada: Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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8. La parte actora argumentó que a la Rama Judicial le asistía responsabilidad patrimonial en su condición de propietaria del Palacio de Justicia de Pereira, y en cuanto no mantuvo en condiciones óptimas las escaleras en las que se presentaron los hechos, dada la ausencia de pasamanos y de iluminación adecuada, aunada a la falta de limpieza por presencia en el lugar de “líquidos extraños”.

Contestación de la demanda

los hechos, dada la ausencia de pasamanos y de iluminación adecuada, aunada a la falta de limpieza por presencia en el lugar de “líquidos extraños”.

Contestación de la demanda

9. La Rama Judicial6 se opuso a las pretensiones, para lo cual indicó que lo sucedido fue consecuencia de una concurrencia de culpas, dado: i) el descuido de la víctima directa al bajar por la escalera, y ii) el hecho de que alguna persona dejara caer sin intención un líquido en los escaños. En todo caso, la llamada a responder era la administradora de riesgos laborales, por tratarse de un accidente de trabajo.

10. De otro lado, la demandada llamó en garantía a La Previsora S.A.7, con base en las pólizas Nos. 1006937 y 1007669, que se encontraban vigentes para el momento del accidente y para la fecha de la respectiva reclamación judicial.

11. El llamamiento fue admitido por auto del 2 de septiembre de 2021 8. Según la aseguradora, las causas del incidente fueron el descuido de la víctima y el actuar del tercero que derramó líquido en la escalera sin avisar al personal de limpieza.

Además, los perjuicios solicitados carecían de fundamento y los montos pedidos no eran proporcionales a la afectación invocada.

12. En cuanto al contrato de seguro, la vinculada indicó que, en virtud de la modalidad de ocurrencia pactada, la póliza vigente para la época de los hechos era la No. 1006937, que fue otorgada bajo la modalidad de coaseguro, de ahí que debiera vincularse a las otras compañías9, en calidad de litisconsortes facultativas,

la No. 1006937, que fue otorgada bajo la modalidad de coaseguro, de ahí que debiera vincularse a las otras compañías9, en calidad de litisconsortes facultativas, para así garantizar el pago del 100% de la eventual condena10.

13. El Tribunal a quo negó la integración del litisconsorcio invocado por La Previsora11, a través de auto del 9 de diciembre de 2021 12, confirmado en sede de reposición el 7 de marzo de 2022, en cuanto el coaseguro implicaba obligaciones conjuntas, pero independientes, de ahí que La Previsora S.A. respondiera hasta el monto de lo pactado, sin que la comparecencia de las demás garantes fu era necesaria para definir su situación13.

6 Archivo digital 16 del índice 6 de Samai. 7 Folios 8 a 74 del archivo digital 16. Índice 6 de Samai. 8 Índice 7 de Samai. 9 Allianz Seguros S.A., Zúrich Colombia Seguros S.A., Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., Axa Colpatria Seguros S.A y Chubb Seguros Colombia S.A. 10 Índice 12 de Samai. 11 Al respecto, el a quo precisó que el coaseguro implicaba obligaciones conjuntas, pero independientes, de ahí que La Previsora S.A. respondiera hasta el monto de lo pactado, sin que la comparecencia de las demás compañías fuera necesaria para definir su situación. 12 Índice 14 de Samai. 13 Índice 22 de Samai. Contra la decisión inicial (la del 9 de diciembre de 2021), La Previsora S.A. también interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por esta Corporación el 13 de mayo

13 Índice 22 de Samai. Contra la decisión inicial (la del 9 de diciembre de 2021), La Previsora S.A. también interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por esta Corporación el 13 de mayo de 2022, por falta de interés para recurrir, por lo siguiente: “[S]e configura un coaseguro externo y, como consecuencia de ello, la entidad demandada conoce la distribución del riesgo entre las coaseguradoras y el monto por el cual responde cada una, porRadicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424) Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros

Demandada: Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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Sentencia de primera instancia

14. A través de sentencia del 25 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos

(transcritas en su tenor literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de digitación):

“PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, de los perjuicios causados con ocasión del accidente sufrido el día 29 de agosto de 2017 por la señora Nohelia Rivera de Rincón en las instalaciones del Palacio de Justicia de Pereira.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura al pago de perjuicios morales en los siguientes montos:

NOMBR E

CALIDA

D SMML V

Nohelia Rivera Sánchez Víctima directa 40

de la Judicatura al pago de perjuicios morales en los siguientes montos:

NOMBR E

CALIDA

D SMML V

Nohelia Rivera Sánchez Víctima directa 40 Jaime de Jesús Rincón Esposo 40 Paula Andrea Rincón Rivera Hija 40 Bertha Cecilia Sánchez de Rivera Madre 40 Guillermo Rivera Sánchez hermano 10 Luz Elena Rivera Sánchez hermana 10 José David Rivera Sánchez hermano 10 María Olady Rivera Sánchez hermana 10 Gloria María Rivera Sánchez hermana 10

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura a la reparación integral e indemnización de los daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, por lo cual deberá realizar un informe que dé cuenta de la revisión de los riesgos relacionados con la ausencia de señalización e inadecuada iluminación de las escaleras que conducen a las áreas de basamento del Palacio de Justicia de Pereira y las acciones realizadas para minimizar los riesgos. Se otorga un término de seis (06) meses para la realización del informe.

Así mismo, se ordenará que, durante los próximos 24 meses, cada cuatro (04) meses, se realicen capacitaciones y/o campañas sobres los riesgos laborales a los funcionarios que deben utilizar las escaleras que se comunican con el área de basamento del Palacio de Justicia de Pereira.

QUINTO: DECLARAR contractualmente responsable a la Previsora S.A. frente a los perjuicios ocasionados con ocasión de la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Consejo Superior de la Judicatura producto de los daños

QUINTO: DECLARAR contractualmente responsable a la Previsora S.A. frente a los perjuicios ocasionados con ocasión de la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Consejo Superior de la Judicatura producto de los daños sufridos en las instalaciones de la entidad, tanto de la demandante como de los terceros hasta por los montos de amparo de la póliza de responsabilidad civil No. 1006937, de conformidad con los amparos, montos y limitaciones de dicho contrato.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda (…)”.

15. El a quo precisó que, con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación sobre “accidentes laborales de servidores públicos”, determinaría la responsabilidad de la Rama Judicial en este asunto, para lo cual sostuvo:

ende, a la entidad es a la que le corresponde decidir a qué aseguradora llama en garantía, lo que hizo únicamente frente a la Previsora S.A (…)”.Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424) Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros

Demandada: Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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16. El daño, como primer elemento de responsabilidad, fue acreditado, dadas las lesiones que la señora Nohelia Rivera de Rincón sufrió como consecuencia de los hechos del 29 de agosto de 2017.

17. En la fecha citada, tal accionante padeció un accidente laboral, a las 10:20 am, aproximadamente, en el Palacio de Justicia de Pereira, al descender por las escaleras de caracol que “ conducen del primer piso al área de basamento (donde

aproximadamente, en el Palacio de Justicia de Pereira, al descender por las escaleras de caracol que “ conducen del primer piso al área de basamento (donde se encuentran ubicadas las fiscalías locales y seccionales)”, según se acreditó con el informe de investigación elaborado por la ARL Positiva el 24 de octubre de la misma anualidad. El a quo precisó que, si bien frente a este suceso obraban otras pruebas, como las declaraciones de Ruby Esther Giraldo Cuesta, Luz Estela Ospina Patiño y Martha Liliana Becerra, lo cierto es que sus dichos no se tomarían en consideración, en cuanto no presenciaron los hechos, sino que se enteraron por lo que les comentó la afectada. Tan es así que la primera de las citadas, a pesar de sostener que auxilió a la víctima, no pudo precisar las características del lugar, pues no recordaba la existencia o no de pasamanos.

18. En cuanto al estado de las respectivas escaleras, el Tribunal a quo también se remitió al aludido informe de la ARL, en el que se relacionaron, entre otros factores, piso resbaloso, iluminación inadecuada, ausencia de avisos de advertencia e identificación deficiente de riesgos. Aspectos a los que también aludieron las testigos, así como la señora Rivera de Rincón en su interrogatorio de parte, quien, además, indicó que ese día usaba tacones y llevaba unos expedientes en la mano.

19. Las falencias de pasamanos, de iluminación y señalización del área permitían inferir la falla en el servicio de la Rama Judicial, por no brindar condiciones seguras dentro de la edificación a su cargo, máxime cuando otras personas se habían lesionado con antelación en las mismas condiciones, sin que la entidad, a pesar de

inferir la falla en el servicio de la Rama Judicial, por no brindar condiciones seguras dentro de la edificación a su cargo, máxime cuando otras personas se habían lesionado con antelación en las mismas condiciones, sin que la entidad, a pesar de estar enterada, adoptara correctivo alguno, desconociendo así los deberes emanados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecidos en el Acuerdo N° PSAA16 -10560 del 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en concordancia con la Ley 1562 de 2012, los Decretos 1443 de 2014 y 1072 de 2015.

20. La demandada omitió el deber radicado en cabeza del “ empleador” en materia de capacitación y prevención de riesgos, en concreto, lo previsto en la Resolución 2400 de 1979, proferida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

21. De otro lado, el Sistema de Riesgos Laborales ampara los accidentes de trabajo de los empleados derivados de las contingencias que se aceptan al posesionarse en el respectivo cargo; no obstante, lo sucedido en este asunto excedió “los riesgos propios de la actividad, lo cual hace procedente la pretensión indemnizatoria a través de la reparación directa”.

22. En suma, la Rama Judicial omitió su deber de prevenir y evitar accidentes, a través de instalaciones seguras y adecuadas para el tránsito de los funcionarios y usuarios del Palacio de Justicia.Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424) Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros

Demandada: Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros

Demandada: Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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23. En cuanto a la indemnización, el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenó 210 smlmv por perjuicios morales divididos entre los distintos demandantes14, para lo cual argumentó que la afectación del esposo, madre, hija y hermanos de la víctima directa se deducía del respectivo parentesco.

24. En lo relacionado con el daño a la salud, fueron reconocidos 40 smmlv para la

señora Nohelia Rivera de Rincón.

25. El monto de los rubros analizados se tasó de conformidad con el arbitrio juris, ante la falta de prueba del porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

26. Frente a la afectación de bienes o derechos constitucionalmente amparados, el Tribunal sostuvo que debían privilegiarse las medidas no pecuniarias y, bajo esa comprensión, dispuso la elaboración de un informe sobre los riesgos derivados de la ausencia de señalización e inadecuada iluminación del Palacio de Justicia de Pereira, y la adopción de medidas para contrarrestarlos, incluidas campañas para capacitar al respectivo personal.

27. El lucro cesante fue negado, pues la demandante, luego de estar incapacitada, se reintegró a su cargo y ejerció sus funciones hasta el reconocimiento de la pensión de vejez, por manera que no fueron probados los ingresos dejados de percibir.

28. En todo caso, no se aportó el concepto de la respectiva Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, sin que fuera posible recurrir al dictamen

de vejez, por manera que no fueron probados los ingresos dejados de percibir.

28. En todo caso, no se aportó el concepto de la respectiva Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, sin que fuera posible recurrir al dictamen aportado con la demanda, pues el perito en la audiencia de contradicción sostuvo que no tuvo en cuenta las otras enfermedades que la señora Rivera de Rincón padecía y que no eran resultado del accidente.

29. De otro lado, en la sentencia mencionada se declaró contractualmente responsable a la aseguradora La Previsora S.A., en su calidad de llamada en garantía, de conformidad con la póliza No. 1006937.

30. No se emitió condena en costas, por no encontrarse causadas.

Los recursos de apelación

31. El fallo de primer grado fue apelado por la parte demandante, la entidad accionada y la llamada en garantía.

32. La parte actora cuestionó la denegatoria del lucro cesante, porque se probó la pérdida de capacidad laboral con las pruebas aportadas con la demanda. Al respecto, no era requisito sine qua non la valoración efectuada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda.

33. En la prueba pericial allegada no se consideraron las demás enfermedades que padecía la paciente, porque su objeto era establecer, precisamente, las

14 Al respecto, el a quo reconoció por perjuicios morales, para cada demandante, según su vínculo, lo siguiente: 40 smmlv para la víctima directa, su esposo hija y madre, y 10 smmlv para los 5

14 Al respecto, el a quo reconoció por perjuicios morales, para cada demandante, según su vínculo, lo siguiente: 40 smmlv para la víctima directa, su esposo hija y madre, y 10 smmlv para los 5 demandantes que comparecieron en calidad de hermanos.Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424) Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros

Demandada: Rama Judicial

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consecuencias del accidente y no de otras situaciones, según lo previsto en el Decreto 1507 de 2017.

34. La Rama Judicial, en recurso de apelación, manifestó que la demandante se encontraba vinculada a la Fiscalía General de la Nación, entidad con independencia administrativa y presupuestal, que tenía a su cargo el cumplimiento de las disposiciones del Si stema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, cuya omisión no hizo parte de la imputación de responsabilidad formulada en la demanda.

Agregó que carecía de legitimación frente a las enfermedades de carácter laboral y común que le fueron diagnosticadas a la víctima directa.

35. Las pretensiones se edificaron en las hipótesis consignadas en el informe de accidente de trabajo, que fue practicado dos meses después de los hechos; y la ARL Positiva no compareció al lugar de los hechos, ni ninguno de sus funcionarios suscribió el reporte, sino que lo hizo personal de la Fiscalía General de la Nación; entidad que tenía a su cargo el aseo y seguridad de tal zona, pues allí quedaban sus oficinas, según el convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Este reporte

suscribió el reporte, sino que lo hizo personal de la Fiscalía General de la Nación; entidad que tenía a su cargo el aseo y seguridad de tal zona, pues allí quedaban sus oficinas, según el convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Este reporte no fue notificad o a la Rama Judicial, sino a la empleadora de la demandante a la cual se le hicieron las respectivas recomendaciones de seguridad. Su contenido no acredita la ausencia de barandas, así como la deficiente iluminación, máxime cuando no se aportó inspección técnica en ese sentido, aunado a que en la demanda ni en la sentencia apelada se indicó la norma técnica que en este punto fue desconocida.

36. El a quo, en cuanto al supuesto estado deficiente de la escalera, se sustentó en los propios dichos de la demandante y en las percepciones de las testigos, que, además de ser de oídas, eran de carácter sospechoso, e indicaron que se habían caído en el mismo lugar, sin que hubiesen puesto en conocimiento de la Rama Judicial dichas situaciones y, en todo caso, tales incidentes se dieron en el marco de su vinculación con la Fiscalía General de la Nación.

37. Si bien la Rama Judicial debe tomar medidas frente al público en general, lo cierto es que no se probó la omisión alegada.

38. De aceptarse que las escaleras implicaban un riesgo evidente, surgen inquietudes de la razón por la que la demandante no aplicó el autocuidado, máxime cuando se trataba de una persona de 60 años, con antecedentes de enfermedades musculoesqueléticas que podían generar caídas (artrosis, osteoartrosis), que tenía prescritos medicamentos que causaban somnolencia, usaba tacones y llevaba

cuando se trataba de una persona de 60 años, con antecedentes de enfermedades musculoesqueléticas que podían generar caídas (artrosis, osteoartrosis), que tenía prescritos medicamentos que causaban somnolencia, usaba tacones y llevaba varias cosas en sus manos (expedientes, bolso, códigos). Además, en el área que se invocó como escenario de los hechos no había sala de audiencias, aunado a que la demandante para esa época laboraba en Dosquebradas, de ahí que llame la atención su decisión de imputar responsabilidad a la Rama Judicial, por un hecho que le resulta ajeno a tal entidad.

39. En cuanto a los perjuicios, se debe tener en cuenta que la demandante, en su interrogatorio de parte, manifestó que no recordaba si su empleadora o la ARL Positiva le había pagado algún tipo de indemnización por los hechos debatidos, afirmación que no resulta creíble, pues por la relevancia del suceso, la afectada debía tenerlo presente.Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424) Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros

Demandada: Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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40. De otro lado, el perito que practicó el dictamen aportado con la demanda pasó por alto todas las patologías que padecía la señora Rivera de Rincón y, en todo caso, tal experticia no acreditaba la supuesta responsabilidad de la Rama Judicial.

41. Además, no resultaba procedente el reconocimiento de perjuicios morales en favor de los familiares de la víctima directa, porque no probaron su afectación, tan

caso, tal experticia no acreditaba la supuesta responsabilidad de la Rama Judicial.

41. Además, no resultaba procedente el reconocimiento de perjuicios morales en favor de los familiares de la víctima directa, porque no probaron su afectación, tan es así que en la historia clínica no obra constancia de acompañamiento alguno durante su proceso de recuperación.

42. La Previsora S.A. recurrió la sentencia, bajo el entendido de que no existen pruebas que acrediten con certeza las condiciones en las que ocurrió el incidente.

Los testimonios practicados ante el a quo provienen de personas que no presenciaron los hechos. Además, el formato de investigación de la ARL Positiva no da cuenta de la tesis del a quo, en cuanto al supuesto incumplimiento de la Rama Judicial de sus obligaciones de mantenimiento, señalización e iluminación de las escaleras en las que habrían ocu rrido los hechos. No se acreditó el conocimiento de la entidad de la supuesta presencia de un líquido en los escaños.

43. La caída de una persona no es suficiente para condenar a la demandada, pues se requiere acreditar la supuesta falencia que se le imputó, carga que la demandante no acreditó.

44. Lo que operó en el sub lite fue la culpa exclusiva de la víctima, pues el reporte de la ARL da cuenta que la señora Rivera de Rincón no observó el deber de autocuidado al descender por las escaleras del Palacio de Justicia de Pereira, pese a que llevaba zapatos de tacón alto.

45. Ante la ausencia de responsabilidad de la Rama Judicial, es claro que la aseguradora tampoco está llamada a ser condenada, máxime cuando los supuestos

a que llevaba zapatos de tacón alto.

45. Ante la ausencia de responsabilidad de la Rama Judicial, es claro que la aseguradora tampoco está llamada a ser condenada, máxime cuando los supuestos en los que se edifica la controversia: leyes de carácter laboral e incumplimiento de normas técnicas, hacen parte de las exclusiones pactadas. En todo caso, una eventual afectación de la póliza solo sería procedente mediante orden de reembolso, con observancia

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