CE - Sentencia 68001233300020240000101

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 68001233300020240000101
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandantes: Vidal Martínez Segura y otra Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00001-01(Ppal.)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral Radicación: 68001-23-33-000-2024-00001-01 (Ppal.) 68001-23-33-000-2024-00029-00

Demandantes: Vidal Martínez Segura y María Angélica Balaguera Guerrero Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027

Tema: Causales que constituyen nulidad electoral , infracción de norma superior, financiamiento electoral con aportes prohibidos conforme al numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación que interpuso la parte demand ada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander , el 12 de noviembre de 2024, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander , el 12 de noviembre de 2024, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Los señores Vidal Martínez Segura y María Angélica Balaguera Guerrero presentaron demandas contra el acto que declaró la elección de Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander ), para el período 2024 -2027, que consta en el formulario E -26 CON del 6 de noviembre del 2023, a las cuales se le s asignaron los siguientes radicados: i) 68001-23-33-000-2024-00001-011 y ii) 68001-2333-000-2024-00029-002, respectivamente.

1.1. Las demandas

2. Las demandas acumuladas comparten los hechos por lo que se narrarán de forma

conjunta como pasa a exponerse a continuación:

3. La demandada se encontraba vinculada a un proceso penal «con formulación de imputación, medida de aseguramiento y acusada por la fiscalía por el delito de prevaricato por acción», dentro del radicado 68001 -600-88-28-2016-00626-00 que cursa en el Juzgado

1 Demanda radicada el 19 de diciembre de 2023 2 Demanda radicada el 11 de enero de 2024Demandantes: Vidal Martínez Segura y otra Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00001-01(Ppal.)

Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00001-01(Ppal.)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 15 Penal Municipal 3, por las presuntas irregularidades en el trámite de elección del personero de Floridablanca 2016-20194.

4. Según el portal de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral, formato 6.1B aparece registrada la financiación de su campaña electoral con ingresos propios, así: i) N° 1. por $156.580, ii) N° 3. por $10.723.780. y iii) N° 4. por $40.000.000.

5. La demandada fue elegida nuevamente como concejal del municipio de Floridablanca

(Santander) como consta en el formulario E-26 CON del 6 de noviembre del 2023.

1.2. Concepto de la violación

6. Con la elección cuestionada se desconocieron los artículos 40.1; 107, 109 y 258 de la Constitución Política, artículo 27, numeral 5, de Ley 1475 de 2011, artículos 137 numeral 3, 139 y 275 de Ley 1437 de 2011.

7. Señaló que la demandada incurrió en la prohibición contenida en la norma estatutaria, en la medida en que financió con recursos propios su campaña al concejo , como se extrae del portal cuentas claras del Consejo Nacional Electoral, encontrándose vinculada

7. Señaló que la demandada incurrió en la prohibición contenida en la norma estatutaria, en la medida en que financió con recursos propios su campaña al concejo , como se extrae del portal cuentas claras del Consejo Nacional Electoral, encontrándose vinculada a un proceso penal por el delito de prevaricato por acción y cuenta con imputación y acusación en esa causa.

8. La elección también se encuentra viciada de nulidad por infracción de la norma en que debería fundarse, esto es, el artículo 275 que remite al inciso 1° del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, por la violación de la norma superior, establecida en los artículos 40.1 y 258 de la Constitución Política.

9. Para fundamentar su transgresión, hicieron alusión al tenor literal de los artículos 40.15 y 2586 de la Constitución Política, para explicar que la elección de cualquier candidato debe respetar el cumplimiento de estas normas, situación que no se acreditó respecto de la demandada en tanto se encuentra investigada por delitos contra la administración pública, de allí que no pueda financiar su campaña con recursos propios , lo que genera un vicio en su elección por ser un acto corrupto y antidemocrático,

3 Floridablanca 4 según el escrito de acusación el cargo es “La primera línea de investigación realizada respecto de la elección del PERSONERO MUNICIPAL de Floridablanca, Santander; tiene su origen en el señalamiento efectuado por los señores Arnulfo Ojeda y Rosa Serrano

mediante correos electrónicos dirigidos a autoridades judiciales y de control, sobre la existencia de irregularidades en el pr oceso de selección del Personero municipal de Floridablanca para el período 2016 a 2019, señalando un manejo fraudulento en el puntaje asignado a la entrevista por parte del Concejo Municipal al primer aspirante de la lista, señor Luis José Escamilla Moreno, con el valor de 1, frente al obtenido en la misma contienda por el señor Robiel Barbosa Otálora quien fue favorecido con 100 puntos; puntuación que permitió la eliminación ipso facto del primero en la lista, dando lugar a la selección del señor Barbosa Otálora como nuevo Personero Municipal; advirtiéndose, según el contenido de las denuncias la existencia de un supuesto acuerdo para descalificar a quien hubiera llegado con las más altas calificaciones por sus puntajes y selección de la ESAP a ocupar el primer puesto en esta convocatoria, aunadas al investigativo otras denuncias referentes a los mismos hechos.” 5 ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: El ejercicio de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrá ser limitado en los casos previstos por la Constitución y la ley, por sentencia judicial proferida por una autoridad judicial competente en un proceso penal o de pérdida de investidura. 6 ARTÍCULO 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel

forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.Demandantes: Vidal Martínez Segura y otra Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00001-01(Ppal.)

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1.4. Actuaciones procesales en primera instancia

10. El 16 de enero de 2024 se admitieron las demandas 2024-00017 y 2024-000298, y se corrió traslado de la medida cautelar, la cual fue resuelta de manera conjunta el 18 de julio de 2024, asimismo, se advierte que a dichos procesos no se vinculó al CNE ni a la

RNEC.

1.5. Contestaciones

11. La parte demandada , adujo que no hay pruebas que sustenten los hechos de la demanda, además refirió que el problema jurídico a resolver en este asunto , se

RNEC.

1.5. Contestaciones

11. La parte demandada , adujo que no hay pruebas que sustenten los hechos de la demanda, además refirió que el problema jurídico a resolver en este asunto , se circunscribe a determinar si: «¿La Ley 1475 de 2011 en su artículo 27, numeral 5, prohíbe como fuente de financiación los recursos propios del candidato , cuando a este se le ha formulado una acusación o imputación en un proceso penal por conductas relacionadas con: (i) la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, (ii) narcotráfico, (iii) delitos contra la a dministración pública, (iv) contra los mecanismos de participación democrática y (v) de lesa humanidad?».

12. Hizo alusión a que el artículo 27.5 de la Ley 1475, no prohíbe de manera expresa la financiación con recurso propios respecto de las personas que se encuentren imputados o acusados dentro de un proceso penal, toda vez que , quien esté vinculado tiene unas garantías procesales, entre ellas , la presunción de inocencia, a partir de la cual no es posible anticipar los efectos de inelegibilidad hasta tanto no exista sentencia en firme, situación que no ha ocurrido dentro del presente caso.

13. La autofinanciación de la campaña de quien se encuentre vinculado a un proceso penal en calidad de imputado o acusado no es un hecho antidemocrático ni atentatorio contra el orden público , como tampoco es una causal de nulidad electoral, además, no se enmarca en lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Constitución Política.

14. Concluyó que en el presente caso no configura los siguientes supuestos: i) la

contra el orden público , como tampoco es una causal de nulidad electoral, además, no se enmarca en lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Constitución Política.

14. Concluyó que en el presente caso no configura los siguientes supuestos: i) la existencia de una práctica corrupta y antidemocrática, ii) la finalidad de coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para obtener beneficios electorales y iii) el ejercicio directo o indirecto de la práctica irregular o su conocimiento acompañado por la anuencia del candidato.

1.6. Trámite procesal acumulado

15. El 2 de julio de 20249, el tribunal decretó la acumulación de procesos y el 18 del mismo mes y año se negó la medida cautelar10 decisión que no fue recurrida.

7 Visible en el link (https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/68001233300020240000100/89B41B86190E 10254C1B4E87EAFFA27FBC3EDB775C7FD3157F5C501CBECA36EF/2 ) además, se ordenó correr traslado a la medida cautelar 8 Visible en el link (https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/68001233300020240002900/FC444DB409F8 A0B8BC19C3FE39C35E663E03595053C39B724B37443FFBE85464/2) 9 Visible en el link https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/68001233300020240000100/7C57362650FF5

9 Visible en el link https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/68001233300020240000100/7C57362650FF5 2E63313A4C9A8B475C67123F8C1C7D144807D57E5E5F350A561/2 10 Visible en el link ( https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/68001233300020240000100/07CE995E89A0 FAD596085A2512F9B1FBF4C785C99590F901825B8E9C4B4506B5/2 )Demandantes: Vidal Martínez Segura y otra Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027

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16. El 9 de agosto de 202411, se dispuso dictar sentencia anticipada, se fijó el litigio12, se decretaron pruebas y se corrió traslado para alegar de conclusión.

1.7. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Santander, el 12 de noviembre de 2024 , accedió a las pretensiones de la demanda y centró su análisis en determinar si la demandada al encontrarse vinculada a un proceso penal por el delito de prevaricato por acción y omisión por irregularidades que se presentaron en la elección del personero de Floridablanca

pretensiones de la demanda y centró su análisis en determinar si la demandada al encontrarse vinculada a un proceso penal por el delito de prevaricato por acción y omisión por irregularidades que se presentaron en la elección del personero de Floridablanca 2016-2019, infringió lo dispuesto en el artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011.

18. Indicó que e ncontró acreditado que la demandada: i) financió su campaña con ingresos propios por $60.880.3660, y ii) está vinculada a un proceso penal por el delito de prevaricato por acción y omisión y fraude a resolución judicial. Por lo anterior, se encuentra acreditada la prohibición establecida en el artículo 27, numeral 5, de la Ley 1475 de 2011.

19. De igual manera estableció, que la estructuración de la conducta prohibitiva conlleva la anulación del acto electoral, por configurarse la causal de infracción a las normas en que debería fundarse el acto , también conocida como la nulidad por violación del ordenamiento superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para su sustento.

20. Adujo que la declaratoria de nulidad electoral no conlleva un tratamiento «inconvencional no permitido en desmedro de los derechos políticos», por el contrario, es una causal de nulidad en tanto se presentó una infracción a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

1.8. Recurso de apelación13

21. La parte demandada solicitó revocar la sentencia por cuanto considera que el tribunal de instancia err ó al declarar la nulidad de la elección, en tanto considera que la

1.8. Recurso de apelación13

21. La parte demandada solicitó revocar la sentencia por cuanto considera que el tribunal de instancia err ó al declarar la nulidad de la elección, en tanto considera que la autofinanciación de una candidata que apenas tiene una imputación o acusación penal no está prohibido por la Ley 1475 de 2011, en segundo lugar, señaló que en caso de que esta conducta est é prohibida, esto no constituye causal de nulidad electoral , además, adujo que es «inconvencional» restringir los derechos políticos sin una sentencia penal ejecutoriada.

22. Explicó que la autofinanciación no contraviene lo dispuesto en el artículo 40.1. de la Constitución Política como causal de nulidad electoral, ya que no configura los siguientes supuestos: i) la existencia de una práctica corrupta y antidemocrática, ii) la finalidad de

11 Visible en el link ( https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/68001233300020240000100/07CE995E89A0 FAD596085A2512F9B1FBF4C785C99590F901825B8E9C4B4506B5/2 ) 12 «Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección de la señora LILIANA MENDOZA

RODRÍGUEZ, como CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (S).

Para ello se deberá establecer si le resulta aplicable el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 a los eventos de autofinanciación cuando se trate de un candidato con imputación o acusación de los específicos delitos consagrados en esa norma y si efectivamente incurrió

Para ello se deberá establecer si le resulta aplicable el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 a los eventos de autofinanciación cuando se trate de un candidato con imputación o acusación de los específicos delitos consagrados en esa norma y si efectivamente incurrió en dicha irregularidad.» 13 Índice 0003 Samai (expediente del tribunal https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/68001233300020240000100/A62EF55900F2 EF23E177D0320BA64D6BB05C5CDCA4F326DE143A9CBCA6386509/2 )Demandantes: Vidal Martínez Segura y otra Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00001-01(Ppal.)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para obtener beneficios electorales y iii) el ejercicio directo o indirecto de la práctica irregular o su conocimiento acompañado por la anuencia del candidato.

23. Luego de hacer un recuento de la interpretación restrictiva de las causales de nulidad electoral conforme a las sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado14, así como las decisiones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos

(artículos 23.2 y 8.2), afirmó que la interpretación que hace el fallador del artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011 anticipa los efectos de una inhabilidad que solo puede

(artículos 23.2 y 8.2), afirmó que la interpretación que hace el fallador del artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011 anticipa los efectos de una inhabilidad que solo puede generar una sentencia penal en firme.

24. Citó la sentencia C -490 de 2011 que analizó la constitucionalidad del artículo 27

numeral 5 citado, en los siguientes términos:

«88.5. Por su parte, en relación con la prohibición contenida en el numeral quinto, relativa a las contribuciones de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos... considera la Sala que no vulnera el principio de presunción de inocencia, ni del debido proceso, consagrado en el artículo 29 Superior, como erróneamente lo estima uno de los intervinientes. Lo anterior, por cuanto esta norma NO IMPLICA DE NINGUNA MANERA EFECTO JURÍDICO ALGUNO EN MATERIA PENAL, RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL en los hechos que se acusan o se imputan dentro de los debidos procesos penales, sino que solo tiene efectos jurídicos en materia de restricciones a posibilidad de financiación privada para los partidos, movimientos políticos, candidatos y campañas elector ales, en cuanto SE LES PROHÍBE QUE RECIBAN contribuciones de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos r elacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad». (Resalto propio).

financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad». (Resalto propio).

1.9. Actuaciones procesales en segunda instancia

25. El 13 de febrero de 202515, se admitió la alzada y se ordenó correr traslado para que las partes alegaran de conclusión, así como para que el Ministerio Público rindiera su concepto.

26. Dentro del término de ejecutoria la parte demandada presentó solicitud de unificación de jurisprudencia, escrito donde señaló lo siguiente:

(…) no hay en la jurisprudencia de la sala especializada en lo electoral una decisión que defina si es ilegal o no la elección de quien: (i) estando vinculado formalmente a un proceso penal por la posible comisión de delitos contra la administración pública y gozando de la presunción de inocencia por no existir condena en firme, (ii) participa en una contienda electoral y (iv) financia la campaña con recurso propios.

Ante el Tribunal Administrativo de Santander se presentaron 16 demandas de nulidad electoral alegando que la anterior situación descrita implicaba transgredir la prohibición prevista en el artículo 27 N°5 de la Ley 1475 y con ello se generaba la nulidad de l acto de elección por violación de norma superior, es decir por la hipótesis general de nulidad de los actos administrativos prevista en la Ley 1437 de 2011.

14 Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P.: Alberto Yepes Berrio. Sentencia del 07 de junio de 2016. Rad.: 11001-03-28-000-2015administrativos prevista en la Ley 1437 de 2011.

14 Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P.: Alberto Yepes Berrio. Sentencia del 07 de junio de 2016. Rad.: 11001-03-28-000-201500051-00; Rad.: 11001-0328-000-2018-00084-00 C.P.: Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 20 de mayo de 2021. Rad.: 50001 -2333-000-2019-00473-01 Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia del 22 de septiembre de 2022. Rad.: 11001-03-28-000-2022-0012700. C.P.: Luís Alberto Álvarez Sierra. Sentencia del 13 de abril de 2023. Rad.: 11001-03-28-000-2022-00076-00. 15 Índice Samai 00015.Demandantes: Vidal Martínez Segura y otra Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027

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27. Además16, reiteró los argumentos presentados con la contestación de la demanda y el recurso de apelación para señalar que en el presente caso el artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011 no prohíbe la autofinanciación cuando la candidata se encuentra vinculada a un proceso penal, además adujo que esto no constituye una causal de nulidad electoral, como tampoco una transgresión al artículo 40.1 de la Constitución Política.

vinculada a un proceso penal, además adujo que esto no constituye una causal de nulidad electoral, como tampoco una transgresión al artículo 40.1 de la Constitución Política.

28. La parte demandante17 solicitó se confirme la sentencia dictada toda vez que en el presente caso se encuentra acreditado que la demandada realizó financiación de su campaña con recursos prohibidos estando vinculada a un proceso penal con imputación, acusación, y en juicio con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

29. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado 18, solicitó se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda, e indicó que en el presente caso se acreditó que el legislador al establecer una consecuencia sancionatoria diferente de la nulidad electoral, según la interpretación sistemática de los artículos 26, 27-5 y 10 -3 de la Ley 1475 de 2011, es claro que la autofinanciación prohibida no se puede tener como una disposición en la que el acto acusado haya debido fundarse y, por lo tanto, conlleve la infra cción de normas de orden superior, según el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, además, señaló que como la financiación prohibida se enmarca en unas consecuencias diferentes a las de la nulidad electo ral y tiene como claro regente al Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad electoral de nivel administrativo, se le remitirá el presente escrito para lo de su competencia, para que valore la conducta de quien corresponda.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de

lo de su competencia, para que valore la conducta de quien corresponda.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 12 de noviembre de 2024 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15019 y el literal a) del numeral 7 del artículo 15220 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado21.

2.2. Cuestión previa

31. Previo a resolver lo que en derecho corresponde , es necesario verificar la oportunidad en la presentación del medio de control -caducidad-; luego de ello, resolver sobre la petición de unificación de jurisprudencia solicitada por la parte actora.

16 A través de apoderado, índice Samai 00010. 17 Índice Samai 00011 18 Índice Samai 00024 19 «Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)». 20 «Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)

7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…) de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos (…)».

7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…) de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos (…)». 21 Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de EstadoDemandantes: Vidal Martínez Segura y otra Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00001-01(Ppal.)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 2.2.1. De la caducidad del proceso radicado 68001233300020240002900

32. Para verificar la oportunidad en la radicación de este proceso, se debe tener en cuenta que, l a elección de Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027, se declaró en la audiencia pública del 6 de noviembre del 2023 tal y como consta en el formulario E-26 CON. De allí que el término de caducidad de 30 días feneciera el 11 de enero de 2024 a las 4:29 pm.

33. No obstante, la demanda fue radicada por correo electrónico el 11 de enero de

2024 como consta a continuación:

34. Verificado el Acuerdo 2306 de 11 de febrero de 2004, del Consejo Seccional de la

33. No obstante, la demanda fue radicada por correo electrónico el 11 de enero de

2024 como consta a continuación:

34. Verificado el Acuerdo 2306 de 11 de febrero de 2004, del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, el horario de atención al público en los despachos judiciales de Bucaramanga y otras dependencias del departamento fue establecido así:

Artículo primero. - A partir del día primero (1°) de marzo de dos mil cuatro (2004), en los despachos judiciales de Bucaramanga, incluyendo el Consejo Seccional de Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y su área metropolitana, que comprende los municipios de Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja, se laborará de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con horario de atención al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

35. En ese sentido, de acuerdo con la norma citada, el horario de atención al público de los despachos judiciales de Bucaramanga, entre ellos, los del Tribunal Administrativo de Santander es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

36. Así las cosas, dado que la demanda se radicó a las 4:28 pm del 11 de enero de 2025, es decir, 28 minutos después del horario de atención al público, previsto en el Acuerdo 2306 de 11 de febrero de 2004 del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, debe entenderse radicada el día hábil siguiente, es decir, el 12 de enero de 2024, es decir por fuera del término procesal.

Acuerdo 2306 de 11 de febrero de 2004 del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, debe entenderse radicada el día hábil siguiente, es decir, el 12 de enero de 2024, es decir por fuera del término procesal.

37. Con base en lo anterior, se declarará de oficio la caducidad del medio de control bajo el radicado 68001233300020240002900.

2.3. Solicitud para que se dicte sentencia de unificación

38. Como viene de indicarse en los antecedentes de esta providencia, el apoderado de la parte demandada pidió a esta judicatura que el presente asunto se dicte una sentencia de unificación, para lo cual, expuso las razones por las que considera se debe procede r en tal sentido.Demandantes: Vidal Martínez Segura y otra Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el período 2024-2027

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00001-01(Ppal.)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

39. Al respecto, se advierte que, de conformidad con lo previsto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, la solicitud fue presentada en tiempo, toda vez que, se formuló junto con el escrito de apelación. Para sustentarla, se allegaron sentencias del Tribunal Administrativo de Santander que exponen posturas disímiles frente a la interpretación del artículo 26 de la Ley 1475 de 2011.

40. No obstante, la Sala observa que esta Corporación ya se pronunció previamente

Administrativo de Santander que exponen posturas disímiles frente a la interpretación del artículo 26 de la Ley 1475 de 2011.

40. No obstante, la Sala observa que esta Corporación ya se pronunció previamente sobre la materia, razón por la cual el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha fijado posición y, en consecuencia, no procede una nueva unificación jurisprudencial. En tal caso, el juez de instancia deberá acatar el precedente establecido22.

2.4. Problema jurídico

41. La Sección Quinta del Consejo de Estado deberá determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 12 de noviembre de 2024 mediante la cual se d

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